Investigación 🔎
Adorni al límite: la Justicia espera sus respuestas sobre US$ 402.578 sin justificar
Esta semana vence el nuevo plazo para que el ex jefe de Gabinete responda las 20 preguntas del fiscal Gerardo Pollicita sobre un patrimonio que no encuentra correlato en sus ingresos declarados. Si las explicaciones no convencen, podría ser citado a indagatoria.
Más de 402.578 dólares vinculados a inmuebles, refacciones y mobiliario que no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados del ex funcionario: ese es el núcleo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que la justicia federal mantiene abierta sobre Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. El plazo para que el ex jefe de Gabinete responda el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita vence este martes, aunque según fuentes judiciales hay posibilidades de que el ex funcionario solicite una nueva prórroga de 15 días.
La causa tramita en la justicia federal y tiene como eje el período que va desde el ingreso de Adorni a la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida del cargo en junio de 2026. Durante ese lapso, el ingreso de dinero comprobado del matrimonio fue de $229,7 millones, mientras que los gastos ascendieron a $272,8 millones, una diferencia negativa de $43.068.549 que el fiscal ya señaló como inexplicable a la luz de los ingresos declarados.
Un requerimiento de 20 preguntas sin responder
Pollicita elaboró una lista de 20 preguntas concretas para que Adorni justifique sus movimientos patrimoniales. El plazo original, de dos semanas, venció el 25 de agosto pasado sin que el ex funcionario presentara respuestas. El fiscal le otorgó entonces una prórroga que se agota este martes 16 de septiembre.
Entre los puntos que la justicia exige explicar se encuentran el origen de los dólares en efectivo declarados en sus declaraciones juradas, los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo (familiares de Adorni cuya existencia y fecha cierta deberá acreditar), la fuente de los fondos para la compra de un Jeep, y la procedencia del dinero destinado a adquirir el lote 380 del country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz.
Ese último punto condensa uno de los ítems más explosivos del expediente: el contratista Matías Tabar ya declaró ante la justicia que recibió 245.000 dólares en efectivo y sin factura para refaccionar íntegramente la propiedad del ex funcionario en el country, con mejoras que incluyeron una pileta con cascada, un quincho de alta gama con parrilla valuada en 15.000 dólares y mobiliario de cocina y baños de lujo con jacuzzi. La totalidad de esos fondos, según el fiscal, carece de respaldo en los ingresos lícitos del matrimonio.
Operatoria con terceros y criptoactivos bajo la lupa
El requerimiento de Pollicita apunta también a patrones de comportamiento que la justicia considera llamativos. Entre las preguntas figuran la razón de la «reiterada utilización de terceros para adquirir bienes y afrontar pagos», el detalle de la operatoria con criptoactivos y el origen del capital con que Adorni afirma haberla iniciado, y la forma en que concilia el nivel de gastos y movimientos financieros con los ingresos lícitos acreditados.
La investigación también abarca el uso de personas del entorno de Adorni como usuarios adicionales de dos tarjetas de crédito vinculadas al ex funcionario, acreditaciones de carácter no salarial recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación, y la posible adquisición de un rodado no declarado, a partir de una factura emitida por una concesionaria automotor por más de 4 millones de pesos. Cada uno de estos puntos representa, para el fiscal, una anomalía que los ingresos declarados no alcanzan a cubrir.
El inmueble de Caballito y la trama de las jubiladas prestamistas
Otro eje del requerimiento es la compra del inmueble ubicado en la calle Miró 550, en el barrio de Caballito, escriturado por 230.000 dólares. Adorni declaró haber aportado inicialmente solo 30.000 dólares, quedando el resto como deuda con las vendedoras, Claudia Sbabo y Alicia Viegas, dos jubiladas cuyos hijos son socios en una desarrolladora inmobiliaria. El contratista Pablo Feijoo admitió ante la justicia que existió un pago de 65.000 dólares adicionales «de palabra» por fuera de la escritura. El fiscal pide ahora que Adorni explique el origen de esos fondos, los honorarios de la escribana interviniente y el criterio con que valuó las mejoras declaradas sobre esa propiedad, incluyendo 14 millones de pesos adicionales gastados en mobiliario, según reveló el contratista Matías Tabar.
Indagatoria como horizonte posible
Si las explicaciones que Adorni presente esta semana no resultan suficientes para el fiscal Pollicita, el ex jefe de Gabinete podría ser citado a indagatoria, un paso procesal que implica que el magistrado lo convoca en carácter de imputado para escuchar su versión de los hechos. En la causa también está investigada Bettina Angeletti, cuya actividad declarada como coach ontológica no coincide, según el fiscal, con el nivel de vida exhibido por el matrimonio durante el período investigado. El juez Ariel Lijo ya dispuso el levantamiento del secreto fiscal de ambos y ordenó el peritaje de dispositivos de personas de su entorno.
La prórroga que vence este martes puede ser la última oportunidad de Adorni de dar explicaciones de manera voluntaria antes de que la causa escale a una instancia de mayor exposición judicial y política.
