— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El portavoz presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso Nacional un proyecto de ley para liberar la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros, eliminando las restricciones establecidas por la Ley 26.737 sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La medida, elaborada en el marco del Consejo de Mayo, busca modificar radicalmente el régimen de tenencia de tierras en Argentina, quitando los límites actuales que establecen que solo el 15% de las tierras rurales totales del país pueden estar en manos extranjeras, con un tope de 1.000 hectáreas por persona u empresa en la zona núcleo.

La Ley 26.737: qué protege y qué se perdería

La normativa vigente desde 2011 estableció un marco de protección de la soberanía territorial que ahora el gobierno de Javier Milei pretende desmantelar. La ley fija que los extranjeros no pueden poseer más del 15% del territorio nacional, ninguna persona física o jurídica extranjera puede tener más del 30% de una misma zona, y existen restricciones especiales en zonas de frontera y con recursos hídricos estratégicos.

Según el anuncio oficial, el proyecto mantendría únicamente la necesidad de autorización previa para adquisiciones realizadas por entes estatales extranjeros, pero eliminaría todas las barreras para la compra por parte de privados, fondos de inversión y corporaciones multinacionales.

La diputada peronista Magdalena Odarda presentó un amparo junto con organizaciones ambientalistas, indígenas, gremiales y dirigentes políticos contra el artículo 154 del DNU que en su momento intentó derogar esta ley, cuestionando su constitucionalidad. La Justicia suspendió esa derogación, pero ahora el gobierno vuelve a la carga enviando el proyecto al Congreso para las sesiones extraordinarias.

El combo mortal: tierras sin límites más eliminación de restricciones post-incendios

Adorni también confirmó que el proyecto incluye la eliminación de la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo durante 30 a 60 años tras un incendio, normativa impulsada por el diputado Máximo Kirchner que busca proteger suelos afectados por incendios forestales.

Esta combinación de medidas abre la puerta a un escenario alarmante: la posibilidad de provocar incendios intencionales para adquirir tierras a bajo precio y posteriormente cambiar su uso productivo hacia desarrollos inmobiliarios, mineros o de cualquier otra índole, sin los períodos de recuperación que actualmente establece la legislación.

Joe Lewis y el precedente que nadie quiere recordar

El caso del magnate británico Joe Lewis ejemplifica los riesgos concretos de la liberalización sin controles. Lewis compró en 1996 unas 11.000 hectáreas ubicadas entre El Bolsón y Bariloche de forma irregular, violando la ley 15.385 conocida como zona de seguridad de fronteras.

En esas tierras, el empresario británico construyó un aeropuerto privado de casi dos mil metros de largo que no cuenta con radares. Entre 8.000 y 10.000 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel llegan cada año a pasar dos semanas en las propiedades de Lewis, según confirmaron investigaciones periodísticas.

Lewis además impide sistemáticamente el acceso público al Lago Escondido, que según la Constitución Nacional es de dominio público. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el magnate británico recibió beneficios extraordinarios, incluyendo la autorización de una central hidroeléctrica con precios preferenciales.

Brenda Junín, presidenta de la Fundación Pedemonte, advirtió que «el DNU de Milei permite la multiplicación infinita de los casos de Joe Lewis», en referencia a la posibilidad de que otros inversores extranjeros repliquen el modelo de apropiación territorial sin límites ni controles efectivos.

Benetton: el mayor terrateniente extranjero de Argentina

El Grupo Benetton encabeza actualmente la lista de propietarios extranjeros de tierras en Argentina, seguido por Joe Lewis, Ted Turner, el grupo chino Heilongjiang Beidahuang y la compañía inglesa Walbrook.

La familia italiana posee cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia argentina, concentradas principalmente en las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz. Estas tierras incluyen zonas estratégicas con recursos hídricos, acceso a costas y áreas de alto valor para el desarrollo de energías renovables.

El caso Benetton también evidencia los conflictos territoriales con comunidades mapuche que reclaman derechos ancestrales sobre esas tierras, una problemática que se agudizaría exponencialmente con la liberalización total de la compra de tierras por extranjeros.

Los recursos estratégicos en juego

En Chubut, según datos oficiales, los inversionistas externos buscan posicionarse en zonas con disponibilidad de agua, terrenos aptos para desarrollo inmobiliario y espacios para proyectos energéticos eólicos. En el Norte, el interés se concentra en zonas con posibilidades para actividad minera, especialmente litio y metales preciosos.

El agua emerge como el recurso más codiciado del siglo XXI. La liberalización sin límites de la compra de tierras implicaría la posibilidad de que acuíferos, nacientes de ríos y reservas hídricas estratégicas queden en manos de corporaciones extranjeras sin ningún tipo de control soberano.

