Siete propiedades, más de $1.002 millones en depósitos bancarios en un año y US$246.206 en una caja de ahorro a valor oficial: ese es el perfil patrimonial que la justicia federal busca explicar en la investigación contra el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El problema, según la denuncia que dio origen a la causa, es que sus ingresos declarados no alcanzan para justificar semejante acumulación.

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó medidas de prueba contra Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N° 4, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones definiera que ese tribunal era el competente. La investigación se originó en una denuncia del abogado Guillermo Tofoni, que apuntó a la actuación de Tapia en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo del que formó parte entre 2016 y 2025.

El patrimonio que no cierra

La denuncia de Tofoni traza una línea de tiempo precisa. En 2017, Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal total de aproximadamente $17 millones, un único vehículo y activos líquidos inferiores a $1,5 millones, equivalentes entonces a unos US$43.000, lo que el denunciante calificó como un «patrimonio acotado». Dos años después, en 2019, el panorama ya había cambiado de manera significativa: el funcionario incluyó en sus declaraciones juradas cuatro inmuebles adicionales, entre ellos una casa en San Isidro de 315 m² valuada en $15 millones, un departamento en Caballito de 291 m², una casona en Ingeniero Maschwitz de 280 m² y un terreno de 2.430 m² en Campana por $10.918.214.

El salto más llamativo se produjo hacia 2024, cuando Tapia reconoció en sus declaraciones la existencia de más de $1.002 millones en depósitos en múltiples cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro a valor oficial. Sin embargo, al año siguiente, la fotografía financiera presentada fue radicalmente distinta: cero pesos en efectivo y cero en depósitos bancarios, con siete propiedades registradas. Entre ellas, dos inmuebles en San Juan exhiben lo que la denuncia denomina una «doble anomalía»: sus valores fiscales decrecieron en lugar de actualizarse, y además pasaron de ser bienes propios a integrar el conjunto ganancial.

Tofoni sostuvo que las declaraciones juradas «son falsas», ya que los ingresos declarados no explicarían un incremento patrimonial de alrededor del 1.000% en ocho años, y acusó al funcionario de tener bienes «no declarados». Para el período investigado, Tapia registró tres fuentes de ingreso: el CEAMSE, la AFA y su rol como vicepresidente segundo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con un ingreso total declarado de más de $818 millones anuales más otros $200 millones adicionales.

Las medidas de prueba que solicitó Pollicita

Ante ese cuadro, el fiscal Pollicita presentó un escrito con un abanico de pedidos orientados a reconstruir la situación económica real de Tapia y determinar si hubo un incremento patrimonial «apreciable» a partir de 2016. La primera y más relevante medida solicitada es el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero del investigado, junto con el acceso a todas sus declaraciones juradas durante el período bajo análisis.

Además, el fiscal requirió informes al CEAMSE sobre los ingresos que Tapia percibió desde su ingreso al organismo hasta la actualidad; a Migraciones sobre sus movimientos migratorios; a ARCA sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera histórica; y al Banco Central sobre el detalle de sus cuentas y operaciones bancarias. Pollicita también indaga si Tapia realizó envíos o recepciones de dinero del exterior y si operó con criptoactivos.

En paralelo, el fiscal exhortó a la Conmebol a remitir información completa sobre los cargos que tuvo Tapia en la entidad sudamericana, junto con los montos y rubros abonados en cada caso.

El mismo juez, la misma fiscalía

La causa contra Tapia no es ajena al ecosistema de investigaciones por corrupción que tramitan actualmente en el fuero federal. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita son las mismas figuras que instruyen la causa por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, donde ya ordenaron el levantamiento del secreto fiscal y el peritaje de dispositivos de testigos clave. En el caso Adorni, el patrimonio investigado supera los US$840.000 e incluye refacciones de lujo pagadas en efectivo y sin factura. El hecho de que ambas causas estén en el mismo juzgado y con el mismo fiscal refuerza el perfil del tribunal como un espacio de litigación de causas de alto impacto político e institucional.

Lo que tenés que saber

• El fiscal Pollicita solicitó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Claudio «Chiqui» Tapia en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
• La investigación cubre el período 2016-2025, cuando Tapia integró el directorio del CEAMSE.
• La denuncia original señala un incremento patrimonial de alrededor del 1.000% en ocho años que sus ingresos declarados no justifican.
• En 2024, Tapia declaró más de $1.002 millones en depósitos bancarios y US$246.206 en caja de ahorro; al año siguiente declaró cero en efectivo y cero en depósitos.
• La causa tramita ante el juez Ariel Lijo en el Juzgado Federal N° 4, el mismo tribunal que investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito.