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Denuncia

La Corte ratificó a Grabois como querellante en la causa $LIBRA y dio vía libre a la investigación

​El máximo tribunal desestimó la ofensiva de las defensas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, investigados por un posible «rug pull» con el criptoactivo. La causa apunta a determinar la estafa en el proyecto que supo avalar el presidente Javier Milei.

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★ ​La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la participación del abogado y diputado Juan Grabois como querellante en la causa que investiga la presunta estafa con el criptoactivo $LIBRA. El máximo tribunal, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó por unanimidad un recurso de queja presentado por las defensas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos imputados en el expediente judicial.

Los acusados buscaban apartar a un grupo de damnificados representados por Grabois y otros letrados. Sin embargo, los ministros consideraron que el recurso de queja impulsado no se dirigía contra una sentencia definitiva, dejando firme la decisión previa que habilitaba la participación de los damnificados en la investigación.

El foco en el «rug pull»

​Novelli y Terrones Godoy están siendo investigados por su presunta participación en el lanzamiento y posterior derrumbe de $LIBRA. La investigación, que se encuentra delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano, busca determinar si se concretó una maniobra de “rug pull”, un proceso que consiste en inflar artificialmente el valor de la criptomoneda para luego provocar su caída, generando de forma deliberada ganancias extraordinarias para los desarrolladores y pérdidas para miles de inversores.

​El precedente del aval presidencial y la víctima millonaria

​Este criptoactivo cobró especial notoriedad luego de ser difundido por una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de la red social “X”. En su momento, el mandatario había manifestado que “avalaba el proyecto como motor para la economía argentina” (Fuente: Declaración de Milei, según consta en el expediente judicial).

​En este contexto, una ciudadana bielorrusa, Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, se presentó ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi solicitando ser particular damnificada, tras asegurar haber perdido una cifra millonaria: US$1.768.079 a raíz de la movida generada.

La escalada judicial hasta el máximo tribunal

​La disputa por la participación de los damnificados en la causa viene escalando desde principios de año. En febrero de 2025, la jueza María Servini, que inicialmente intervino en la causa, había rechazado el pedido de tres inversores representados por Grabois.

​No obstante, la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y sostuvo un argumento clave: “la legitimación activa de los acusadores no depende de que esté probada la existencia del delito, sino del relato inicial que justifica la investigación”, según contesta en el fallo de la Cámara Federal. Tras la negativa, la defensa insistió ante la Cámara de Casación y luego fue en queja hasta la Corte Suprema, donde fue rechazada por unanimidad, consolidando así el rol de los damnificados.

Las definiciones que le esperan al Juez Martínez de Giorgi

​Con el rechazo del máximo tribunal, el juez Marcelo Martínez De Giorgi deberá avanzar en las próximas definiciones. Entre ellas, se encuentra resolver si acepta la incorporación de Vitalievna como querellante.

También deberá decidir si hace lugar al pedido de la damnificada de ampliar el embargo sobre los bienes de Hayden Davis, impulsor del proyecto. La actual confiscación está fijada en US$25.000, un monto que Davis consideró “irrisorio” e “irracional”.

​Puntos clave

  • ​La Corte Suprema ratificó a Juan Grabois como querellante en la causa $LIBRA por unanimidad.
  • ​El máximo tribunal desestimó las quejas de las defensas de Novelli y Terrones Godoy, investigados por presunta estafa.
  • ​El expediente, a cargo del fiscal Eduardo Taiano, busca probar una maniobra de «rug pull» en el criptoactivo que fue difundido por el presidente Milei.
  • ​Una ciudadana bielorrusa se presentó como damnificada, asegurando haber perdido US$1.768.079.
  • ​El juez Martínez de Giorgi debe resolver la ampliación del embargo sobre los bienes del impulsor del proyecto, Hayden Davis.

Denuncia

El jefe del ARCA ocultó propiedades en Miami por más de dos millones de dólares

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió la indagatoria de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, por omitir tres inmuebles en Estados Unidos y una red de sociedades offshore en sus declaraciones juradas. La ironía no es menor: el máximo responsable del organismo recaudador del país usó las mismas maniobras que debería controlar.

