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Lawfare

“Firmé, pero ni lo leí”: el derrumbe del testimonio que sostuvo la Causa Cuadernos durante años

Un testigo que durante años sostuvo haber visto bolsos de dinero ingresar al departamento de Cristina Kirchner admitió ante el tribunal que mintió en su declaración de 2018 bajo presión del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. El episodio expone de nuevo las metodologías irregulares de instrucción que marcaron una de las causas más controvertidas del «partido judicial».

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner.

«Firmé, pero no lo leí»: el encargado del edificio de CFK desmontó su testimonio clave en la Causa Cuadernos

★ Julio César Silva, de 69 años, encargado del edificio ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, donde residió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se retractó este jueves de manera categórica de su declaración prestada el 14 de agosto de 2018 ante el fallecido juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, en el marco del juicio oral por la denominada Causa Cuadernos, que se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7).

Ante los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Méndez Signori, y durante más de dos horas de audiencia, Silva desmintió el núcleo de lo que había declarado durante la instrucción: que entre los años 2007 y 2010 había observado «movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días» en el inmueble. «Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije», afirmó ante el tribunal. Y fue más lejos: «Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí.»

La declaración de 2018 y el rol de Daniel Muñoz

En su testimonio original, Silva había señalado al ex secretario presidencial Daniel Muñoz como la persona que ingresaba acompañada de otras al edificio con ese equipaje. En el juicio oral, el testigo rectificó esa versión y negó haber realizado esas afirmaciones.

Lo que sí relató Silva fue el vínculo que mantuvo con Muñoz: a través del ex funcionario, sus dos hijas consiguieron empleo en el Ministerio de Planificación Federal. Una de ellas se mantuvo en el cargo hasta la asunción de Mauricio Macri en 2015; la otra fue destinada al Inca de Colón, en la provincia de Entre Ríos.

«No te olvides de que vos tenés dos hijas»

El tramo más conmovedor de la audiencia llegó cuando Silva describió las condiciones en que se produjo aquella declaración en Comodoro Py. En la sala donde lo interrogaron estaban presentes el juez Bonadio, el fiscal Stornelli, dos escribientes y «una persona corpulenta de espalda». Bonadio y Stornelli entraban y salían del cuarto. «Uno entraba y el otro salía, así fue el interrogatorio mío. Lo pasé muy mal», declaró Silva.

El testigo afirmó que durante el interrogatorio le repetían: «No te olvides nunca de que vos tenés dos hijas.» La frase fue interpretada por el propio Silva como una presión directa y velada vinculada a la situación laboral de sus hijas en el Estado. Mencionó además un episodio revelador: escuchó al juez Bonadio dar instrucciones a los gritos al finalizar un allanamiento relacionado con la causa. El juez Canero intentó profundizar sobre ese punto; Silva fue contundente: «Estaba a los gritos.»

Luego de declarar en 2018, agregó, sufrió insultos en el barrio y en el propio edificio donde trabaja desde hace décadas.

La situación procesal de Silva y el efecto sobre la causa

La retractación de Silva lo expone a consecuencias penales. Al haber admitido que firmó una declaración falsa en el marco de una investigación judicial, el tribunal y los fiscales del juicio oral tienen la facultad de extraer testimonios para investigarlo por falso testimonio y, eventualmente, por obstrucción a la justicia. Según información difundida por la Agencia NA, su defensa alegará que actuó bajo una fuerte coacción legal externa.

Para la causa en su conjunto, el giro es de enorme magnitud. La Causa Cuadernos, impulsada en 2018 por el binomio Bonadio-Stornelli a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, fue cuestionada desde sus orígenes por la metodología empleada en la instrucción. Pericias posteriores detectaron enmiendas y alteraciones en los cuadernos originales que no correspondían a la letra del propio Centeno, circunstancia denunciada por el empresario Armando Losón, otro imputado en el expediente.

En el juicio oral, Cristina Fernández de Kirchner enfrenta la acusación de haber encabezado una asociación ilícita dentro del Poder Ejecutivo entre 2003 y 2015, con más de 70 imputados en total. La expresidenta ha denunciado sistemáticamente que la causa forma parte de lo que ha denominado lawfare, una persecución judicial de carácter político coordinada desde lo que ella misma llama el «partido judicial» de Comodoro Py.

El bochorno de una instrucción cuestionada

Lo declarado por Silva este jueves no es un dato aislado. Se inscribe en un patrón que ya había emergido en otras instancias del juicio y en causas conexas: testigos que afirman haber sido presionados, declaraciones que no coinciden con los registros originales, y procedimientos de instrucción que rozaron, cuando no cruzaron, los límites del debido proceso. Que un testigo reconozca ante un tribunal que firmó algo que no leyó, que nunca dijo y que no ocurrió, no es un tropiezo procesal menor: es un síntoma de la metodología que caracterizó al circuito judicial que tuvo a Bonadio y Stornelli como protagonistas, y que hoy la justicia oral comienza a examinar con mayor rigor.

Puntos clave:

  • Julio César Silva se retractó de su declaración de 2018 y admitió haber firmado un acta con afirmaciones falsas que nunca realizó.
  • Denunció presiones del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, quienes habrían mencionado a sus hijas durante el interrogatorio.
  • Silva declaró durante más de dos horas ante el TOF N°7, integrado por los jueces Canero, Castelli y Méndez Signori.
  • La retractación lo expone a una investigación por falso testimonio y obstrucción a la justicia; su defensa alegará coacción.
  • El episodio profundiza los cuestionamientos sobre la instrucción de la Causa Cuadernos conducida por Bonadio y Stornelli.

