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Edenor y Edesur quieren tarifazo: pedirán subas de hasta 34% en audiencia pública

Las distribuidoras de electricidad del AMBA, que cuentan con más de 5,7 millones de clientes, participarán de la instancia convocada para discutir las nuevas tarifas tras un período de congelamiento de cerca dos años.

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Las distribuidoras de electricidad del AMBA, que cuentan con más de 5,7 millones de clientes, participarán de la instancia convocada para discutir las nuevas tarifas tras un período de congelamiento de cerca dos años. La audiencia se realizará el martes 30 de marzo, a partir de las 8.

Las distribuidoras Edenor y Edesur presentaron al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) pedidos de incrementos de 28% y 34%, respectivamente, en las tarifas de los usuarios residenciales, de cara a la audiencia pública que se realizará la semana próxima para definir un Régimen Tarifario de Transición, luego de dos años de congelamiento.

La instancia de participación convocada para discutir las nuevas tarifas de las dos distribuidoras del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) se realizará el martes 30 de marzo, a partir de las 8.

Un día antes, el lunes 29 de marzo, el ENRE también concretará otras cuatro audiencias por tarifas, en este caso de las compañías de transporte de alta tensión. En este último caso, se debatirá la situación tarifaria de las empresas Transener, Transba y DistroCuyo; TranseNea y TransNoa, Transpa, Transco y Epen, todas bajo regulación federal por lo que las audiencias estarán a cargo de la Nación y no de las provincias.

La prestación del transporte de energía eléctrica está caracterizada como servicio público, pero solo en lo que atañe a la operación y mantenimiento de la infraestructura afectada al servicio regulado. A diferencia del segmento de distribución, la empresa concesionaria no tiene la obligación de invertir en ampliaciones pero sí en su mantenimiento.

Transener tiene a su cargo la operación y el mantenimiento de 14.489 kilómetros de líneas de transmisión en 500 kV y 220 kV, de los cuales opera el 85,4% de la red nacional de energía eléctrica en extra alta tensión, mientras que las transportistas denominadas “distribuidoras troncales” tienen a su cargo la operación del transporte eléctrico intraregional en tensiones iguales o superiores a 132 kV y menores a 400 kV.

En lo que respecta a Edenor y Edesur, las distribuidoras de electricidad del AMBA, cuentan con más de 5,7 millones de clientes. En ambos casos, las compañías recordaron a la autoridad regulatoria que la última actualización del cuadro tarifario corresponde a marzo de 2019.

Edenor tiene 3,2 millones de clientes que implican 9 millones de personas, con una participación del 20% del mercado total, mientras que Edesur presta servicio a 2,5 millones de clientes o 6,1 millones de personas, equivalente al 21% del total país.

En el caso de Edenor, el informe presentado a la interventora María Soledad Manin, planteó una necesidad de flujo de fondos con un déficit de caja para este año de $20.142 millones, lo que incluye las previsiones de compra de energía, inversión, operación y mantenimiento entre los principales ítems descriptos por la compañía que se encuentra en un proceso de venta por parte de Grupo Pampa Energía al nuevo accionista Edelcos.

El informe elevado al ENRE plantea una necesidad de fondos que en términos de aumentos tarifarios, los que se podrán cubrir vía subsidios o vía facturación al consumidor, significaría un aumento del 31% sobre el valor final en factura, siempre que no exista ningún otro cambio dentro del precio estacional de la energía y el valor de transporte.

Cuando la estimación se acota a los usuarios residenciales el incremento propuesto es del 28% promedio final factura, y en todos los casos basados en la premisa macroeconómica oficial de una inflación de 29%, un tipo de cambio a diciembre de $102,46 y un incremento de las ventas en GWh de 2,3%.

Edenor, por su parte, dijo que el Estado nacional incurrió con la distribuidora en una deuda de 38.477 millones por la faltas de cumplimiento de los cuadros tarifarios y los mecanismos de actualización establecidas en la Revisión Tarifara Integral (RTI) de 2016.

