Lo que tenés que saber

• El Presupuesto 2026 asigna al SNMF $20.131 millones, una caída del 78,5% respecto a 2025.
• La subejecución histórica del presupuesto deja sin equipamiento y capacitación a brigadistas.
• Menos horas de vuelo, menos alertas tempranas y menos prevención aumentan el riesgo de incendios fuera de control.
• Brigadistas denuncian pérdida salarial de hasta 60% y condiciones de trabajo precarizadas.
• El Gobierno busca derogar la Ley de Manejo del Fuego, que protege suelos afectados y desalienta incendios intencionales.

Ajuste presupuestario deja sin herramientas al combate de incendios

Los incendios forestales avanzan sobre la Patagonia y muestran un patrón repetido: bosques arrasados, comunidades en riesgo y un Estado nacional con recursos limitados. Chubut, Río Negro y Neuquén concentran focos activos en la Comarca Andina, El Chaltén y el Parque Nacional Los Alerces. Casas destruidas, animales muertos y comunidades enteras afectadas completan el cuadro. Organizaciones ambientalistas y brigadistas advierten que la crisis no es solo climática, sino profundamente política.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) contará con apenas $20.131 millones según la Ley de Presupuesto 2026. Esto representa una caída del 69% respecto de 2023 y del 78,5% frente a 2025. Durante 2024, el Gobierno ejecutó solo el 22% del presupuesto asignado al SNMF, y en 2025 quedó sin ejecutar el 25% de los recursos, unos $20.000 millones que podrían haberse destinado a equipamiento, infraestructura y capacitación de brigadistas.

Menos prevención y más riesgo

El ajuste afecta metas operativas críticas. Para 2026 se proyectan solo 3.100 horas de vuelo para combate aéreo, muy por debajo de las 5.100 previstas en 2023. Los informes de alerta temprana y evaluación de riesgo también caen de 2.310 en 2025 a 1.850 en 2026. “Los fuegos se apagan en invierno”, señalan brigadistas, enfatizando que sin políticas de prevención sostenidas, el combate llega siempre tarde.

Brigadistas precarizados y salarios licuados

Alejo Fardjoume, trabajador de Parques Nacionales, describió la situación laboral: pérdida salarial de entre 50% y 60%, herramientas insuficientes y largas jornadas en condiciones extremas. Hoy un brigadista de Parques Nacionales cobra alrededor de $610.000 en la zona centro y $850.000 en Patagonia, cifras que contrastan con el riesgo y la exigencia del trabajo. “La caída del presupuesto degrada todas las tareas del año, no solo el combate”, advirtió.

La Ley de Manejo del Fuego en la mira

El Gobierno anunció su intención de derogar la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020, que prohíbe modificar el uso del suelo entre 30 y 60 años en zonas incendiadas, evitando incendios intencionales ligados a negocios inmobiliarios o productivos. Legisladores libertarios impulsan proyectos para su derogación. Máximo Kirchner, autor de la ley, pidió que el Presidente desista: “La única actividad que esta ley desincentiva es prender fuego para expulsar productores y entregar tierras al lobby inmobiliario. Negocio para pocos, desastre para muchos”.

Críticas desde el Congreso y desde el territorio

Pablo Todero, diputado nacional por Neuquén, señaló: “Los incendios siempre existieron, el problema es cómo se enfrentan, cómo se previenen y con qué recursos. La Ley de Manejo del Fuego está desfinanciada”. Brigadistas vecinales como Omayra Rocha Aravena describen la magnitud humana y ambiental de los incendios y vinculan la crisis a la sequía prolongada y el cambio climático, factores que el Gobierno evita mencionar.

Un patrón que se repite

Menos presupuesto, subejecución, brigadistas precarizados y una ley clave bajo amenaza configuran un escenario que explica por qué cada verano la Patagonia vuelve a arder. La emergencia ambiental se transforma en una crisis social, productiva y humana de largo plazo mientras el Estado nacional se retira del frente.