Judiciales ⚖️
«Garantizar abortos no es delito»: sobreseyeron a la médica imputada en Salta
El juez señaló en su fallo que «debe afirmarse en grado de certeza que Miranda Ruiz actuó autorizada por la ley; por lo tanto, su actividad fue lícita y ello impone dictar el consiguiente sobreseimiento”.
La médica tucumana Miranda Ruiz, imputada en Salta por la práctica de una interrupción legal del embarazo (ILE), fue sobreseída por el juez Luciano Martini de la Sala I del Tribunal de Impugnación de esa provincia, quien consideró que la profesional actuó de acuerdo a la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), informó este viernes el Poder Judicial salteño, en tanto la profesional anunció que dará una conferencia de prensa el próximo lunes.
El juez señaló en su fallo que «debe afirmarse en grado de certeza que Miranda Ruiz actuó autorizada por la ley; por lo tanto, su actividad fue lícita y ello impone dictar el consiguiente sobreseimiento”.
“Surge con meridiana claridad que existían factores sociales y familiares que ponían en riesgo la salud de J.M., lo cual es confirmado no solo por Miranda Ruiz sino por otros profesionales tanto de las ciencias médicas como de las demás disciplinas que hacen a la cuestión. Esos extremos son corroborados, a su vez, por el informe social”, escribió Martini.
La médica, que se desempeña en el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, ubicada 365 kilómetros al norte de la capital salteña, estaba imputada por el delito de «aborto sin consentimiento», por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega.
El 3 de septiembre de 2021, Ruiz fue detenida durante algunas horas, en el marco de la causa judicial que le iniciaron, por haber realizado una interrupción legal del embarazo (ILE). Ruiz y su abogado defensor Oscar Guillén, anticiparon hoy a través de las redes sociales, tras conocer esta resolución judicial, que el lunes 26 de septiembre, a las 10.30, ofrecerán una conferencia de prensa en el salón Auditorio del hospital de Tartagal.
La médica es residente de medicina familiar y comunitaria, asiste consultas sobre anticoncepción y planificación familiar, y se encuentra a cargo del consultorio interdisciplinario de interrupción voluntaria del embarazo del hospital norteño.
Martini dictó el sobreseimiento de la profesional en un escrito de 11 páginas y en los considerandos de su resolución, el juez señaló que los resultados de las medidas dispuestas en la causa «en general, no poseen fuerza de convicción que avalen los extremos de la hipótesis fiscal» y demuestran «la existencia de una investigación concluida».
Distintas organizaciones sociales se manifestaron a favor de la profesional, en todo el país, incluyendo a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien hoy escribió en su cuenta de Twitter: «Se hizo justicia: la médica Miranda Ruiz fue sobreseída. El aborto legal, seguro y gratuito es un derecho conquistado en todo el país».
Ruiz también había recibido el apoyo de el ministro de Salud Pública de Salta, Juan José Esteban. Incluso, Amnistía Internacional Argentina viajó a Salta con el fin de exigir el fin de la criminalización a la médica y para pedir la eliminación de las barreras que persisten en el acceso a la práctica en toda la provincia.
Sobre el fallo absolutorio, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) valoró en un comunicado que «reconoce el sentido totalizador del concepto de salud conforme con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud». Y destacó que esta decisión del juez Maritini «da seguridad» a profesionales y a quienes trabajan «para garantizar el acceso al derecho» a la IVE/ILE.
Además, señaló que la médica «tuvo que atravesar un proceso penal ridículo por un delito inexistente» el cual «no fue inocuo, como no lo es para nadie que atraviese el sistema penal. En el tiempo de un proceso injusto, sufrieron ella, su familia y sus afectos».
«Miranda es parte de un equipo interdisciplinario que garantiza el derecho a una salud integral para las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar en zonas rurales, donde el acceso a la salud se ve obstaculizado», dijo el CELS y recordó que los equipos de salud «son una parte fundamental en la garantía del derecho a una vida saludable, digna y libre de violencias».
Por eso, sostuvo: «Debemos cuidar y dar seguridad a quienes garantizan nuestros derechos. Garantizar abortos no es delito».
La ley 27.610 establece que mujeres y otras personas con capacidad de gestar tienen derecho a elegir la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive, sin dar motivos (Interrupción voluntaria del embarazo-IVE) y solicitar la interrupción legal (ILE) si el embarazo es consecuencia de una violación o pone en peligro su vida o su salud.
Judiciales ⚖️
Propofest: Fini Lanusse rompe el silencio pero esquiva los detalles de la causa que involucra dos muertes
La médica procesada por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano publicó un breve mensaje en redes sociales en el que aseguró confiar en el proceso judicial. La declaración llega más de un mes después de que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara los cargos y dispusiera el embargo de sus bienes.
