La estabilización macroeconómica que proclama el gobierno de Javier Milei choca con una realidad que no aparece en los índices oficiales: millones de argentinos y miles de pequeñas y medianas empresas llegaron a 2026 con deudas acumuladas que el nuevo escenario económico no solo no resolvió, sino que en muchos casos profundizó. La combinación de tasas de interés elevadas, costos fijos que treparon a niveles históricos y salarios que no recuperaron el terreno perdido configuró una trampa de la que resulta cada vez más difícil salir.

El diagnóstico de un economista pyme

El economista y empresario Gustavo Lázzari fue contundente al describir la situación ante Splendid AM 990: «Las empresas no arrancan de cero cuando cambia un gobierno. Cada una viene arrastrando su propia historia y muchas estaban muy averiadas». Con esa precisión clínica, Lázzari identificó el principal problema: el endeudamiento previo que impide que muchas firmas y familias puedan aprovechar el cambio de contexto macroeconómico.

El economista recordó que durante el segundo semestre de 2025, con tasas de interés cercanas al 200%, se multiplicaron las refinanciaciones tanto de empresas como de particulares. «Veía que la gente refinanciaba deudas al 120% o 130%. Nada crece a esa velocidad, así que era evidente que nos íbamos a pegar contra la pared», sostuvo. El diagnóstico se volvió más perturbador cuando, en una reunión con empresarios en Corrientes, varios le comentaron que algunos empleados solicitaban ser despedidos para cobrar la indemnización y saldar sus deudas: «Nunca había escuchado algo así. De diez empresarios, siete me dijeron que les estaba pasando lo mismo».

Impuestos escondidos en las tarifas

Para Lázzari, el problema central no son las tarifas en sí mismas, sino la enorme carga impositiva que las encarece. «La gente cree que paga la luz, pero en realidad también paga una enorme cantidad de impuestos escondidos dentro de esa factura», señaló. Según su análisis, los servicios de energía, transporte y logística concentran entre el 40 y el 45% de componente impositivo, lo que convierte cada boleta en una cuña fiscal disfrazada de tarifa de servicio.

Como ejemplo ilustrativo, mencionó el caso de un vehículo de reparto que realiza el recorrido diario entre Buenos Aires y La Plata: el costo de peajes supera incluso la amortización del propio utilitario. «No puede ser que cruzar una autopista cueste más que amortizar el vehículo. Eso demuestra que hay costos que están completamente desproporcionados», remarcó. La conclusión del economista es que la reforma necesaria no pasa por retrotraer tarifas, sino por reducir el componente impositivo que las infla artificialmente, un reclamo que coincide con el diagnóstico estructural que el Foro Economía y Trabajo planteó en su propuesta de reforma tributaria publicada en mayo de 2026.

Los bancos públicos provinciales como red de contención

En ese contexto, la respuesta del Estado nacional fue prácticamente inexistente. Fueron los bancos públicos provinciales quienes comenzaron a cubrir el vacío. El Banco de La Pampa, según informó su titular Alexis Iviglia, ya refinanció más de mil millones de pesos en deudas de tarjetas de crédito, con una línea que permanece abierta. La entidad ofrece dos alternativas: refinanciación hasta 36 meses con una Tasa Nominal Anual fija del 40%, y hasta 72 meses con una TNA del 48%, sin límite de monto ni exigencia de entrega inicial.

Esas tasas son notablemente inferiores al promedio del sistema financiero, donde los bancos públicos alcanzan el 86% y los privados el 81%, con máximos de hasta el 150%. Tanto Iviglia como el secretario de Trabajo de La Pampa, Marcelo Pedehontaa, recorren entidades sindicales y patronales para difundir el beneficio. A iniciativas similares del Banco Provincia (Bapro) y del Banco Ciudad se suma ahora este banco del interior, en lo que configura una respuesta subnacional ante una crisis que el gobierno nacional evita nombrar como tal.

La tarjeta como táctica de supervivencia

El uso masivo de tarjetas de crédito para cubrir gastos corrientes no es un fenómeno marginal ni una mala decisión individual: es una respuesta adaptativa de millones de hogares ante la erosión sistemática de sus ingresos. Con salarios que no recuperaron el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023 y con servicios públicos y alimentos que acumulan subas de tres dígitos, la tarjeta se convirtió en el puente entre el sueldo y la canasta básica.

El problema es que ese puente tiene costo. Leonardo Ferrucci, CEO de Waya, una plataforma de recursos para emprendedores con fuerte presencia en el conurbano y el NOA, advirtió que numerosas líneas de crédito presentan Costos Financieros Totales superiores al 150% e incluso al 200% anual. «A menudo se deforma el concepto de inclusión financiera o se quiere hacer pasar esta situación por un boom de crédito, cuando la verdadera inclusión financiera no consiste en darle un préstamo caro a una persona. Consiste en darle herramientas para progresar sin quedar atrapada por el endeudamiento», señaló.

Según su diagnóstico, muchas familias destinan entre el 40% y el 60% de sus ingresos al pago de préstamos y obligaciones financieras. Y el dato más revelador: el 43% de las personas se encuentra actualmente en las categorías crediticias 3, 4 y 5, es decir, en situación de morosidad o dificultad financiera que dificulta el acceso a nuevo crédito formal. Un círculo que se cierra sobre sí mismo.

Los autónomos, los más vulnerables

Ferrucci señaló además que la situación es particularmente crítica para los trabajadores autónomos y monotributistas, porque cualquier bloqueo de cuenta o sanción puede dejarlos sin actividad de forma inmediata. «Mientras el Banco Central impulsa la bancarización, miles de personas sufren cierres de cuentas, bloqueos preventivos o restricciones operativas sin recibir explicaciones claras. Cada cuenta cerrada representa una persona menos dentro del sistema formal», advirtió. Waya trabaja actualmente en su expansión hacia Bolivia y Paraguay, en el marco de un acuerdo con el Parlasur orientado a reducir la informalidad en la región.

El cuadro que emerge de los distintos testimonios es coherente: la recuperación macroeconómica que exhibe el gobierno no llegó todavía a los balances de las familias ni a los números de las pymes. El endeudamiento no es un síntoma pasajero de una transición dolorosa pero necesaria, como sostiene el relato oficial. Es la consecuencia lógica de un modelo que redujo el gasto público un 31% en términos reales desde 2023, desmanteló programas sociales, transfirió el costo del ajuste a los sectores de menores ingresos y dejó que el crédito caro hiciera el resto.

Puntos clave

• El 43% de las personas se encuentra en categorías crediticias de morosidad o dificultad (3, 4 y 5), según datos de Waya.
• El Banco de La Pampa refinanció más de mil millones de pesos en deudas de tarjetas con tasas de hasta el 49%, frente al 150% del mercado privado.
• Los servicios públicos concentran entre el 40 y el 45% de carga impositiva dentro de las facturas, según el economista Gustavo Lázzari.
• Muchas familias destinan entre el 40% y el 60% de sus ingresos al pago de deudas y obligaciones financieras.
• La respuesta al sobreendeudamiento masivo provino de los bancos públicos provinciales, no del gobierno nacional.