La causa por malversación de fondos públicos en la Policía de Santa Fe sumó este jueves un nuevo capítulo con la detención de otro agente, elevando a 17 el número de personas arrestadas, entre efectivos y empleados civiles. La investigación judicial, que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal de Rosario, revela una trama de corrupción estructural que operaba en la Unidad Regional II, mediante un sistema de facturación fraudulenta de combustible para móviles policiales fuera de servicio.

El último detenido fue identificado como Juan H., subinspector de la fuerza, cuya captura fue ordenada por el fiscal José Luis Caterina, a cargo de la causa. La audiencia imputativa está prevista para los próximos días, y se sumará a un expediente que ya involucra más de 80 patrulleros y un perjuicio millonario para el Estado.

Según indicó el fiscal, la maniobra consistía en realizar cargas ficticias de entre $20.000 y $30.000 por vehículo, casi todos los días, incluso en unidades que estaban fuera de servicio o directamente inmovilizadas.

Una defraudación sistemática y “a voces”

El Ministerio Público de la Acusación calificó el esquema como “un secreto a voces” dentro de la fuerza. El volumen de la maniobra, la repetición sistemática y la cantidad de actores involucrados —tanto del ámbito policial como civil— ponen en evidencia una estructura con niveles de complicidad jerárquica, que operaba desde hace tiempo.

De los 17 imputados, varios policías enfrentan cargos de cohecho, peculado y defraudación agravada, mientras que los civiles —entre ellos empleados y encargados de la estación de servicio— fueron acusados de cohecho activo y complicidad en el desfalco.

El escándalo impacta directamente en la gestión de recursos de seguridad pública en una de las provincias más afectadas por el narcotráfico y la violencia urbana. La cifra estimada de $45 mil millones en pérdidas fue calculada por el gobierno provincial en base a los registros de carga de combustible entre 2021 y 2024.

Prisión preventiva y medidas restrictivas

La mayoría de los detenidos se encuentran con prisión preventiva por seis meses, mientras que una empleada de la estación de servicio imputada en la causa permanece en libertad, bajo cumplimiento de reglas de conducta estrictas. El fiscal no descartó que haya nuevas detenciones en las próximas semanas, ya que el análisis de los datos aún continúa.

“La dimensión del fraude y su repetición en el tiempo indican que no estamos ante un hecho aislado, sino ante una red de corrupción enquistada en áreas operativas clave de la Policía de Santa Fe”, señaló una fuente judicial vinculada al expediente.