Sociedad
La línea 102 registró 45 mil llamadas por situaciones de violencia contra infancias
La Línea 102 recibió en un año más de 45.500 llamadas de todo el país, de las cuales unas 20.300 correspondieron a situaciones de violencia contra niñas y niños, según un informe presentado hoy por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Impulsada desde el 2009 por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la Línea 102 es un recurso federal que brinda un servicio gratuito y confidencial de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, ante situaciones de amenaza, vulneración de derechos o ante la necesidad de asesoramiento o información.
El “Informe de llamadas a las líneas provinciales de atención especializada en derechos de niñas, niños y adolescentes”, presentado este miércoles, recopiló datos de las llamadas recibidas por las líneas 102 entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 en veinte jurisdicciones argentinas, de las 23 que la tienen en funcionamiento.
Durante ese periodo, recibieron un total de 45.589 llamadas, realizadas en su mayoría por personas adultas del entorno afectivo o comunitario, de las cuales más de 20.354 correspondieron a situaciones de violencia contra niñas y niños. Además, se registró que los principales motivos de consulta se debieron a situaciones de maltrato físico, seguido de negligencias, cuestiones legales, abuso sexual infantil, maltrato psicológico emocional y abandono, dentro de los 40 motivos de consulta clasificados por la línea 102.
El secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, expresó al respecto que “los datos sobre violencia contra niñas y niños nos obligan a seguir implementando y profundizando acciones a nivel nacional y provincial para abordar y erradicar esta problemática, tan determinante en la vida de las chicas y los chicos”. Asimismo, destacó la importancia de «contar con información actualizada, confiable y accesible para tomar decisiones adecuadas en la gestión de políticas de promoción y protección de derechos de las infancias y adolescencias”.

De los datos presentados se desprende que el mes en el que más llamadas se recibieron fue marzo de 2021, cuando se produjeron 4.693 consultas, y la provincia que mayor afluencia de llamados registró fue Mendoza con 8.101, seguida por Jujuy con 5.878, Chaco con 5.015 y la Ciudad de Buenos Aires con 4.426. A su vez, de todas estas llamadas, un total de 20.721 fueron solicitudes de información y orientación, mientras que 24.868 fueron consultas que requirieron intervención del Órgano de aplicación u otro actor pertinente.
«Nos preocupa que el 55% de los llamados requieran intervención y que el 45% refieran a las distintas violencias hacía los chicos y las chicas», señaló por su parte la directora nacional de Gestión y Desarrollo Institucional, Gisela Clivaggio, quien instó a «poner el foco en esta problemática». En ese marco, ambos funcionarios destacaron la profundización del apoyo y acompañamiento de la Senaf con equipamiento, capacitaciones y financiación a todas las líneas 102.
Además, celebraron que a las 17 jurisdicciones con la Línea 102 en funcionamiento en 2019, durante el 2020 y el 2021 se sumaron seis más: Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Santa Fe y San Luis. Clivaggio aseguró que: «es importante tener un mapa federal de esta información y que las provincias sepan que estamos construyendo una política pública federal y que no están solas” y añadió que de esta manera «estamos garantizando derechos, abriendo nuevos canales de promoción y protección de derechos para todos los chicos y las chicas”.
«estamos garantizando derechos, abriendo nuevos canales de promoción y protección de derechos para todos los chicos y las chicas”-dijo Clivaggio.
La única provincia de Argentina sin la Línea 102 en la actualidad es La Pampa, ausencia que motivó fuertes críticas desde diversos sectores sociales y políticos a partir del asesinato a golpes del niño de 5 años, Lucio Dupuy, infanticidio por el que están imputadas y detenidas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. Ante este caso que conmocionó a todo el país, desde la Senaf afirmaron que el objetivo es que la Línea 102 «pueda estar presente en La Pampa lo antes posible» y que se pueda brindar en todas las provincias una atención las 24 horas durante los 365 días del año.
Además, la funcionaria destacó la necesidad de seguir «fortaleciendo el servicio y el acceso de las infancias y adolescencias a la Línea para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos». Considerando que la mayoría de las llamadas las realizan adultos, la funcionaria planteó el desafío de que la línea sea «utilizada cada vez más por los chicos y las chicas, que se apropien y sepan que cuentan con este recurso».
Durante las llamadas, que están a cargo de profesionales especializados, se realiza «una escucha activa» y se da respuesta tanto a pedidos de información o asesoramiento como a situaciones «que ameritan una intervención directa» por parte de los organismos provinciales o nacionales. Enmarcadas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, las líneas 102 «promueven la articulación y el trabajo activo entre todas las instituciones involucradas en dar respuesta a las necesidades de cada niña, niño o adolescente».
Previo a este informe, el primer balance de la Senaf fue publicado en 2020, en el cual se analizó un período más corto (10 meses) y menor cantidad de provincias (17), con respecto al actual. En esta ocasión, además, se destacó el trabajo realizado para vincular la información surgida en las líneas 102 con el Registro Único Nominal (RUN), una herramienta que «homologa la estructura de registros y criterios de carga a nivel nacional para construir una base de datos unificada en todo el país en el marco del sistema de protección».
Esto permite compartir información de modo centralizado por los equipos técnicos, posibilitando la articulación de las intervenciones y con la población que accede a las áreas de niñez por distintas vías.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
-
Goles! ⚽5 díasEscándalo en Italia: videos, nombres y siete años de operación de la red VIP que sacude al deporte mundial
-
Espectáculos 🎭5 díasConfirman que Luis Brandoni dejó grabada la nueva temporada de “Nada” con De Niro
-
Denuncia7 díasDenuncian a Carlos Frugoni por propiedades en Miami sin declarar
-
Femicidio5 díasHallaron el cuerpo de una mujer desaparecida hace tres días en el río de Coronda
-
Economía 💲5 díasBloomberg califica a la Argentina de Milei al nivel de Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Bulgaria, Malta, Zimbabue y Palestina
-
CABA6 díasProhíben los papelitos en los estadios de la Ciudad tras el último Superclásico
-
Goles! ⚽7 díasVAR del Superclásico: Paletta ratificó que no era penal y la AFA lo confirmó para la siguiente fecha
-
Investigación 🔎6 días¿Por qué murió Camilo Nuin? Su mamá marcha en Adrogué y exige saber qué pasó en el quirófano
