La vivienda de la zona sur de Mar del Plata en la que presuntamente se produjo la muerte de Lucía Pérez el 8 de octubre de 2016 será sometida a un reconocimiento judicial el próximo miércoles, a partir de un pedido realizado hoy por el fiscal que interviene en el segundo juicio a los dos hombres acusados de violar y asesinar a la adolescente, quien mañana hubiera cumplido 23 años.

El requerimiento fue formulado por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7, Leandro Arévalo, en la quinta jornada del debate oral que se desarrolla desde el último martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 marplatense.

Según precisó Arévalo ante los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz, el objetivo del reconocimiento es percibir de manera directa las características del inmueble ubicado en Racedo al 4800, en el barrio Alfar, donde residía al momento del hecho Matías Farías (29), acusado junto a Juan Pablo Offidani (47).

De acuerdo con la investigación del caso y al testimonio aportado en el juicio por una decena de testigos, desde esa casa fue trasladada Lucía en camioneta hasta una sala de salud en el barrio Serena a la que ingresó sin vida.

El pedido de reconocimiento del fiscal fue acompañado por las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piermarini, representantes de la familia de la joven, y el tribunal dispuso que se practique, en principio, el próximo miércoles.

El horario del procedimiento se terminará de definir a partir de la cantidad de testigos de la defensa que queden pendiente tras la audiencia de mañana, la quinta del juicio, que coincidirá además con la fecha en la que la víctima hubiera cumplido 23 años.

Para recordar su cumpleaños, familiares, allegados y organizaciones que forman parte de la campaña nacional «Somos Lucía» se concentrarán desde las 8 en la esquina de los tribunales, para realizar actividades artísticas y una radio abierta «para recordar todo lo que a ella le gustaba».

En la jornada de testimoniales de este lunes declararon cinco efectivos policiales que se desempeñaban en la Comisaría 13ra, ubicada a menos de 100 metros de la sala de primeros auxilios a la que la menor fue llevada sin vida en la tarde del sábado 8 de octubre de 2016.

Al menos tres de ellos coincidieron en que Farías, imputado junto a Offidani por el delito de «abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio», se mostraba «asustado» tras trasladar el cuerpo de Lucía.

Pablo Bocca, efectivo del gabinete de prevención de la seccional, declaró, en línea con otros policías que lo hicieron en la primera semana del juicio, que Farías le manifestó en el lugar que habían mantenido relaciones con Lucía en la casa que será recorrida el miércoles, y que ella había «consumido cocaína» y luego «se desvaneció y no pudo despertarla».

Bocca relató además que el acusado le comentó que había puesto a la adolescente bajo la ducha porque «no lograba despertarla», y que al no poder reanimarla llamó a Offidani para que lo ayudara a trasladarla.

Precisó a su vez que al intervenir en la detención de los acusados al día siguiente del hecho, ninguno de ellos se mostró agresivo, aunque tenían «un tono reticente».

Dijo además que vio el cuerpo sin vida de la menor en una camilla, que «la imagen fue muy chocante», y que estaba «mal vestida», con «la ropa húmeda» y «humedad» en el cuerpo.

El titular de la comisaría en aquel momento, Christian Gari, declaró en cambio que la menor estaba «seca».

Gari explicó que fue él quien informó a los padres de Lucía que había fallecido, y que les explicó que las causales de muerte se establecerían recién con la autopsia.

El segundo jefe de la seccional, Luis Carmuega, señaló por su parte que al requisar la camioneta de Offidani al día siguiente de su detención, se halló en su interior una mochila con marihuana.

Para mañana está prevista la declaración como testigos, entre otros, del director del colegio al que asistía Lucía, de vecinos de Farías y funcionarios policiales.

Este segundo juicio se desarrolla sin la presencia de público en el sexto piso de los tribunales locales, y sin los imputados, quienes solo siguieron la apertura desde el debate oral desde sus lugares de detención.

Farías está acusado en calidad de autor del abuso y el femicidio, mientras que Offidani está imputado como partícipe secundario, aunque la acusación particular consideró que el grado de participación es «necesario».

Tanto la defensa oficial de Farías, a cargo de María Laura Solari, como los abogados particulares de Offidani, César Sivo y Romina Merino, adelantaron por su parte que cuestionarán la existencia del delito.

De acuerdo con la instrucción del caso, Lucía había conocido a los acusados un día antes de su muerte, cuando se acercaron a la Escuela Media 3 local a venderle un cigarrillo de marihuana.

Al día siguiente, Farías llevó a la chica a su casa, donde habría sido drogada y abusada hasta ocasionarle la muerte.

Durante el primer juicio, en noviembre de 2018 ante el TOC 1, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por la venta de drogas en la puerta del colegio.

Ambos fueron absueltos, sin embargo, por el resto de los cargos, pero la sala IV del Tribunal de Casación revocó esas absoluciones en agosto de 2020, dispuso la «nulidad» del juicio y ordenó la realización de uno nuevo, resolución que fue confirmada un año más tarde por la Corte provincial.