Energía
Autorizan nuevos tarifazos de luz y gas para 2026, pero hay hermetismo oficial sobre el impacto en las facturas
El Enargas aprobó los cuadros tarifarios que regirán desde enero, pero no detalló cuánto aumentarán los servicios. Los valores para usuarios de Metrogas en CABA y conurbano muestran una brecha que va de $3.514 a $83.960 según la categoría, mientras persiste la falta de transparencia sobre el alcance real de los ajustes.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de distribución de gas natural que comenzarán a regir desde el 1° de enero de 2026 en todo el país, según publicó este martes en el Boletín Oficial mediante una serie de resoluciones.
Sin embargo, pese a la complejidad del nuevo esquema tarifario, no se brindó ninguna explicación oficial sobre cuáles serán los aumentos concretos que los usuarios percibirán en sus facturas, según consta en la documentación publicada.
Las cifras que el Gobierno publicó sin explicar
De acuerdo a los cuadros tarifarios oficializados, los usuarios de Metrogas de menores ingresos (categoría R1) pagarán $3.514,29 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.058,43 en el conurbano bonaerense. En el extremo opuesto del esquema de categorización, los valores alcanzarán los $83.960,03 y $45.627,20, respectivamente.
Para los usuarios de Naturgy BAN S.A., que opera en la Zona Norte del conurbano, se fijaron valores de $2.876,99 para la categoría R1 y de $30.807,68 para la categoría R4, según lo establecido en las resoluciones publicadas.
Los cuadros tarifarios incluyen también a los usuarios de las categorías R2 (consumo intermedio) y R3 (mayor demanda), divididos en subcategorías según su rango de uso, aunque tampoco se explicó cómo impactarán estos valores en comparación con las tarifas vigentes hasta diciembre.
El esquema de subsidios que sigue vigente
Las tarifas contemplan el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y mantienen las bonificaciones para los niveles 2 y 3 del esquema de segmentación de subsidios, según detalla la normativa oficial.
Estas bonificaciones se aplican sobre el precio mayorista de la energía determinado por la Secretaría de Energía. Las empresas distribuidoras deben facturar siguiendo los precios de referencia y los descuentos vigentes establecidos por esa dependencia gubernamental.
La resolución establece que si el cambio de tarifa ocurre durante un periodo de facturación ya iniciado, se utilizará un mecanismo de prorrateo para aplicar los nuevos valores de forma proporcional al consumo realizado.
Una actualización sin datos de contexto
Según lo informado oficialmente, esta actualización responde a un proceso de revisión periódica que evalúa los costos del servicio, la situación económica y los lineamientos del sector. No obstante, el Enargas no difundió comparaciones con los valores vigentes durante 2025 ni proyecciones sobre el incremento porcentual que significarán estos ajustes para los distintos segmentos de usuarios.
La ausencia de información clara sobre el impacto tarifario contrasta con la complejidad técnica del esquema publicado, que requiere que los usuarios comprendan su categorización, su nivel de subsidio y los nuevos valores para poder estimar el costo final de su factura a partir de enero.
Puntos clave:
• El Enargas aprobó los cuadros tarifarios de gas que rigen desde el 1° de enero de 2026, sin explicar el porcentaje de aumento
• Los valores para Metrogas en CABA van de $3.514,29 a $83.960,03 según la categoría de usuario
• Se mantienen las bonificaciones para niveles 2 y 3 del esquema de segmentación de subsidios
• Las distribuidoras deben aplicar prorrateo si el cambio tarifario ocurre durante un período de facturación iniciado
• No se publicó información comparativa con las tarifas vigentes en 2025
Desregulación
El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica
La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.
La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener
★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.
Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.
Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales
Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.
Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.
La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).
La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.
Los socios del poder detrás del consorcio ganador
La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.
Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.
El marco legal y la lógica del desguace
El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.
La obra que se canceló y el proyecto que no llegó
Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.
Puntos clave
- El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
- Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
- El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
- Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
- No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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