Investigación 🔎
Red de falsos médicos en el Conurbano: cinco clínicas y dos farmacias clausuradas
Clínicas en Virrey del Pino, González Catán y San Justo fueron clausuradas, al igual que farmacias vinculadas a la red ilegal de salud. Uno de los acusados, identificado como CC, confirmó ser médico en Bolivia, pero sin habilitación en Argentina.
Cinco clínicas clausuradas y dos farmacias: la trama de falsos médicos de Argentina Salud sigue expandiéndose
★ La investigación judicial sobre la red de profesionales no habilitados que operaba bajo la marca Argentina Salud amplió su alcance en las últimas horas: ya son cinco las clínicas clausuradas y dos las farmacias que dejaron de funcionar por orden de la Justicia. A eso se suman las primeras indagatorias, en las que varios de los acusados confirmaron ser médicos en sus países de origen, pero reconocieron no contar con habilitación para ejercer la medicina en la Argentina.
Cinco clínicas y dos farmacias fuera de servicio
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, el fiscal Fernando Garate ordenó el cierre de los establecimientos de salud que integraban el esquema irregular. Las clínicas clausuradas se encuentran en los partidos bonaerenses de Virrey del Pino, González Catán y San Justo, todos en el cordón del Conurbano bonaerense, una zona con alta densidad poblacional y, en muchos casos, dificultades de acceso a la atención sanitaria pública. Las farmacias vinculadas al entramado también suspendieron su actividad por orden de la Justicia, aunque aún no se precisó oficialmente su ubicación.
Las indagatorias que destapan el mecanismo
Las declaraciones tomadas en las últimas horas aportaron detalles precisos sobre el modo de operación de la empresa. Dos testimonios resultaron especialmente relevantes para el avance de la causa.
El primero corresponde a un acusado identificado como C.C., quien reconoció ante la Justicia que ejerce la medicina en Bolivia, pero que no cuenta con matrícula habilitante en el territorio argentino. Según su propia declaración, fue contactado por una compañera para comenzar a trabajar en la organización, cuyo conductor identificó como Alberto Rubén Santarceri, presentado como el dueño de la empresa. Fue el propio Santarceri quien le entregó el sello del doctor Gonzalo La Torre y le asignó una oficina en Virrey del Pino para operar desde allí.
C.C. sumó un dato revelador sobre el trabajo en campo: cuando los acusados salían en ambulancia, llevaban certificados previamente sellados, listos para ser utilizados sin instancia de atención real. Por esa tarea, cobraban $80.000 por guardia de 24 horas, una suma fija que formaba parte del esquema de remuneración de la red.
El segundo testimonio clave fue el de D.S., quien declaró ser médica con titulación en Cuba pero sin habilitación en la Argentina. Al igual que C.C., reconoció haber atendido pacientes utilizando un sello provisto directamente por Santarceri, lo que evidencia un mecanismo centralizado de distribución de identidades profesionales ajenas para sostener la fachada de legitimidad del servicio.
Una causa que seguirá creciendo
La Justicia aguarda en las próximas horas y días nuevas indagatorias y declaraciones testimoniales que permitan reconstruir la totalidad del entramado. La causa, que involucra a personal médico extranjero sin matrícula local, al uso de sellos de terceros y a la prestación de servicios de ambulancia con documentación fraguada, pone en evidencia una falencia estructural en los controles sanitarios sobre empresas que brindan atención domiciliaria y urgencias en el Conurbano bonaerense.
La figura de Santarceri, señalado como el organizador del esquema, emerge como el eje articulador de una red que habría logrado operar durante un tiempo prolongado antes de ser desarticulada. Aún resta determinar cuántos pacientes fueron atendidos por profesionales no habilitados, en qué condiciones y con qué consecuencias para su salud.
Puntos clave
- Cinco clínicas en Virrey del Pino, González Catán y San Justo fueron clausuradas por orden del fiscal Fernando Garate.
- Dos farmacias vinculadas al esquema también suspendieron su actividad por orden judicial.