Judiciales ⚖️

La vecina de Cristina explicó por qué compró el departamento de San José

María Soledad Calle afirmó que adquirió el inmueble con recursos propios para instalar una fundación de estudios sobre el desarrollo argentino. La pesquisa judicial volvió a poner el foco sobre el entorno patrimonial de la expresidenta y sobre una causa atravesada por el lawfare.

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Cristina Fernández de Kirchner saluda desde el balcón del edificio de San José 1111
San José 1.111 y otra escena del lawfare contra Cristina: su vecina explicó que ahí funcionará una fundación.

María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora y de la Unión Obrera Metalúrgica, explicó que compró el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner, en el edificio de San José 1.111, para que allí funcionara una fundación dedicada a elaborar estudios sobre el desarrollo argentino. La aclaración apareció en un escrito presentado por su abogado, Pablo Slonimsqui, en medio de las preguntas judiciales sobre su patrimonio.

Según sostuvo Calle, la adquisición se realizó con recursos propios y tuvo como objetivo afectar el inmueble a un espacio de investigación. La presentación, sin embargo, no precisó el nombre de la futura fundación, sus autoridades, sus actividades ni el modo en que se financiaría. Esos puntos quedaron abiertos, pero no habilitaron por sí solos a convertir una compra inmobiliaria en una prueba de delito.

Qué investigó la Justicia

La Justicia buscó establecer el origen del patrimonio de Calle y determinar si sus ingresos resultaron compatibles con los bienes registrados a su nombre. En ese marco, recibió información de la UOM que confirmó que la dirigente trabajó para el sindicato metalúrgico. El expediente también observó la titularidad compartida de un automóvil BMW con su pareja.

La defensa afirmó que el vehículo fue comprado por el conviviente de Calle, quien además lo utilizó habitualmente, aunque ambos figuraron como titulares registrales. También explicó que la Peugeot 3008 de la dirigente se adquirió en 2023 luego de vender una Nissan Kicks y un Toyota Etios que ya integraban su patrimonio. Esos argumentos deberán ser evaluados por la Justicia con documentación, no mediante insinuaciones políticas o titulares interesados.

San José 1.111, una dirección convertida en expediente

El edificio de San José 1.111 quedó en el centro de la escena por ser el domicilio donde Cristina Kirchner cumplió su prisión domiciliaria desde junio de 2025, luego de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. La Corte Suprema ratificó esa sentencia el 10 de junio de 2025, según informó Perfil.com. La expresidenta y el kirchnerismo denunciaron que el proceso formó parte de una persecución política y judicial.

El inmueble también quedó alcanzado por medidas patrimoniales dictadas por el Tribunal Oral Federal 2. De acuerdo con Perfil.com, el embargo buscó preservar la posibilidad de ejecutar bienes mientras avanzaba el reclamo económico de la causa, pero no implicó una mudanza inmediata ni equivalió por sí mismo a un decomiso definitivo. La situación volvió a mostrar cómo una dirección particular se transformó en un escenario permanente de vigilancia judicial, mediática y política.

El lawfare y la sospecha como método

La investigación sobre Calle se presentó como una revisión patrimonial. Pero el contexto político resultó inseparable del expediente. La vecina de Cristina quedó bajo observación por su cercanía edilicia y política con una expresidenta condenada, mientras la Justicia profundizó preguntas sobre una compra que, según la defensa, tuvo una finalidad institucional.

El problema no fue que la Justicia investigara, sino que la sospecha pareciera funcionar como condena anticipada. En los procesos asociados al lawfare, la exposición pública, la filtración selectiva y la asociación automática entre proximidad política y delito construyeron un clima capaz de reemplazar la prueba. El caso de San José 1.111 volvió a exhibir esa mecánica: el domicilio de Cristina, la compra de una vecina y los bienes de una dirigente sindical quedaron unidos por una narrativa que todavía necesitó comprobaciones concretas.

La explicación de Calle dejó planteada una respuesta precisa: dijo que compró el inmueble con dinero propio y para instalar una fundación. La Justicia podía requerir documentos, revisar ingresos y verificar el destino del departamento. Lo que no correspondió fue presentar como hecho probado aquello que apenas constituyó una hipótesis de investigación. En una democracia, la transparencia patrimonial debía convivir con el debido proceso y con la presunción de inocencia.

El episodio también mostró el alcance político de la causa Vialidad. A más de un año de la ratificación de la condena, cada movimiento alrededor de Cristina siguió siendo leído como parte de un dispositivo de disciplinamiento. La compra del departamento inferior agregó un capítulo lateral a esa trama, pero volvió a poner en discusión el uso de la Justicia como herramienta de persecución contra el kirchnerismo.

Puntos clave

  • María Soledad Calle afirmó que compró el departamento de San José 1.111 con recursos propios.
  • La dirigente sostuvo que el inmueble se destinaría a una fundación de estudios sobre el desarrollo argentino.
  • La presentación no detalló todavía el nombre, las autoridades ni las actividades de la entidad.
  • La Justicia investigó el origen del patrimonio de Calle y la titularidad de sus vehículos.
  • El edificio fue el domicilio de Cristina Kirchner durante su prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
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