DDHH
A 50 años del golpe, la Iglesia advierte sobre el creciente autoritarismo
La Conferencia Episcopal reafirmó el «Nunca Más» y alertó sobre «una tendencia creciente al autoritarismo» y «una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil». El documento llega mientras el gobierno de Milei designa a un defensor de militares en la Subsecretaría de Derechos Humanos.
★ La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió un documento en el que recordó los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y reafirmó el «Nunca Más» a las dictaduras. Pero además, y en un contexto político particular, advirtió sobre «una tendencia creciente al autoritarismo» y denunció que predomina «una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil».
El texto, emitido por la Comisión Permanente que preside monseñor Marcelo Colombo, llega en momentos en que el gobierno libertario designa a Bryan José Mayer, quien en 2023 calificó de «pro terrorista» a la película Argentina, 1985, como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Mayer actuó como vocero oficioso de sectores militares que reivindican la última dictadura.
El Nunca Más y la memoria «íntegra y luminosa»
«Como nos recuerda el papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, sabemos que ‘Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta la página diciendo que ya hace tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante’. ¡No, por Dios! Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa», afirmó la CEA en su documento.
Los obispos definieron el 24 de marzo de 1976 como «el inicio de esa oscura noche en nuestra historia: la tragedia del terrorismo de Estado que se prolongó por siete largos años hasta el 10 de diciembre de 1983», cuando se recuperó la democracia.
El texto también incluyó una autocrítica institucional: «Reconocemos la gravedad de lo acontecido en esos años violentos y comprendemos que la memoria exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella», señaló la CEA.
La advertencia sobre el autoritarismo actual
El documento episcopal no se limitó a mirar hacia el pasado. En uno de sus pasajes más contundentes, la CEA alertó: «Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena».
Y agregó: «Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles».
La advertencia cobra especial relevancia en el contexto de la segunda fase del gobierno de Javier Milei, que profundizó la presencia militar en áreas clave del Estado. El caso más resonante fue la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa, quebrando la tradición de conducción civil de las Fuerzas Armadas.
El llamado a la custodia de la vida
Los obispos pidieron que, para mantener y defender la democracia, el Estado «vele por la dignidad de las personas y la igualdad de todos los ciudadanos», y que se privilegien «las puntas de la vida: los ancianos y los niños».
«Con sus ventajas y desafíos, la democracia siempre tendrá como axioma la custodia de la vida. Cualquier afrenta o violencia contra la dignidad de la persona es, en esencia, una agresión que destruye al sistema mismo», afirmó la CEA.
El documento recalcó que «la democracia prohíbe rotundamente la eliminación del adversario, no admite el derramamiento de sangre y sustituye la lucha cuerpo a cuerpo por el debate cívico».
Economía al servicio de la dignidad humana
La Conferencia Episcopal también abordó la dimensión económica de la democracia. «Frente a esto, es necesario rehabilitar una política que ponga la economía al servicio de la dignidad humana, que promueva la paz y que cuide nuestra casa común, empezando por preservar el aire puro y las fuentes de agua dulce y potable», señaló el texto.
Para la CEA, «la Constitución Nacional es la ley suprema, si en todo el territorio del país se garantizaran los derechos y se cumplieran las obligaciones que esta manda, todos viviríamos con mayor dignidad».
El documento cierra con un pedido al «Señor que bendiga nuestra Patria y a la Virgen de Luján que no nos suelte de la mano en la búsqueda del bien común y la solidaridad con los más débiles».
El contraste con la política oficial
La advertencia episcopal sobre el autoritarismo y el cuidado de los más débiles contrasta con las políticas del gobierno libertario. Mientras la Iglesia pide privilegiar «los ancianos y los niños», la administración Milei congeló el bono a jubilados desde 2024 y profundizó el ajuste sobre sectores vulnerables.
La designación de Mayer en la Subsecretaría de Derechos Humanos, junto con la conducción de Joaquín Mogaburu (cuestionado por sus posiciones negacionistas), completa un panorama que organizaciones de memoria ven con alarma en el año del 50° aniversario del golpe cívico-militar.
Puntos Clave:
• La Conferencia Episcopal reafirmó el «Nunca Más» y advirtió sobre «una tendencia creciente al autoritarismo» en el presente
• Los obispos alertaron sobre «una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil» y pidieron cuidar a los más frágiles
• La CEA citó la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco para reclamar «una memoria íntegra y luminosa» del terrorismo de Estado
• El documento reconoció «la gravedad de lo acontecido» y pidió autocrítica «de la sociedad y la Iglesia»
• Los obispos reclamaron una política que ponga «la economía al servicio de la dignidad humana» y garantice derechos constitucionales ★
DDHH
Estado ausente, justicia lenta y un proyecto que criminaliza a las víctimas: el saldo de la violencia de género en 2026
El Observatorio Adriana Zambrano de La Casa del Encuentro registró 123 femicidios, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados en los primeros siete meses del año. 155 hijos e hijas quedaron sin madre. El Estado libertario desmantela las políticas de género mientras el Senado avanza en un proyecto que busca criminalizar a las víctimas que denuncian.
