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Análisis

El fuego es sinónimo de negocios

El Valle de Traslasierra, Tulumba y Dean Funes en Córdoba permanecen bajo fuego mientras la Legislatura provincial aprobó el viernes una reforma a la ley de Política Ambiental y eliminó exigencias para realizar actividades de desmontes sobre tierras protegidas y bosques nativos. 

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El fuego se expandía por las sierras, la señal de alarma se propagó entre los y las brigadistas comunitarios. Agitando paños entre la humareda le hicieron frente. Sabían qué hacer, desde hacía cuatro años se organizaban colectivamente para controlarlo. 

Ahora se sabe que ese fuego fue “intencional” pero vale preguntar: ¿Quién enciende esa mecha?

Es imposible que puedan darse ocho focos de incendios en la misma provincia, al mismo tiempo. Están planificados”, cuenta Omar Grillo, brigadista y referente de una organización popular de la provincia de Córdoba.

Los incendios están enmarcados en un plan global, intercontinental llevado a cabo por las grandes corporaciones transnacionales. Forman parte del modelo extractivista de saqueo de nuestros bienes comunes. Tienen por objetivo lograr el cambio de uso del suelo para que sirva luego al monocultivo”, agregó.

Argumentó también que “en el caso de Punilla y Paravachasca, se incendian los tramos donde se iría a construir la autovía que no es una ruta que favorezca el turismo, ni las economías locales sino que se trata de un corredor continental, bioceánico del plan IRSA que uniría Brasil con Chile y está diseñada para la extracción y el traslado de todos los recursos que explotan las corporaciones”.

La intencionalidad de los incendios también se relaciona con el negocio inmobiliario. Bajo las cortinas de humo el viernes pasado la legislatura cordobesa votó la modificación de la ley de Política Ambiental para flexibilizar la normativa que regulaba las actividades de desmonte y loteo.

En las modificaciones precisaron que: “las obras públicas podrán realizar desmontes en zonas rojas. Los silos inferiores a las 2500 toneladas no necesitarán estudio de impacto ambiental tan sólo una declaración jurada”. Además permite “avanzar sobre bosques protegidos con obras públicas como la Autovía”

El decreto lleva la firma del gobernador Juan Schiaretti, el Secretario de Ambiente y Cambio Climático, Juan Carlos Scotto y la ministra de Coordinación Silvina Rivero.

El Gobernador Schearetti ha sido denunciado y la justicia no actúa porque responde para perseguir a los opositores o para encubrir las acciones que tienen que ver con los intereses de las corporaciones y de los grandes poderes”, sentenció Grillo.

En este sentido, Sofía Zorzini, vecina autoconvocada por el monte, sostuvo que están muy movilizados. “Después de los incendios del año 2020 se formaron brigadas de vecinos que han aprendido manejo del fuego. El Estado provincial es responsable, cómplice e impune. La modificación de la ley permite que las inmobiliarias puedan lotear en zona roja”, sostuvo.

Las sierras se prenden sistemáticamente. Hay distintos intereses, en Tulumba y Dean Funes que están con fuego ahora hay intereses de la Sociedad Rural”, completó. 

La organización de la red de vecinos y vecinas está “muy fortalecida, nos ayudamos entre todas y todos. Vemos un fuego, avisamos a los grupos y vamos a colaborar. Fuego es igual a negocios”, dijo Sofía. 

También explicó que “el incendio de Huerta Grande comenzó en el basural, en la traza de la Autovía” y adelantó que el viernes que viene habrá una movilización de las comunidades originarias “para resistir el avance que arrasa contra los asentamientos y territorios”. 

Omar Grillo, concluyó diciendo que “los incendios no son un hecho aislado sino que son parte de un plan que también incluye los 400 millones de litros de veneno que cada año se tiran en el país y que contaminan nuestras cuencas hídricas y dejan prácticamente inhabilitada a la tierra para producir alimentos de manera sana, que vulneran el artículo 41 de la Constitución nacional que garantiza el derecho de vivir en un ambiente sano y que ponen en peligro la vida sobre la tierra. A Córdoba le queda menos del 3% de bosques nativos. Es una de las regiones más devastadas por el desmonte llevado adelante por los agronegocios”, concluyó.

Análisis

La hidrovía del rio Paraná: una cuestión geopolítica 

El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves el pedido para frenar la licitación de la hidrovia del Paraná. ¿Por qué?

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Por Jesús Rivero*

Quizá, porque el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU y aliado de Donald Trump habia enviado una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una “influencia maligna china» en la puja del contrato.

