Investigación 🔎
Red de falsos médicos en el Conurbano: cinco clínicas y dos farmacias clausuradas
Clínicas en Virrey del Pino, González Catán y San Justo fueron clausuradas, al igual que farmacias vinculadas a la red ilegal de salud. Uno de los acusados, identificado como CC, confirmó ser médico en Bolivia, pero sin habilitación en Argentina.
Cinco clínicas clausuradas y dos farmacias: la trama de falsos médicos de Argentina Salud sigue expandiéndose
★ La investigación judicial sobre la red de profesionales no habilitados que operaba bajo la marca Argentina Salud amplió su alcance en las últimas horas: ya son cinco las clínicas clausuradas y dos las farmacias que dejaron de funcionar por orden de la Justicia. A eso se suman las primeras indagatorias, en las que varios de los acusados confirmaron ser médicos en sus países de origen, pero reconocieron no contar con habilitación para ejercer la medicina en la Argentina.
Cinco clínicas y dos farmacias fuera de servicio
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, el fiscal Fernando Garate ordenó el cierre de los establecimientos de salud que integraban el esquema irregular. Las clínicas clausuradas se encuentran en los partidos bonaerenses de Virrey del Pino, González Catán y San Justo, todos en el cordón del Conurbano bonaerense, una zona con alta densidad poblacional y, en muchos casos, dificultades de acceso a la atención sanitaria pública. Las farmacias vinculadas al entramado también suspendieron su actividad por orden de la Justicia, aunque aún no se precisó oficialmente su ubicación.
Las indagatorias que destapan el mecanismo
Las declaraciones tomadas en las últimas horas aportaron detalles precisos sobre el modo de operación de la empresa. Dos testimonios resultaron especialmente relevantes para el avance de la causa.
El primero corresponde a un acusado identificado como C.C., quien reconoció ante la Justicia que ejerce la medicina en Bolivia, pero que no cuenta con matrícula habilitante en el territorio argentino. Según su propia declaración, fue contactado por una compañera para comenzar a trabajar en la organización, cuyo conductor identificó como Alberto Rubén Santarceri, presentado como el dueño de la empresa. Fue el propio Santarceri quien le entregó el sello del doctor Gonzalo La Torre y le asignó una oficina en Virrey del Pino para operar desde allí.
C.C. sumó un dato revelador sobre el trabajo en campo: cuando los acusados salían en ambulancia, llevaban certificados previamente sellados, listos para ser utilizados sin instancia de atención real. Por esa tarea, cobraban $80.000 por guardia de 24 horas, una suma fija que formaba parte del esquema de remuneración de la red.
El segundo testimonio clave fue el de D.S., quien declaró ser médica con titulación en Cuba pero sin habilitación en la Argentina. Al igual que C.C., reconoció haber atendido pacientes utilizando un sello provisto directamente por Santarceri, lo que evidencia un mecanismo centralizado de distribución de identidades profesionales ajenas para sostener la fachada de legitimidad del servicio.
Una causa que seguirá creciendo
La Justicia aguarda en las próximas horas y días nuevas indagatorias y declaraciones testimoniales que permitan reconstruir la totalidad del entramado. La causa, que involucra a personal médico extranjero sin matrícula local, al uso de sellos de terceros y a la prestación de servicios de ambulancia con documentación fraguada, pone en evidencia una falencia estructural en los controles sanitarios sobre empresas que brindan atención domiciliaria y urgencias en el Conurbano bonaerense.
La figura de Santarceri, señalado como el organizador del esquema, emerge como el eje articulador de una red que habría logrado operar durante un tiempo prolongado antes de ser desarticulada. Aún resta determinar cuántos pacientes fueron atendidos por profesionales no habilitados, en qué condiciones y con qué consecuencias para su salud.
Puntos clave
- Cinco clínicas en Virrey del Pino, González Catán y San Justo fueron clausuradas por orden del fiscal Fernando Garate.
- Dos farmacias vinculadas al esquema también suspendieron su actividad por orden judicial.
- El acusado C.C. confirmó ser médico en Bolivia pero sin habilitación en Argentina; recibió el sello del doctor Gonzalo La Torre de parte de Alberto Rubén Santarceri.
- La acusada D.S. declaró ser médica titulada en Cuba pero sin matrícula local, y atendió pacientes con un sello provisto por el dueño de la empresa.
- Se aguardan nuevas indagatorias para reconstruir el alcance total de la red y el impacto sobre los pacientes atendidos.
