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Sobredosis, anestésicos robados y «Propo fest»: el escándalo que sacude al Hospital Italiano

Un médico anestesiólogo del Hospital Italiano renunció tras descubrirse que fármacos de uso quirúrgico de esa institución fueron hallados en el domicilio de un colega fallecido. La investigación apunta a un circuito clandestino de reuniones privadas con propofol y fentanilo.

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★ El hallazgo del cuerpo del médico Alejandro Zalazar en su departamento del barrio porteño de Palermo, el 20 de febrero pasado, desató una investigación que sacude a dos de los hospitales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires: el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia y el Hospital Italiano. La causa de muerte fue una sobredosis de propofol y fentanilo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud porteño.

Lo que en principio parecía un caso aislado de consumo indebido de sustancias médicas se convirtió en una trama que involucra el robo sistemático de anestésicos controlados, la renuncia de un profesional de jerarquía y versiones no confirmadas sobre reuniones privadas en las que esos fármacos se usaban con fines recreativos.

Quién era Alejandro Zalazar

Zalazar era anestesiólogo. Había realizado su residencia en el Hospital Rivadavia y al momento de su muerte trabajaba en la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La Asociación de Profesionales de ese hospital comunicó el fallecimiento en redes sociales con una breve nota de pesar.

Su familia no pudo contactarlo desde el día anterior al hallazgo. Al ingresar a la vivienda, lo encontraron sin vida en una de las habitaciones. No se detectaron signos de violencia ni indicios de la intervención de terceros. En el lugar, además del cuerpo, el personal policial y médico encontró elementos vinculados a la administración intravenosa de sustancias.

El rastro de los fármacos: el Italiano bajo la lupa

La investigación tomó un giro inesperado cuando el análisis de trazabilidad de los medicamentos e instrumental hallados en el domicilio de Zalazar determinó que los insumos pertenecían al Hospital Italiano de Buenos Aires, institución en la que el médico fallecido no trabajaba. Esa circunstancia trasladó el foco de la pesquisa hacia el interior de ese hospital privado de referencia nacional.

A partir de ese hallazgo, fueron identificados dos profesionales del área de Anestesiología del Italiano como presuntos responsables del retiro y distribución de las sustancias: un médico de iniciales H.B. y una residente de tercer año de iniciales D.L..

Tras el inicio de las actuaciones, el profesional señalado con las iniciales H.B., que según médicos consultados ocupaba un cargo relevante en esa área, renunció a su puesto. El Hospital Italiano abrió un sumario interno para determinar cómo salieron del establecimiento fármacos de uso controlado. En este contexto, cabe destacar que el área de prensa del hospital no respondió los pedidos de información durante la jornada del lunes.

Propofol y fentanilo: fármacos de uso quirúrgico con alto potencial de riesgo

El propofol y el fentanilo (en algunas versiones de los reportes mencionado también como remifentanilo) son fármacos de uso intravenoso en procedimientos anestésicos. Se administran mediante bombas de infusión que regulan con precisión la dosis según el peso, la edad y la profundidad anestésica requerida. Su aplicación se extiende desde procedimientos ambulatorios como colonoscopias hasta cirugías de mayor complejidad.

Uno de los riesgos más graves de su uso indebido es la generación de apnea, una depresión respiratoria severa que requiere ventilación asistida inmediata mediante un dispositivo denominado ambú. Sin ese control, la sobredosis puede resultar fatal. Eso es precisamente lo que la autopsia determinó en el caso de Zalazar.

Las «Propo fest»: versiones no confirmadas de un circuito clandestino

En paralelo a la investigación formal, comenzaron a circular en chats de profesionales de la salud audios y mensajes que describen la existencia de las denominadas «Propo fest», según reveló Infobae. Se trata, de acuerdo a esos testimonios no validados judicialmente, de reuniones privadas en las que se usaban propofol y fentanilo con fines recreativos.

