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Denuncia

La Corte ratificó a Grabois como querellante en la causa $LIBRA y dio vía libre a la investigación

​El máximo tribunal desestimó la ofensiva de las defensas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, investigados por un posible «rug pull» con el criptoactivo. La causa apunta a determinar la estafa en el proyecto que supo avalar el presidente Javier Milei.

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★ ​La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la participación del abogado y diputado Juan Grabois como querellante en la causa que investiga la presunta estafa con el criptoactivo $LIBRA. El máximo tribunal, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó por unanimidad un recurso de queja presentado por las defensas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos imputados en el expediente judicial.
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Los acusados buscaban apartar a un grupo de damnificados representados por Grabois y otros letrados. Sin embargo, los ministros consideraron que el recurso de queja impulsado no se dirigía contra una sentencia definitiva, dejando firme la decisión previa que habilitaba la participación de los damnificados en la investigación.

El foco en el «rug pull»

​Novelli y Terrones Godoy están siendo investigados por su presunta participación en el lanzamiento y posterior derrumbe de $LIBRA. La investigación, que se encuentra delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano, busca determinar si se concretó una maniobra de “rug pull”, un proceso que consiste en inflar artificialmente el valor de la criptomoneda para luego provocar su caída, generando de forma deliberada ganancias extraordinarias para los desarrolladores y pérdidas para miles de inversores.

​El precedente del aval presidencial y la víctima millonaria

​Este criptoactivo cobró especial notoriedad luego de ser difundido por una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de la red social “X”. En su momento, el mandatario había manifestado que “avalaba el proyecto como motor para la economía argentina” (Fuente: Declaración de Milei, según consta en el expediente judicial).

​En este contexto, una ciudadana bielorrusa, Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, se presentó ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi solicitando ser particular damnificada, tras asegurar haber perdido una cifra millonaria: US$1.768.079 a raíz de la movida generada.

La escalada judicial hasta el máximo tribunal

​La disputa por la participación de los damnificados en la causa viene escalando desde principios de año. En febrero de 2025, la jueza María Servini, que inicialmente intervino en la causa, había rechazado el pedido de tres inversores representados por Grabois.

​No obstante, la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y sostuvo un argumento clave: “la legitimación activa de los acusadores no depende de que esté probada la existencia del delito, sino del relato inicial que justifica la investigación”, según contesta en el fallo de la Cámara Federal. Tras la negativa, la defensa insistió ante la Cámara de Casación y luego fue en queja hasta la Corte Suprema, donde fue rechazada por unanimidad, consolidando así el rol de los damnificados.

Las definiciones que le esperan al Juez Martínez de Giorgi

​Con el rechazo del máximo tribunal, el juez Marcelo Martínez De Giorgi deberá avanzar en las próximas definiciones. Entre ellas, se encuentra resolver si acepta la incorporación de Vitalievna como querellante.
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También deberá decidir si hace lugar al pedido de la damnificada de ampliar el embargo sobre los bienes de Hayden Davis, impulsor del proyecto. La actual confiscación está fijada en US$25.000, un monto que Davis consideró “irrisorio” e “irracional”.

​Puntos clave

  • ​La Corte Suprema ratificó a Juan Grabois como querellante en la causa $LIBRA por unanimidad.
  • ​El máximo tribunal desestimó las quejas de las defensas de Novelli y Terrones Godoy, investigados por presunta estafa.
  • ​El expediente, a cargo del fiscal Eduardo Taiano, busca probar una maniobra de «rug pull» en el criptoactivo que fue difundido por el presidente Milei.
  • ​Una ciudadana bielorrusa se presentó como damnificada, asegurando haber perdido US$1.768.079.
  • ​El juez Martínez de Giorgi debe resolver la ampliación del embargo sobre los bienes del impulsor del proyecto, Hayden Davis.

Buenos Aires

El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección

Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.

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La golpearon en video, al agresor lo identificaron, y la Justicia todavía no actuó.

Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.

La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.

El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial

La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.

«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión

La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.

El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que tenés que saber:

  • Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
  • La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
  • La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
  • La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
  • La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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