Investigación 🔎
Peritaje reveló una billetera cripto con US$44 millones en el celular de Cerimedo
Un código de billetera cripto hallado en el celular peritado por el Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia reveló transferencias por más de US$44 millones en seis meses. El senador opositor Leonardo Roca rastreó una red de diez cuentas de destino y señaló una posible conexión con una casa de cambios allanada la semana pasada.
La causa que mantiene preso en Bolivia al estratega digital Fernando Cerimedo sumó esta semana una dimensión que amplía el alcance de la investigación mucho más allá del ataque a su expareja: el peritaje forense de su celular expuso el código de acceso a una billetera de criptomonedas con movimientos registrados por más de US$44 millones en apenas seis meses, según surge de un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia difundido la semana pasada.
El teléfono fue secuestrado en el marco de la investigación por tentativa de feminicidio contra la abogada Nadia Beller, tras el ataque de dos sicarios que la hirieron gravemente. Entre los datos extraídos del dispositivo quedó registrada una captura de pantalla que contenía el código de la billetera. El hallazgo fue rastreado por el senador opositor boliviano Leonardo Roca, quien llevó la información a la esfera pública con un mapa interactivo del flujo de transferencias.
Una red de diez cuentas y dinero de criptominería
Según el rastreo de Roca, la billetera operó como nodo central entre quienes realizaban los depósitos y una red de al menos diez cuentas de destino, una de las cuales registró movimientos de varios millones de dólares en el mismo período. El senador señaló que el origen del dinero responde a actividad de criptominería y que el esquema funcionó pasando los fondos de una billetera fría, utilizada para almacenamiento, a una billetera caliente, que permite convertir los activos en efectivo.
«No es dinero cualquiera, es rastro de criptominería con transferencias a otras diez cuentas, de billetera fría a billetera caliente para sacar efectivo. Este hecho deja huella y vamos a seguir el rastro del dinero», sostuvo Roca. El legislador aclaró además el alcance de sus afirmaciones: «Nada de esto es una filtración ni una acusación cerrada: es información pública, verificable ahora mismo por cualquier persona.»
Un dato que refuerza las sospechas sobre el manejo de esos activos es el estado actual de la cuenta: al momento de la denuncia de Roca, la billetera tenía menos de 9 dólares, lo que sugiere que fue vaciada. El senador subrayó que ese vaciamiento ocurrió justo cuando Cerimedo ya se encontraba detenido, circunstancia que lo llevó a pedir al fiscal a cargo que verifique la cadena de custodia del dispositivo e identifique a los titulares de las cuentas finales de la red.
La casa de cambios allanada y los US$700 mil en fuga
El senador Roca también estableció una presunta vinculación entre Cerimedo y una casa de cambios allanada por la Justicia boliviana la semana pasada. En ese operativo, las cámaras de seguridad captaron la fuga del representante legal del local con un bolso que, según la hipótesis investigativa, contenía cerca de US$700 mil. El hombre, identificado como Fritz Junior G.A., quedó con prisión preventiva; ante la Justicia, sostuvo que perdió el dinero y defendió la legalidad de sus operaciones. El vínculo entre este local y la red cripto detectada en el celular de Cerimedo es, por ahora, una línea de investigación abierta.
Tres causas penales y un perfil que excede lo comunicacional
Cerimedo, de 45 años, enfrenta en Bolivia tres causas penales simultáneas: la que se inició por el ataque a Beller, una por enriquecimiento ilícito vinculada a denuncias de corrupción estatal, y una tercera por tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico, a partir de indicios de vuelos irregulares detectados por la Fiscalía de Beni. El estratega se incorporó al equipo del presidente Rodrigo Paz como asesor de comunicación tras la primera vuelta electoral boliviana; sin embargo, distintas fotografías y declaraciones públicas indican que su rol excedió ese ámbito estrictamente comunicacional.
En Argentina, la figura de Cerimedo sigue presente en el expediente de la causa ANDIS, donde Nadia Beller aguarda la posibilidad de declarar como testigo protegida ante el juez Ariel Lijo. La abogada afirmó poseer grabaciones comprometedoras y manifestó su voluntad de declarar ante la Justicia argentina. El entramado que vincula a Cerimedo con la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, la billetera cripto boliviana y la red de cuentas detectada por el senador Roca configura un cuadro que la Justicia de dos países investiga en paralelo.
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