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Proponen reintegrar el IVA a sectores vulnerables a través de billeteras virtuales

A través de este mecanismo se podrían realizar los reintegros en las compras de jubilados o beneficiarios de asignaciones universales.

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El Centro Mariano de Investigación Social (Cemais) presentó este martes un informe sobre los efectos regresivos de eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los alimentos y, en cambio, propuso reintegrar la carga correspondiente a ese tributo sobre las compras que las familias de sectores vulnerables realicen a través de billeteras virtuales.

La alternativa, señala el informe, se basa en que las billeteras virtuales son uno de los medios de pago más aceptado por los comercios informales y más utilizado también por las familias vulnerables, por encima de las tarjetas de débito, y que a través de este mecanismo se podrían realizar los reintegros en las compras de jubilados o beneficiarios de asignaciones universales.

«La devolución en el medio digital además puede y debería ser automática en el momento en que la persona efectiviza el pago. De esta forma, se incentivará su uso ya que las personas lo tomarán como un “descuento” que reciben cuando compran alimentos con dinero digital. Esto sería un gran empujón a la digitalización de los pagos», aseguró el informe del Cemais.

De acuerdo con el documento, del total de gastos que los hogares argentinos destinan a alimentos, los más pobres (quintil I) explican el 14%, mientras que los que le siguen en nivel de ingreso (quintil II), el 17%.

Por lo tanto, el 40% de los hogares de menores ingresos explica el 31% del consumo total de alimentos.

Sin embargo, cuando se observa los quintiles III, IV y V, que son los de ingresos medios y altos, surge que ellos consumen el 69% del total de alimentos, ya que si bien las familias de más recursos gastan una porción menor de su presupuesto en alimentos respecto de las familias más humildes, sí consumen muchos más alimentos del total vendido en el mercado.

«Esto implica que sacar o reducir el IVA a los alimentos beneficia mucho más a las familias de ingresos medios que a las familias pobres», sostiene el informe, a lo que agrega que «en tal caso, se debería buscar una forma de que las familias de menores recursos no paguen IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales de Industria y Comercio sobre los alimentos».

De allí que surja la propuesta de devolver el IVA de los alimentos a los sectores considerados en situación de pobreza y hacerlo a través de las billeteras virtuales, al que califican como «un medio de pago que es más aceptado por los comercios informales y más utilizado también por las familias vulnerables».

Actualmente, los jubilados y pensionados con haber mínimo, los titulares de la Asignación Universales por Hijo (AUH), las titulares Asignaciones por Embarazo, las personas que perciben una pensión por fallecimiento que no exceda la mínima y las personas que perciben pensiones no contributivas nacionales que no excedan la mínima, tienen un reintegro del 15% de las compras que realicen con las tarjetas de débito vinculadas con la cuenta en la que reciben sus haberes, en comercios minoristas o mayoristas de todo el país.

El mecanismo contempla una suma de hasta $ 1.200 mensuales por beneficiario, monto que asciende hasta los $ 2.400 para aquellas personas que perciban hasta una pensión por fallecimiento, siempre que no exceda el haber mínimo garantizado.

Sin embargo, este mecanismo tiene un punto débil ya que «las personas de menores recursos -afirma el Cemais- tienen muchas limitaciones para comprar con plásticos porque su entorno es muy informal y, por ello, es donde las compras en general son en efectivo».

De allí la oportunidad de hacerlo a través de billeteras virtuales.

«El desafío así se focalizaría en llegar a las familias indigentes con asistentes sociales para enseñarles a utilizar los pagos digitales a fin de que aprovechen el beneficio de la devolución. Este acercamiento es el que permitirá identificar a estas familias más vulnerables para llegar a ellos con el beneficio asistencial único que les permita salir de la pobreza extrema», concluye el documento.

Gremiales

El Consejo del Salario fracasó: la CGT pidió $911.000, empresarios ofrecieron $400.000 y decide el Gobierno

La CGT reclamó un piso de $911.000 y los empresarios ofrecieron apenas $400.000, frente a un SMVM actual de $376.600. Ante el fracaso de la negociación, la Secretaría de Trabajo tomará la decisión unilateralmente. El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el organismo es «una puesta en escena» y que el salario mínimo quedó en niveles de indigencia.

