Economía 💲
Ledesma despide a 165 trabajadores en medio de ganancias millonarias
Los despidos agravan la situación económica en Jujuy.
La empresa azucarera Ledesma anunció la desvinculación de 165 empleados, argumentando la necesidad de reducir costos para mejorar su competitividad. Sin embargo, la compañía registró ganancias de $39.160 millones el año pasado, lo que genera cuestionamientos sobre la justificación de los despidos.
Despidos en medio de ganancias récord
Ledesma S.A.A.I., propiedad de la familia Blaquier, comunicó recientemente la desvinculación de 165 trabajadores, representando menos del 3% de su plantilla total. La empresa sostiene que esta medida es parte de un plan de reducción de costos destinado a fortalecer su posición en un contexto económico desafiante.
No obstante, en el último ejercicio fiscal, Ledesma reportó ganancias por $39.160 millones y alcanzó récords de exportación en productos como jugo concentrado de cítricos y azúcar. Además, realizó inversiones significativas, incluyendo $6 millones en una planta de producción de vajillas biodegradables y otros $6 millones en la remodelación de su trapiche principal.
Condiciones laborales y salariales
Los trabajadores del ingenio han manifestado su descontento, señalando que, a pesar de las millonarias ganancias de la empresa, los salarios básicos rondan los $400.000, con un ingreso total de aproximadamente $800.000. Estas cifras se encuentran por debajo de la canasta básica total, que asciende a $1.033.716. Además, la empresa ha negado la ejecución de la cláusula de revisión de paritarias solicitada por los gremios.
Reacciones y denuncias
El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) ha denunciado prácticas antisindicales por parte de la empresa, incluyendo persecución y despidos de delegados y activistas. Estas acciones han sido interpretadas como intentos de desarticular la organización sindical y limitar la protesta social en la región.
Contexto económico y social
La provincia de Jujuy enfrenta altos índices de desocupación, pobreza e inflación. En este escenario, los despidos en Ledesma no solo afectan a las familias directamente involucradas, sino que también agravan la situación socioeconómica de la comunidad local. La contradicción entre las ganancias reportadas por la empresa y las medidas de ajuste adoptadas ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad social empresarial y el respeto a los derechos laborales.
Aduana
La Aduana de Karina: mercadería del Estado para una fundación sin actividad social
La Fundación Gea-Madre Tierra, Mitología Griega, integrada por la esposa, la cuñada y el suegro del diputado libertario Lisandro Almirón, recibió durante 2024 al menos tres envíos de rezago aduanero, según consta en el Boletín Oficial: 21.801 artículos electrónicos, 14 aires acondicionados, 31 repuestos aeronáuticos y 367 prendas de ropa. Las resoluciones llevan la firma de Eduardo Menem y fueron autorizadas bajo la órbita de la Secretaría General que conduce Karina Milei.
Más de 21.000 artículos electrónicos, 14 aires acondicionados, repuestos de avión y ropa: todo eso llegó desde la Aduana del Estado nacional a una fundación correntina creada en agosto de 2023, apenas semanas antes de que Javier Milei ganara las elecciones primarias. La entidad no tiene página web, no registra actividades benéficas verificables y se dedica, según sus propias redes sociales, a la organización de cursos y charlas sobre política pública, economía y gestión empresarial. La fundación se llama Gea-Madre Tierra, Mitología Griega, y sus dirigentes son la familia directa del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón.
Las transferencias quedaron registradas en el Boletín Oficial de la Nación y fueron firmadas en tres fechas distintas por Eduardo «Lule» Menem, subsecretario de Gestión Institucional bajo las órdenes directas de Karina Milei, titular de la Secretaría General de la Presidencia. El canal legal utilizado es la Ley 25.603 de Rezago Aduanero, que permite al Estado donar bienes incautados o no reclamados en los plazos establecidos a organismos públicos u organizaciones sociales, cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo justifiquen. La norma otorga a la Secretaría General de la Presidencia la facultad discrecional de decidir a quién se entregan esos bienes.
Una fundación familiar en el corazón del poder libertario
La estructura directiva de Gea-Madre Tierra no es casual. Al momento de recibir los envíos estatales, el consejo de administración incluía a José María Oderda como presidente, veterinario y padre político de Laura Peralta Marcoré, esposa del diputado Almirón, quien a su vez ocupa el cargo de vicepresidente de LLA en Corrientes y de directora regional Nordeste del Ministerio de Capital Humano. Cinthia Almirón, hermana del legislador, figuraba como tesorera. Laura Marcoré había sido secretaria de la fundación hasta junio de 2024, meses después de iniciado el flujo de donaciones.
El diputado Almirón, consultado por una radio local, reconoció tácitamente la vinculación de su familia con la entidad y la recepción del rezago aduanero, aunque intentó minimizar el alcance. «No hay nada que ocultar», dijo el legislador. Sin embargo, sostuvo que se trató de una sola donación, cuando el Boletín Oficial registra tres entregas en fechas distintas. Incluso el propio Oderda, presidente de la fundación y suegro de Almirón, confirmó la existencia de múltiples transferencias.