Según esas versiones extraoficiales, en algunos de esos encuentros se empleaban bombas de infusión y había una persona designada para intervenir ante posibles cuadros de apnea, es decir, alguien capaz de «ambucear» a los asistentes en caso de emergencia. También se mencionó la existencia de un chat de WhatsApp denominado «Fiesta del propofol» para coordinar esas reuniones.

Una de las versiones que circula indica que el servicio se ofrecía como una experiencia de «viajes controlados»: por una suma de dinero, se suministraban los fármacos para inducir un estado de relajación extrema bajo supervisión médica informal. La otra versión apunta directamente a fiestas sexuales organizadas por el anestesiólogo señalado.

Que Zalazar habría participado en alguna de esas reuniones es una versión que circula en el ambiente médico, pero no cuenta con validación judicial ni administrativa hasta el momento.

Un sistema de control que falló

Más allá de las versiones sobre el uso recreativo de los anestésicos, el caso expone una falla estructural grave: la salida de medicamentos controlados desde un hospital de alta complejidad sin que los mecanismos de control lo detectaran. El propofol y el fentanilo son sustancias que requieren registro estricto de su uso, ya que su administración fuera del ámbito hospitalario representa un riesgo directo para la vida.

La investigación continúa para determinar el alcance de las prácticas descriptas, las responsabilidades de cada uno de los involucrados y los eventuales vacíos en los protocolos de control de insumos del Hospital Italiano.

Puntos clave:

  • Alejandro Zalazar, anestesiólogo del Hospital Gutiérrez, murió el 20 de febrero en su departamento de Palermo por sobredosis de propofol y fentanilo.
  • Los anestésicos hallados en su domicilio pertenecían al Hospital Italiano, institución donde Zalazar no trabajaba.
  • Un anestesiólogo de iniciales H.B. y una residente de iniciales D.L. fueron identificados como presuntos responsables del retiro de las sustancias.
  • El profesional señalado renunció y el Hospital Italiano abrió un sumario interno.
  • Circulan versiones no confirmadas judicialmente sobre reuniones privadas denominadas «Propo fest» en las que se usaban esos fármacos con fines recreativos.

Investigación 🔎

La causa ANDIS avanza: la Justicia rechazó los intentos de Spagnuolo y los Kovalivker de desbaratar la investigación

La Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó dos intentos clave por desbaratar la investigación principal: le negó a Diego Spagnuolo la condición de querellante en el expediente por los audios y desestimó el planteo de nulidad de los hermanos Kovalivker. En simultáneo, confirmó los procesamientos de 19 imputados por el presunto vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.

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ANDIS: la Cámara rechazó todos los intentos de frenar la investigación y confirmó 19 procesamientos.

Doscientos cuarenta y cinco mil dólares pagados en efectivo y sin factura en refacciones de lujo, una pileta con cascada, un quincho de alta gama y un jacuzzi. Ese es el trasfondo que rodea la causa que investiga el presunto vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que ahora tiene un nuevo capítulo judicial. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de Diego Spagnuolo y otros 18 imputados, y rechazó de plano dos maniobras defensivas que buscaban neutralizar la investigación.

Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y amigo personal del presidente Javier Milei, protagonizó ambas presentaciones frustradas. Por un lado, intentó convertirse en querellante en el expediente que investiga la filtración de los audios que se le atribuyen, donde se escucha una voz relatando el presunto esquema de retornos en medicamentos e insumos para personas con discapacidad, con un porcentaje que habría correspondido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por otro, la defensa de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina, también imputados en la causa principal, impulsó un planteo de nulidad de todo lo actuado alegando que las grabaciones habrían sido adulteradas u obtenidas de manera ilícita. Ninguno de los dos intentos prosperó.

Sin legitimación para querellarse

Spagnuolo había recurrido ante la Cámara la decisión del juez Julián Ercolini, quien rechazó en primera instancia que el ex funcionario ingresara al expediente sobre los audios como particular damnificado. A través de su abogado Pablo Parera, argumentó que había sido blanco específico, real y verificable de las maniobras de espionaje que se investigan en ese expediente paralelo, que tramita con el fiscal Carlos Stornelli como acusador.

