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Energía

Argentina será el mayor productor de litio en 2026

De acuerdo a proyecciones oficiales en base a los informes de las compañías operadoras en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, el país podría multiplicar su producción de carbonato de litio en los próximos tres años.

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Argentina se encamina a ser el tercer mayor productor de litio en pocos años, consecuencia de la demanda existente a nivel global y también por el avance de los proyectos que se encuentran en curso, que le permitirán en 2026 más que triplicar su actual producción y llegar hasta las 260.000 toneladas de carbonato de litio.

En la actualidad, Argentina es el cuarto productor mundial de carbonato de litio (LCE), con tres proyectos en operación comercial: Salar de Olaroz, en Jujuy, de la empresa australiana Allkem; Fénix, en Catamarca, de la estadounidense Livent; y desde hace dos meses Olaroz Cauchari, también en la provincia de Jujuy, de la firma Exar.

Dado el proceso de transición energética que enfrenta el mundo y el crecimiento de la demanda de los insumos que serán necesarios para llevarlo adelante, Argentina tiene una gran oportunidad para apropiarse de una fracción cada vez mayor de la oferta mundial de minerales, especialmente como proveedora de litio para las baterías de vehículos eléctricos.

Ese interés se refleja en los ocho proyectos en construcción más avanzados que cuentan con capitales principales de empresas de Estados Unidos, China, Corea del Sur, Francia y Australia.

Lejos de ser considerado un commodity -ya que el carbonato de litio tiene una amplia gama de calidades debido al mineral en sí pero también al tratamiento químico que se le aplica-, el LCE tiene un precio muy disímil y por demás volátil como se demostró en los últimos dos años.

Así de pasar de un precio en el mercado spot de US$ 8.000 en 2020 a un récord de más de US$ 80.000 a mediados de 2022, en la actualidad registra un desplome superior al 60% promediando en torno a los US$ 30.000.

Por ese motivo, las proyecciones se consolidan actualmente en los volúmenes que la Argentina podrá producir en los próximos años teniendo en cuenta la cartera de proyectos que incluyen ampliaciones de operaciones ya en marcha, los que se encuentran en construcción y los que están en etapa avanzada de desarrollo.

Las inversiones comprometidas en un total de 35 proyectos registrados oscilan para los próximos años entre los US$ 6.000 y US$ 7.000 millones, de acuerdo a la Secretaría de Minería y de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.

En la actualidad, con los tres proyectos de litio en operaciones (por orden de antigüedad: Mina Fenix, Salar Olaroz y Cauchari-Olaroz), la capacidad de producción instalada llega a 77.500 toneladas de LCE al año, las que se exporta en poco más de 40% a China, un 30% a Japón, y alrededor de 10% a Corea, países asiáticos que concentran 85% de la demanda global.

Pero de acuerdo a proyecciones oficiales en base a los informes de las compañías operadoras en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, el país podría multiplicar su producción de carbonato de litio en los próximos tres años.

Como resultado de los proyectos que se encuentran en construcción o ampliación y el cronograma previsto por sus empresas controlantes, la capacidad productiva de litio estaría cerca de triplicarse hacia diciembre de este año, finalizando 2023 en 137.500 toneladas LCE anuales. 

Es que para esa fecha se incorporaría la nueva capacidad instalada proveniente de la ampliación de Salar Olaroz, que con una inversión de US$ 330 millones para esta segunda etapa incrementará la producción de 20.000 a 50.000 tns de LCE.

También se prevé la puesta en marcha del proyecto Tres Quebradas, en Catamarca, de la minera china Zijin Mining Group que prevé el desarrollo del salar homónimo con una inversión de US$ 370 millones y estimaciones progresivas de producción de 20.000 a 40.000 toneladas anuales.

Y también está en las previsiones el lanzamiento operativo de la primera fase de Sal de Vida, también en Catamarca, donde Allkem tiene su nueva planta para extracción y refinamiento de litio, con 25.000 tns iniciales de litio.

La capacidad total del mercado local se incrementaría nuevamente en 2024 y en 2025 llegaría a 229.500 toneladas LCE por año, siempre de acuerdo a las estimaciones oficiales.

A partir del año próximo se espera el ingreso de la primera ampliación de Fénix que en etapas sucesivas avanzará de las 20.000 tns actuales a un rango de entre 40.000 y 60.000 en 2025, con una inversión de US$ 640 millones. 

También a inicios de 2024 se prevé la puesta en marcha de Centenario Ratones, en Salta, cuya construcción a cargo de la empresa francesa Eramet se está concretando con una inversión de US$ 600 millones y una proyección de producción de 24.000 toneladas de LCE.

Sal de Oro, de la empresa surcoreana Posco, en el Salar del Hombre Muerto, Salta, también debería estar en condiciones de avanzar a fines de 2024 y 2025 en su etapa operativa con capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales.

Pero ese proyecto, además de prever el refinamiento del mineral para la obtención de carbonato prevé la construcción de una planta comercial de fosfato de litio y una planta comercial de hidróxido de litio, en el parque industrial de General Güemes, la que será la primera en su tipo en la Argentina.

También en Salta, el proyecto Mariana de la minera Ganfeng Lithium, prevé desarrollar a la par de producción de 20.000 toneladas de litio iniciales, un parque solar fuera de la red de 120 megavatios y 288 Mw de almacenamiento en baterías, con una inversión anunciada de US$ 600 millones.

A este cronograma se suma la planta de Salar Rincón donde la minera estadounidense Rio Tinto, avanza con el desarrollo de una inversión de US$ 190 millones para desarrollar una planta piloto y posterior planta comercial para una producción proyectada de carbonato de litio 25.000 toneladas.

Finalmente, y ya hacia 2026 culminaría la segunda ampliación de Mina Fénix, de forma que la capacidad instalada total del país alcanzaría las 259.500 toneladas LCE. 

Esos volúmenes tienen destino inicial de exportación pero no se descarta que la Nación y las provincias avancen en una legislación que permita orientar parte mínima de esa producción a la industrialización en las provincias, a través de los distintos proyectos trazados para la fabricación de baterías.

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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