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El jefe del ARCA ocultó propiedades en Miami por más de US$ 2 millones

★ El funcionario que conduce la agencia estatal encargada de recaudar impuestos y controlar el comercio exterior es, según una investigación judicial en curso, el mismo que omitió declarar tres propiedades en Miami valuadas en 2,1 millones de dólares y una trama de sociedades offshore radicadas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, pidió formalmente la indagatoria de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el propio organismo que dirige. El caso tramita ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien este lunes ordenó nuevas medidas de prueba para ampliar la pesquisa, en simultáneo con la defensa pública que el Gobierno libertario hizo del funcionario.

Un patrón que se repite en el oficialismo

El caso Vázquez no es el primero ni el único en la constelación de funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) con activos no declarados en el exterior. A fines de abril, https://elargentinodiario.com.ar/politica/22/04/2026/denuncian-a-carlos-frugoni-por-propiedades-en-miami-sin-declarar/«>este medio informó sobre la renuncia del exsecretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni, quien también omitió declarar departamentos de lujo en Miami y sociedades comerciales en Estados Unidos. El escándalo Vázquez repite la misma arquitectura: propiedades en Florida, pantallas societarias offshore y números que no cierran frente a los ingresos declarados. La diferencia es que Vázquez encabeza precisamente el organismo cuya función institucional es detectar y perseguir ese tipo de maniobras.

Tres inmuebles, dos pantallas panameñas y una holding en las Islas Vírgenes

Según el dictamen de Rodríguez, al que accedió Página/12, Vázquez es el titular beneficiario final de las sociedades «Alcorta Corp.», «Pompeya Group Corp.» (ambas panameñas) y «Galanthus Capital Limited» (radicada en las Islas Vírgenes Británicas), que controla a las dos primeras. Los nombres de las firmas guardarían relación con el Club Atlético Huracán: Alcorta es la avenida sobre la que se ubica el estadio del club; Pompeya, el barrio.

A través de esa estructura, el funcionario habría adquirido tres inmuebles:

  • En enero de 2013, «Alcorta Corp.» compró la unidad 3504 del complejo Icon Brickell en la avenida Brickell 495 de Miami por 710.000 dólares, y un día después adquirió la unidad 2811 en la misma avenida (número 1060) por entre 350.000 y 400.000 dólares, según fuentes abiertas consultadas por la PIA.
  • En 2015, «Pompeya Group Corp.» compró la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Collins 17.475, Sunny Isles, por 980.000 dólares.

Desde 2021, las autoridades formales de las dos sociedades panameñas son las hijas de Vázquez, Milagro y María Eva, además de «Galanthus». Ante el estudio de abogados Trident Trust, que instrumentó los trámites, el propio Vázquez consignó su domicilio en la calle Julieta Lanteri en Puerto Madero, su mail y su pasaporte argentino. El bufete lo calificó como Políticamente Expuesto. Además, su nombre figura como pagador de impuestos inmobiliarios de esas propiedades, su domicilio aparece asociado a las operaciones y él y su expareja recibieron un cheque de reembolso por devolución de impuestos. Sus hijas viven en el condominio Chateau Beach, edificado por el mismo grupo desarrollador de Chateau Puerto Madero, donde reside Vázquez.

Los números que no cierran

La PIA realizó un análisis patrimonial que concluye en una «manifiesta desproporción» entre los ingresos declarados y las compras realizadas. Cuando adquirió los dos primeros departamentos en enero de 2013, Vázquez declaraba disponibilidades totales de apenas 40.349 dólares en cuentas bancarias, entre Argentina y Miami. Un año antes, en 2012, su liquidez total no superaba esa misma cifra. Frente a una inversión aproximada de 1,1 millón de dólares en un solo mes, la brecha es, según el dictamen, inexplicable a partir de los ingresos registrados.

