La ONG Grávida, acusada de captar a una niña de 12 años en Santa Fe para evitar que concurriera el lunes a practicarse la interrupción del embarazo producto de los abusos de su padre, situación que generó que organizaciones, legisladoras y legisladores pidieran el gobierno provincial informes sobre cómo se sustenta económicamente y cual es su actividad, aseguró hoy a través de un comunicado que acompañó a la niña y a su madre «con absoluto respeto de las decisiones que se fueran tomando».

Mediante un comunicado firmado por el Equipo Nacional de Coordinación, la organización salió al cruce de «versiones que circulan sobre la actuación de Grávida en una dolorosa situación ocurrida con una menor de edad en la provincia de Santa Fe» y aseguró que «el modo de acompañar ha ido por un carril completamente diferente al que algunos medios de comunicación informaron».

Los medios tomaron declaraciones de autoridades locales, entre otras, de la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, que apuntó contra Grávida al sostener que la niña y su mamá «fueron interceptadas por una ONG que buscó impedir que el procedimiento se llevara a cabo”.

«Nuestra intervención respondió ante una situación muy concreta. La madre de una menor, una niña embarazada, una gestación de 24 semanas y una patología clínica de relevancia. ¿Podemos decir que se forzó a alguien cuando fueron las personas las que eligieron recibir la ayuda ofrecida por parte de Grávida?», añade el texto.

Según Grávida, «desde el primer encuentro, se fue dejando en claro que se estaría acompañando, ofreciendo alternativas, poniéndonos a disposición, con absoluto respeto de las decisiones que se fueran tomando».

Además, indicó que «propició» una «interconsulta especializada» y justificó la captación de la menor y de su madre al decir que fue para brindarles «un alojamiento y un lugar donde poder estar cómodos, en un momento de decisiones tan difíciles».

Cuando el martes se hizo público el caso, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Santa Fe tildó a Grávida de «organización fundamentalista» y pidió que se investigue su accionar en el caso, debido a que «quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo».

En el mismo sentido, hoy un centenar de organizaciones sociales, gremiales, feministas, legisladoras y legisladores le presentaron una nota a la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Celia Arena, mediante la cual le solicitan informes sobre el caso.

Entre otras cuestiones, pidieron saber las medidas adoptadas por el Gobierno acerca del accionar de Grávida, al igual que al Poder Judicial y a la Inspección General de Personas Jurídicas.

También requirieron saber si existen aportes económicos estatales a esa ONG y en qué concepto, si hay contrataciones por parte del Estado provincial de personal o servicios a Grávida y el detalle de las mismas, además del tenor de las intervenciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y de los ministerios de Desarrollo Social, Salud y de Igualdad, Género y Diversidad.

El escrito está firmado por las diputadas provinciales Verónica Benas, Mercedes Meier, Agustina Donnet y el diputado Rubén Giustiniani, además de una extensa lista de organizaciones tanto de Santa Fe como de otros lugares del país.

El lunes, una niña oriunda de la localidad de Garibaldi no concurrió junto a su madre para someterse a la interrupción legal del embarazo y luego se supo que había sido captada por Grávida, que las alojó en una casa de la ciudad de Santa Fe.

El Estado provincial rescató a ambas con la fuerza pública y la puso bajo su protección en un hospital público, en tanto un equipo interministerial analiza la situación y aguarda que la niña «se tranquilice» para definir los pasos a seguir, como informó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo.

El 19 de diciembre la niña fue llevada por su madre a un control médico en el cual se comprobó que estaba embarazada, por lo que ambas manifestaron la intención interrumpir la gestación y firmaron un consentimiento, pero la práctica no pudo realizarse por intervención de la ONG.

Por otra parte, la fiscal Alejandra Del Río Ayala imputó al padre de la niña, identificado con las iniciales G.M.A., de 42 años, por el delito de abuso sexual agravado, en una audiencia desarrollada ayer en los Tribunales de Santa Fe.

En su web, la organización se presenta como un «servicio de acompañamiento para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable», y se sustenta con fondos del Comité para Intervención Caritativa a Favor del Tercer Mundo (CEI), Comisión Episcopal de ADVENIAT para los pueblos de América Latina y el Caribe, Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) y Subcomité de Obispos para la Iglesia en América Latina (USCCB).