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Juicio YPF: la Corte Suprema de EEUU les dio más tiempo a los fondos para apelar
La jueza Sonia Sotomayor autorizó extender el plazo de apelación hasta el 30 de septiembre, un mes más de lo previsto. Los fondos Petersen y Eton Park, representados por Burford Capital, aún tienen abierta la puerta para llevar el caso ante el máximo tribunal estadounidense, aunque en paralelo avanzan con una demanda ante el CIADI.
La Corte Suprema de Estados Unidos les concedió este martes un mes adicional a los fondos demandantes en el litigio por la expropiación de YPF para presentar su recurso extraordinario ante ese tribunal. La nueva fecha límite quedó fijada para el 30 de septiembre de 2026, cuando originalmente vencía el 31 de agosto. La autorización fue dispuesta por la jueza Sonia Sotomayor, responsable de supervisar a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
La extensión fue solicitada por Burford Capital, el estudio jurídico que financia y representa a los fondos Petersen y Eton Park, que reclaman compensación por la estatización de YPF dispuesta en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y uno de los analistas con mayor seguimiento del expediente, la solicitud de los 30 días adicionales obedeció a que el abogado de los fondos «tiene otras citas», una justificación que ilustra la naturaleza procesal de la maniobra más que una estrategia de fondo.
El largo camino desde el fallo de marzo
El derrotero judicial tomó un giro decisivo en marzo de 2026, cuando la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que obligaba al Estado argentino a pagar más de 16.000 millones de dólares. El fallo favorable al país dejó sin efecto esa condena y representó un revés contundente para los demandantes.
Tras ese resultado, Burford Capital intentó una revisión del dictamen ante la propia Cámara, conocida como rehearing en banc, pero el tribunal rechazó el pedido a principios de junio de 2026. Sin más instancias disponibles en ese nivel, la única alternativa que resta en la justicia estadounidense es el recurso ante la Corte Suprema, cuya aceptación no es automática, sino discrecional: el máximo tribunal solo toma una fracción mínima de los casos que se le presentan.
La Corte Suprema: la última trinchera en suelo estadounidense
El recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos es la última instancia disponible para los demandantes en la justicia norteamericana. Si el tribunal decide no tomar el caso, el fallo favorable a la Argentina quedará firme en ese fuero. Sin embargo, la decisión de admitir o rechazar el recurso puede demorar meses, y la experiencia histórica indica que la Corte acepta revisar menos del 2% de los casos que le son presentados.
El escenario judicial, en cualquier caso, no se agota allí. En paralelo a las acciones en Nueva York, la defensa de los fondos trabaja en una demanda ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, donde las reglas de juego y los precedentes son distintos. Esa vía podría mantenerse activa con independencia de lo que resuelva la Corte Suprema estadounidense, prolongando indefinidamente un conflicto legal que ya lleva más de una década.
Un litigio que excede lo judicial
El juicio por YPF nunca fue exclusivamente una disputa entre accionistas minoritarios y el Estado argentino. Detrás de los fondos demandantes opera Burford Capital, una empresa especializada en financiamiento de litigios de alto riesgo con expectativa de retorno multimillonario, que convirtió este caso en uno de sus activos más relevantes. La firma adquirió los derechos de litigio de los fondos a precios de descuento y asumió los costos del proceso a cambio de una parte sustancial de cualquier recupero.
Esa lógica financiera explica por qué los demandantes agotan cada instancia disponible, por mínimas que sean sus chances de éxito: para Burford, cada recurso es una opción que tiene valor mientras no sea definitivamente rechazada. La prórroga hasta el 30 de septiembre es, en ese sentido, una extensión del negocio tanto como del proceso judicial.
Para el Estado argentino, en cambio, el escenario actual es el mejor posible desde la revocación del fallo de Preska: una condena de 16.000 millones de dólares que quedó sin efecto y una apelación ante la Corte Suprema que tiene pocas probabilidades estadísticas de prosperar. Lo que sigue es, en buena medida, esperar.
Puntos clave
- La jueza Sonia Sotomayor autorizó extender hasta el 30 de septiembre el plazo para que los fondos presenten su recurso ante la Corte Suprema de EEUU.
- La solicitud la realizó Burford Capital porque el abogado de los fondos «tiene otras citas», según señaló el analista Sebastián Maril.
- En marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones de Nueva York había revocado la condena de más de 16.000 millones de dólares contra la Argentina.
- En junio de 2026, la misma Cámara rechazó el pedido de revisión ampliada presentado por los fondos.
- En paralelo, los demandantes avanzan con una demanda ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Buenos Aires
Kicillof le compró baterías a Huawei antes del escándalo Lamelas y PBA sale a defender la decisión
Mientras el embajador de Estados Unidos amenazaba a cooperativas por usar tecnología china, la provincia de Buenos Aires ya había adjudicado a Huawei un contrato por $31.200 millones para baterías energéticas. El subsecretario bonaerense Gastón Ghioni rechazó cualquier cuestionamiento: «No creemos que ese debate deba interferir en las decisiones de la Provincia».
El escándalo diplomático desatado por las amenazas del embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, contra la cooperativa neuquina CALF por su contrato con Huawei dejó al descubierto una contradicción que el gobierno nacional no puede ignorar: antes de que Lamelas pusiera en jaque a los directivos de la cooperativa con la revocación de sus visas, la provincia de Buenos Aires, conducida por Axel Kicillof, ya había adjudicado formalmente a la tecnológica china la provisión de equipamiento para un sistema de almacenamiento de energía en baterías. El contrato, cuya licitación se aprobó en junio, asciende a $31.200 millones y está en proceso de implementación.
