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Litigiosidad récord y señales de colapso del sistema de riesgos del trabajo

La UART advirtió que la litigiosidad llegó a niveles récord, con 126.700 causas en el último año y proyecciones de 130.000 nuevas demandas para 2025. El sistema, que redujo la mortalidad laboral en un 81% desde su creación, enfrenta un colapso económico y judicial.

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El Argentino Diario-Trabajo-Construcción.

Una crisis que crece sin lógica

El Sistema de Riesgos del Trabajo, creado en 1996, cumplió 29 años bajo la amenaza de una crisis judicial que podría comprometer su viabilidad. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la industria del juicio acumuló 126.700 nuevas causas en el último año. La proyección para 2025 es aún más alarmante: 130.000 demandas, con un impacto económico equivalente a casi siete millones de salarios mínimos.

La Provincia de Buenos Aires encabeza el ranking con el 40% de las causas, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (19%) y Santa Fe (14%). Desde la UART aseguran que el crecimiento de la judicialización está “desconectado” de indicadores reales del sistema como la siniestralidad o el empleo, y que responde más bien a pericias médicas infladas y a tasas de interés judiciales que convierten los juicios en una “oportunidad financiera”.

Un sistema con logros concretos

A pesar del contexto adverso, el sistema mostró avances comprobables:

  • Reducción del 81% en la mortalidad laboral (se salvaron 19.000 vidas).
  • Disminución del 55% en la siniestralidad.
  • Baja del 39% en la gravedad de los accidentes.

Actualmente, el sistema alcanza a 10 millones de trabajadores y más de un millón de empleadores. Sin embargo, la litigiosidad acumulada ya alcanza los 290.000 juicios, con un flujo mensual estimado de más de 10.000 causas nuevas.

El impacto económico resulta insostenible: entre junio de 2024 y mayo de 2025, la judicialización implicó un gasto equivalente a 6.891.653 salarios mínimos, tomando como base el SMVM de $313.400 vigente en junio pasado.

Advertencias desde la UART

“La situación es absurda. A pesar de las mejoras del sistema, la litigiosidad sigue escalando sin lógica ni fundamento”, expresó Mara Bettiol, presidenta de la UART. Según la entidad, ni las empresas ni el sistema pueden absorber este nivel de conflictividad.

Uno de los ejes del problema, señalan, es la no implementación de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) previstos por la Ley 27.348. Esta falta de aplicación favorece la disparidad en las pericias médicas, clave en la mayoría de los fallos. En contraste, provincias como Mendoza, Salta y Río Negro —que sí activaron el mecanismo— muestran niveles sensiblemente más bajos de litigiosidad.

Llamado a la Justicia

La UART insistió en su reclamo al Poder Judicial para que cumpla con la parte que le corresponde. Reafirmaron su compromiso con “la consolidación de un sistema justo y previsible”, al tiempo que remarcaron que la sostenibilidad de esta política pública depende de frenar el avance de la industria del juicio.

“El desafío es llegar a los 30 años del sistema, en 2026, con equilibrio y sustentabilidad”, concluyeron desde la entidad.

Puntos clave:

  • El sistema registró 126.700 juicios en el último año; la proyección para 2025 es de 130.000 causas nuevas.
  • Buenos Aires lidera la litigiosidad con el 40% de los casos, seguida por CABA (19%) y Santa Fe (14%).
  • La judicialización ya equivale a casi 7 millones de salarios mínimos.
  • La UART denuncia pericias médicas infladas y falta de implementación de Cuerpos Médicos Forenses.
  • El sistema redujo la mortalidad laboral en un 81% desde su creación.

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Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

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El Argentino Diario-Karina Milei.

Lo que tenés que saber

  • Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
  • El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
  • La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
  • Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
  • Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
  • Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
  • También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.

Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.

La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.

El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.

Las irregularidades señaladas en la licitación

Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.

La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.

Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.

Señalamientos sobre el rol de la administración

La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.

En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.

También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.

Pedido judicial y medidas solicitadas

La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.

También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.

La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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