CABA
“Nunca usó drogas y jamás cometería un suicidio”
Así lo dijo el papá de Emmily Rodrigues, la modelo brasileña que hace tres semanas murió al caer al vacío del departamento del empresario Francisco Sáenz Valiente.
El padre de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la modelo brasileña que hace tres semanas murió al caer al vacío del departamento del empresario Francisco Sáenz Valiente, en el sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, aseguró hoy que su hija no consumía estupefacientes y que “jamás cometería un suicidio”.
Se trata de Arístides Da Silva Gomes, abogado y padre de la víctima, quien encabezó este mediodía junto a una docena de amigas y allegadas a Emmily, un acto frente a la embajada de Brasil sobre la avenida Cerriro al 1300, en pleno microcentro porteño, para pedir justicia y el esclarecimiento de la muerte de su hija.
“Tenemos la certeza absoluta de que ella jamás cometería un suicidio. Era una chica alegre, feliz, con sueños y con un objetivo de vida. No tiene sentido”, dijo Gomes en diálogo con Telefé Noticias.
Sobre la liberación del único detenido que tuvo la causa, el empresario del agro Francisco Sáenz Valiente (52), el papá de Emmily opinó: “Considero que todavía faltan muchas pericias. Lo ideal sería que lo mantengan encerrado”.
A su vez, negó que su hija tuviera contacto con estupefacientes, al afirmar que Emmily “nunca usó drogas”.
Con pancartas y carteles que reclamaban “Justicia por Emmily” o que apuntaban contra algunas de las testigos que estuvieron la noche del hecho con la víctima, un grupo de allegadas a la víctima también pidió que el caso sea esclarecido y la intervención de las autoridades diplomáticas en la causa.
Por decisión del juez de la causa, Martín Del Viso, Sáenz Valiente recuperó el miércoles pasado por la madrugada su libertad por «falta de mérito» tras pasar 20 días detenido en la Alcaidía 4 Bis Anexo de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Barracas.
Al empresario minero y del agro se lo acusó al ser indagado de los delitos de «femicidio, facilitación de estupefacientes y tenencia ilegal de arma» (por el secuestro en su domicilio de una escopeta sin los debidos papeles), pero el juez Del Viso sostuvo que no había aún elementos suficientes que incriminen al acusado y que debía continuar la investigación.
«Las constancias incorporadas a la causa hasta este momento no han permitido arribar al estado de certeza exigido para dictar un auto de mérito, resultando necesario la profundización de la pesquisa con el objeto de determinar lo que realmente sucedió en el interior del piso 6to. del edificio emplazado en la calle Libertad 1542», escribió el juez en su resolución.
Tanto la querella de los padres de la víctima, representada por el abogado Ignacio Trimarco, como los fiscales de la causa, Santiago Vismara, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10, y Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), anticiparon que van a apelar la falta de mérito y la libertad del empresario.
Como medidas restrictivas, el juez le prohibió a Sáenz Valiente la salida del país, también acercarse a los padres de la víctima o a los testigos del caso, le impuso la obligación de asistir cada 15 días a la sede del tribunal y fijar un nuevo lugar de residencia, es decir, que mientras se desarrolle el proceso, no podrá volver a vivir en la casa donde ocurrió el hecho.
La noche del miércoles 29 de marzo último, Emmily fue a cenar al restaurante Gardiner de la Costanera Norte con su amiga Juliana Magalhaes Mourao y de allí fue al bar Isabel de Palermo donde se encontró con otra amiga, Dafne Gutiérrez Santana.
A las 3.21 de la madrugada del jueves 30, las tres fueron en la camioneta de Emmily (una Jeep Compass propiedad de su novio) al departamento de Sáenz Valiente, en el sexto piso del edificio de la calle Libertad 1542, en Retiro, donde ya se encontraba una cuarta mujer, Lía Figueroa Alves, amiga del imputado.
De acuerdo con los investigadores, tras una madrugada de excesos con ingesta de alcohol, marihuana, cocaína y «tuci» -potente droga de diseño que combina los efectos alucinógenos del LSD con los eufóricos del MDMA-, Rodrigues sufrió un aparente brote psicótico y a las 9.18 terminó cayendo por una ventana desnuda al patio interno del pulmón de manzana del edificio, cuando en el departamento solo estaban Sáenz Valiente y Magalhaes Murao, en una muerte que la Justicia intenta dilucidar si se trató de un femicidio o de un suicidio en el marco de algún tipo de ingesta de estupefacientes.
Si bien se aguardan pericias complementarias, la autopsia concluyó que la muerte fue producto de «politraumatismos» y «hemorragias internas y externas» compatibles con la caída del sexto piso y descartó lesiones defensivas previas a la caída o signos de un ataque sexual.
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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