“Las cosas se van a aclarar”: el descargo de Fini Lanusse tras ser procesada en el Propofest
★ Delfina «Fini» Lanusse, exresidente de tercer año en el área de Anestesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y procesada en la denominada causa «Propofest», realizó este domingo un breve descargo público a través de un mensaje en redes sociales. Sin entrar en detalles sobre los cargos que pesan en su contra, Lanusse aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó su confianza en el proceso judicial en curso.
«Por el momento no puedo hacer declaraciones profundas», explicó la profesional, quien agregó que la Justicia «se encuentra trabajando en el caso». El mensaje, escueto y cuidadosamente medido, representa la primera aparición pública de Lanusse desde que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara su procesamiento junto al anestesista Hernán Boveri por el delito de administración fraudulenta.
El procesamiento y las medidas cautelares
El 10 de abril de 2026, el magistrado Sánchez Sarmiento dictó el procesamiento formal de Boveri y Lanusse por el presunto desvío de propofol, remifentanilo y otros fármacos de uso controlado del Hospital Italiano. Ambos profesionales tienen prohibida la salida del país. La Justicia dispuso además un embargo superior a los 30 millones de pesos sobre los bienes de Lanusse.
Según consta en el expediente judicial, Boveri ocupaba un cargo de jerarquía en el área de Anestesiología y habría aprovechado esa posición para vulnerar los controles de stock del hospital. En su declaración ante el juez, el anestesista reconoció haber administrado sustancias anestésicas a Lanusse en reiteradas oportunidades, con su consentimiento, y señaló que fue ella quien sustrajo los medicamentos. La defensa de ambos procesados busca revertir las medidas cautelares y sostiene que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.
El origen del caso: dos muertes y un sistema de control fallido
La investigación que derivó en el procesamiento comenzó el 20 de febrero de 2026, cuando efectivos policiales hallaron sin vida al anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, en su departamento de Palermo. La autopsia reveló muerte por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo. El análisis de trazabilidad del instrumental hallado en el domicilio de Zalazar determinó que una parte significativa del material pertenecía al Hospital Italiano, institución en la que Zalazar no tenía acceso laboral directo.
El 3 de abril, una segunda muerte complejizó aún más la causa. El enfermero Eduardo Bentancourt, de 44 años, fue encontrado sin vida en su departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, en Palermo. En el lugar se secuestraron tres ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma S.A., propiedad del empresario Ariel García Furfaro, procesado en una causa separada vinculada a 111 muertes por adulteración de sustancias medicinales. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, a cargo del fiscal Carlos Vasser, confirmó que las ampollas correspondían al certificado N° 53.100, inhabilitado por la ANMAT, con vencimiento en marzo de 2026, lo que refuerza la hipótesis de un desvío deliberado del stock que debía ser destruido tras la clausura del laboratorio.
Lo que declararon los jefes del área de Anestesiología
El jefe y el subjefe del área de Anestesiología del Hospital Italiano declararon ante el juez que Lanusse reconoció tener problemas de consumo de sustancias desde hacía dos años, un elemento que el Ministerio Público incorporó como contexto agravante en la formulación de cargos. El análisis forense de las filmaciones de vigilancia interna del hospital permitió reconstruir los momentos en que Boveri accedía a sectores restringidos y retiraba ampollas sin que los sistemas de registro lo detectaran a tiempo. El Hospital Italiano se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio institucional y colabora activamente con la Justicia.
La causa avanza hacia el juicio oral
Con el procesamiento formalizado, la investigación se encamina hacia la etapa de preparación del juicio oral. El Ministerio Público deberá consolidar su acusación, mientras los defensores de Boveri y Lanusse ofrecerán sus descargos y pruebas ante el tribunal. Nuevas definiciones podrían conocerse en las próximas semanas.
Puntos clave:
- Delfina Lanusse publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó confianza en la Justicia.
- El juez Javier Sánchez Sarmiento la procesó junto a Hernán Boveri por administración fraudulenta; ambos tienen prohibida la salida del país y enfrentan embargos millonarios.
- La causa se vincula a dos muertes: el anestesiólogo Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Bentancourt, hallados sin vida en Palermo.
- En el domicilio de Bentancourt se encontraron ampollas de fentanilo del laboratorio clausurado HLB Pharma (certificado N° 53.100, inhabilitado por ANMAT), vinculado a 111 fallecidos.
- El Hospital Italiano se constituyó como querellante; la investigación avanza hacia el juicio oral.
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