Por Demetrio Iramain

El jueves pasado, la Corte Suprema reunió en Rosario a los jueces federales de todo el país, con la excusa de apoyar a los magistrados que intervienen en causas vinculadas al narcotráfico. El cadete de la corporación judicial, Julio Piumato, asistió al encuentro y coloreó la foto final. El objetivo fue, sin embargo, otro bien distinto: realizar una demostración de fuerzas corporativa, con clara intencionalidad política: desafiar al gobierno y mostrar los dientes ante quienes se atrevan a avanzar contra ese poder concentrado.

Algunos datos adyacentes a la reunión no cierran. Mientras el ministro de Justicia Martín Soria calificó con justicia de “caradurez mostrar ahora preocupación por lo que pasa en Santa Fe cuando en todos estos años no hicieron nada”. el consejero de la Magistratura en representación del oficialismo, Gerónimo Ustarroz, asistió inexplicablemente al cónclave. Raro.

Oriundo de la localidad bonaerense de Mercedes, como Wado de Pedro, que lo conduce políticamente, Ustarroz milita en el mismo espacio de Vanesa Siley, otra mercedina oficialista en el consejera de la Magistratura que, con escándalo previo y forzando todas las normas y códigos del sindicalismo, logró que el Ministerio de Trabajo intervenga el gremio judicial SITRAJU e imponga una conducción afín a su grupo, cuyas elecciones impostadas se realizarán justamente hoy, martes 17 de mayo, el mismo día elegido por Piumato para renovar autoridades en su gremio, la UEJN. La naturaleza imita al arte.

Por lo demás, en el acto en Rosario, el cortesano Ricardo Lorenzetti impulsó la creación de un órgano supraestatal, que agrupe a gobiernos, policías, jueces y otros sectores vinculados a la lucha contra las bandas de crimen organizado que operan en el país. Una especie de FBI a la criolla, que estaría al comando de los magistrados y cuya creación por impulso judicial, supondría la subordinación de la política a la decisión de los jueces en una materia tan sensible como la criminalidad compleja. ¿Desde cuándo el Poder Judicial define cuál ha de ser la política en materia criminal? Otro ladrillo en la pared del gobierno de los jueces.

A su turno, el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, agregó como un político en campaña: “La decisión política no debe limitarse a brindar las herramientas para combatir el delito (…) Debe procurar la inclusión social, la cultura del trabajo y respeto por el prójimo”.

Para fundamentar esta iniciativa, y desligarse de los magros resultados en las investigaciones, la Corte le echó la culpa al gobierno por las vacantes de jueces que no se cubren. ¿Y por casa cómo andamos?

Hagamos memoria: la misma Corte Suprema, presidida entonces por Lorenzetti (hoy la conduce los macristas Rosatti y Rosenkrantz), se jactaba en septiembre de 2016 de su eficiencia en la gestión de sus recursos, y como argumento central de su autopercibida eficacia afirmaba funcionar con una morosidad en la ejecución de sus cargos del 37%, aún más alta que la del año 2008 (cuando habían publicado el informe anterior), que ya era muy alta y llegaba al 23%.

Macri no hacía un año que gobernaba, y la Corte quería mostrarse como el mejor alumno del ajuste neoliberal. Más papista que Dujovne. Desde entonces no emitieron ninguna reseña más, y nada indica que la situación se haya revertido en estos años.

Claro: mientras la Corte observa ahora al Ejecutivo por los cargos de magistrados sin cubrir, se felicitaba antes por los cargos de empleados y hasta secretarios sin reemplazar. Total, los trabajadores son material descartable. Y si se recargan en sus tareas, problema de ellos y de nadie más, porque la Corte Suprema, se sabe, no tiene plazos para dictar sentencia.

Que las partes se la aguanten, excepto si alguna de ellas es un juez, que llega recomendado por el poder económico, o por Macri, como los camaristas a dedo Bruglia y Bertuzzi, en cuyo caso piden Per Saltum y la Corte se los concede en sólo 10 minutos.

Con un agravante extra: el dinero por los cargos que la Corte mantiene sin cubrir, cuyo importe salarial ingresa año a año a las cuentas del Poder Judicial, no se devuelve al tesoro nacional, para que el Ejecutivo construya rutas u hospitales. Por el contrario, se desvía a las cuentas de la Corte Suprema destinadas a su Fondo Anticíclico, que luego el Tribunal convierte hasta un 50% en moneda extranjera.

Con dinero ajeno ahorra cualquiera.