Lo que tenés que saber
- El fiscal Pollicita le formuló 20 preguntas a Adorni; el plazo para responderlas vence este martes 16 de septiembre y podría pedirse una nueva prórroga.
- El matrimonio Adorni-Angeletti gastó $43 millones más de lo que ingresó durante el período investigado, según los datos del expediente.
- Más de US$ 402.578 vinculados a inmuebles, refacciones y mobiliario no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados.
- Si las respuestas no convencen al fiscal, Adorni podría ser citado a indagatoria en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
- El juez Ariel Lijo ya levantó el secreto fiscal de Adorni y su esposa y ordenó pericias sobre dispositivos de su entorno.
Goles! ⚽
Campana ya no es refugio: el fallo de la Corte rompe la estrategia de la AFA
Durante casi un año, las defensas de la conducción de la AFA empujaron para concentrar sus causas en el juzgado federal de Campana. La Corte habló de una «grosera» violación de las reglas de competencia y devolvió a Rafecas la causa de la mansión de Pilar, aunque el juez podría irse pronto a Casación.
La Corte Suprema no solo cambió de juez la causa por la mansión de Pilar: le puso nombre a lo que pasó durante casi un año. Los supremos dijeron que el traslado del expediente a Campana afectó «de manera severa e inequívoca» la garantía del juez natural y lo calificaron como una «grosera» violación de las reglas de competencia. Con esa frase se cayó la pieza central de una estrategia que la conducción de la AFA venía empujando desde fines de 2025: reunir sus causas en un solo juzgado, lejos de los tribunales porteños especializados en delitos económicos.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja del fiscal ante Casación Mario Villar y dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto había enviado la investigación al juzgado de Adrián González Charvay con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar. La Corte les reprochó, además, no haber analizado los argumentos de Villar. El expediente vuelve al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas.
El juzgado que querían los acusados
La pelea por la competencia nunca fue un tecnicismo. El 30 de diciembre de 2025, último día hábil del año, González Charvay pidió quedarse con la causa que tramitaba el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que ya venía avanzando con medidas de prueba, y lo hizo pese a la opinión contraria de un fiscal. Con ese movimiento, la instancia de revisión pasaba a ser la Cámara Federal de San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, el juez de Campana tuvo después el expediente de la mansión durante seis meses sin avanzar sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
En paralelo, Campana fue absorbiendo otras causas sensibles para la entidad: la que había abierto el juez federal Luis Armella, que allanó a la empresa de Javier Faroni y las sedes de la AFA, y la de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino. En esta última, en octubre, González Charvay sobreseyó a familiares y socios del tesorero porque no quedaba ningún fiscal impulsando la acusación, sin analizar la prueba reunida. La unificación en Campana era la estrategia de las defensas, resistida una y otra vez por fiscales y querellantes.
El propio juez la defendió en público: sostuvo que no pueden existir tres o cuatro magistrados investigando los mismos hechos. Pero no todos le dieron la razón. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que procesó a Tapia y a Toviggino por la retención de aportes, rechazó un pedido de González Charvay para quedarse con otra causa por lavado y consideró «prematura» esa unificación.
Por qué la causa es porteña
El argumento para llevar todo a Campana era que la quinta está en Villa Rosa, partido de Pilar. La Corte lo desarmó: sostuvo que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones con bienes, no solo la compra de un inmueble, y que Pilar «no era en modo alguno el centro de dirección» de esa actividad. Varias de las sociedades tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también está la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte. El tribunal mencionó además una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.
La causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica en diciembre de 2025 y busca determinar si fondos de la AFA se desviaron para comprar la quinta, atribuida a Toviggino, y si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares registrales a través de Real Central SRL, actuaron como testaferros. En el allanamiento del 12 de diciembre de 2025 se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. La tasación judicial valuó la propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados, en US$ 16.954.000 y los autos en US$ 3.861.100.
Un regreso con fecha de vencimiento
Rafecas, el juez que ordenó aquel allanamiento, retoma ahora la investigación sobre el origen de los fondos y la titularidad real de los bienes. Pero su permanencia no está garantizada: el presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal y, si lo aprueban, la causa quedará en manos de un juez subrogante. Después de casi un año de idas y vueltas, el expediente vuelve al punto de partida con el riesgo de cambiar de manos otra vez.
Lo que tenés que saber
- La Corte anuló el fallo de la Sala I de Casación (Borinsky y Barroetaveña, con disidencia de Slokar) que había enviado la causa a Campana.
- Calificó el traslado como una «grosera» violación de las reglas de competencia que afectó la garantía del juez natural.
- El juzgado de Campana había absorbido otras causas de la AFA, como la de Santiago del Estero y la que allanó a Faroni.
- La tasación judicial valuó la quinta en US$ 16.954.000 y los 54 autos secuestrados en US$ 3.861.100.
- Rafecas retoma la causa, pero Milei lo propuso para la Casación Nacional y podría dejar el juzgado.
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