¡Alerta! Mientras lees esta nota, puede estar ocurriendo un femicidio en la Argentina
Cada dato del informe mensual del Observatorio Adriana Zambrano, que dirige La Casa del Encuentro, es una vida arrebatada, un hogar destruido, una infancia marcada para siempre. En siete meses de 2026, la Argentina registró 142 víctimas fatales de violencia de género: 123 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Se registraron además 300 intentos de femicidio que continúan bajo seguimiento.
El mapa de la violencia: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las provincias más afectadas
Los casos se distribuyeron en todo el territorio nacional, aunque las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentraron la mayor cantidad de femicidios. El perfil de los crímenes refleja una realidad que la estadística no alcanza a nombrar del todo: el 69% de las víctimas directas fue asesinada en su propio hogar, el espacio que debería ser el más seguro. El 55% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Y 155 hijos e hijas quedaron sin madre, el 72% de ellos menores de edad.
Entre los datos más alarmantes del informe figura que 9 femicidas tenían dictada una medida cautelar al momento del crimen, lo que revela la brecha insalvable entre la respuesta judicial y la protección real de las víctimas. Otros 6 agresores pertenecían o habían pertenecido a alguna fuerza de seguridad, y 21 se suicidaron tras cometer el crimen.
El 17% tenía denuncia previa: la justicia que no llega a tiempo
El dato más contundente sobre la falla sistémica es que el 17% de las mujeres agredidas ya había realizado una denuncia previa. Ese número no habla de mujeres que no pidieron ayuda; habla de un Estado y una Justicia que no respondieron a tiempo. «Analizar todas las variables que surgen entre los femicidios y los intentos nos demuestra la realidad que viven cientos de mujeres en todo el país: la falta de acceso a la justicia», señaló La Casa del Encuentro en su informe.
De las 142 víctimas, 17 habían realizado denuncias formales, 11 fueron asesinadas en contextos de narcocriminalidad, 10 tenían indicios de abuso sexual previo, 5 eran migrantes, 3 estaban embarazadas y 1 era víctima en situación de presunción de trata o trabajo sexual. También se registró 1 víctima perteneciente a pueblos originarios.
El Mundial tapó los femicidios: la comunicación que falló
La Casa del Encuentro incorporó en su análisis mensual una observación de peso político: durante el período en que se disputó el Mundial de fútbol 2026, los medios de comunicación prácticamente no prestaron atención a los casos de violencia de género. «Al notar que hoy estos casos vuelven a visibilizarse, reafirmamos que la comunicación debe ser permanente», expresó la organización, y advirtió que «los eventos de alcance masivo representan una oportunidad única para difundir campañas de prevención dirigidas a mujeres, niñeces y diversidades, un compromiso con los Derechos Humanos que el Estado debería garantizar firmemente».
La organización fue más directa sobre la responsabilidad del gobierno nacional: «Lamentablemente, esto no sucede en un contexto donde el propio Estado niega la existencia de la violencia de género en nuestro país.» La afirmación no es retórica: el gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, desfinanció la Línea 144 y dejó sin partida presupuestaria al Programa Acompañar, con recortes que superaron el 89% respecto de 2023 en políticas de género.
El proyecto Losada: criminalizar la denuncia para proteger al agresor
En paralelo al informe de femicidios, la senadora Carolina Losada, de La Libertad Avanza, impulsa en el Congreso un proyecto de ley sobre «falsas denuncias» que La Casa del Encuentro calificó de regresivo y peligroso. «Esta iniciativa está avalada por sectores vinculados a varones violentos y lobbies jurídicos que lucran con la temática sin ninguna evidencia empírica», afirmó la organización.
El efecto práctico del proyecto, según el análisis de la organización, sería inmediato y devastador: una víctima que dude en denunciar se preguntará «¿y si no me creen?» o «¿y si me denuncian a mí?», y optará por el silencio. El mismo silencio que, como demuestran los datos, puede costarle la vida. La Casa del Encuentro reclamó una legislatura que «comprenda la urgencia y se ocupe de que las leyes que ya existen se cumplan», y recordó que «la violencia de género es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad».
142 víctimas en siete meses equivale a una mujer asesinada aproximadamente cada día y medio. Eso significa que mientras esta nota se redacta, mientras el lector la lee, mientras el algoritmo la distribuye, el riesgo no se detiene. No es una metáfora: es la consecuencia directa de un Estado que recorta la Línea 144, de una Justicia que entrega medidas cautelares que el agresor ignora, y de una dirigencia que prefiere hablar de «falsas denuncias» antes que de los 300 intentos de femicidio que este año no terminaron en muerte, pero pudieron haberlo hecho.
No son solo datos. Detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales. Las palabras de La Casa del Encuentro funcionan como síntesis y como denuncia: el problema no es la ausencia de leyes, sino la ausencia de voluntad política para aplicarlas.
Puntos clave
- El Observatorio Adriana Zambrano registró 142 víctimas fatales de violencia de género en siete meses de 2026, incluyendo 123 femicidios, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados.
- 155 hijos e hijas quedaron sin madre; el 72% son menores de edad.
- El 17% de las víctimas tenía denuncia previa, y 9 femicidas contaban con medida cautelar vigente al momento del crimen.
- Durante el Mundial de fútbol 2026, los medios de comunicación prácticamente no cubrieron los casos de violencia de género, según La Casa del Encuentro.
- La senadora Carolina Losada (LLA) impulsa un proyecto de «falsas denuncias» que, según organizaciones especializadas, desincentivará las denuncias y profundizará la impunidad.
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