El plan de inversiones de la compañía prevé para 2021 el desembolso de $18.777 millones y de $22.234 millones para 2022, que se destinarán a estructura y mejora de red (43%), nuevos suministros (13%), comunicaciones y telecontrol (12%), recuperación de energía (10%) e infraestructura (20%)

En el caso de Edesur, la distribuidora que forma parte del Grupo Enel, planteó sus proyecciones de necesidades de flujo de caja para este año con un acumulado negativo estimado de $34.260 millones, lo que contempla un nivel de inversiones de $ 17.100 millones a lo largo de los 12 meses.

Ese requerimiento no contempla lo que la distribuidora considera «deudas desde marzo de 2019 al 31 de marzo próximo por acreencias tarifarias» del orden de los 22.160 millones por los cuadros tarifarios pendientes de aplicación.

En ese esquema de actualización de tarifas transitorias, Edesur estimó que el impacto de todos los segmentos de su demanda alcanzaría un incremento del 45%, dentro del cual para el usuario residencial el impacto sería del 34%,para grandes demandas menores a 300 kw del 45% y mayores a ese consumo del 88%, excluyendo clientes de entes públicos, de salud y educación.

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Operativo Tormenta Negra en CABA: 1.500 policías, 11 allanamientos y 4 búnkeres narco

En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de **Javier Milei**, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera el narcotrafico en los barrios.

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Blindados, helicópteros y cuatro búnkeres: el narcotráfico sigue en pie en los barrios que el Estado abandona

El megaoperativo antinarco desplegado este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires intervino simultáneamente en seis barrios vulnerables. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, monitoreó el procedimiento desde Villa Lugano en un contexto de creciente conflictividad social y precariedad estatal en los territorios.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó el denominado Operativo Tormenta Negra, un procedimiento antinarco de gran escala que movilizó a 1.500 efectivos y desplegó 11 allanamientos simultáneos en distintos barrios populares de la Capital Federal. La acción permitió identificar al menos cuatro búnkeres de venta de drogas en los barrios 31, 1.11.14, 20, Villa Zabaleta, Fraga y Villa 15.

Un Estado que llega armado

El operativo incluyó la participación de la Guardia de Infantería, vehículos blindados modelo Fénix y un helicóptero que sobrevoló las zonas intervenidas. Como parte de las acciones, se procedió a la remoción de automóviles abandonados en la vía pública que, según las fuerzas de seguridad, eran utilizados para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el procedimiento desde Villa Lugano, en un año marcado por las tensiones con el gobierno nacional sobre el reparto de responsabilidades en el territorio metropolitano.

Estrategia sorpresa en barrios históricamente abandonados

La estrategia del operativo se basó en el factor sorpresa, con el objetivo de desarticular las bandas narco sin darles tiempo de reacción. El procedimiento se inscribió además en una jornada de intensa actividad anticriminal tanto en la Ciudad como en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en continuidad con el megaoperativo ejecutado el día anterior en Fuerte Apache, donde más de 500 efectivos intervinieron para desarticular dos bandas narco.

Lo que los comunicados oficiales presentan como «pacificación» y «recuperación del espacio público» no resuelve, sin embargo, las causas estructurales que alimentan el narcotráfico en los barrios populares: la desocupación, el hacinamiento, el desfinanciamiento de políticas sociales y la ausencia de infraestructura básica en comunidades que concentran las peores condiciones habitacionales de la ciudad.

En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de Javier Milei, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera la economía ilegal.

Barrios bajo la lupa, barrios sin soluciones de fondo

El Barrio 31, también conocido como Barrio Mugica, es emblemático de la contradicción entre la intervención policial puntual y la política de integración urbana inconclusa. Las promesas de urbanización avanzaron a distintas velocidades según la gestión de turno, pero el acceso a servicios básicos, la salud, la educación y el trabajo formal siguen siendo deudas pendientes para miles de familias que habitan esos territorios.

La pregunta que los operativos espectaculares no responden es siempre la misma: ¿qué Estado aguarda a los vecinos de estos barrios después de que se retiran los blindados?

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