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¿Habrá redistribución? Precios de aceites de girasol y soja por las nubes

Suben más de 20% desde inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Este incremento repercute no solo en las exportaciones del complejo girasolero, sino también en el aporte que realiza a la economía argentina.

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Los precios internacionales de los aceites vegetales, en especial de girasol y soja, fueron dos de los productos agrícolas industrializados que subieron con fuerza tras desatarse la guerra entre Rusia y Ucrania, con incrementos superiores al 20%.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), desde el inicio del conflicto bélico, el 24 de febrero, los precios del aceite de soja en el mercado de Chicago aumentaron casi un 25% al pasar de US$ 1.587,30 a US$ 1.965 al cierre del viernes pasado, mientras el precio FOB de exportación del aceite de girasol argentino subió 21%, de US$ 1.660 a US$ 2.015 en similar período.

La razón que disparó la suba de estos productos fue la invasión rusa a Ucrania, que además del desastre humanitario y económico que generó, también paralizó la industria aceitera y el movimiento de los puertos sobre el Mar Negro, lo que retiró del mercado a la producción de aceite de girasol proveniente de esa zona, que en conjunto representan el 80% del volumen comercializado a nivel mundial.

Esto no solo disparó el precio del aceite de girasol, sino también de aquellos que son sustitutos, como el de soja, palma o de maíz.

«El mayor efecto de la guerra fue en el aceite de girasol, porque desapareció el 80% (de la oferta mundial) y en ese instante, el precio voló de US$ 1500 a US$ 2.200», señaló a Télam el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras.

El-Argentino-Aceite de soja

Esta suba en los precios repercute no solo en las exportaciones del complejo girasolero, sino también en el aporte que realiza a la economía argentina.

Según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), el Producto Bruto Agrícola (PBA) del complejo alcanzaría en la presente campaña 2021/22 el monto récord de US$ 1.909 millones, US$ 217 millones por encima de lo registrado en el ciclo pasado, con una expansión del 12,8%.

En cuanto a las exportaciones, la entidad proyectó ingresos por US$ 1.202 millones, lo que representará un aumento del 18,2% (US$ 185 millones), mientras que la recaudación por retenciones tendrá un incremento de US$ 69 millones hasta los US$ 426 millones.

Asimismo, la entidad calculó que de las 3,4 millones de toneladas recientemente cosechadas, 3 millones se molerán para la producción de aceite mayoritariamente, por lo que 750.000 toneladas quedarían disponibles para la exportación, unas 50.000 toneladas menos que en la campaña 2020/21.

Ese volumen, indicó Idígoras, representa el 8% del mercado mundial, «y fue el único aceite de girasol que quedó disponible tras la desaparición de la oferta ucraniana y, lamentablemente, no se pudo atender y quedó insatisfecha la demanda mundial».

Ante esta situación, el dirigente empresario ve «una enorme oportunidad para la cadena girasolera argentina, con buenos precios y un mercado insatisfecho», lo que podría determinar un crecimiento en el área implantada con dicho cultivo, cuya superficie en la última campaña fue de 1,7 millones de hectáreas.

Por el lado del aceite de soja, la suba de los precios internacionales, en torno al 25%, también tendrá su impacto positivo en las exportaciones argentina.

El último informe de Panorama de Mercados de la BCR, los despachos de este producto escalarían hasta los US$ 7.733 millones este año, US$ 632 millones más que el año pasado y US$ 330 millones por encima de lo que se esperaba en las estimaciones del mes pasado de la entidad bursátil.

No obstante, el equipo económico de la BCR remarcó que «la política de retenciones actual podría desalentar la industrialización y el comercio exterior de productos del complejo sojero» lo cual «podría limitar la captura de este nivel de precios».

La entidad bursátil explicó que la demanda de aceite de soja en el último tiempo «se vio apuntalada en parte para sustituir la escasez de aceite de girasol», cuestión que no solo impulsó los precios de este subproducto en cuestión, sino a lo de todo el complejo de soja.

A esto se sumó que en los últimos días, Indonesia anunció la suspensión de exportaciones del aceite de palma, otro producto sustituto.

Este país del sudeste asiático es responsable de más de la mitad de las exportaciones globales de este aceite e iba camino este año a representar el 56% de las exportaciones mundiales de aceite de palma, señaló la BCR, por lo que «a la incertidumbre de abastecimiento global se le suma la incertidumbre regulatoria en este país».