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El Argentino Diario-Salario-Billetes.
El salario mínimo que no existe: sin acuerdo en el Consejo, el Gobierno vuelve a decidir solo cuánto ganan los que menos tienen.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó este viernes sin llegar a un acuerdo para fijar el nuevo monto del salario mínimo, y la definición quedará en manos del Gobierno nacional, que lo establecerá por resolución propia. La brecha entre las posiciones de trabajadores y empleadores resultó tan pronunciada que no hubo margen para ningún punto de encuentro: los gremios nucleados en la CGT y las dos CTA reclamaron un piso de $911.000, mientras que los representantes empresariales ofrecieron $400.000, poco más del doble del valor vigente.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $376.600, cifra que resulta del cronograma de ajustes fijado en la reunión del organismo de noviembre de 2025. Ese valor funciona como referencia no solo para determinar una remuneración básica, sino también para el cálculo de una serie de programas sociales, prestaciones y subsidios, lo que convierte a la discusión en un asunto que excede el ámbito estrictamente salarial.

La intención del Gobierno: salarios de bolsillo cerca de $800.000

Detrás de la reunión virtual de este viernes flotaba una señal que la Secretaría de Trabajo hizo trascender en las horas previas: el Gobierno nacional busca que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que equivaldría a un bruto de aproximadamente $1.100.000. Ese objetivo, sin embargo, no formó parte de la agenda formal del encuentro y quedó como un telón de fondo no discutido durante la jornada.

El encuentro se realizó de manera virtual, a través de Zoom, pese al reclamo expreso de la CGT de la semana pasada para retornar a la presencialidad. El Gobierno rechazó ese pedido, sosteniendo el formato remoto que viene utilizando en el último período. La decisión fue leída por los sectores sindicales como una señal más de la desjerarquización del espacio de negociación.

Por el sector empleador participaron Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a Ricardo Diab y Juan Massi, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Por los trabajadores, estuvieron Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar por la CGT, y Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro por las dos CTA. Todos los sectores contaron con sus asesores técnicos durante la sesión.

Aguiar: «El Consejo del Salario es inservible»

La voz más dura tras el cierre de la sesión fue la del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien no escatimó adjetivos para describir el estado del organismo. Según el dirigente, los representantes empresariales propusieron un aumento de apenas 1,8% para septiembre y 1,7% mensual de ahí hasta abril, una suba que calificó de burla frente al costo de vida.

«Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio», sostuvo Aguiar en un comunicado. El dirigente estatal apuntó directamente contra la naturaleza del espacio: «El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación.»

Aguiar fue aún más contundente al referirse al funcionamiento estructural del organismo: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne solo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», afirmó. Y cerró con una advertencia: «Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer.»

Un organismo sin acuerdos hace más de dos años

La situación de este viernes no es una anomalía coyuntural sino la regla que se consolidó durante la gestión de Javier Milei. El Consejo del Salario no logra un acuerdo genuino entre partes hace más de dos años, y en cada oportunidad la brecha entre las posiciones sindicales y empresariales deriva en una definición unilateral del Ejecutivo. Ese patrón repetido convierte al organismo, creado para garantizar que el piso salarial se fije mediante el diálogo tripartito, en un trámite formal sin incidencia real sobre el resultado.

El SMVM vigente de $376.600 se obtiene tras una serie de actualizaciones que, en términos reales, no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio del programa de ajuste. La diferencia entre los $911.000 que reclamaron los sindicatos, los $400.000 que ofrecieron los empresarios y los $376.600 actuales resume con precisión la disputa: quién absorbe el costo de la estabilización y en qué medida los trabajadores de menores ingresos son forzados a financiarla con su capacidad de consumo.

Puntos clave

  • El SMVM vigente es de $376.600, fijado por el cronograma acordado en noviembre de 2025.
  • La CGT reclamó $911.000 y los empleadores ofrecieron $400.000, sin punto de encuentro posible.
  • El Gobierno definirá el nuevo monto por resolución propia, reiterando el patrón de los últimos dos años.
  • Rodolfo Aguiar (ATE) calificó al organismo de «inservible» y denunció que los empresarios propusieron aumentos de apenas 1,8% mensual.
  • La Secretaría de Trabajo hizo trascender que el Gobierno busca salarios de bolsillo cercanos a $800.000, equivalentes a un bruto de $1.100.000.
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