- El acusado C.C. confirmó ser médico en Bolivia pero sin habilitación en Argentina; recibió el sello del doctor Gonzalo La Torre de parte de Alberto Rubén Santarceri.
- La acusada D.S. declaró ser médica titulada en Cuba pero sin matrícula local, y atendió pacientes con un sello provisto por el dueño de la empresa.
- Se aguardan nuevas indagatorias para reconstruir el alcance total de la red y el impacto sobre los pacientes atendidos.
Defensa
Fraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos
Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad tras detectarse irregularidades en la acreditación de haberes por casi 1.000 millones de pesos entre 2022 y 2026. La denuncia penal apunta a 23 personas, incluyendo civiles que cobraron sumas millonarias sin ningún vínculo con la fuerza.
Cerca de 1.000 millones de pesos acreditados de forma irregular en cuentas de personal ajeno a la fuerza y de familiares de oficiales. Esa es la magnitud del fraude que sacude a la Armada Argentina y que derivó en el apartamiento inmediato de nueve militares de sus funciones, mientras la justicia federal avanza sobre una trama que involucra a 23 personas.
El almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, dispuso el pase a disponibilidad de ocho capitanes de corbeta y un suboficial como primera medida disciplinaria ante las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los 938 millones de pesos. La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, y la denuncia penal apunta a una maniobra de adulteración de recibos de sueldo con la inclusión de viáticos falsos por supuestos viajes al exterior.
La ingeniería del fraude
Según informó la propia Armada mediante un comunicado oficial, el esquema consistía en adulterar los recibos de haberes e incluir viáticos de personal que supuestamente viajaba al exterior, liquidando gastos que nunca se produjeron. Las irregularidades fueron detectadas en el marco de una investigación interna impulsada por la propia fuerza, que posteriormente derivó en la denuncia penal.
Entre los militares apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. Su esposa, María del Carmen Prieto, figura entre las beneficiarias de los pagos irregulares: recibió 152,2 millones de pesos distribuidos en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria personal.
Civiles sin vínculo con la fuerza cobraron millones
La denuncia también incluye a tres personas sin ninguna relación con la Armada que percibieron sumas de dinero provenientes del mismo circuito irregular. Andrés Santana cobró 99,4 millones de pesos; Amalia Cristina Díaz recibió 91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia percibió 90,4 millones. La participación de civiles externos a la estructura castrense revela que la maniobra no fue improvisada ni acotada: requirió articulación con personas ajenas a la cadena de mandos para dispersar los fondos sustraídos.
En total, la estafa asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos si se consideran todos los montos denunciados, aunque la investigación interna de la Armada acota en 938 millones el período comprendido entre 2022 y 2026.
La respuesta institucional y sus límites
El comunicado oficial de la Armada remarca la «política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética». Sin embargo, el apartamiento del personal tendrá vigencia solo hasta que se determine la eventual responsabilidad disciplinaria, lo que deja abierta la posibilidad de reincorporación según el resultado de las actuaciones. A los militares involucrados se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, en paralelo a la causa penal federal en curso.
El caso expone una vez más las vulnerabilidades del sistema de control interno de las fuerzas de seguridad y el riesgo de captura institucional cuando los mecanismos de auditoría son insuficientes o tardíos. Que la irregularidad haya podido sostenerse durante más de tres años sin ser detectada por los controles ordinarios es, en sí mismo, un dato que merece respuesta institucional más allá de los apartamientos.
Lo que tenés que saber
- Nueve militares (ocho capitanes de corbeta y un suboficial) fueron pasados a disponibilidad por la Armada Argentina.
- La maniobra irregular involucra la acreditación de haberes y viáticos falsos por cerca de 938 millones de pesos entre julio de 2022 y enero de 2026.
- La denuncia penal apunta a 23 personas en total, incluyendo civiles sin vínculo con la fuerza que cobraron sumas millonarias.
- El capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista, fue apartado porque su esposa percibió 152,2 millones de pesos en 46 acreditaciones irregulares.
- La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2.
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