El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este martes el resultado fiscal de julio: un superávit financiero de $244.897 millones, producto de un superávit primario de $2.960.333 millones y un pago de intereses de deuda de $2.715.436 millones. «Se alcanzó en un mes con una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda, dado el pago de los cupones de los bonos Globales y Bonares», destacó el funcionario, quien también señaló que el gasto primario se redujo un 7% interanual en términos reales. En los primeros siete meses del año, el sector público acumuló un superávit primario de aproximadamente el 0,9% del PIB y un superávit financiero de alrededor del 0,1% del PIB. Lo que el Palacio de Hacienda no detalló es cuánto de ese equilibrio descansa sobre un mecanismo que la Justicia ya tiene bajo la lupa.

La confesión que lo cambió todo

El debate sobre el origen real del superávit explotó días antes del anuncio de julio, cuando el vocero presidencial Adrián Ravier admitió, en una entrevista con El Diario de La Pampa, que el Ministerio de Economía retiene parte de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) para sostener el equilibrio fiscal. «Sin duda, una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos», explicó Ravier. El problema es que lo recaudado por el ICL tiene asignación legal específica: por la Ley 23.966, el 28,58% debe destinarse al fideicomiso de infraestructura de transporte, el 4,31% al fideicomiso hídrico y el 2,55% a la compensación del transporte público. Usarlo para otro fin no es una licencia administrativa: es, según los denunciantes, una violación a la ley.

SisVial: el fideicomiso vaciado de rutas

El Sistema Vial Integrado (SisVial) fue creado por el decreto 1377/2001 por exigencia del Banco Mundial, precisamente para blindar los recursos del ICL y evitar que terminaran financiando gastos corrientes del Estado. Desde que Milei llegó al poder, la tasa de subejecución del fondo alcanzó el 73,8%. Los números son contundentes: en 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado ($40.668 millones de $360.238 millones); en 2025, el 39% ($270.592 millones de $692.514 millones); y entre enero y mayo de 2026, solo el 18,5% ($83.144 millones de $450.500 millones). En total, sobre $1.503.252 millones recaudados, $394.406 millones se aplicaron a obras viales y más de $1 billón quedó inmovilizado en colocaciones financieras, incluyendo Letras del Tesoro (LECAP, BONCAP y LECER). Un decreto de 2025 formalizó el mecanismo: el decreto 425/2025 dispuso que, antes de cada licitación de títulos, el banco fiduciario consultara el monto a invertir con el Ministerio de Economía, convirtiendo los fondos viales en demanda cautiva del programa financiero de Caputo.

La consultora Galois calculó que, si los recursos actualmente afectados a infraestructura y transporte se hubieran distribuido por coparticipación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires habrían recibido $784.290 millones adicionales solo entre enero y julio de 2026. El impacto en el componente impositivo de la nafta también es visible para el consumidor: según relevamientos privados citados en las causas judiciales, el componente impositivo de la nafta súper pasó de representar el 8,9% del precio final en noviembre de 2023 al 19,25% en julio de 2026.

Rutas rotas, vidas en riesgo

Las consecuencias en el territorio son concretas. Informes privados citados en las causas judiciales indican que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran actualmente en estado «regular o malo» por la parálisis de las obras de bacheo y repavimentación. De haberse ejecutado lo recaudado, se habrían podido mantener en buen estado unos 9.148 kilómetros de rutas por año, según un relevamiento periodístico. La Dirección Nacional de Vialidad llegó a registrar una deuda interna equivalente al 90% de su presupuesto anual, situación que sus propios profesionales calificaron como «quiebra técnica». Un fallo judicial federal ya ordenó obras de emergencia en rutas de Santa Fe. El diputado Martín Aveiro fue categórico: «Esto no se trata solamente de caminos o de plata, se trata de vidas humanas».

Denuncias penales y presión política

La admisión de Ravier tuvo consecuencias judiciales inmediatas. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal formal ante la Justicia Federal contra Caputo y el presidente del Banco Nación, Daniel Wasserman, por presunta malversación de fondos públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. «Cada vez que cargamos combustible, pagamos un impuesto destinado a mantener y recuperar las rutas nacionales. Pero mientras nuestras rutas se deterioran y se pierden vidas, esa plata termina en la timba financiera para sostener un superávit fiscal armado a costa del abandono vial», sostuvo la legisladora. A esa presentación se sumó una denuncia anterior de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, radicada bajo el número CFP 2473/2026 en el Juzgado Federal Nº 7, que apuntó directamente contra Caputo, Federico Sturzenegger y Manuel Adorni.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también salió a interpelar al Gobierno a través de su cuenta verificada en X: «¿Dónde están los fondos del impuesto a los combustibles que por ley deben destinarse a mejorar nuestras rutas? En la timba, en la especulación financiera, en cualquier lado menos en donde realmente tienen que estar. Es fácil hablar de superávit fiscal cuando se logra a costa del pueblo.» La tensión con los gobernadores provinciales escala, mientras 23 mandatarios insisten en reclamar la distribución coparticipable de esos fondos.

El superávit como relato

El propio Caputo se enorgulleció de que el equilibrio fiscal de julio «se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PIB desde el inicio de la gestión». El dato esconde la otra cara: mientras el Gobierno recortó impuestos que recaen sobre el capital y las exportaciones, los consumidores siguen pagando un impuesto a los combustibles cuya recaudación no regresa en la forma de infraestructura que la ley ordena. El SisVial fue diseñado expresamente para que eso no ocurriera. La gestión libertaria encontró la manera de revertir su lógica. El superávit existe. La pregunta que la Justicia empieza a responder es: ¿a qué costo y a costa de quién?

Puntos clave

• El Ministerio de Economía anunció un superávit financiero de $244.897 millones en julio de 2026.
• El vocero presidencial Adrián Ravier admitió que parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos, con asignación legal específica para obras viales, es retenida por el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal.
• Desde diciembre de 2023, el SisVial acumuló una tasa de subejecución del 73,8%; más de $1 billón recaudado quedó inmovilizado en instrumentos financieros del Tesoro en lugar de aplicarse a rutas.
• La diputada Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal por malversación contra Caputo; el gremio de Vialidad Nacional también denunció a Caputo, Sturzenegger y Adorni (expediente CFP 2473/2026).
• Entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, y la Dirección Nacional de Vialidad registra una deuda interna equivalente al 90% de su presupuesto anual.