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El Banco Central inicia la era de la “emisión cero”: ¿Qué implica esto para tu bolsillo?
El gobierno de Javier Milei apuesta fuerte por el apretón monetario, frena la máquina de imprimir pesos y transfiere deuda del BCRA al Tesoro en una jugada arriesgada. ¿Cuáles serán las consecuencias en el día a día?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó este lunes su nueva política monetaria de «emisión cero», anunciada previamente por Santiago Bausili, presidente de la entidad, y Luis Caputo, ministro de Economía. Esta medida marca el inicio de la segunda fase del programa económico del gobierno de Javier Milei.
La estrategia consiste en transferir la deuda del Banco Central al Tesoro, con el objetivo de transmitir un mensaje de «emisión cero». Esto implica que la entidad no emitirá más pesos para financiar la renovación de pasivos, estimados en aproximadamente $20 billones.
Letras Fiscal de Liquidez y cambios en Ganancias
Junto con esta política, se emitirán las Letras Fiscal de Liquidez (Lefi), títulos de deuda del Tesoro. Además, se anticipa el anuncio de modificaciones en el impuesto a las Ganancias como parte del Paquete Fiscal, complementando las normas ya aprobadas para la moratoria, el blanqueo y Bienes Personales.
Desafíos y expectativas del mercado
El Tesoro deberá afrontar el vencimiento de esta deuda el 17 de julio de 2025 sin recurrir a la emisión monetaria. Esta situación generó expectativas en el sector financiero sobre un posible aumento de la tasa del Banco Central, aunque el presidente Milei restó importancia a esta posibilidad en una entrevista reciente.
Un representante de la banca privada comentó a La Nación: «Este cambio de titularidad de la deuda no le va a cambiar nada a la gente». Sin embargo, para el Gobierno, esta decisión es crucial en su programa económico.
Objetivos y medidas del Gobierno
Milei declaró: «El objetivo de esta etapa es destruir la inflación». El mandatario señaló que para avanzar a la siguiente fase del plan económico, que incluye la eliminación del cepo, los aumentos de precios deben converger con el crawling peg, actualmente en 2%.
Caputo afirmó en redes sociales que se reducirá la cantidad de pesos en circulación y que la gente va a «vender dólares para pagar impuestos».
Efectos colaterales de la decisión del gobierno en el mercado y la economía
Desde el anuncio del plan económico:
- El dólar contado con liquidación (CCL) bajó un 1,7%
- El Banco Central vendió dólares en el mercado financiero
- La brecha cambiaria se redujo
- El dólar blue aumentó un 5,8%
- El riesgo país subió 134 puntos
- Caída del consumo masivo en un contexto económico complejo
- El consumo masivo bajó un 12,5% interanual según la consultora Scentia
Efectos inmediatos en la economía doméstica
La nueva política de «emisión cero» tendrá repercusiones directas e indirectas en la economía de los argentinos. Si bien un representante de la banca privada aseguró que «este cambio de titularidad de la deuda no le va a cambiar nada a la gente», la realidad es más compleja.
Posible escasez de pesos en circulación
La decisión de no emitir más pesos para financiar la deuda podría resultar en una menor cantidad de dinero en circulación. Luis Caputo, ministro de Economía, afirmó que «se reducirá la cantidad de pesos en circulación». Esto podría traducirse en:
- Mayor dificultad para acceder a créditos
- Posible aumento en las tasas de interés
- Reducción del poder adquisitivo en el corto plazo
Presión sobre los ahorros
Caputo también mencionó que la gente va a «vender dólares para pagar impuestos». Esta situación implica:
- Necesidad de utilizar ahorros en dólares para gastos corrientes
- Potencial disminución de los ahorros en moneda extranjera
Impacto en el consumo
El consumo masivo ya experimentó una caída del 12,5% interanual según datos de la consultora Scentia. La política de «emisión cero» podría acentuar esta tendencia:
- El menor circulante reducirá aún más el consumo
- Caída en las ventas de comercios y servicios
- Mayor estancamiento económico en el corto plazo
Expectativas de inflación y precios
El objetivo declarado del gobierno es «destruir la inflación». Sin embargo, el impacto inmediato en los precios es incierto:
- Posible desaceleración de la inflación en el mediano plazo
- Incertidumbre en la formación de precios durante la transición
Cambios en el impuesto a las Ganancias
La anticipada modificación en el impuesto a las Ganancias podría tener efectos diversos:
- Potencial alivio fiscal para algunos sectores de la población
- Posible aumento de la presión tributaria en otros segmentos
- Incertidumbre sobre el impacto neto en los ingresos familiares
Perspectivas laborales
La contracción monetaria podría afectar el mercado laboral:
- Aumento del desempleo si las empresas reducen personal
- Mayor estancamiento de los salarios
- Mayor precarización laboral en algunos sectores
Puntos clave para entender el apretón monetario:
- Posible reducción del circulante y dificultad de acceso al crédito
- Presión sobre los ahorros en dólares de los ciudadanos
- Riesgo de mayor contracción del consumo
- Incertidumbre sobre el impacto en la inflación y los precios
- Efectos mixtos de los cambios en el impuesto a las Ganancias
- Potenciales desafíos y precariedad en el mercado laboral
- Necesidad de adaptación de las economías familiares a un nuevo escenario económico
Servicios
El agua a remate: Milei privatiza AySA y entrega el servicio de millones de argentinos
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos. La empresa que abastece a más de 10 millones de personas en el área metropolitana bonaerense se convierte en la primera compañía estatal en ser transferida casi en su totalidad al sector privado durante la gestión libertaria. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
AySA, el agua de millones, a manos privadas: Milei oficializa la licitación
El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó el jueves los pliegos de la licitación a través de su cuenta en la red social X. «La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos», sostuvo el funcionario.
