El gobierno de la provincia de Buenos Aires desafectó a 24 agentes de la Policía bonaerense tras una denuncia anónima que advertía sobre una presunta confabulación político-institucional. La acusación señalaba a los uniformados por brindar apoyo logístico y operativo al excomisario Maximiliano Bondarenko, actual candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) en la Tercera Sección Electoral.

“Lo que se detectó es que se estaba organizando una estructura paralela, con intenciones de intervenir en la conducción institucional de la fuerza”, explicó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en diálogo con Radio 10. Según precisó, los acusados usaban oficinas y recursos del Estado para promover una eventual “reorganización interna” que los posicionaría como nuevos responsables de la policía provincial.

El rol de Bondarenko y los límites legales

Maximiliano Bondarenko, excomisario inspector de trayectoria extensa en zonas críticas como La Matanza y La Plata, encabeza la lista de candidatos de LLA en una de las regiones más disputadas del conurbano. Fue concejal de Florencio Varela entre 2017 y 2021 y asumió como coordinador local del partido libertario en febrero de este año, impulsado por Sebastián Pareja y Karina Milei.

La ley orgánica de la Policía bonaerense prohíbe explícitamente que sus integrantes participen en actividades político-partidarias mientras están en servicio. Para el ministro Alonso, esa restricción fue violada de manera flagrante. “Se encontraron documentos que no tienen ninguna relación con la función policial y que forman parte de una planificación política”, aseguró.

La auditoría interna, realizada por Asuntos Internos, constató parte de la denuncia y derivó en la desafectación inmediata de los involucrados. “Estarán en disponibilidad mientras avance la Justicia”, agregó el funcionario.

Reacciones cruzadas y clima de tensión electoral

La decisión del Ejecutivo provincial generó un fuerte cruce con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien defendió públicamente a los policías expulsados y atacó al gobernador Axel Kicillof. En su cuenta de X (ex Twitter), Bullrich ironizó: “¿La causa? Ninguna. Pura persecución política”.

“Una locura total. El Gobernador toma partido: siempre a favor de los delincuentes, mientras los bonaerenses están cada vez peor”, escribió la dirigente del PRO, aliada de LLA en la provincia.

Bullrich negó que los efectivos cesanteados integren filas libertarias y denunció que la medida se trata de una represalia por su simpatía política. “No echó a los que atacaron TN. No echó a los que agredieron a Espert. Pero sí a quienes ponen el cuerpo todos los días”, lanzó.

Desde el oficialismo provincial, en cambio, insistieron en que se trató de una falta grave a la normativa interna de la fuerza. “Los policías tienen derecho a votar, pero no a armar estructuras partidarias desde adentro”, retrucaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

Elecciones, poder y control institucional

La disputa ocurre en el marco de un proceso electoral convulsionado, donde la Tercera Sección concentra casi un tercio del padrón bonaerense. En ese territorio, el peronismo tradicional enfrenta el avance del armado libertario, que busca consolidar poder territorial de cara a 2025 con nombres ligados a las fuerzas de seguridad.

El caso Bondarenko tensiona ese equilibrio. Su perfil como exjefe policial, dirigente territorial y figura en ascenso dentro de La Libertad Avanza lo convirtió en una pieza clave del armado opositor. Según trascendió, su campaña pone énfasis en la “recuperación de la autoridad” y el “orden institucional”, en línea con el discurso de mano dura que pregonan Javier Milei y Bullrich.

Mientras tanto, la Justicia deberá determinar si existió una verdadera tentativa de golpe interno dentro de la Policía o si, como plantea la oposición, se trata de una sobreactuación oficial para desacreditar a un adversario incómodo.