La ONG Católicas por el Derechos a Decidir presentado una denuncia contra Marta Aucar de Trotti ante la Fiscalía de Turno de Resistencia, luego de que la magistrada concediera una cautelar que suspende en esa provincia la aplicación de la Ley 27.610.

La ONG Católicas por el Derechos a Decidir (CDD) denunció por prevaricato a la jueza de feria Marta Aucar de Trotti, la magistrada chaqueña que concedió una cautelar que suspende en esa provincia la aplicación de la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Turno de la ciudad de Resistencia por la comisión de prevaricato, un delito que se configura cuando las resoluciones judiciales que dictan los jueces «no son fundadas en derecho o parten de hechos falsos», señaló un comunicado de la ONG.

«La presentación fue realizada en el marco de una estrategia jurídica amplia que construimos entre aliadxs», dijeron las integrantes de CDD.

La jueza Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 19 de la primera circunscripción de la provincia del Chaco, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley Nº 27.610 (de Interrupción Voluntaria del Embarazo) en todo el territorio de esa provincia tras una medida cautelar presentada por activistas contrarios al derecho al aborto.

«Advertimos que la jueza Aucar no realiza un análisis ni fundamentación objetiva de la petición de los demandantes sino que acomoda su discurso a los intereses de actores antiderechos», señaló la ONG.

«Se atribuye conocimiento en materia federal y desconoce la normativa nacional e internacional», agregó el comunicado, en el que también se caracteriza a la magistrada como «una reconocida militante antiderechos».

Las integrantes de CDD dijeron además que el esposo de la jueza, Ernesto Trotti, «formaba parte de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de la capital chaqueña».

Según la denuncia, «la situación que plantea la jueza Aucar es de gravedad institucional para la provincia de Chaco; dado que es el Poder Legislativo quien dicta normas erga omnes -es decir, para todos- por lo cual, el planteo llegaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado, sino que incluso podrían no compartirla».

Según CDD, las suspensión del IVE «deja a las mujeres y personas gestantes chaqueñas en situación de ciudadanas de segunda respecto de sus conciudadanas en el país, en tanto no pueden acceder al derecho adquirido de interrumpir el embarazo voluntariamente hasta la semana 14 inclusive».

La abogada Mónica Menini, miembro de CDD, dijo que el fallo de la jueza es «de una gravedad institucional importante» y que evalúan pedir un «jury de enjuiciamiento» a esa magistrada.

Al explicar la denuncia penal que esa ONG católica presentó contra la jueza, Menini dijo que forma parte de «una estrategia jurídica amplia, es por el delito de prevaricato; hay una gravedad institucional importante» dado que es «una jueza del fuero civil, en feria, que ha tomado la decisión de suspender una ley de Congreso de la Nación, de orden público».

En tanto, el Gobierno chaqueño fue notificado a las 11.40 de la cautelar concedida por la jueza Aucar, minutos después de que el gobernador Jorge Capitanich, advirtiera que su gobierno «debe ejecutar una ley que se sancionó por parte del Congreso y que es de orden público».

La IVE, agregó el mandatario, «es ley suprema de la Nación, de manera que cuando es ley de la Nación hay competencia federal y aplicación» y «las leyes deben ser cumplidas». Al respecto, la senadora nacional María Inés Pilatti Vergara, anticipó que la Fiscalía de Estado apelara el fallo de la jueza Aucar.

Por su parte, el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco señaló que que la decisión de suspender la aplicación de la ley IVE en esa provincia «está reñida con las instituciones democráticas y afecta gravemente la independencia y división de poderes».

En un comunicado, la institución informó que, «a instancia del Instituto de Géneros, compuesto por abogadas litigantes, de la función pública, y de diferentes espacios», realiza un llamado «a la reflexión» sobre la sentencia «formalmente inconstitucional e inválida».