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Gremiales

Emova despidió a una trabajadora del subte por denunciar acoso sexual

La protesta, organizada por Metrodelegados junto al Comité por la Reincorporación de Araceli Pintos, integrado por organizaciones sociales, políticas y feministas, permitió el ingreso gratuito de los pasajeros durante la mañana de este lunes.

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Metrodelegados liberaron molinetes en la Línea B por el despido de una trabajadora que denunció acoso

★ Los trabajadores del subte liberaron este lunes los molinetes en la estación Federico Lacroze de la Línea B en una contundente medida de fuerza que exige la reincorporación inmediata de Araceli Pintos, empleada del área de limpieza de la concesionaria Emova S.A. que fue despedida luego de haber denunciado una situación de acoso sexual por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad durante su horario laboral.

La protesta, organizada por la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro (Metrodelegados) junto al Comité por la Reincorporación de Araceli, integrado por organizaciones sociales, políticas y feministas, permitió el ingreso gratuito de los pasajeros durante la mañana de este lunes, una herramienta habitual del sindicato para visibilizar sus reclamos sin afectar el bolsillo de los usuarios.

Un despido que huele a represalia

Según el comunicado firmado por el referente gremial Claudio Dellecarbonara, Pintos fue desvinculada luego de denunciar el acoso perpetrado por un policía de la Ciudad durante su jornada laboral, hecho que derivó además en episodios de violencia laboral por parte del personal jerárquico de la empresa. El gremio calificó el despido como «persecutorio, ilegal y discriminatorio» y advirtió que continuará peleando por la reincorporación de la trabajadora, exigiendo que Emova deje de encubrir a acosadores y violentos, según palabras del propio Dellecarbonara.

De acuerdo a datos publicados por el medio feminista Feminacida, Pintos tiene 27 años, es mamá soltera de dos hijas y trabajaba en el turno nocturno, de las 23.30 a las 5.30 de la madrugada, en la estación Federico Lacroze. Cuando fue despedida llevaba cuatro de los seis meses del período de prueba que exigía la empresa para quedar efectiva, y había esperado ocho años en la bolsa de trabajo para acceder al empleo.

La abogada Andrea Forgueras, que patrocina a Pintos, señaló que Emova tomó «la salida más fácil y cruel»: en lugar de investigar y sancionar al policía acosador y al superior jerárquico que ejerció violencia laboral, optó por despedir a la víctima durante el período de prueba, sin tomar medidas contra los responsables. Forgueras remarcó además que la empresa protegió con impunidad al agente acosador, negándose incluso a brindar su nombre, y que al intentar radicar una denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, le informaron a la trabajadora que no podían tomarla porque ya estaba despedida.

La empresa habla de «incumplimientos» y esquiva la denuncia

En un comunicado difundido este lunes, Emova rechazó cualquier vinculación del despido con la denuncia de acoso y aseguró que la medida de fuerza del gremio «responde a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas», añadiendo que «la empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación». La versión de la empresa contrasta con la del sindicato y con el contenido de las denuncias penales que ya tramitan ante la Justicia.

Proyectos legislativos y escalada del conflicto

El caso trascendió los límites del subte. Según publicó Feminacida, en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña se presentaron proyectos de repudio al accionar de Emova e impulsados por las diputadas Myriam Bregman y Andrea D’Atri, en los que se señaló el carácter ilegal y discriminatorio del despido y se exigió la reincorporación inmediata de la trabajadora.

Desde el gremio también recordaron que el caso de Pintos no es aislado: la delegada de la Línea D, Agustina Chávez, cuestionó que Emova sea la misma empresa que viene siendo denunciada por exponer a trabajadores y usuarios al asbesto, un material cancerígeno, señalando que la concesionaria antepone sus ganancias a la integridad de quienes trabajan o viajan en el subterráneo.

La medida de este lunes se suma a un historial de reclamos de los Metrodelegados por mejores condiciones de seguridad y la implementación de protocolos efectivos ante situaciones de violencia de género en la red de transporte. Los trabajadores advirtieron que, si no hay respuestas por parte de la concesionaria, el conflicto podría escalar con nuevas medidas de mayor alcance.

Puntos clave

  • Araceli Pintos, empleada de limpieza de Emova en la Línea B, fue despedida durante el período de prueba luego de denunciar acoso sexual por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad.
  • Los Metrodelegados liberaron los molinetes en Federico Lacroze este lunes 27 de abril, con apoyo de organizaciones feministas y sociales nucleadas en el Comité por la Reincorporación de Araceli.
  • El gremio calificó el despido como «persecutorio, ilegal y discriminatorio«; hay denuncias penales en curso ante la Justicia.
  • Emova sostiene que la desvinculación se debió a «incumplimientos» laborales y niega vinculación con la denuncia de acoso.
  • Diputadas Myriam Bregman y Andrea D’Atri presentaron proyectos de repudio al accionar de la empresa en el Congreso y la Legislatura porteña.

