Investigación 🔎
Arroyo Salgado negó excarcelación a Kueider y su secretaria por riesgo para la investigación
Ambos están acusados de enriquecimiento ilícito y presunto cobro de sobornos por contratos de ENERSA. Se encuentran bajo arresto domiciliario en Paraguay por intento de contrabando de 211.000 dólares.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó la solicitud de exención de prisión presentada por el exsenador entrerriano Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Costa. Ambos enfrentan acusaciones de enriquecimiento ilícito y presunto cobro de sobornos de la empresa de seguridad privada Securitas, relacionados con contratos adjudicados por la empresa estatal de energía de Entre Ríos, ENERSA.
Detención en Paraguay y pedido de extradición
Kueider y Costa permanecen bajo arresto domiciliario en Paraguay, tras ser detenidos por intentar ingresar al país con 211.000 dólares no declarados desde Foz do Iguaçu, Brasil. La jueza Arroyo Salgado solicitó su extradición para interrogarlos en la causa que se tramita en su juzgado.
Riesgo de entorpecimiento de la investigación
En su resolución, Arroyo Salgado argumentó que existe un «peligro cierto y no aparente» de que, en caso de conceder la exención de prisión, Kueider y su secretaria podrían «destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba» de la investigación en curso. Por ello, consideró indispensable mantener las medidas cautelares para asegurar el avance de la pesquisa.
Posible apelación ante la Cámara Federal
El abogado defensor de Kueider, Juan Martín Cerolini, podría apelar esta decisión ante la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, la situación legal del exsenador y su secretaria continúa en suspenso, a la espera de una resolución sobre su extradición y eventual detención en Argentina.
Investigación 🔎
Red de falsos médicos en el Conurbano: cinco clínicas y dos farmacias clausuradas
Clínicas en Virrey del Pino, González Catán y San Justo fueron clausuradas, al igual que farmacias vinculadas a la red ilegal de salud. Uno de los acusados, identificado como CC, confirmó ser médico en Bolivia, pero sin habilitación en Argentina.
Cinco clínicas clausuradas y dos farmacias: la trama de falsos médicos de Argentina Salud sigue expandiéndose
★ La investigación judicial sobre la red de profesionales no habilitados que operaba bajo la marca Argentina Salud amplió su alcance en las últimas horas: ya son cinco las clínicas clausuradas y dos las farmacias que dejaron de funcionar por orden de la Justicia. A eso se suman las primeras indagatorias, en las que varios de los acusados confirmaron ser médicos en sus países de origen, pero reconocieron no contar con habilitación para ejercer la medicina en la Argentina.
Cinco clínicas y dos farmacias fuera de servicio
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, el fiscal Fernando Garate ordenó el cierre de los establecimientos de salud que integraban el esquema irregular. Las clínicas clausuradas se encuentran en los partidos bonaerenses de Virrey del Pino, González Catán y San Justo, todos en el cordón del Conurbano bonaerense, una zona con alta densidad poblacional y, en muchos casos, dificultades de acceso a la atención sanitaria pública. Las farmacias vinculadas al entramado también suspendieron su actividad por orden de la Justicia, aunque aún no se precisó oficialmente su ubicación.
Las indagatorias que destapan el mecanismo
Las declaraciones tomadas en las últimas horas aportaron detalles precisos sobre el modo de operación de la empresa. Dos testimonios resultaron especialmente relevantes para el avance de la causa.
El primero corresponde a un acusado identificado como C.C., quien reconoció ante la Justicia que ejerce la medicina en Bolivia, pero que no cuenta con matrícula habilitante en el territorio argentino. Según su propia declaración, fue contactado por una compañera para comenzar a trabajar en la organización, cuyo conductor identificó como Alberto Rubén Santarceri, presentado como el dueño de la empresa. Fue el propio Santarceri quien le entregó el sello del doctor Gonzalo La Torre y le asignó una oficina en Virrey del Pino para operar desde allí.
C.C. sumó un dato revelador sobre el trabajo en campo: cuando los acusados salían en ambulancia, llevaban certificados previamente sellados, listos para ser utilizados sin instancia de atención real. Por esa tarea, cobraban $80.000 por guardia de 24 horas, una suma fija que formaba parte del esquema de remuneración de la red.
El segundo testimonio clave fue el de D.S., quien declaró ser médica con titulación en Cuba pero sin habilitación en la Argentina. Al igual que C.C., reconoció haber atendido pacientes utilizando un sello provisto directamente por Santarceri, lo que evidencia un mecanismo centralizado de distribución de identidades profesionales ajenas para sostener la fachada de legitimidad del servicio.
Una causa que seguirá creciendo
La Justicia aguarda en las próximas horas y días nuevas indagatorias y declaraciones testimoniales que permitan reconstruir la totalidad del entramado. La causa, que involucra a personal médico extranjero sin matrícula local, al uso de sellos de terceros y a la prestación de servicios de ambulancia con documentación fraguada, pone en evidencia una falencia estructural en los controles sanitarios sobre empresas que brindan atención domiciliaria y urgencias en el Conurbano bonaerense.
La figura de Santarceri, señalado como el organizador del esquema, emerge como el eje articulador de una red que habría logrado operar durante un tiempo prolongado antes de ser desarticulada. Aún resta determinar cuántos pacientes fueron atendidos por profesionales no habilitados, en qué condiciones y con qué consecuencias para su salud.
Puntos clave
- Cinco clínicas en Virrey del Pino, González Catán y San Justo fueron clausuradas por orden del fiscal Fernando Garate.
- Dos farmacias vinculadas al esquema también suspendieron su actividad por orden judicial.
- El acusado C.C. confirmó ser médico en Bolivia pero sin habilitación en Argentina; recibió el sello del doctor Gonzalo La Torre de parte de Alberto Rubén Santarceri.
- La acusada D.S. declaró ser médica titulada en Cuba pero sin matrícula local, y atendió pacientes con un sello provisto por el dueño de la empresa.
- Se aguardan nuevas indagatorias para reconstruir el alcance total de la red y el impacto sobre los pacientes atendidos.
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