Seguridad social
Los cambios de la «nueva» ley ómnibus para jubilaciones y moratoria: cómo afecta a las mujeres
La reforma propuesta por el Gobierno de Milei busca derogar la moratoria previsional establecida por la ley 27.705 de 2023.
El dictamen del nuevo megaproyecto de «ley ómnibus»consensuado en Diputados tiene muchos detalles importantes en letra chica, aún cuando esté lejos del proyecto inicial, pero todavía implica para la amplia mayoría de las mujeres (9 de cada 10), la posibilidad concreta de subir la edad jubilatoria de 60 a 65 años.
El proyecto de Milei deroga la ley 27.705, la última y más importante moratoria previsional (“Unidad de pago de deuda previsional”) aprobada en marzo de 2023, por dos años, prorrogables por otros dos años. Que hace que las mujeres que, con la moratoria pueden jubilarse a partir de los 60 años, si se deroga la moratoria en adelante, solo podrán acceder a una Prestación de Retiro Proporcional a los 65 años.
Las moratorias anteriores a la de 2023 se mantienen, pero tienen hoy escasa incidencia para acceder a la jubilación. En ese caso, tendrán un haber mínimo equivalente a la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) a los 65 años, (al igual que los varones) con el 80% del haber mínimo, sin derecho a la pensión por viudez, al margen de los años efectivamente aportados, y si demuestran encontrarse en situación de vulnerabilidad social.
El valor de la PUAM en mayo será de $ 152.113 más los $ 70 mil del bono. Las restantes moratorias se mantienen, pero como son muy anteriores con el paso de los años casi no tienen incidencia para acceder a la jubilación.
Las mujeres, quiénes son las más afectadas
Las mujeres son amplia mayoría entre el Personal de Casas Particulares, en actividades sociales y de salud que tienen los mayores porcentajes (entre el 50 y 75%) de informalidad laboral, sin aportes a la Seguridad Social.

El dictamen que será tratado este lunes en la Cámara de Diputados “crea la Prestación de Retiro Proporcional» para los que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no cumplan con el requisito previsto en el artículo 19 inciso c) de la ley 24.241 y sus modificaciones”. Ese artículo especifica que la jubilación se alcanza con treinta años de aportes a partir de los 60 años mujeres o 65 años los varones.
El dictamen agrega que el haber mínimo de esa prestación de Retiro Proporcional será el establecido por el artículo 14 de la ley 27.260 que creó la PUAM con el 80% del haber mínimo que cumplan con los requisitos del artículo 13 de esa ley (tener 65 o más años de edad).
Agrega que el Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo no mayor a treinta días la Prestación de Retiro Proporcional y establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino y las condiciones por las que se regirá la prestación.
Se crea así un régimen permanente delegando en el Poder Ejecutivo fijar los parámetros y las condiciones de la nueva Prestación.
Según la abogada especializada en temas previsionales Andrea Falcone, la derogación de la moratoria anticipada implica que nueve de cada diez mujeres no podrá jubilarse a los 60 años y deberán esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM, en caso de no contar con aportes, o un retiro proporcional.
“Esto se debe a que solo el 10% de las mujeres logra completar los treinta años de aportes al alcanzar la edad jubilatoria”, explicó a la agencia Noticias Argentinas. “Pero la finalización de la moratoria previsional no es una preocupación netamente femenina. De aprobarse la ley Bases, siete de cada diez hombres tampoco podrán jubilarse a los 65 años, debiendo optar por una pensión no contributiva o una jubilación proporcional. La alta informalidad laboral es el principal motivo por el cual se ha permitido la “adquisición” de aportes a través de moratorias. Es la respuesta que brinda el Estado ante la falta de control del empleo ‘en negro’”, advirtió.
Seguridad social
Parche oficial: el 38% de aumento en la Alimentar no frena la indigencia
El Gobierno oficializó el aumento del beneficio pero los indicadores de indigencia exponen las fallas del modelo económico.
Prestación Alimentar: un parche del 38% ante una crisis social sin contención
★ Mediante la Resolución 161/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano incrementó los montos de la Prestación Alimentar en un 38%. La medida, que entró en vigencia este jueves, intenta contener el deterioro del poder adquisitivo en un escenario donde la canasta básica continúa marcando el ritmo de la vulnerabilidad social en Argentina.
Los nuevos montos y el alcance de la medida
La normativa, que llevó la firma de la ministra Sandra Pettovello, estableció que las familias con un hijo de hasta 17 años percibirán $72.250; mientras que aquellas con dos hijos cobrarán $113.299. Para los grupos familiares con tres o más hijos, el importe se fijó en $149.425. Hasta el mes de abril, los valores oscilaban entre los $52.250 y los $108.062, lo que evidencia la magnitud del ajuste necesario para intentar alcanzar el costo de los alimentos.
El beneficio mantiene su carácter de acreditación mensual y automática para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignación por Hijo con Discapacidad y la Pensión No Contributiva para Madres de 7 o más hijos.
Contradicciones en el discurso oficial
En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo destacó que la Prestación Alimentar junto a la AUH resultaron pilares para mejorar indicadores sociales. Según datos del INDEC citados en el documento, la pobreza se redujo del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en el mismo periodo de 2025; mientras que la indigencia descendió al 6,3%.
Sin embargo, esta narrativa oficial colisiona con el seguimiento sistemático del deterioro económico que este medio realiza sobre la gestión libertaria. Informes previos de la Universidad Católica Argentina (UCA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revelaron una caída constante del consumo y un impacto severo del ajuste sobre los sectores productivos y populares (según el documento interno CONTEXTO | Serie Inflación y Economía Milei).
Un contexto de ajuste y desfinanciamiento
A pesar de la propaganda gubernamental sobre la estabilización macroeconómica, la realidad en los barrios populares muestra otra cara. El aumento del 38% se presenta como una fortaleza de las acciones de asistencia, pero ocurre en un marco de achicamiento del Estado y subordinación a los condicionamientos del FMI. Notas anteriores de este diario ya advirtieron que la inflación de 2026 podría triplicar los cálculos iniciales, dejando a las prestaciones sociales siempre por detrás de la góndola.
La decisión de actualizar los montos mediante resolución administrativa y no por ley de movilidad deja a los sectores más desprotegidos a merced de la discrecionalidad política de una cartera, la de Capital Humano, que fue señalada por organizaciones sociales debido a la subejecución de partidas alimentarias y el cierre de comedores comunitarios.
Puntos clave:
- El Gobierno aumentó un 38% la Prestación Alimentar mediante la Resolución 161/2026.
- Los nuevos montos van desde los $72.250 hasta los $149.425 según la cantidad de hijos.
- El Ejecutivo utiliza datos del INDEC de 2025 para justificar una supuesta mejora social.
- El beneficio se acredita de forma automática a titulares de AUH y otras asignaciones.
- Críticas de sectores sociales apuntan a la insuficiencia del monto frente a la inflación proyectada.
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