Voces contra la entrega territorial

Excombatientes de Malvinas presentaron una acción judicial argumentando que la derogación de la ley «pone en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional», en una clara alusión a la contradicción entre reclamar soberanía sobre las Islas Malvinas mientras se entregan tierras continentales sin restricciones.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen manifestó: «El territorio es vida, no mercancía», agregando que «la limitación a la titularidad y posesión de privados extranjeros está profundamente relacionada con la problemática territorial de los pueblos indígenas».

Comunidades indígenas y campesinas advirtieron que la medida agravará los conflictos territoriales existentes y pondrá en riesgo la posesión ancestral de tierras que aún no han sido regularizadas legalmente.

El discurso oficial versus el análisis académico

El gobierno sostiene que la liberalización traerá «inversiones» y «desarrollo», aunque no ha presentado estudios de impacto ni proyecciones concretas sobre los beneficios económicos de la medida.

Facundo Martín, investigador del CONICET, sostiene que «la decisión tiene que ver más con una cuestión discursiva, de publicidad, de hacer gestos hacia las corporaciones internacionales. La ley no estaba obstaculizando las inversiones».

Diversos analistas señalaron que la administración mileísta busca transformar el suelo nacional en un commoditie más de la economía, privilegiando la lógica de mercado por sobre consideraciones de soberanía, seguridad nacional y derechos de las comunidades locales.

La decisión de Milei de incluir este capítulo en el DNU original, y ahora de enviarlo como proyecto de ley al Congreso, confirma el grado de afinidad del Presidente con sectores concentrados del poder económico, incluyendo el imperio inmobiliario de Eduardo Elsztain, dueño de IRSA, uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del país.

Reforma de la Ley de Glaciares y otras modificaciones ambientales

Adorni confirmó que junto con la liberalización de tierras, el gobierno enviará a sesiones extraordinarias la modificación de la Ley de Glaciares, tal como adelantó el presidente Javier Milei. También anticipó una «revisión del régimen de zona fría», una actualización de la Ley de Bosques, modificación de la Ley de Acuicultura y «eliminación de leyes de compre provincial y de topes de mano de obra local».

Este paquete de medidas configura una desregulación integral del uso del territorio y los recursos naturales, quitando restricciones ambientales y productivas que fueron construidas a lo largo de décadas para proteger ecosistemas frágiles y garantizar un desarrollo sustentable.

¿Quiénes participaron del Consejo de Mayo?

El Consejo de Mayo que elaboró estas propuestas estuvo integrado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR) y el diputado Cristian Ritondo (PRO), por ambas cámaras del Congreso; Gerardo Martínez por la CGT; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Adorni destacó que durante el semestre se realizaron «6 reuniones plenarias» que contaron con «asistencia perfecta» de sus miembros, con la única ausencia del secretario general de la UOCRA, quien este martes se encontraba regresando de Washington.

El funcionario reiteró que el Consejo de Mayo tiene carácter «consultivo no vinculante», aunque subrayó que la mayoría de los proyectos serán efectivamente enviados al Congreso. Sin embargo, la coparticipación federal y la reforma previsional quedaron fuera del análisis: la primera «requiere la presencia de todos los gobernadores» y la segunda «requiere previamente modificaciones en el esquema laboral», según explicó.

Lo que está en juego

La liberalización de la compra de tierras por extranjeros sin límites ni controles efectivos implica poner en riesgo:

• La soberanía territorial: Especialmente en zonas de frontera y áreas estratégicas para la defensa nacional
• El acceso al agua: El recurso más estratégico del siglo XXI, que podría quedar en manos de corporaciones multinacionales
• La seguridad alimentaria: Las mejores tierras productivas pueden ser acaparadas por fondos de inversión extranjeros sin ningún límite
• Los derechos de comunidades indígenas y campesinas: Que se verían expuestas a un proceso acelerado de desplazamiento territorial
• El control sobre recursos mineros estratégicos: Como el litio, cobre y otros minerales fundamentales para la transición energética global
• La protección ambiental: Al combinar la liberalización con la eliminación de restricciones post-incendios y modificaciones a leyes ambientales

El proyecto será debatido en el Congreso durante las próximas semanas, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar una mayoría legislativa para aprobar este paquete de medidas que modificarían estructuralmente el modelo de tenencia de tierras en Argentina.

Puntos clave

• El gobierno de Milei enviará al Congreso un proyecto para eliminar los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros establecidos por la Ley 26.737 de 2011

• La medida eliminaría el tope del 15% de tierras en manos extranjeras y los límites por superficie en cada zona, manteniendo solo autorización previa para entes estatales extranjeros

• El caso Joe Lewis ejemplifica los riesgos: 11.000 hectáreas en zona de frontera, aeropuerto privado sin radares, presencia de ejército israelí y bloqueo de acceso público al Lago Escondido

• Organizaciones sociales, comunidades indígenas y excombatientes de Malvinas presentaron recursos judiciales advirtiendo sobre pérdida de soberanía territorial y recursos estratégicos

• El proyecto se combina con la eliminación de restricciones post-incendios y modificaciones a leyes ambientales, configurando una desregulación integral del territorio