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Justicia patriarcal: víctima de abuso en Chubut sufrió revictimización por el tribunal

Mediante un extenso escrito, las penalistas destacan que «ella (por M.S. de 26 años) declaró al momento de hacer la denuncia y se sometió a una pericia durante tres días de 6 horas cada jornada, ante 7 peritos de los defensores y la fiscalía, y debió responder más de 567 preguntas y a evaluaciones sobre su personalidad».

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Las abogadas que ejercieron la querella en el juicio que tuvo como acusados a tres jóvenes por abuso sexual grupal del que fueron absueltos el sábado, denunciaron este lunes que la víctima fue «maltratada por las juezas» Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini.

Mediante un extenso escrito, las penalistas destacan que «ella (por M.S. de 26 años) declaró al momento de hacer la denuncia y se sometió a una pericia durante tres días de 6 horas cada jornada, ante 7 peritos de los defensores y la fiscalía, y debió responder más de 567 preguntas y a evaluaciones sobre su personalidad».

Como contraste, según el escrito, «los imputados (Luciano Mallemaci, Exequiel Quintana y Leandro del Villar) jamás se sometieron a ninguna pericia ni respondieron a ninguna pregunta».

Además, señalaron un pacto de silencio entre los que asistieron a la fiesta en septiembre de 2012 en Playa Unión donde ocurrieron los hechos denunciados, en el que «todos los varones que tenían entre 16 y 22 años se ampararon en el tiempo para no recordar nada o algo que los beneficiara a ellos y a los imputados».

En cambio «todas las mujeres que declararon fueron sometidas a interrogatorios violentos por más de 2 horas» y cuando las abogadas se oponían «las juezas repetían: estas son las reglas del debate, debe responder».

Las letradas sostuvieron que «una testigo que se quejó ante las juezas porque las preguntas están hechas para tergiversar, y ante la pregunta de ¿por qué tengo que contestar eso? recibió como respuesta un ‘conteste señorita'».

«Ellos -los acusados- declararon ante las juezas y dijeron lo que quisieron sin responder a ninguna pregunta y también dijeron sus últimas palabras», afirmaron.

Como contrapartida, «ella (por M.S.) se presentó ante el tribunal para decir sus últimas palabras, para ser escuchada por primera vez ante las juezas. Pedimos que se retiraran los imputados de la sala. Los abogados se quejaron y las juezas deliberaron para decidir si hacían lugar a nuestro pedido cuando está expresamente establecido en la ley».

La abogadas consideran que «está más vigente que nunca en el proceso penal los estereotipos, la misoginia, la Iglesia, el clasismo, el patriarcado, todo en su máxima expresión».

«Escuchamos: ‘desahogo sexual’, ‘la vida sexual posterior es un indicio’, ‘si no se investiga la vida sexual de la que denuncia abuso no se puede hacer el juicio’, ‘como dice el Génesis’, ‘como dice Mateo 18′», reprodujeron las querellantes para graficar las frases alusivas a los defensores.

El juicio fue oral pero no público y se mantuvo bajo estricta reserva por disposición del tribunal, por lo que no se conocieron detalles del debate.

Sin embargo en el escrito difundido por las abogadas surge que la joven fue abusada mientras se encontraba afectada por la ingesta de alcohol.

En ese punto el texto de las abogadas indica que «todas las testigos afirmaron que ella, esa noche, estaba muy borracha, muy ebria, más borracha que todas, se tambaleaba, vomitó en la pieza, le lavábamos la cara en el baño».

También consignan que «seis profesionales de la salud que la atendieron desde 2012 hasta 2021, pediatra, psicólogas y psiquiatra, afirmaron que padece estrés postraumático producto del abuso sexual» a pesar de lo cual «las juezas sostuvieron que ella consintió».

En el final del escrito, las abogadas aseguraron que apelarán la sentencia: «El 28 de marzo se conocerán los fundamentos. El 11 de abril presentaremos la impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia», subrayaron.

También la fiscalía adelantó que apelará el fallo.

«María Bottini, integrante del equipo fiscal de juicio, manifestó su desacuerdo con el veredicto absolutorio y adelantó que impugnarán la sentencia», indicó hoy un comunicado del Ministerio Público Fiscal, en línea con lo que había informado el procurador general de la provincia este fin de semana.

«No estamos de acuerdo con el modo en que se interpretó la prueba, que lo fue sin perspectiva de género, sin la aplicación de los parámetros de la ley N° 26.485, la Convención de Belén do Pará y lo que establecen en consecuencia distintos fallos tanto nacionales como internacionales», aseguró Bottini.

Por otra parte, el análisis que hizo la Fiscalía en relación al consentimiento y la influencia del estado de ebriedad, no fue seguido por el tribunal y acusan a las juezas de «haber adherido a los planteos de la defensa».

Fuentes del tribunal que presidió el juicio confirmaron que la sentencia «está en plena etapa de redacción» y lo que se difundió es un extracto que fija la postura absolutoria.