No es casualidad que esa misma semana el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, Michael Jensen, director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y con el embajador argentino Alec Oxenford. La licitación explicita mas grande del ejecutivo de Javier Milei, es una cuestión de geopolítica. 

La hidrovia del rio Paraná-Paraguay es la principal via navegable de exportación Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Por la hidrovia circula el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y sus derivados por año.

El contrato que se esta licitando contempla el dragado, redragado, balizamiento y mantenimiento de la via navegable Troncal por 25 años, con inversiones estimadas en 10.000 millones de dolares y una facturación anual de entre 200 y 300 millones. Jan De Nul, la empresa belga que opera el canal desde 1995 compite contra DEME (también belga) que incorporo al fondode inversiones estadounidense KKR, a Great Lakes Dredge y Dock y a Clear Street para fortalecer su oferta con capital norteamericano. Aunque el Gobierno excluyó  de la licitación a empresas estatales extranjeras, lo que dejo afuera a las chinas, no le impide la disputa e influencia del gigante asiático. 

El núcleo de las denuncias sobre la licitación apunta en primer lugar hacia los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, amigos de Santiago Caputo. A través de su firma Edison Energía fundada apenas un año antes de empezar a ganar licitaciones, se adjudicaron la concesión de Transener por 300 millones de dólares junto a Genneia, de Jorge Brito (h) y ganaron las concesiones de las represas Alicurá y Cerros Colorados.

Pasaron de tener una sola distribuidora eléctrica en la Patagonia a operar en toda la cadena eléctrica del pais: generación, transporte y distribución.

¿Los Neuss y Caputo, son familia?

Los Neuss financian la Fundación Faro que conducen Agustín Laje y Francisco Caputo, Hermano de Santiago Caputo. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas para recaudar fondos para La Libertad Avanza. En febrero de 2025 aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria para las elecciones de medio termino. Y, Servimagnus, el socio local de Jan De Nul esta vinculado al Grupo Román, que también aparece en el mapa de subcontratistas junto a los Neuss.

El otro punto de tensión es de escala geopolítica ya que alertaron a EEUU de una presunta influencia China en la oferta de Jan De Nul. El consorcio liderado por DEME que quedo en segundo lugar en la evaluación técnica traslado a funcionarios de Washington que Servimagnus  el socio local de Jan De Nul  tendría vinculos con empresas chinas a traves de Agrofina y esa conexión representaria “un riesgo para la seguridad nacional de Argentina y Estados Unidos”. Eso describe la carta que Mast envió a Rubio, elevando la cuestión al terreno diplomático. Y, temiendo perder el negocio geopolítico en terminos de intereses de Estados Unidos y violando el derecho internacional en relación a la soberania e intereses del Estado-Nación de Argentina.

Jan De Nul y Servimagnus no se responsabilizan de tales acusaciones en un comunicado que explicita “las referencias que buscan instalar un supuesto vinculo de JDN y Servimagnus con capitales chinos son falsas y malintencionadas». Asimismo respondieron  que DEME habia integrado un Joint Venture con firmas chinas en la licitación corta de la Hidrovia de 2022 y en proyectos en Ecuador

En lo que respecta al Gobierno, se defiende y argumenta que la licitación fue auditada por la UNCTAD y que conto con mesas participativas con exportadores, cerealeras y entidades industriales. 

¿Y Rafecas, para quien juega?

Las denuncias no llegaron solo desde el frente internacional y la oposición. La semana pasada la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 advirtiendo sobre “serías irregularidades en el proceso”.

El organismo señalo ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas,clausulas restrictivas en las impugnaciones,  que exigen una garantía de diez millones de dólares para cuestionar decisiones administrativas y riesgos de direccionamiento del proceso. Fue el tercer informe crítico emitido sobre la licitación.

El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen como base para presentar un nuevo proyecto de resolución en la Cámara de Diputados exigiendo la suspensión inmediata de la licitación. “El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento trasparente», afirmó, Taiana.

Sin embargo el juez Rafecas rechazo el pedido de suspensión cautelar el jueves 21 de mayo. Rafecas coincidio con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan y concluyo que no existen elementos suficientes ni un riesgo concreto que justifique detener el proceso. Con este posicionamiento que no es nuevo, esta claro para quien juega Rafecas.

Hoy, como hace decadas la hidrovia más importante de Sudamérica, responde a los intereses del lobby internacional, como Rafecas, y como Santiago Caputo que corre a dar explicaciones a los dueños de todo. 

*Escritor y activista político militante de Podemos Argentina. (fundador del Frente de Liberación Socialista en Argentina)

 

 

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