Y agregó: «Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento.»
La retórica de Caputo reproduce el mismo argumento que, en los años noventa, justificó las privatizaciones masivas de la era menemista: la ineficiencia estatal como pecado original y el capital privado como única redención posible. La historia, sin embargo, ya ofreció un veredicto sobre esa promesa aplicada específicamente al agua.
La empresa que Kirchner recuperó del fracaso privado
AySA no siempre fue una empresa del Estado. Durante la década del noventa, el servicio de agua y saneamiento del área metropolitana fue concesionado a Aguas Argentinas, un consorcio de capitales privados liderado por la francesa Suez. La concesión terminó en 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato tras años de conflictos por incumplimientos en las metas de inversión, deterioro de la calidad del servicio y aumentos de tarifas que el Estado debió arbitrar sin obtener resultados. AySA nació ese mismo año como empresa estatal para recuperar el control de un servicio esencial que el mercado no había sabido garantizar.
Veinte años después, el gobierno de Javier Milei repite la operación inversa: lo que fue estatizado como respuesta al fracaso privado vuelve a ser entregado al mercado bajo el mismo argumento que originó aquel fracaso.
El modelo de la privatización en dos etapas
Según lo publicado en el Boletín Oficial y lo adelantado por el ministro Caputo, la estructura de la operación prevé que el 51% de las acciones quede en manos de un operador estratégico, seleccionado mediante licitación pública nacional e internacional. En una segunda etapa, el 39% restante será ofertado al mercado bursátil a través de una oferta pública inicial. El 10% remanente permanecerá en poder de los trabajadores de la empresa.
El contrato de concesión, aprobado por el Ejecutivo a fines de abril, tendrá una vigencia de 30 años y establece derechos y obligaciones tanto para el concedente, que es el Estado, como para el futuro concesionario privado. El Gobierno describe el esquema como una «reorganización integral del servicio» destinada a dotarlo de «mayor claridad normativa y previsibilidad.»
Lo que el Ejecutivo no explica con la misma claridad es quién regulará efectivamente el cumplimiento de esas obligaciones en un contexto donde el Estado, según las propias cifras del Foro Economía y Trabajo publicadas en mayo de 2026, redujo su gasto de capital en un 86% desde diciembre de 2023 y recortó los programas de control y planificación de manera sistemática.
Plazos y mecanismos: la cuenta regresiva
Los operadores interesados en adquirir el paquete accionario tendrán tiempo hasta el 27 de agosto para presentar sus ofertas a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre las bases y condiciones de la licitación podrán realizarse hasta el 12 de agosto.
Un patrón coherente: desguace con manual ideológico
La privatización de AySA no es un hecho aislado ni una decisión técnica. Es la primera aplicación concreta, en una empresa operativa, de la política de desmantelamiento del Estado que el Gobierno viene ejecutando desde diciembre de 2023 al amparo de la Ley Bases (N° 27742), que habilitó el listado de empresas públicas susceptibles de privatización.
En ese marco, el ajuste fiscal que financia los compromisos con el FMI, el recorte en los fondos destinados a las provincias y la reducción del gasto social conviven con la decisión política de desprenderse de activos estratégicos, entre ellos el agua, un recurso que en cualquier definición de soberanía nacional integra el núcleo indisponible del patrimonio público.
La pregunta que el Gobierno de Milei no responde, y que la historia de las privatizaciones argentinas ya planteó antes, es qué ocurre cuando el operador privado decide que las metas de inversión son incompatibles con la rentabilidad esperada. En los años noventa, la respuesta fue AySA. Esta vez, el Estado que debería actuar como red de seguridad lleva dos años siendo desarmado pieza por pieza.
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