Gremiales

Emova despidió a una trabajadora del subte por denunciar acoso sexual

La protesta, organizada por Metrodelegados junto al Comité por la Reincorporación de Araceli Pintos, integrado por organizaciones sociales, políticas y feministas, permitió el ingreso gratuito de los pasajeros durante la mañana de este lunes.

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Metrodelegados liberaron molinetes en la Línea B por el despido de una trabajadora que denunció acoso

★ Los trabajadores del subte liberaron este lunes los molinetes en la estación Federico Lacroze de la Línea B en una contundente medida de fuerza que exige la reincorporación inmediata de Araceli Pintos, empleada del área de limpieza de la concesionaria Emova S.A. que fue despedida luego de haber denunciado una situación de acoso sexual por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad durante su horario laboral.

La protesta, organizada por la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro (Metrodelegados) junto al Comité por la Reincorporación de Araceli, integrado por organizaciones sociales, políticas y feministas, permitió el ingreso gratuito de los pasajeros durante la mañana de este lunes, una herramienta habitual del sindicato para visibilizar sus reclamos sin afectar el bolsillo de los usuarios.

Un despido que huele a represalia

Según el comunicado firmado por el referente gremial Claudio Dellecarbonara, Pintos fue desvinculada luego de denunciar el acoso perpetrado por un policía de la Ciudad durante su jornada laboral, hecho que derivó además en episodios de violencia laboral por parte del personal jerárquico de la empresa. El gremio calificó el despido como «persecutorio, ilegal y discriminatorio» y advirtió que continuará peleando por la reincorporación de la trabajadora, exigiendo que Emova deje de encubrir a acosadores y violentos, según palabras del propio Dellecarbonara.

De acuerdo a datos publicados por el medio feminista Feminacida, Pintos tiene 27 años, es mamá soltera de dos hijas y trabajaba en el turno nocturno, de las 23.30 a las 5.30 de la madrugada, en la estación Federico Lacroze. Cuando fue despedida llevaba cuatro de los seis meses del período de prueba que exigía la empresa para quedar efectiva, y había esperado ocho años en la bolsa de trabajo para acceder al empleo.

La abogada Andrea Forgueras, que patrocina a Pintos, señaló que Emova tomó «la salida más fácil y cruel»: en lugar de investigar y sancionar al policía acosador y al superior jerárquico que ejerció violencia laboral, optó por despedir a la víctima durante el período de prueba, sin tomar medidas contra los responsables. Forgueras remarcó además que la empresa protegió con impunidad al agente acosador, negándose incluso a brindar su nombre, y que al intentar radicar una denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, le informaron a la trabajadora que no podían tomarla porque ya estaba despedida.

La empresa habla de «incumplimientos» y esquiva la denuncia

En un comunicado difundido este lunes, Emova rechazó cualquier vinculación del despido con la denuncia de acoso y aseguró que la medida de fuerza del gremio «responde a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas», añadiendo que «la empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación». La versión de la empresa contrasta con la del sindicato y con el contenido de las denuncias penales que ya tramitan ante la Justicia.

Proyectos legislativos y escalada del conflicto

El caso trascendió los límites del subte. Según publicó Feminacida, en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña se presentaron proyectos de repudio al accionar de Emova e impulsados por las diputadas Myriam Bregman y Andrea D’Atri, en los que se señaló el carácter ilegal y discriminatorio del despido y se exigió la reincorporación inmediata de la trabajadora.

Desde el gremio también recordaron que el caso de Pintos no es aislado: la delegada de la Línea D, Agustina Chávez, cuestionó que Emova sea la misma empresa que viene siendo denunciada por exponer a trabajadores y usuarios al asbesto, un material cancerígeno, señalando que la concesionaria antepone sus ganancias a la integridad de quienes trabajan o viajan en el subterráneo.

La medida de este lunes se suma a un historial de reclamos de los Metrodelegados por mejores condiciones de seguridad y la implementación de protocolos efectivos ante situaciones de violencia de género en la red de transporte. Los trabajadores advirtieron que, si no hay respuestas por parte de la concesionaria, el conflicto podría escalar con nuevas medidas de mayor alcance.

Puntos clave

  • Araceli Pintos, empleada de limpieza de Emova en la Línea B, fue despedida durante el período de prueba luego de denunciar acoso sexual por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad.
  • Los Metrodelegados liberaron los molinetes en Federico Lacroze este lunes 27 de abril, con apoyo de organizaciones feministas y sociales nucleadas en el Comité por la Reincorporación de Araceli.
  • El gremio calificó el despido como «persecutorio, ilegal y discriminatorio«; hay denuncias penales en curso ante la Justicia.
  • Emova sostiene que la desvinculación se debió a «incumplimientos» laborales y niega vinculación con la denuncia de acoso.
  • Diputadas Myriam Bregman y Andrea D’Atri presentaron proyectos de repudio al accionar de la empresa en el Congreso y la Legislatura porteña.
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