«Este es otro factor que apuntala a los precios, en vista de potencial incremento de la demanda de aceite de soja para sustituir palma, como se vio con el girasol», finalizó el análisis de la Bolsa rosarina.

Seguridad social

Congelado hace dos años: el bono de $70.000 para jubilados y pensionados sigue sin actualización

El Gobierno oficializó mediante el Decreto 292/2026 el pago del bono extraordinario de $70.000 para mayo, el mismo monto que se abona desde marzo de 2024 sin ningún ajuste por inflación. Mientras el Ejecutivo justifica la medida en los «efectos adversos» de la fórmula previsional vigente, los jubilados ven cómo ese complemento se deprecia mes a mes en términos reales.

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El bono previsional de $70.000 cumple dos años sin actualización

★ El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 292/2026, que oficializa el otorgamiento del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de mayo a jubilados que perciben el haber mínimo y pensionados a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida se repite, con el mismo importe, por vigésimo sexto mes consecutivo.

El decreto establece que las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán en un total superior a $463.000, contemplando la actualización del haber base en línea con la inflación de marzo, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) midió en el 3,4%.

El argumento oficial y la trampa del diagnóstico

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo vuelve a recurrir al mismo argumento de siempre: la culpa la tiene la Ley N° 27.609, sancionada en 2021, cuya fórmula de movilidad, según el texto oficial, «presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario» y «presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes».

La contradicción del argumento es evidente: el propio gobierno reconoce que la fórmula no resguarda el poder adquisitivo de los jubilados, pero en lugar de modificarla o reemplazarla, elige mantenerla y compensar sus efectos con un bono que, a su vez, tampoco se actualiza. Más aún: en 2024, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley que establecía una movilidad más favorable para los adultos mayores, y el presidente Javier Milei la vetó.

El bono que se derrite

El complemento de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Antes de esa fecha, los primeros dos meses del gobierno de Milei se pagaron bonos de $55.000. Desde entonces, el monto no registró ninguna actualización, mientras la inflación acumulada entre marzo de 2024 y abril de 2026 erosionó significativamente su valor real.

Como informó este medio en una cobertura reciente sobre el poder adquisitivo jubilatorio, la consultora Analytica estimó que, para recuperar el poder de compra inicial, el bono debería más que duplicarse y alcanzar los $144.000. En el mismo relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que los jubilados de la mínima acumulan una caída real del 13,1% si se compara el primer trimestre de 2026 con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, medida con la canasta del Índice de Precios al Consumidor actualizada.

A quiénes alcanza el decreto

El Decreto 292/2026 precisa que el bono extraordinario corresponde a:

  • Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
  • Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y demás pensiones graciables cuyo pago realiza ANSES.

El texto oficial además aclara que el bono «no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto», y que en los casos de pensiones con copartícipes, el conjunto de beneficiarios será considerado «como un único titular».

Un parche que no alcanza

El escenario previsional que describe el decreto es, en sí mismo, una confesión de fracaso. El Ejecutivo lleva más de dos años justificando la necesidad del bono como compensación por los efectos de una ley que decidió no reformar. En ese tiempo, el complemento perdió una porción significativa de su valor real, y el haber total de quienes cobran la mínima se ubica, según el CEPA, un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, último mes completo de la gestión anterior.

Más del 60% de los jubilados del sistema contributivo cobra el haber mínimo. Para ellos, la suma de ese haber más el bono congelado resulta insuficiente frente a cualquier medición de canasta básica. Según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, una pareja de adultos mayores con vivienda propia necesitó $1.548.360 en febrero de 2026, equivalente a más de tres jubilaciones mínimas con bono incluido.

Puntos clave:

  • El Decreto 292/2026 oficializa el bono previsional de $70.000 para mayo, sin actualización por vigésimo sexto mes consecutivo desde marzo de 2024.
  • La jubilación mínima total en mayo superará los $463.000, tras una actualización del haber base del 3,4% por la inflación de marzo.
  • El Ejecutivo atribuye el bono a los efectos adversos de la Ley N° 27.609, pero vetó en 2024 una ley del Congreso que establecía una movilidad más favorable.
  • La consultora Analytica estimó que el bono debería subir a $144.000 para recuperar el poder adquisitivo original.
  • Más del 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, que se ubica un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, según el CEPA.
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