Espionaje
ARA San Juan: piden que se ratifique el procesamiento de Macri por espionaje
En la causa están procesados también los ex jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Además, se encuentran imputados Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, entre otros ex directivos del organismo de inteligencia.
La querella mayoritaria en la causa por espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan pidió este martes, en una audiencia ante la Cámara Federal porteña, que se confirme el procesamiento del expresidente Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.
El planteo fue formulado por la abogada Valeria Carreras en el marco de la audiencia encabezada por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, mientras que a través de un escrito la defensa de Macri solicitó la nulidad de todo lo actuado en el expediente en relación al exmandatario.
En la audiencia, celebrada de modo virtual, la abogada Carreras planteó que los elementos incorporados al expediente permitieron corroborar durante el gobierno de Cambiemos «hubo espionaje ilegal en beneficio del procesado» expresidente.

«No fueron avanzadas de seguridad, y no fueron adelantos de temas de agenda», expresó la letrada a través de un comunicado en el que afirmó que las tareas de inteligencia de las que habrían sido víctimas sus representadas no pueden inscribirse como parte de aquellos movimientos que hace a la seguridad presidencial para cuidar a un mandatario.
«Probamos mediante los hechos reportados por Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que dan inicio a esta instrucción, que los reportes del 3/2/18, 2/4/18 y 15/4/18 tenían como beneficiario al propio Macri. Probamos el cuándo, el cómo y el porqué, el móvil de los delitos por los que se procesó al expresidente», sostuvo Carreras.
Durante la audiencia también intervino Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 submarinistas del ARA San Juan y abogado de otra de las querellas, quien pidió que se confirme el procesamiento del expresidente y reclamó que se lo acuse también por el delito de «asociación ilícita».
La defensa de Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, no participó de la audiencia, pero reclamó por escrito que se declare la nulidad de todo lo actuado por el juez federal de Dolores Martín Bava, quién procesó al exmandatario antes de que el expediente pasara a tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py y recayera en el juez Julián Ercolini.
Macri fue procesado el 1º de diciembre pasado por la supuesta comisión «del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban».
Para el juez Bava, las tareas de inteligencia pudieron «haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas», según surge del fallo difundido oportunamente por Télam en el que además se procesó a Macri por «el delito de abuso de autoridad».
En aquella resolución Bava embargó a Macri por 100 millones de pesos y le decretó una prohibición de salir del país que, de todas formas, no le impidió al exmandatario conseguir todos los permisos que solicitó para viajar a Estados Unidos, Arabia Saudita, Italia y Uruguay, entre otros países.
El submarino desapareció en el Mar Argentino a la altura del Golfo San Jorge -en el sur del país- en noviembre de 2017 y un año después fue hallado por una empresa privada en el fondo de las aguas con toda su tripulación muerta.
Espionaje
Milei le dio un nuevo estatuto a la SIDE por Decreto
El Gobierno libertario lo presenta como una supuesta medida de profesionalización, pero la falta de debate legislativo y el poder discrecional que conserva el Ejecutivo sobre el organismo generan preguntas que el decreto no responde.
El Gobierno Nacional «reorganizó» por decreto el régimen laboral de los agentes de inteligencia del Estado. A través del Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que reemplaza las normas anteriores y establece un esquema integral de carrera, formación, remuneraciones y condiciones de egreso para quienes integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
La medida fue presentada por el Ejecutivo como un paso hacia la profesionalización del organismo, con el argumento de consolidar un cuerpo de trabajadores especializados capaz de mantener continuidad más allá de los cambios políticos. Sin embargo, el mecanismo elegido, un decreto presidencial sin intervención del Poder Legislativo, resulta coherente con el estilo de gestión de La Libertad Avanza: concentración de decisiones en el Ejecutivo, velocidad normativa y escaso control parlamentario sobre áreas sensibles del Estado.
Qué establece el estatuto
El nuevo régimen fija que el ingreso y la promoción dentro de la SIDE deberán contemplar criterios técnicos, éticos y profesionales. La capacitación permanente queda establecida como uno de los ejes centrales del desarrollo de los agentes, con actividades orientadas a actualizar y fortalecer conocimientos y competencias en materia de inteligencia. El estatuto dispone además la creación de un plan de carrera con formación técnica, humana y profesional, basado en principios de idoneidad, transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización.
La normativa también busca vincular los salarios con las responsabilidades de cada agente. Las remuneraciones deberán guardar correspondencia con las capacidades técnicas, las funciones y los grados jerárquicos, para evitar diferencias discrecionales entre trabajadores con funciones, trayectoria y antigüedad similares; una formulación que, en la práctica, quedará sujeta a la reglamentación interna del organismo.
Derechos y condiciones de egreso
Entre los principales derechos reconocidos figura la estabilidad laboral para quienes integren la planta permanente una vez confirmados en sus cargos. La desvinculación solo podrá producirse por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el propio estatuto. Los agentes tendrán derecho a percibir remuneraciones acordes a las escalas de su categoría, además de bonificaciones, compensaciones y otros conceptos, junto con acceso a capacitación, licencias, asignaciones familiares, obra social y beneficio jubilatorio.
El régimen contempla mecanismos para presentar consultas y reclamos cuando un trabajador considere que sus derechos fueron afectados, y establece distintas modalidades de promoción: por ascenso ordinario, por méritos extraordinarios o mediante ascenso post mortem. También reconoce el principio de igualdad de oportunidades dentro de la carrera y prohíbe tratos diferenciados por motivos ajenos a la aptitud y conducta profesional.
Un decreto en una zona de sombras
El estatuto llega en un contexto en el que la SIDE acumula cuestionamientos. El organismo, que funciona bajo la órbita directa de la Presidencia, está en el centro de varias investigaciones vinculadas a la gestión libertaria. El decreto regula el vínculo laboral de los agentes pero no toca la estructura de control político sobre el organismo ni los mecanismos de supervisión externa, que en Argentina han sido históricamente insuficientes.
La decisión de avanzar por decreto, sin debate parlamentario, en un área tan sensible como la inteligencia del Estado, se inscribe en una tendencia que la oposición ya denunció en otros ámbitos: la de legislar por la vía rápida para evitar el escrutinio de las cámaras. El estatuto puede leer como modernización institucional o como consolidación del poder discrecional del Ejecutivo sobre el aparato de inteligencia, según quién lo lea.
Lo que tenés que saber
- El Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprueba un nuevo estatuto para el personal de la SIDE.
- La norma establece criterios de ingreso por mérito, plan de carrera, capacitación permanente y remuneraciones acordes a funciones y jerarquía.
- Reconoce estabilidad laboral para la planta permanente y fija mecanismos formales para la desvinculación y para presentar reclamos.
- La medida fue adoptada por decreto, sin intervención del Congreso, en un área históricamente sensible como la inteligencia del Estado.
- El estatuto no modifica la estructura de control político sobre el organismo ni refuerza los mecanismos de supervisión externa.
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