Seguridad social
Los cambios de la «nueva» ley ómnibus para jubilaciones y moratoria: cómo afecta a las mujeres
La reforma propuesta por el Gobierno de Milei busca derogar la moratoria previsional establecida por la ley 27.705 de 2023.
El dictamen del nuevo megaproyecto de «ley ómnibus»consensuado en Diputados tiene muchos detalles importantes en letra chica, aún cuando esté lejos del proyecto inicial, pero todavía implica para la amplia mayoría de las mujeres (9 de cada 10), la posibilidad concreta de subir la edad jubilatoria de 60 a 65 años.
El proyecto de Milei deroga la ley 27.705, la última y más importante moratoria previsional (“Unidad de pago de deuda previsional”) aprobada en marzo de 2023, por dos años, prorrogables por otros dos años. Que hace que las mujeres que, con la moratoria pueden jubilarse a partir de los 60 años, si se deroga la moratoria en adelante, solo podrán acceder a una Prestación de Retiro Proporcional a los 65 años.
Las moratorias anteriores a la de 2023 se mantienen, pero tienen hoy escasa incidencia para acceder a la jubilación. En ese caso, tendrán un haber mínimo equivalente a la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) a los 65 años, (al igual que los varones) con el 80% del haber mínimo, sin derecho a la pensión por viudez, al margen de los años efectivamente aportados, y si demuestran encontrarse en situación de vulnerabilidad social.
El valor de la PUAM en mayo será de $ 152.113 más los $ 70 mil del bono. Las restantes moratorias se mantienen, pero como son muy anteriores con el paso de los años casi no tienen incidencia para acceder a la jubilación.
Las mujeres, quiénes son las más afectadas
Las mujeres son amplia mayoría entre el Personal de Casas Particulares, en actividades sociales y de salud que tienen los mayores porcentajes (entre el 50 y 75%) de informalidad laboral, sin aportes a la Seguridad Social.

El dictamen que será tratado este lunes en la Cámara de Diputados “crea la Prestación de Retiro Proporcional» para los que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no cumplan con el requisito previsto en el artículo 19 inciso c) de la ley 24.241 y sus modificaciones”. Ese artículo especifica que la jubilación se alcanza con treinta años de aportes a partir de los 60 años mujeres o 65 años los varones.
El dictamen agrega que el haber mínimo de esa prestación de Retiro Proporcional será el establecido por el artículo 14 de la ley 27.260 que creó la PUAM con el 80% del haber mínimo que cumplan con los requisitos del artículo 13 de esa ley (tener 65 o más años de edad).
Agrega que el Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo no mayor a treinta días la Prestación de Retiro Proporcional y establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino y las condiciones por las que se regirá la prestación.
Se crea así un régimen permanente delegando en el Poder Ejecutivo fijar los parámetros y las condiciones de la nueva Prestación.
Según la abogada especializada en temas previsionales Andrea Falcone, la derogación de la moratoria anticipada implica que nueve de cada diez mujeres no podrá jubilarse a los 60 años y deberán esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM, en caso de no contar con aportes, o un retiro proporcional.
“Esto se debe a que solo el 10% de las mujeres logra completar los treinta años de aportes al alcanzar la edad jubilatoria”, explicó a la agencia Noticias Argentinas. “Pero la finalización de la moratoria previsional no es una preocupación netamente femenina. De aprobarse la ley Bases, siete de cada diez hombres tampoco podrán jubilarse a los 65 años, debiendo optar por una pensión no contributiva o una jubilación proporcional. La alta informalidad laboral es el principal motivo por el cual se ha permitido la “adquisición” de aportes a través de moratorias. Es la respuesta que brinda el Estado ante la falta de control del empleo ‘en negro’”, advirtió.
Salud 🩺
El Senado va por la ley de Discapacidad antes de que venza la emergencia
El oficialismo busca sancionar el jueves 19 el texto que convierte en permanente el régimen que vence el 31 de diciembre. Diputados lo aprobó por 237 votos y, según trascendió, la Casa Rosada pidió cambios para demorarlo.
El 31 de diciembre vence la emergencia en discapacidad y el Senado buscará reemplazarla por una ley permanente. El oficialismo apunta a sancionar el proyecto en la sesión del jueves 19 de noviembre, una de las últimas del período ordinario.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa el texto que obtuvo dictamen el 4 de noviembre en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, sin cambios respecto de la versión que aprobó Diputados. Lo respaldaron el oficialismo, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y los bloques provinciales; si el Senado lo vota igual, quedará sancionado de manera definitiva.
Qué dice el proyecto
Se llama Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad y replica casi todo el esquema de la Ley 27.793, que el Congreso sancionó contra la voluntad del Gobierno, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.
Mantiene la pensión no contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso, y conserva la compatibilidad con un empleo formal o con la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También ratifica el nomenclador único con la actualización de los aranceles, garantiza la cobertura básica de Incluir Salud para los titulares de pensiones y fija que las partidas destinadas al sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del año anterior.
Sobre la deuda con los prestadores, el texto da 30 días al Gobierno para presentar un cronograma de pagos y un máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, que suman unos $278.323 millones. El Presupuesto 2027 incluye una partida específica y, si no alcanza, la diferencia se cubre con fondos del Tesoro.
El Gobierno quería cambios
Según trascendió, la Casa Rosada le pidió a Bullrich que modificara el dictamen, un pedido que la senadora rechazó para avanzar con el texto que aprobó Diputados por 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El episodio expuso diferencias con el ministro de Economía, Luis Caputo.
La tensión viene de septiembre, cuando Bullrich admitió que desconocía los cambios en discapacidad que el Gobierno había incluido en el Presupuesto 2027, pese a integrar la mesa política del oficialismo. Aquel proyecto establecía la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal; el ajuste se descartó en Diputados tras un acuerdo con los bloques aliados.
Bullrich defendió el texto con una frase que resume el cambio de tono: «Esto no es un plan social, esto es una pensión por discapacidad».
El Papa puso el tema en agenda
El debate llega después de la visita del papa León XIV, que el lunes 9 de noviembre recorrió el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde viven unos 410 adultos con distintas discapacidades, y afirmó que sus vidas «no son un peso para la sociedad, son una bendición». El Pontífice dejó el país el 11 de noviembre.
Lo que tenés que saber
- El Senado busca sancionar el jueves 19 de noviembre la ley que reemplaza la emergencia que vence el 31 de diciembre.
- El dictamen se firmó el 4 de noviembre sin cambios respecto del texto que Diputados aprobó por 237 votos.
- Se mantiene la pensión del 70% del haber mínimo, compatible con un empleo formal hasta dos salarios mínimos.
- Según trascendió, la Casa Rosada pidió modificar el dictamen y Bullrich se negó.
- El texto fija 30 días para presentar el cronograma de pagos a los prestadores y 90 para cancelar lo adeudado.
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