CABA

“Basta de trabajadores detenidos por protestar”: CGT y CTA salieron a bancar a los metrodelegados

Las centrales obreras, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos y gremios como ATE repudiaron la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia. Coincidieron en que el Gobierno porteño de Jorge Macri responde con policía y fiscales a un reclamo laboral, y en que criminalizar la protesta vulnera la libertad sindical.

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El Argentino Diario-Metrodelegados-Dellacarbonara-Subte-Emova.
Jorge Macri llamó “mafiosos” a los delegados y las centrales obreras respondieron: detener a un gremialista es perseguir la acción sindical.

“Basta de trabajadores detenidos por protestar”. Con ese reclamo, la CGT salió a plantarse frente a una detención que el movimiento obrero y los organismos de derechos humanos leen como un avance directo sobre la libertad sindical, y exigió la liberación inmediata de dos delegados del subte porteño.

Los detenidos son Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), arrestados por la Policía de la Ciudad durante una medida de protesta sindical. La central obrera señaló a la fiscal Celsa Ramírez como quien instrumentó las detenciones y las calificó como “arbitrarias e injustificadas”.

El repudio de la CGT y las CTA

En su comunicado, la CGT sostuvo que “detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros es criminalizar la protesta y perseguir la acción sindical”. Agregó que se trata de un hecho de “extrema gravedad” que “no puede naturalizarse en una democracia”.

La central recordó que el reclamo de los trabajadores del subte apunta a la presencia de empresas tercerizadas que realizan tareas que les corresponden y a una sanción que consideran injusta contra un compañero. “Son reclamos legítimos de la clase trabajadora”, afirmó, y responsabilizó a la empresa y al Gobierno de la Ciudad por la escalada del conflicto. También señaló que la libertad sindical está garantizada por la Constitución Nacional y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma emitieron comunicados propios y exigieron la liberación de los delegados. La CTA Autónoma denunció “el ejercicio de la criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas policiales de Jorge Macri”, mientras que la CTA de los Trabajadores sostuvo que “la persecución y la represión a quienes defienden la dignidad laboral no son el camino para la resolución de los conflictos gremiales”.

Derechos humanos y estatales se suman al reclamo

La Mesa de Organismos de Derechos Humanos, integrada, entre otras entidades, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, expresó su “total repudio”. Denunció un hecho “ilegal y arbitrario” y advirtió que “la protesta es un derecho humano reconocido constitucionalmente que debe ser respetado sin condicionamientos ni exclusiones de ningún tipo”.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la detención como ilegal y dijo que los delegados fueron arrestados “en medio de una protesta pacífica”. Sostuvo que se vulnera el derecho constitucional a la huelga y cerró con una consigna: “Luchar no es delito”. También se pronunciaron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el CELS e H.I.J.O.S. Capital.

Un Gobierno porteño que responde con el Código Penal

Las detenciones fueron respaldadas por el propio jefe de Gobierno porteño. Jorge Macri sostuvo este martes que “el que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas” y habló de “extorsiones mafiosas”, mientras el servicio de subte y Premetro permanecía paralizado. El mensaje convirtió un conflicto laboral en un asunto de “ley y orden”, sin una sola referencia al reclamo de fondo.

No es la primera vez. En junio de 2024, tras un paro escalonado motivado por la suspensión de Dellecarbonara por parte de Emova, el Gobierno de la Ciudad denunció penalmente a la AGTSyP y Macri habló de “toma de rehenes”. La receta se repite: ante el conflicto gremial, denuncia penal y policía antes que negociación.

Según trascendió, el delegado Néstor Segovia fue notificado de la formación de una causa por resistencia a la autoridad y quedó en libertad. Los demás detenidos, acusados de resistencia a la autoridad y entorpecimiento del trabajo policial, esperaban en el Centro de Alojamiento de Detenidos de Chacarita lo que dispusiera la Fiscalía, y debían enfrentar la audiencia de intimación de los hechos el miércoles 21 de octubre.

Lo que tenés que saber:

  • La CGT repudió la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia y exigió su liberación inmediata.
  • La CGT señaló a la fiscal Celsa Ramírez como instrumentadora de los arrestos.
  • La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, ATE, el CELS, H.I.J.O.S. Capital y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos se sumaron al repudio.
  • Jorge Macri respaldó las detenciones: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”.
  • Según trascendió, Segovia fue liberado y los demás detenidos debían enfrentar una audiencia de intimación el miércoles 21 de octubre.
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