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Denuncia

Denuncian que una inmobiliaria usurpa tierras comunitarias en Jujuy

La inmobiliaria Sucre, que según la comunidad, pertenece al secretario de Asuntos y Relaciones Municipales del gobierno de Jujuy avanzó sobre tierras protegidas en Palpalá

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La comunidad Tusca Pacha de Jujuy denunció por usurpación a una inmobiliaria que avanzó esta semana en desmontar un terreno comunitario en la localidad de Palpalá, en contra de normativas y protocolos vigentes sobre desalojos de tierras ocupadas por pueblos originarios. También analizan presentar una denuncia por lesiones contra personal policial que el martes último intervino en el lugar y detuvo de manera «violenta» a una integrante de la comunidad.

La Comunidad Tusca Pacha y la Asociación San Marcos de Los Alisos habitan y desarrollan agricultura familiar en ese terreno en disputa con la inmobiliaria Sucre, que tiene un proyecto para instalar allí un parque industrial.

La inmobiliaria, señalaron desde la comunidad, pertenecería al secretario de Asuntos y Relaciones Municipales del gobierno de Jujuy, Javier Gronda, y a Alfredo González, que, según las organizaciones sociales, sería pariente de ese funcionario.

El terreno cuenta con la protección de una ordenanza municipal que lo declara como área de interés periurbano para la producción de agricultura familiar, y como territorio ocupado por familias campesinas e indígenas.

El avance de la inmobiliaria tuvo lugar durante las primeras horas del pasado martes, cuando al menos cuatro maquinarias de gran porte rebasaron huertas comunitarias de una familia que habita hace más de 50 años en el territorio de la comunidad, situado en la localidad jujeña de Palpalá.

Rosa Gutiérrez fue detenida y lesionada por la Policía Local

“Hicimos una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación por usurpación contra la empresa Sucre SRL. Comprobamos que los maquinistas fueron a desmontar por cuenta de la firma y, de hecho, ese día también se encontraba presente el señor Alfredo González, que es su representante”, comentó hoy Betiana Martínez, abogada del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y quien representa a la comunidad. Al avanzar sobre el territorio de la comunidad Tusca Pacha de Los Alisos, perteneciente al Pueblo Kolla de Jujuy, Martínez relató que se voltearon alambrados que delimitaban las tierras y se destruyeron cultivos que eran fuente de trabajo.

Inclusive se derribaron árboles de tusca, que le dan el nombre a la comunidad y son cuidados como parte de su identidad cultural; y hasta un algarrobo histórico que demarcaba la entrada al territorio comunitario. En dicho contexto fue que una integrante del colectivo, Rosa Gutiérrez, intentó intervenir y fue demorada por la Policía, que la trasladó a la seccional local de manera violenta. Por ese hecho, según indicó Martínez, en la próximas horas presentarán otra denuncia por lesiones. La mujer debió acudir hoy por asistencia médica debido a los dolores y golpes en el cuerpo.

Sobre la empresa, la abogada señaló que «hace alrededor de tres años viene intentando avanzar sobre el territorio comunitario, con desalojos que son ilegales y arbitrarios». Martínez resumió sobre el accionar ilegal de la firma inmobiliaria que :»ellos viven ahí hace más de cuatro generaciones y tienen la posesión como lo prevé la ley. Hay una vasta normativa nacional e internacional que protege sus derechos y sin embargo se siguen incumpliendo. Inclusive hay un protocolo del Ministerio Público de la Acusación sobre el abordaje por conflictividades de tierras comunitaria que no se cumple”.

Denuncia

Talerico, lapidaria contra Adorni: “La sociedad solo puede corregir esto con el voto”

La exvicepresidenta de la UIF cuestionó los controles del sistema antilavado, habló de señales de alerta ignoradas en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete y apuntó contra la complicidad del entorno político. Su diagnóstico es lapidario: la Justicia no alcanza; el voto es el único correctivo real.

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Talerico, dura por la causa Adorni: «La sociedad solo puede corregir esto con el voto»

★ La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, lanzó este sábado una batería de críticas contra el manejo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni. En diálogo con el programa Dicen que Dicen, por Radio Rivadavia, la especialista en lavado de activos y financiamiento del terrorismo advirtió que el caso presenta irregularidades que debieron haber activado las alertas del sistema financiero mucho antes de que interviniera la Justicia.

«Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos»

Talerico apuntó directamente al rol de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF: escribanos, bancos e inmobiliarias. «Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos», afirmó, y cuestionó la actuación de quienes debían informar ante este tipo de situaciones, especialmente tratándose de personas políticamente expuestas (PEP), categoría que incluye a funcionarios de alto rango como Adorni.

La exfuncionaria fue categórica al evaluar los esquemas de compra y financiación que la Justicia investiga. «Eso no existe, simplemente no cierra», sostuvo en referencia a los valores y condiciones declaradas en las operaciones vinculadas al funcionario y su entorno, y subrayó que no hace falta un análisis técnico sofisticado para detectar esas inconsistencias.

Como informó este medio en reiteradas ocasiones, la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita se centra en la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, financiada en un 87% mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres, jubiladas y empleadas públicas, con ingresos que no guardan relación con las sumas prestadas. La Justicia ya allanó tres inmobiliarias vinculadas a la operación y ordenó el levantamiento del secreto bancario del funcionario para investigar también el pago de vuelos privados al exterior.

«Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza»

Talerico no se limitó a la dimensión técnica del caso. Apuntó contra la falta de controles con una frase que resume el problema estructural: «Que entre bomberos no se pisan la manguera en política no tengas ninguna duda, y es una vergüenza». La expresión alude a la protección mutua entre funcionarios del mismo espacio político como obstáculo real para el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.

La especialista advirtió que este tipo de situaciones no solo pone en riesgo la credibilidad del caso individual, sino que profundiza la desconfianza institucional en los organismos encargados de velar por la transparencia pública.

El escepticismo sobre la Justicia y el peso del voto

En el cierre de su intervención, Talerico expresó un escepticismo marcado sobre la capacidad del sistema judicial para resolver el caso de manera satisfactoria. «La sociedad solo puede corregir esto con el voto», sentenció, y encuadró la lucha contra la corrupción como uno de los desafíos estructurales más persistentes de la Argentina.

La frase cobra particular relevancia en un contexto de año electoral, con Adorni como figura visible del Gobierno de Javier Milei y con una causa judicial que no deja de sumar elementos. La semana pasada, incluso el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, había pedido públicamente su renuncia, mientras que este sábado la senadora Carolina Losada intentó defenderlo en la mesa de Juana Viale y terminó reconociendo que la situación «complicó al Gobierno».

Puntos clave:

  • La exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, cuestionó la actuación de escribanos, bancos e inmobiliarias obligados a reportar operaciones sospechosas en el caso Adorni.
  • Afirmó que los esquemas de compra y financiación investigados «simplemente no cierran» y no requieren análisis técnico complejo para detectar inconsistencias.
  • Denunció la complicidad política entre funcionarios del mismo espacio: «Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza».
  • Expresó escepticismo sobre la Justicia y advirtió que «la sociedad solo puede corregir esto con el voto».
  • El caso acumula allanamientos a inmobiliarias, levantamiento del secreto bancario, declaración de la escribana y la investigación de vuelos privados al exterior.

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