Los camaristas Roberto Boico y Guillermo Farah cerraron esa puerta. Boico fue categórico: mientras no concluya la pericia destinada a establecer el origen y la autenticidad de las grabaciones en el expediente principal, Spagnuolo «mal puede pretender ser tenido como ‘particular ofendido'». Farah, por su parte, señaló que la sola afirmación de haber sido víctima de espionaje no alcanza para reconocerle ese rol procesal y que el escrito de querella debería haber explicado, al menos como hipótesis, cómo los audios serían parte de maniobras ilegales y a manos de quién. Esa «falencia explicativa» fue el argumento decisivo para el rechazo.

La defensa de los Kovalivker, también sin éxito

El abogado Martín Magram, a cargo de la defensa de los hermanos Kovalivker, sostuvo que todo lo actuado en el expediente principal debía declararse nulo porque la investigación se montó sobre grabaciones adulteradas u obtenidas de manera ilícita. El planteo, rechazado en primera instancia, reunió la adhesión de otros imputados, pero tampoco tuvo éxito en la alzada.

Boico insistió en el argumento central: sin que se haya establecido aún si la voz que se escucha en las grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval pertenece efectivamente a Spagnuolo, no resulta posible plantear con éxito una exclusión probatoria fundada en una captación ilícita no comprobada. Farah fue aun más explícito al señalar que ni el fiscal Franco Picardi ni el juez Ariel Lijo invocaron los audios como prueba de cargo en el expediente principal. «Oportunamente se verá qué valor probatorio tienen esos audios», escribió el camarista, dejando en claro que el debate sobre su validez está pendiente pero no pone en riesgo la investigación tal como está planteada hoy.

La pericia de Gendarmería, el nudo del asunto

El punto de inflexión de todo este capítulo procesal será la pericia que lleva adelante la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional sobre las piezas de audio que dieron origen al escándalo. Una vez que ese peritaje concluya, ambas controversias pendientes, la del querellante y la de la nulidad, podrán retomarse con nuevos elementos. Por ahora, la Cámara dejó en claro que ninguna de las maniobras defensivas tiene sustento suficiente para frenar el avance de la investigación.

En paralelo, los mismos camaristas confirmaron los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados, luego de que la investigación detectara pruebas de un aparente direccionamiento de licitaciones con simulación de competencia entre distintas empresas, que incluyó la manipulación del sistema informático del organismo. La ANDIS tiene bajo su órbita la gestión de medicamentos e insumos para personas con discapacidad, un universo presupuestario que, según la acusación, fue sistemáticamente vaciado a través de ese esquema.

Los audios, Karina Milei y el escándalo que no se apaga

El contenido de los audios atribuidos a Spagnuolo instaló en el centro del debate político a Karina Milei, hermana y secretaria general del presidente. Las grabaciones describirían un esquema donde la funcionaria participaría de los retornos sobre medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad. El gobierno de Milei nunca respondió sobre el fondo de esas acusaciones; prefirió instalar la hipótesis de que los audios fueron obtenidos de manera ilícita o adulterados, sin aportar prueba concreta de ninguna de las dos afirmaciones.

La estrategia, que ahora la Cámara rechazó en sus dos manifestaciones judiciales más directas, buscaba correrse del eje de la investigación para convertir a Spagnuolo en víctima de un complot y deslegitimar la evidencia antes de que sea evaluada. La resolución de Boico y Farah no habilitó ese camino. La causa sigue.

Lo que tenés que saber

  • La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de Diego Spagnuolo de ser querellante en la causa que investiga la filtración de los audios que se le atribuyen.
  • También desestimó el planteo de nulidad de los hermanos Kovalivker, que alegaban que las grabaciones fueron adulteradas u obtenidas ilegalmente.
  • Los camaristas Boico y Farah señalaron que los audios no fueron usados como prueba de cargo en el expediente principal.
  • La pericia de Gendarmería Nacional sobre las grabaciones será determinante para resolver ambas controversias pendientes.
  • La Cámara confirmó además los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados por el presunto vaciamiento de la ANDIS mediante licitaciones direccionadas.
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