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★ La Justicia federal de Lomas de Zamora ejecutó un allanamiento en las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una investigación por presuntos vínculos con empresas proveedoras de alimentos en mal estado para los detenidos.

La medida, ordenada por el juez Federico Villena, surge tras detectarse una presunta «cartelización» del servicio de alimentación en la cárcel de Ezeiza, donde se habrían utilizado empresas pantalla para evadir sanciones judiciales previas.

Tensión durante el procedimiento

El procedimiento tuvo momentos de alta tensión cuando Martínez intentó evitar el secuestro de su teléfono móvil. Según fuentes del caso, el funcionario entregó inicialmente un aparato viejo en desuso y, al ser intimado por el celular que utiliza habitualmente, alegó haberlo «extraviado» esa misma mañana.

Sin embargo, un informe técnico reveló que la última señal del dispositivo «perdido» impactó en una antena de Barracas apenas una hora antes del allanamiento, lo que hace sospechar al magistrado que Martínez recibió una filtración y destruyó el aparato para ocultar pruebas.

Alimentos contaminados

La causa tiene su origen en denuncias por alimentos en mal estado en el penal de Ezeiza, donde peritajes de la ANMAT confirmaron la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles no aptos para consumo humano.

Tras prohibirle a la empresa Foodrush seguir operando, el juez detectó que la nueva prestataria, Bio Limp, utilizaba los mismos camiones, empleados y hasta facturaba millonarias sumas a la firma sancionada, funcionando presuntamente como una fachada. Villena llegó a probar personalmente el alimento en la cárcel, tras lo cual sufrió una descompensación que describió como un cuadro «vomitivo».

Contexto político y vínculos

Fernando Martínez asumió la dirección del SPF en marzo de 2024, tras ser nombrado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bajo su gestión, la fuerza pasó de la órbita del Ministerio de Justicia a la de Seguridad en diciembre de 2023.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que el director del servicio se movilizaba en una camioneta secuestrada a nombre de Enrique «Quique» Antequera, referente de la feria La Salada que se encuentra prófugo de la Justicia.

Pese a que la fiscal Cecilia Incardona pidió la nulidad del operativo, Villena cuenta con el respaldo de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien manifestó su predisposición para colaborar con la investigación que busca desarticular lo que el juez define como «mafias enquistadas hace muchos años» en el sistema penitenciario.

Las preguntas que el caso deja abiertas

El allanamiento a Fernando Martínez pone sobre la mesa varios interrogantes que la investigación deberá responder en las próximas semanas.

¿Hasta dónde llega la trama?

Lo que comenzó como una denuncia por alimentos en mal estado derivó en la revelación de un presunto esquema de cartelización empresarial que involucra al máximo responsable del sistema penitenciario federal. La pregunta clave es si Martínez actuó solo o si forma parte de una red más amplia que incluye a otros funcionarios y empresarios.

El hecho de que Bio Limp operara como una fachada de Foodrush —usando los mismos recursos logísticos y humanos— sugiere un nivel de coordinación que difícilmente podría pasar inadvertido para las autoridades del SPF. Los investigadores buscan determinar quiénes más estaban al tanto de este esquema y quiénes se beneficiaron económicamente.

El teléfono «extraviado» y la filtración

El episodio del celular desaparecido es uno de los puntos más delicados de la causa. Si se confirma que Martínez fue alertado del allanamiento y destruyó evidencia, se abriría una línea de investigación paralela sobre quién filtró información reservada de la Justicia.

El rastreo de la última señal del dispositivo en Barracas, apenas una hora antes del procedimiento, es un indicio fuerte que el juez Villena no parece dispuesto a pasar por alto. La desaparición del teléfono podría constituir entorpecimiento de la investigación y ocultamiento de pruebas.

La camioneta de Antequera

La presencia de un vehículo secuestrado a nombre de Enrique «Quique» Antequera en manos del director del SPF plantea interrogantes sobre los vínculos entre el sistema penitenciario y el crimen organizado. ¿Cómo llegó ese vehículo a manos de Martínez? ¿Existe alguna relación previa entre ambos?

Antequera, prófugo de la Justicia y vinculado a La Salada, representa uno de los casos emblemáticos de economía ilegal en el país. Que su nombre aparezca en esta investigación agrega una dimensión que trasciende la corrupción administrativa.

El rol de la política

Martínez fue designado por Patricia Bullrich durante su gestión como ministra de Seguridad, en el marco del traspaso del SPF desde Justicia hacia esa cartera. La pregunta inevitable es qué controles se realizaron al momento de su nombramiento y si había antecedentes que pudieran haber alertado sobre su idoneidad para el cargo.

Por otro lado, el respaldo que manifestó la actual ministra Alejandra Monteoliva a la investigación del juez Villena marca una diferencia con la postura de la fiscal Incardona, que pidió la nulidad del allanamiento. Esta tensión entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal será otro elemento a seguir de cerca.

Los detenidos como víctimas invisibles

Más allá de los aspectos legales y políticos, esta causa pone en evidencia una realidad que suele quedar en las sombras: las condiciones de detención en las cárceles argentinas. Los internos en Ezeiza consumieron durante meses alimentos contaminados con bacterias peligrosas para la salud, en un contexto de vulnerabilidad extrema donde no tienen capacidad de rechazo ni alternativas.

El hecho de que haya sido necesario que el propio juez probara la comida —y se descompusiera— para dimensionar la gravedad del problema, habla de lo naturalizada que está la precariedad en el sistema penitenciario. ¿Cuántos otros penales enfrentan situaciones similares sin que lleguen a conocimiento de la Justicia?

Las «mafias enquistadas»

El juez Villena habló de «mafias enquistadas hace muchos años» en el sistema penitenciario. Esta definición sugiere que el problema excede largamente a Martínez y a este gobierno, y que se trata de estructuras consolidadas a lo largo del tiempo, con ramificaciones en distintos estamentos del Estado.

Desarticular estas redes requerirá no solo voluntad política sino también recursos, protección para los investigadores y testigos, y una estrategia judicial de largo aliento. La experiencia indica que estas investigaciones suelen encontrar resistencias tanto dentro como fuera del sistema de justicia.

¿Qué sigue?

En los próximos días, Martínez deberá declarar ante el juez Villena. Su estrategia defensiva y los elementos que pueda aportar —o negar— serán cruciales para el desarrollo de la causa. También será clave el resultado de los peritajes sobre los registros contables de Foodrush y Bio Limp, que podrían revelar el destino final de los millones facturados.

La Justicia deberá determinar si hubo perjuicio económico al Estado, quiénes se beneficiaron de este esquema y qué responsabilidades penales corresponden. Mientras tanto, el SPF enfrenta una crisis de credibilidad que pone en cuestión su capacidad de administrar el sistema penitenciario con un mínimo de transparencia y respeto por los derechos básicos de las personas bajo su custodia.