El inventario del Estado: electrónica, aires acondicionados y repuestos aeronáuticos
El detalle de las donaciones registradas en el Boletín Oficial revela la magnitud del flujo de bienes públicos hacia la organización familiar. En mayo de 2024, mediante la resolución RSG 182/2024, la fundación recibió 14 equipos de aire acondicionado frío-calor y 21.801 artículos electrónicos: auriculares, celulares, tarjetas de memoria y fundas. En otros dos envíos, llegaron 31 repuestos aeronáuticos, entre adaptadores y tapones, y 367 artículos de primera necesidad, incluyendo indumentaria, mochilas y calzado.
La presencia de repuestos aeronáuticos en el inventario de una organización dedicada a cursos de política pública llamó la atención desde el primer momento. La fundación publicó en Instagram una entrega de esos repuestos al Aeroclub Cañada Quirós, un club de pilotos privados sin actividad social comprobable, presentando la transferencia como una iniciativa propia, sin mencionar que los bienes provenían del Estado nacional. El Boletín Oficial, sin embargo, consigna que la cadena de origen empieza en la Aduana y termina en manos de la organización familiar de un diputado oficialista.
El patrón se repite: LLA y las fundaciones amigas
El caso de Gea-Madre Tierra no es un episodio aislado. La misma mecánica de distribución discrecional de rezago aduanero alcanzó a otras organizaciones con vínculos directos con referentes de La Libertad Avanza en distintas provincias. La Fundación Manos Abiertas recibió tres envíos en Córdoba y Mendoza, esta última presidida por un familiar del diputado Facundo Correa Llano. En Entre Ríos, Mauricio Davico, ex integrante del grupo Ráfaga y allegado a Martín Menem, fue beneficiado con doce donaciones para su ciudad, Gualeguaychú. En Misiones, el esquema también incluyó fundaciones con lazos al oficialismo local.
El denominador común es que ninguna de estas transferencias pasó por licitación, concurso público ni evaluación de impacto social: se gestionaron directamente desde la Secretaría de Karina Milei, mediante resoluciones firmadas por Eduardo Menem, y llegaron a manos de organizaciones con conexiones políticas al partido gobernante. La ley exige que las condiciones de emergencia social del lugar justifiquen la donación; sin embargo, entre los ítems transferidos figuran equipos de aire acondicionado y repuestos aeronáuticos, bienes difícilmente encuadrables en una respuesta de emergencia humanitaria.
El doble discurso de la casta que combate a la casta
El escándalo expone una contradicción que resulta difícil de ignorar. Mientras el gobierno de Javier Milei recortó programas sociales, congeló paritarias, redujo subsidios y cerró comedores comunitarios en nombre del «ajuste necesario», la maquinaria de distribución de bienes públicos funcionaba en paralelo hacia adentro del propio espacio político. La misma fuerza política que construyó su identidad electoral atacando a la «casta» y a quienes «viven del Estado» replicó, desde el poder, exactamente los mecanismos que denunciaba: uso discrecional de recursos públicos, cargos y beneficios para el entorno familiar y fundaciones pantalla que canalizan bienes del Estado sin actividad social verificable.
Almirón, cuyo mandato como diputado venció en diciembre de 2025, intentó convertirse en candidato a gobernador de Corrientes en las elecciones del 31 de agosto de ese año. El escándalo de la Aduana lo persiguió durante toda la campaña y las encuestas lo ubicaron en cuarto lugar, detrás del candidato del oficialismo provincial, del peronismo y de la UCR disidente. El Registro Único de Audiencias del Congreso muestra que el diputado mantuvo al menos cuatro reuniones con Eduardo Menem entre febrero y octubre de 2024, período que coincide con las transferencias registradas en el Boletín Oficial.
Puntos clave
- La Fundación Gea-Madre Tierra, conducida por familiares del diputado libertario Lisandro Almirón, recibió al menos tres envíos de rezago aduanero durante 2024, registrados en el Boletín Oficial.
- Los bienes transferidos incluyen 21.801 artículos electrónicos, 14 aires acondicionados, 31 repuestos aeronáuticos y 367 prendas de indumentaria.
- Las resoluciones fueron firmadas por Eduardo «Lule» Menem bajo la autorización de la Secretaría General de Karina Milei, sin licitaciones ni concursos públicos.
- La fundación no tiene página web, no registra actividades benéficas verificables y publicó en redes sociales una entrega de repuestos de avión a un aeroclub de pilotos privados, presentándola como donación propia sin mencionar el origen estatal.
- El patrón se repite en otras provincias con fundaciones vinculadas al entorno de La Libertad Avanza, en lo que configura un esquema sistemático de distribución discrecional de bienes públicos hacia aliados políticos.
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