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Caso Nahir Galarza: rechazan que la Corte Suprema revea su sentencia

Ésta fue la segunda vez en el año que a la joven le negaron el beneficio solicitado con la excusa de la pandemia. Los mismos integrantes de la Sala I tuvieron en cuenta un informe que detalló el «buen estado de salud, nutrición y aseo» de Galarza, las condiciones de detención y exámenes médicos.

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El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) rechazó un recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Nahir Galarza para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revea la condena a prisión perpetua dictada a la joven por el crimen a balazos de su novio Fernando Pastorizzo, cometido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú.

La decisión fue tomada por los integrantes de la Sala I del Stjer, Miguel Ángel Giorgio e integrada por los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia; quienes de esta manera dejaron firme el fallo condenatorio en su provincia, por lo que a la defensa de Galarza le queda cómo última instancia intentar llegar a la Corte Suprema vía recurso de queja, explicaron fuentes judiciales.

En marzo último, esta misma sala ya había rechazado un pedido de «impugnación extraordinaria» por parte del abogado de la joven, José Ostolaza, quien ante esta situación presentó un «recurso extraordinario federal».

En esa presentación, el defensor consideró que se hallaba «en tela de juicio la inteligencia de normas federales» y «tildó de arbitrario el pronunciamiento atacado por carecer de fundamentación suficiente y por haberse dictado en flagrante violación del derecho aplicable».

El abogado destacó que las causales de arbitrariedad «se conectan de modo inescindible con la cuestión federal vinculada a la interpretación y aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer por cuanto no se ha juzgado en los presentes actuados bajo la perspectiva de género».

De acuerdo al fallo de 12 páginas, el procurador general de la provincia de Entre Ríos, Jorge García, sostuvo en su dictamen la «inadmisibilidad» de este recurso por considerar que la cuestión agraviada fue «harto tratada» en primera instancia, en casación y en el mismo tribunal supremo. Mientras que la querella también señaló que no existía «una genuina cuestión federal» en el planteo de la defensa.

Galarza en una segunda declaración reconoció que lo había matado pero que había sido de manera «accidental».

«(…) los fundamentos del recurso articulado no expresan vicios verificables de esa específica resolución, ni desarrolla -reitero- una crítica razonada de todos y cada uno de los concretos motivos fundantes del fallo que puntualmente pretende derribar ni justifica siquiera la real existencia de una ´cuestión federal´ a cuya reserva refiere genéricamente sin satisfacer la debida y oportuna invocación que exige la doctrina de la Corte», sostuvo el vocal Carubia, con quién coincidieron Giorgio y Mizawak.

«Recordemos que el Máximo Tribunal Federal ha sostenido que si bien el planteamiento de cuestiones federales no requiere de fórmulas especiales ni términos sacramentales, debe ser, sin embargo, manifiesta y clara», añadió Mizawak y entendió que la defensa no cumplió con esos extremos por lo que corresponde la «desestimación» del planteo.

Por su parte, Galarza (21) permanece alojada en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná, donde cumple la condena por el crimen de Pastorizzo (20), cometido entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.

Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado pero que había sido de manera «accidental».

La sentencia a prisión perpetua fue dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y fue confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia. Por otra parte, el Stjer rechazó a mediados del mes pasado un pedido de excarcelación y, subsidiariamente, de arresto domiciliario de Galarza, quien había solicitado salir de prisión a raíz de los casos positivos de coronavirus registrados en el penal donde está alojada.

Ésta fue la segunda vez en el año que a la joven le negaron el beneficio solicitado con la excusa de la pandemia. Los mismos integrantes de la Sala I tuvieron en cuenta un informe que detalló el «buen estado de salud, nutrición y aseo» de Galarza, las condiciones de la unidad penal y diferentes exámenes médicos.

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Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

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El Argentino Diario-Karina Milei.

Lo que tenés que saber

  • Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
  • El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
  • La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
  • Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
  • Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
  • Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
  • También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.

Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.

La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.

El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.

Las irregularidades señaladas en la licitación

Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.

La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.

Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.

Señalamientos sobre el rol de la administración

La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.

En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.

También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.

Pedido judicial y medidas solicitadas

La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.

También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.

La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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