El lunes 7 de julio, cuando el médico y dirigente peronista Jorge Rachid visitó a Milagro Sala en la casa de Gonnet donde cumple prisión domiciliaria, encontró a la referenta de la organización Tupac Amaru en un estado que lo obligó a publicar un mensaje urgente. «Debo informar que Milagro Sala está mal. No quiere levantarse. No quiere comer. Apagó su teléfono. Se quiere morir», escribió Rachid en su cuenta de X al día siguiente, el 8 de julio. Y agregó: «Ayer estuve con ella en esas condiciones. Le pedí permiso para decirlo porque lo hablamos. 10,6 años. El acoso del Poder Jujeño y la Corte Suprema cómplice lo hicieron criminal.»

La denuncia de Rachid no fue un episodio aislado. Tres semanas antes, el 20 de junio, la misma fuente había informado que Sala fue internada en el Hospital Italiano por una descompensación, con estado reservado. En aquella oportunidad, el médico ya había señalado públicamente al Poder Judicial como responsable del acoso sistemático al que la somete desde hace más de una década. La crisis del 8 de julio representa, según quienes la rodean, la escalada más alarmante hasta el momento.

Un cuadro clínico agravado por la injusticia

Rachid explicó que Milagro Sala padece una trombosis venosa profunda en el miembro inferior izquierdo y el síndrome de May-Thurner, patologías que complican gravemente su estado de salud. «Vive disparando una sintomatología que asusta», sostuvo el médico. Desde 2023 la dirigente reside en La Plata luego de que la Justicia de Jujuy aprobara su traslado para recibir atención médica especializada, dado que en esa provincia no se le podían garantizar las condiciones mínimas de tratamiento.

La psicóloga Gabriela Dueñas, doctora en Psicología que asiste a Sala, fue categórica al descartar que lo que atraviesa sea una depresión clínica en sentido técnico. «Como profesional de la salud mental quiero que quede claro que eso no es depresión, es una profunda tristeza por las condiciones de injusticia en las que le toca transitar estos últimos años», afirmó. Dueñas también señaló las pérdidas personales acumuladas durante la detención: la muerte de su hijo Sergio Cholque, fallecido hace más de tres años, y la de su esposo, Raúl Noro. Sala repite, según su entorno, que quiere «reunirse con su hijo». Tras una visita realizada el jueves 10 de julio, la especialista informó que la dirigente le manifestó que «ya no tiene ganas de vivir, que quiere dormir, desconectarse de la realidad».

La documentación clínica analizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su resolución de julio de 2026 confirma que Sala padece un trastorno depresivo persistente con síntomas psicóticos e ideación suicida, además del cuadro físico. El propio organismo internacional describió su condición como «actual, concreta y dinámicamente inestable» y admitió que «puede comprometer de manera directa la vida e integridad personal» de la dirigente.

Diez años de detención: el lawfare como política de Estado

El 16 de enero de 2016, Milagro Sala fue detenida mientras encabezaba un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. Reclamaba al incipiente gobernador Gerardo Morales (UCR) una reunión sobre el reempadronamiento de cooperativas, reunión que nunca se concretó. Dos días después, el entonces ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, comandó el operativo de detención. La fecha coincidía con poco más de un mes de la asunción de Mauricio Macri en la presidencia nacional.

Desde ese día, Sala atravesó al menos 15 causas judiciales y varios debates orales y públicos. Organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho internacional señalaron desde el inicio que el proceso reunía las características del lawfare: uso del Poder Judicial como herramienta de persecución política contra dirigentes sociales y opositores. El director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) violaciones al debido proceso en las condenas dictadas contra Sala.

Las irregularidades procesales fueron documentadas reiteradamente. La defensa denunció impedimentos para controlar pruebas, ofrecer testigos y realizar pericias sobre las obras que se le imputaban. En una de las causas abiertas en Jujuy, la declararon rebelde porque no pudo participar de una audiencia el 7 de enero de 2026, a pesar de que una comisión del Ministerio Público Fiscal viajó a La Plata y constató su internación. Cuando la Justicia ordenó su liberación en alguno de los procesos, no tardó en aparecer otra causa con nuevo pedido de detención.

El sistema internacional la protegió; Milei pidió levantar esa protección

En julio de 2017, la CIDH otorgó una medida cautelar en favor de Sala y solicitó al Estado argentino que adoptara medidas alternativas al encarcelamiento, dado que su integridad personal enfrentaba riesgo de daño irreparable. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, en su Opinión 31/2016, ya había calificado su detención como arbitraria y violatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exigiendo su liberación inmediata. El Estado argentino incumplió aquella decisión. En noviembre de 2017, la Corte IDH ordenó que se adoptaran «medidas de protección que sean necesarias» para garantizar su vida, integridad y salud, y dispuso el arresto domiciliario en su casa o medidas aun menos restrictivas. El Estado volvió a incumplir en términos formales: la trasladó a la casa del dique La Ciénaga, cuyas condiciones el CELS equiparó a las de la cárcel de Alto Comedero.

En mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la pena única de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta impuesta a Sala. Los jueces Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz declararon «inadmisible» el recurso extraordinario presentado por la defensa, sin mayores fundamentos. En julio de 2026, la Corte IDH resolvió levantar las medidas provisionales que la protegían desde 2017, después de un pedido expreso del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el propio tribunal internacional fue enfático: el levantamiento no autoriza ningún retroceso. «La resolución no habilita ningún retroceso, sino que obliga al Estado a sostener la protección», señaló la defensa en un comunicado. La Corte IDH reconoció que el riesgo clínico «no desapareció ni la situación se encuentra estabilizada» y advirtió que cualquier intento de trasladar a Sala a una cárcel o de alejarla de su tratamiento actual «comprometería directamente su vida».

Conferencia de prensa y exigencia de libertad inmediata

Frente al agravamiento del cuadro, SOVINTERN (Red Internacional del Nuevo Socialismo del Siglo XXI) convocó una conferencia de prensa para el jueves 16 de julio a las 12 horas, en la sede de ATE Capital, Carlos Calvo 1378, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro, en el que intervendrá el propio Jorge Rachid, está organizado bajo la consigna «Libertad inmediata de Milagro Sala». Entre quienes suscribieron declaraciones de apoyo figuran el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Rachid resumió con crudeza el diagnóstico político detrás del cuadro clínico: «El sistema la quiere muerta. Es la rehén máxima del sistema para disciplinar a los dirigentes que puedan surgir a futuro, para que vean lo que les va a pasar si hacen lo que ella ha hecho: construir viviendas, construir centros de salud, escuelas.» La frase no es retórica; es la descripción de una política que, según el **CELS** y organismos internacionales, tuvo en Milagro Sala su caso paradigmático y su costo más alto.

Puntos clave

• El 8 de julio de 2026, su médico Jorge Rachid alertó públicamente que Milagro Sala «se quiere morir» tras visitarla en su domicilio de Gonnet.
• Sala padece trombosis venosa profunda, síndrome de May-Thurner, trastorno depresivo persistente con síntomas psicóticos e ideación suicida, según documentación analizada por la Corte IDH.
• Fue detenida el 16 de enero de 2016 por un acampe en Jujuy; desde entonces atravesó al menos 15 causas judiciales con irregularidades procesales denunciadas por el CELS y la CIDH.
• La Corte IDH levantó las medidas provisionales que la protegían desde 2017 a pedido del gobierno de Milei, pero advirtió que cualquier traslado a cárcel «comprometería directamente su vida».
• Para el jueves 16 de julio a las 12 hs en ATE Capital se convocó una conferencia de prensa por su libertad inmediata, con la participación de Jorge Rachid.