Más de 402.578 dólares vinculados a inmuebles, refacciones y mobiliario que no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados del ex funcionario: ese es el núcleo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que la justicia federal mantiene abierta sobre Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. El plazo para que el ex jefe de Gabinete responda el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita vence este martes, aunque según fuentes judiciales hay posibilidades de que el ex funcionario solicite una nueva prórroga de 15 días.

La causa tramita en la justicia federal y tiene como eje el período que va desde el ingreso de Adorni a la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida del cargo en junio de 2026. Durante ese lapso, el ingreso de dinero comprobado del matrimonio fue de $229,7 millones, mientras que los gastos ascendieron a $272,8 millones, una diferencia negativa de $43.068.549 que el fiscal ya señaló como inexplicable a la luz de los ingresos declarados.

Un requerimiento de 20 preguntas sin responder

Pollicita elaboró una lista de 20 preguntas concretas para que Adorni justifique sus movimientos patrimoniales. El plazo original, de dos semanas, venció el 25 de agosto pasado sin que el ex funcionario presentara respuestas. El fiscal le otorgó entonces una prórroga que se agota este martes 16 de septiembre.

Entre los puntos que la justicia exige explicar se encuentran el origen de los dólares en efectivo declarados en sus declaraciones juradas, los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo (familiares de Adorni cuya existencia y fecha cierta deberá acreditar), la fuente de los fondos para la compra de un Jeep, y la procedencia del dinero destinado a adquirir el lote 380 del country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz.

Ese último punto condensa uno de los ítems más explosivos del expediente: el contratista Matías Tabar ya declaró ante la justicia que recibió 245.000 dólares en efectivo y sin factura para refaccionar íntegramente la propiedad del ex funcionario en el country, con mejoras que incluyeron una pileta con cascada, un quincho de alta gama con parrilla valuada en 15.000 dólares y mobiliario de cocina y baños de lujo con jacuzzi. La totalidad de esos fondos, según el fiscal, carece de respaldo en los ingresos lícitos del matrimonio.

Operatoria con terceros y criptoactivos bajo la lupa

El requerimiento de Pollicita apunta también a patrones de comportamiento que la justicia considera llamativos. Entre las preguntas figuran la razón de la «reiterada utilización de terceros para adquirir bienes y afrontar pagos», el detalle de la operatoria con criptoactivos y el origen del capital con que Adorni afirma haberla iniciado, y la forma en que concilia el nivel de gastos y movimientos financieros con los ingresos lícitos acreditados.

La investigación también abarca el uso de personas del entorno de Adorni como usuarios adicionales de dos tarjetas de crédito vinculadas al ex funcionario, acreditaciones de carácter no salarial recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación, y la posible adquisición de un rodado no declarado, a partir de una factura emitida por una concesionaria automotor por más de 4 millones de pesos. Cada uno de estos puntos representa, para el fiscal, una anomalía que los ingresos declarados no alcanzan a cubrir.

El inmueble de Caballito y la trama de las jubiladas prestamistas

Otro eje del requerimiento es la compra del inmueble ubicado en la calle Miró 550, en el barrio de Caballito, escriturado por 230.000 dólares. Adorni declaró haber aportado inicialmente solo 30.000 dólares, quedando el resto como deuda con las vendedoras, Claudia Sbabo y Alicia Viegas, dos jubiladas cuyos hijos son socios en una desarrolladora inmobiliaria. El contratista Pablo Feijoo admitió ante la justicia que existió un pago de 65.000 dólares adicionales «de palabra» por fuera de la escritura. El fiscal pide ahora que Adorni explique el origen de esos fondos, los honorarios de la escribana interviniente y el criterio con que valuó las mejoras declaradas sobre esa propiedad, incluyendo 14 millones de pesos adicionales gastados en mobiliario, según reveló el contratista Matías Tabar.

Indagatoria como horizonte posible

Si las explicaciones que Adorni presente esta semana no resultan suficientes para el fiscal Pollicita, el ex jefe de Gabinete podría ser citado a indagatoria, un paso procesal que implica que el magistrado lo convoca en carácter de imputado para escuchar su versión de los hechos. En la causa también está investigada Bettina Angeletti, cuya actividad declarada como coach ontológica no coincide, según el fiscal, con el nivel de vida exhibido por el matrimonio durante el período investigado. El juez Ariel Lijo ya dispuso el levantamiento del secreto fiscal de ambos y ordenó el peritaje de dispositivos de personas de su entorno.

La prórroga que vence este martes puede ser la última oportunidad de Adorni de dar explicaciones de manera voluntaria antes de que la causa escale a una instancia de mayor exposición judicial y política.

Lo que tenés que saber

• El fiscal Pollicita le formuló 20 preguntas a Adorni; el plazo para responderlas vence este martes 16 de septiembre y podría pedirse una nueva prórroga.
• El matrimonio Adorni-Angeletti gastó $43 millones más de lo que ingresó durante el período investigado, según los datos del expediente.
• Más de US$ 402.578 vinculados a inmuebles, refacciones y mobiliario no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados.
• Si las respuestas no convencen al fiscal, Adorni podría ser citado a indagatoria en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
• El juez Ariel Lijo ya levantó el secreto fiscal de Adorni y su esposa y ordenó pericias sobre dispositivos de su entorno.