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Energía

Autorizan nuevos tarifazos de luz y gas para 2026, pero hay hermetismo oficial sobre el impacto en las facturas

El Enargas aprobó los cuadros tarifarios que regirán desde enero, pero no detalló cuánto aumentarán los servicios. Los valores para usuarios de Metrogas en CABA y conurbano muestran una brecha que va de $3.514 a $83.960 según la categoría, mientras persiste la falta de transparencia sobre el alcance real de los ajustes.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de distribución de gas natural que comenzarán a regir desde el 1° de enero de 2026 en todo el país, según publicó este martes en el Boletín Oficial mediante una serie de resoluciones.

Sin embargo, pese a la complejidad del nuevo esquema tarifario, no se brindó ninguna explicación oficial sobre cuáles serán los aumentos concretos que los usuarios percibirán en sus facturas, según consta en la documentación publicada.

Las cifras que el Gobierno publicó sin explicar

De acuerdo a los cuadros tarifarios oficializados, los usuarios de Metrogas de menores ingresos (categoría R1) pagarán $3.514,29 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.058,43 en el conurbano bonaerense. En el extremo opuesto del esquema de categorización, los valores alcanzarán los $83.960,03 y $45.627,20, respectivamente.

Para los usuarios de Naturgy BAN S.A., que opera en la Zona Norte del conurbano, se fijaron valores de $2.876,99 para la categoría R1 y de $30.807,68 para la categoría R4, según lo establecido en las resoluciones publicadas.

Los cuadros tarifarios incluyen también a los usuarios de las categorías R2 (consumo intermedio) y R3 (mayor demanda), divididos en subcategorías según su rango de uso, aunque tampoco se explicó cómo impactarán estos valores en comparación con las tarifas vigentes hasta diciembre.

El esquema de subsidios que sigue vigente

Las tarifas contemplan el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y mantienen las bonificaciones para los niveles 2 y 3 del esquema de segmentación de subsidios, según detalla la normativa oficial.

Estas bonificaciones se aplican sobre el precio mayorista de la energía determinado por la Secretaría de Energía. Las empresas distribuidoras deben facturar siguiendo los precios de referencia y los descuentos vigentes establecidos por esa dependencia gubernamental.

La resolución establece que si el cambio de tarifa ocurre durante un periodo de facturación ya iniciado, se utilizará un mecanismo de prorrateo para aplicar los nuevos valores de forma proporcional al consumo realizado.

Una actualización sin datos de contexto

Según lo informado oficialmente, esta actualización responde a un proceso de revisión periódica que evalúa los costos del servicio, la situación económica y los lineamientos del sector. No obstante, el Enargas no difundió comparaciones con los valores vigentes durante 2025 ni proyecciones sobre el incremento porcentual que significarán estos ajustes para los distintos segmentos de usuarios.

La ausencia de información clara sobre el impacto tarifario contrasta con la complejidad técnica del esquema publicado, que requiere que los usuarios comprendan su categorización, su nivel de subsidio y los nuevos valores para poder estimar el costo final de su factura a partir de enero.

Puntos clave:

• El Enargas aprobó los cuadros tarifarios de gas que rigen desde el 1° de enero de 2026, sin explicar el porcentaje de aumento

• Los valores para Metrogas en CABA van de $3.514,29 a $83.960,03 según la categoría de usuario

• Se mantienen las bonificaciones para niveles 2 y 3 del esquema de segmentación de subsidios

• Las distribuidoras deben aplicar prorrateo si el cambio tarifario ocurre durante un período de facturación iniciado

• No se publicó información comparativa con las tarifas vigentes en 2025

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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