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Sobredosis, anestésicos robados y «Propo fest»: el escándalo que sacude al Hospital Italiano

Un médico anestesiólogo del Hospital Italiano renunció tras descubrirse que fármacos de uso quirúrgico de esa institución fueron hallados en el domicilio de un colega fallecido. La investigación apunta a un circuito clandestino de reuniones privadas con propofol y fentanilo.

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★ El hallazgo del cuerpo del médico Alejandro Zalazar en su departamento del barrio porteño de Palermo, el 20 de febrero pasado, desató una investigación que sacude a dos de los hospitales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires: el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia y el Hospital Italiano. La causa de muerte fue una sobredosis de propofol y fentanilo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud porteño.

Lo que en principio parecía un caso aislado de consumo indebido de sustancias médicas se convirtió en una trama que involucra el robo sistemático de anestésicos controlados, la renuncia de un profesional de jerarquía y versiones no confirmadas sobre reuniones privadas en las que esos fármacos se usaban con fines recreativos.

Quién era Alejandro Zalazar

Zalazar era anestesiólogo. Había realizado su residencia en el Hospital Rivadavia y al momento de su muerte trabajaba en la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La Asociación de Profesionales de ese hospital comunicó el fallecimiento en redes sociales con una breve nota de pesar.

Su familia no pudo contactarlo desde el día anterior al hallazgo. Al ingresar a la vivienda, lo encontraron sin vida en una de las habitaciones. No se detectaron signos de violencia ni indicios de la intervención de terceros. En el lugar, además del cuerpo, el personal policial y médico encontró elementos vinculados a la administración intravenosa de sustancias.

El rastro de los fármacos: el Italiano bajo la lupa

La investigación tomó un giro inesperado cuando el análisis de trazabilidad de los medicamentos e instrumental hallados en el domicilio de Zalazar determinó que los insumos pertenecían al Hospital Italiano de Buenos Aires, institución en la que el médico fallecido no trabajaba. Esa circunstancia trasladó el foco de la pesquisa hacia el interior de ese hospital privado de referencia nacional.

A partir de ese hallazgo, fueron identificados dos profesionales del área de Anestesiología del Italiano como presuntos responsables del retiro y distribución de las sustancias: un médico de iniciales H.B. y una residente de tercer año de iniciales D.L..

Tras el inicio de las actuaciones, el profesional señalado con las iniciales H.B., que según médicos consultados ocupaba un cargo relevante en esa área, renunció a su puesto. El Hospital Italiano abrió un sumario interno para determinar cómo salieron del establecimiento fármacos de uso controlado. En este contexto, cabe destacar que el área de prensa del hospital no respondió los pedidos de información durante la jornada del lunes.

Propofol y fentanilo: fármacos de uso quirúrgico con alto potencial de riesgo

El propofol y el fentanilo (en algunas versiones de los reportes mencionado también como remifentanilo) son fármacos de uso intravenoso en procedimientos anestésicos. Se administran mediante bombas de infusión que regulan con precisión la dosis según el peso, la edad y la profundidad anestésica requerida. Su aplicación se extiende desde procedimientos ambulatorios como colonoscopias hasta cirugías de mayor complejidad.

Uno de los riesgos más graves de su uso indebido es la generación de apnea, una depresión respiratoria severa que requiere ventilación asistida inmediata mediante un dispositivo denominado ambú. Sin ese control, la sobredosis puede resultar fatal. Eso es precisamente lo que la autopsia determinó en el caso de Zalazar.

Las «Propo fest»: versiones no confirmadas de un circuito clandestino

En paralelo a la investigación formal, comenzaron a circular en chats de profesionales de la salud audios y mensajes que describen la existencia de las denominadas «Propo fest», según reveló Infobae. Se trata, de acuerdo a esos testimonios no validados judicialmente, de reuniones privadas en las que se usaban propofol y fentanilo con fines recreativos.

Según esas versiones extraoficiales, en algunos de esos encuentros se empleaban bombas de infusión y había una persona designada para intervenir ante posibles cuadros de apnea, es decir, alguien capaz de «ambucear» a los asistentes en caso de emergencia. También se mencionó la existencia de un chat de WhatsApp denominado «Fiesta del propofol» para coordinar esas reuniones.

Una de las versiones que circula indica que el servicio se ofrecía como una experiencia de «viajes controlados»: por una suma de dinero, se suministraban los fármacos para inducir un estado de relajación extrema bajo supervisión médica informal. La otra versión apunta directamente a fiestas sexuales organizadas por el anestesiólogo señalado.

Que Zalazar habría participado en alguna de esas reuniones es una versión que circula en el ambiente médico, pero no cuenta con validación judicial ni administrativa hasta el momento.

Un sistema de control que falló

Más allá de las versiones sobre el uso recreativo de los anestésicos, el caso expone una falla estructural grave: la salida de medicamentos controlados desde un hospital de alta complejidad sin que los mecanismos de control lo detectaran. El propofol y el fentanilo son sustancias que requieren registro estricto de su uso, ya que su administración fuera del ámbito hospitalario representa un riesgo directo para la vida.

La investigación continúa para determinar el alcance de las prácticas descriptas, las responsabilidades de cada uno de los involucrados y los eventuales vacíos en los protocolos de control de insumos del Hospital Italiano.

Puntos clave:

  • Alejandro Zalazar, anestesiólogo del Hospital Gutiérrez, murió el 20 de febrero en su departamento de Palermo por sobredosis de propofol y fentanilo.
  • Los anestésicos hallados en su domicilio pertenecían al Hospital Italiano, institución donde Zalazar no trabajaba.
  • Un anestesiólogo de iniciales H.B. y una residente de iniciales D.L. fueron identificados como presuntos responsables del retiro de las sustancias.
  • El profesional señalado renunció y el Hospital Italiano abrió un sumario interno.
  • Circulan versiones no confirmadas judicialmente sobre reuniones privadas denominadas «Propo fest» en las que se usaban esos fármacos con fines recreativos.

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“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

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El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

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