La Corte Suprema de Estados Unidos les concedió este martes un mes adicional a los fondos demandantes en el litigio por la expropiación de YPF para presentar su recurso extraordinario ante ese tribunal. La nueva fecha límite quedó fijada para el 30 de septiembre de 2026, cuando originalmente vencía el 31 de agosto. La autorización fue dispuesta por la jueza Sonia Sotomayor, responsable de supervisar a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

La extensión fue solicitada por Burford Capital, el estudio jurídico que financia y representa a los fondos Petersen y Eton Park, que reclaman compensación por la estatización de YPF dispuesta en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y uno de los analistas con mayor seguimiento del expediente, la solicitud de los 30 días adicionales obedeció a que el abogado de los fondos «tiene otras citas», una justificación que ilustra la naturaleza procesal de la maniobra más que una estrategia de fondo.

El largo camino desde el fallo de marzo

El derrotero judicial tomó un giro decisivo en marzo de 2026, cuando la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que obligaba al Estado argentino a pagar más de 16.000 millones de dólares. El fallo favorable al país dejó sin efecto esa condena y representó un revés contundente para los demandantes.

Tras ese resultado, Burford Capital intentó una revisión del dictamen ante la propia Cámara, conocida como rehearing en banc, pero el tribunal rechazó el pedido a principios de junio de 2026. Sin más instancias disponibles en ese nivel, la única alternativa que resta en la justicia estadounidense es el recurso ante la Corte Suprema, cuya aceptación no es automática, sino discrecional: el máximo tribunal solo toma una fracción mínima de los casos que se le presentan.

La Corte Suprema: la última trinchera en suelo estadounidense

El recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos es la última instancia disponible para los demandantes en la justicia norteamericana. Si el tribunal decide no tomar el caso, el fallo favorable a la Argentina quedará firme en ese fuero. Sin embargo, la decisión de admitir o rechazar el recurso puede demorar meses, y la experiencia histórica indica que la Corte acepta revisar menos del 2% de los casos que le son presentados.

El escenario judicial, en cualquier caso, no se agota allí. En paralelo a las acciones en Nueva York, la defensa de los fondos trabaja en una demanda ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, donde las reglas de juego y los precedentes son distintos. Esa vía podría mantenerse activa con independencia de lo que resuelva la Corte Suprema estadounidense, prolongando indefinidamente un conflicto legal que ya lleva más de una década.

Un litigio que excede lo judicial

El juicio por YPF nunca fue exclusivamente una disputa entre accionistas minoritarios y el Estado argentino. Detrás de los fondos demandantes opera Burford Capital, una empresa especializada en financiamiento de litigios de alto riesgo con expectativa de retorno multimillonario, que convirtió este caso en uno de sus activos más relevantes. La firma adquirió los derechos de litigio de los fondos a precios de descuento y asumió los costos del proceso a cambio de una parte sustancial de cualquier recupero.

Esa lógica financiera explica por qué los demandantes agotan cada instancia disponible, por mínimas que sean sus chances de éxito: para Burford, cada recurso es una opción que tiene valor mientras no sea definitivamente rechazada. La prórroga hasta el 30 de septiembre es, en ese sentido, una extensión del negocio tanto como del proceso judicial.

Para el Estado argentino, en cambio, el escenario actual es el mejor posible desde la revocación del fallo de Preska: una condena de 16.000 millones de dólares que quedó sin efecto y una apelación ante la Corte Suprema que tiene pocas probabilidades estadísticas de prosperar. Lo que sigue es, en buena medida, esperar.

Puntos clave

• La jueza Sonia Sotomayor autorizó extender hasta el 30 de septiembre el plazo para que los fondos presenten su recurso ante la Corte Suprema de EEUU.
• La solicitud la realizó Burford Capital porque el abogado de los fondos «tiene otras citas», según señaló el analista Sebastián Maril.
• En marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones de Nueva York había revocado la condena de más de 16.000 millones de dólares contra la Argentina.
• En junio de 2026, la misma Cámara rechazó el pedido de revisión ampliada presentado por los fondos.
• En paralelo, los demandantes avanzan con una demanda ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.