La información, que había pasado desapercibida, adquirió una relevancia política inusitada a partir de las declaraciones del embajador en el foro de AmCham, donde Lamelas sostuvo que la presencia de Huawei en infraestructura energética argentina desalienta la inversión extranjera y que el Partido Comunista Chino exigiría acceso a los datos que transitan por esa tecnología.
La Provincia defiende la adjudicación y rechaza la injerencia
El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, salió a respaldar la decisión con argumentos técnicos y políticos. «Huawei presentó la mejor oferta en el proceso de adjudicación y, en función de eso, no tenemos nada que objetar respecto de la decisión adoptada. Se trata de una empresa con una trayectoria reconocida, que viene trabajando desde hace años en Argentina con distintas empresas del sector privado y que tiene, además, una presencia importante a nivel internacional», declaró el funcionario ante una consulta periodística.
Ghioni fue más lejos al cuestionar el trasfondo del veto estadounidense: «Los cuestionamientos planteados por la Embajada de Estados Unidos dan cuenta de una intromisión que expresa, por un lado, la obediencia del gobierno nacional para con Estados Unidos; y por otro, la disputa comercial y tecnológica de este país con China». El funcionario concluyó que ese debate «no debe interferir en las decisiones que toma la Provincia de Buenos Aires en función de sus propias necesidades y prioridades».
Al mismo tiempo, Ghioni procuró separar la decisión de cualquier lectura de alineamiento geopolítico automático: «Nuestra posición no responde a una alineación automática con una potencia u otra. Lo que hacemos es evaluar, en cada caso, qué alternativa resulta más conveniente para la Provincia, con criterios técnicos, económicos y de eficiencia. En este caso, Huawei presentó la mejor oferta y fue adjudicataria conforme al procedimiento correspondiente».
Qué compraron y para qué sirve
El programa bonaerense contempla una potencia de 25 megawatts (MW) y una capacidad de almacenamiento de 125 MWh, distribuidos en cuatro nodos: Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento. La inversión se financia con recursos del Adicional de Costo de Generación Distribuida. El equipamiento, una vez instalado, quedará en manos de la Provincia durante entre 15 y 20 años. La operación estará a cargo de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), la empresa estatal provincial del sector.
El sistema reemplaza el esquema utilizado en veranos anteriores, basado en generación móvil a gasoil, que resultaba más costoso e ineficiente. Según Ghioni, las baterías se activarán cuando TRANSBA, concesionaria del transporte de energía bonaerense, detecte saturación en las líneas de media tensión o en las subestaciones de 132 kV. La licitación se dividió en dos tramos: el de equipamiento, ya adjudicado a Huawei, y el de la obra civil, aún en proceso. La puesta en operación formal está prevista para enero de 2027.
Un esquema provincial que se inscribe en el plan nacional
El programa bonaerense no es un hecho aislado. Se inscribe en el marco de la convocatoria nacional AlmaSADI y de las estimaciones de CAMMESA sobre nodos con riesgo de saturación en el sistema eléctrico argentino. AlmaSADI es la continuación del plan AlmaGBA, la primera experiencia de almacenamiento a escala del país, que en 2025 adjudicó 713 MW en nodos críticos del AMBA con una inversión cercana a los USD 540 millones, hoy en obra. En julio de 2026, la Secretaría de Energía de la Nación formalizó además la adjudicación de otros 700,5 MW distribuidos en 20 proyectos de cinco empresas para el resto del país.
La lógica en ambos casos es la misma: reemplazar generadores a combustible por baterías de almacenamiento, más eficientes y de menor costo operativo a mediano plazo. La decisión bonaerense de adjudicar ese equipamiento a Huawei, en ese contexto, no fue una excepción sino el resultado de un proceso licitatorio en el que la empresa china compitió y ganó.
La contradicción que Milei no puede tapar
El caso pone en evidencia la doble vara con la que opera la política energética argentina en tiempos de disputa geopolítica entre potencias. Mientras el gobierno nacional de Javier Milei guarda silencio ante las amenazas de Lamelas, o incluso las convalida con su postura de alineamiento con Washington, la provincia de Buenos Aires ejecuta contratos con la misma empresa cuestionada por la embajada estadounidense, sin que eso haya generado hasta ahora ningún conflicto diplomático formal.
La pregunta que queda en el aire es inevitable: si la tecnología de Huawei representa un riesgo para la «seguridad de datos» en Vaca Muerta, como sostiene Lamelas, ¿qué explicación da la embajada sobre los nodos bonaerenses de Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento, donde esa misma tecnología estará operativa desde 2027? La respuesta de la Embajada de los Estados Unidos, hasta el momento, es el silencio.
Puntos clave
- La provincia de Buenos Aires adjudicó a Huawei la provisión de baterías de almacenamiento energético por $31.200 millones antes de que estallara el escándalo Lamelas-CALF.
- El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, defendió la decisión y calificó las presiones de la embajada de EE.UU. como una «intromisión» que expresa la «obediencia del gobierno nacional» a Washington.
- El sistema contempla 25 MW y 125 MWh distribuidos en cuatro nodos de la provincia; estará operativo en enero de 2027 y será administrado por BAESA.
- La adjudicación a Huawei fue el resultado de un proceso licitatorio en el que la empresa china presentó la mejor oferta técnica y económica.
- El gobierno nacional de Milei no cuestionó la compra bonaerense, lo que expone la inconsistencia de su posición frente a las presiones de Lamelas contra la cooperativa neuquina CALF.
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