La situación se repite en 2015: cuando «Pompeya» compró la suite en Sunny Isles por casi un millón de dólares, Vázquez tenía declarados 250.000 pesos en bancos argentinos, 700.000 pesos en efectivo y 14.813 dólares en Estados Unidos.

El dictamen también observa una operación inmobiliaria en Buenos Aires que llamó la atención de los investigadores. En diciembre de 2018, Vázquez compró un inmueble de 318 metros cuadrados en Juana Manso 1124 (edificio Los Molinos Building, de Faena Properties) a un valor declarado equivalente a 225.906 dólares. La empresa vendedora, Acontec SRL, lo había adquirido en 2015 por 777.518 dólares, lo que implicaría una pérdida patrimonial llamativa para la empresa. Para la PIA, el valor real del inmueble en 2018 rondaba los 2 millones de dólares; la diferencia entre el precio de mercado y el precio de escritura configuraría, según los investigadores, una posible maniobra para «encubrir el origen y/o destino de fondos».

La consultora que se prestaba plata a sí misma

En el andamiaje local, la PIA identificó a la Consultora San Andrés como otra pieza del esquema. La sociedad no tiene empleados, funciona en un inmueble del propio Vázquez por el que él mismo se paga un alquiler y tiene facturaciones al Casino de Buenos Aires, firma que el funcionario habría representado en al menos una inspección. La consultora habría otorgado un préstamo para la compra del departamento en Puerto Madero en 2010 y habría financiado también la adquisición de cinco vehículos entre 2010 y 2015, entre ellos un BMW X5 3.0 blindado. Para la Procuraduría, es dudoso que el préstamo haya existido realmente y señala que, según criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los autopréstamos de fondos de origen incierto son un indicador de posible lavado de activos en el sector inmobiliario.

El Gobierno defendió al funcionario mientras el juez avanzaba

Este lunes, en simultáneo con las nuevas medidas ordenadas por Martínez de Giorgi, el Gobierno de Javier Milei salió a defender públicamente a Vázquez esgrimiendo que había sido sobreseído en una causa anterior. En efecto, en 2007 el funcionario, entonces en la AFIP, figuró en un listado de personas que habrían movido fondos en negro a través de una cueva del BNP Paribas en Buenos Aires, con cuentas asociadas en Curazao y Luxemburgo. Fue sobreseído en 2022 por falta de respuesta de autoridades extranjeras. Pero, como señala el dictamen, aquella investigación no contemplaba los bienes y sociedades en Estados Unidos que son el objeto de la pesquisa actual.

La investigación fue revelada inicialmente en 2024 por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación y derivó en diversas denuncias que confluyeron en el Juzgado de Martínez de Giorgi y la Fiscalía de Marijúan. Las nuevas medidas ordenadas incluyen pedidos de informes a la propia ARCA sobre la Consultora San Andrés, al Colegio de Escribanos, al Registro de la Propiedad Automotor y al Banco Central. También se libraron exhortos internacionales para obtener información del Bank of America, el PNC Bank y el Wells Fargo Bank en Estados Unidos, además de requerimientos a la Embajada norteamericana y a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas.

Puntos clave

  • La PIA pidió la indagatoria de Andrés Vázquez, jefe del ARCA, por omitir tres propiedades en Miami valuadas en 2,1 millones de dólares y una red de sociedades offshore en sus declaraciones juradas.
  • El análisis patrimonial de la Procuraduría detecta una «manifiesta desproporción» entre los ingresos declarados y las compras realizadas: en enero de 2013 tenía menos de 41.000 dólares disponibles y compró inmuebles por 1,1 millón de dólares.
  • La trama incluye dos sociedades panameñas y una holding en las Islas Vírgenes Británicas cuyos beneficiarios finales serían Vázquez y sus hijas.
  • El Gobierno defendió al funcionario invocando un sobreseimiento de 2022 en una causa distinta, mientras el juez Martínez de Giorgi ordenaba nuevas medidas de prueba.
  • El caso reproduce el patrón de otros funcionarios LLA con activos en Miami no declarados, como el exsecretario Carlos Frugoni, que renunció tras una denuncia similar.
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