Libertad de prensa
Ya van siete días: el Gobierno sigue sin levantar el veto a la prensa en Casa Rosada
El Poder Ejecutivo mantiene sin modificaciones la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en Balcarce 50. El próximo jueves se cumple una semana de la medida, que el oficialismo continúa justificando como «preventiva» ante la causa penal por presunto espionaje ilegal.
A una semana del veto, Milei sostiene la exclusión de toda la prensa acreditada en la Rosada
★ El gobierno del presidente Javier Milei mantuvo este lunes la prohibición del ingreso de los periodistas acreditados a la Casa de Gobierno, sin anunciar plazos para su levantamiento ni ofrecer explicaciones adicionales a las ya conocidas. El próximo jueves se cumplirá una semana de la decisión, que desde Balcarce 50 siguen encuadrando como una medida estrictamente «preventiva».
La restricción, que abarca a la totalidad de los cronistas acreditados en la sede del poder ejecutivo, se tomó luego de que la Casa Militar presentara una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN) por presunto espionaje ilegal, tras la difusión de un informe televisivo que mostraba recorridos por pasillos e interiores del palacio de gobierno. Fuentes del Gobierno justificaron el veto general argumentando que el material podría derivar en una causa por espionaje y que la medida se mantendrá hasta que la situación judicial se esclarezca.
Sin plazos ni garantías para la prensa
A siete días de iniciada la restricción, el oficialismo no fijó una fecha de levantamiento ni habilitó canales para que los periodistas afectados pudieran impugnar la decisión. La postura oficial se limita a reiterar el carácter «preventivo» de la medida, sin precisar qué condiciones deberían cumplirse para restituir los accesos. La ausencia de un criterio objetivo y la falta de un procedimiento formal convierte la prohibición en un acto discrecional, sin plazos, sin tribunal y sin derecho a réplica para los trabajadores de prensa afectados.
Un escalonamiento progresivo
La medida de este jueves pasado no surgió de la nada. Como informó este medio el 6 de abril, el Gobierno ya había vedado el ingreso de periodistas de siete medios de comunicación, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, FM La Patriada y Tiempo Argentino, bajo el pretexto de su presunta vinculación con la llamada «trama rusa», una supuesta campaña de espionaje del grupo «La Compañía» para desacreditar a la administración libertaria. Aquella medida, que también se extendió a la Cámara de Diputados bajo la presidencia de Martín Menem, fue resistida por el Senado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se negó a replicarla.
Lo que entonces fue una restricción selectiva por medio se convirtió, el jueves 23 de abril, en un veto universal: ningún periodista acreditado puede ingresar a la Casa Rosada, independientemente del medio que represente o de cualquier vínculo con las causas invocadas. La ampliación del alcance de la medida evidencia una lógica de escalada que ya no requiere pretextos individualizados.
El timing y los escándalos que el veto apaga
La consolidación del veto a la prensa se produce en una coyuntura de particular exposición para el Gobierno. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta investigaciones judiciales paralelas por presunto enriquecimiento ilícito y por su rol en la causa $LIBRA, el fraude con criptomonedas que salpica directamente al presidente Milei, quien ya fue citado a indagatoria. A eso se suma la polémica por los créditos millonarios del Banco de la Nación Argentina a legisladores, funcionarios y militantes de La Libertad Avanza, un esquema que el propio oficialismo debió salir a defender públicamente ante el creciente escándalo.
En ese contexto, el cierre de las puertas de la Casa Rosada a la totalidad de la prensa acreditada no puede leerse solo como una respuesta al incidente de TN. La cronología sugiere otra cosa: una administración acorralada por causas judiciales y escándalos en cascada que encuentra en la restricción informativa una herramienta para administrar el daño.
Puntos clave
- El Gobierno de Milei mantiene al lunes 28 de abril la prohibición total de ingreso a la prensa acreditada en Casa Rosada, sin fijar plazos ni condiciones para su levantamiento.
- El próximo jueves se cumple una semana de la medida, que el oficialismo justifica como «preventiva» ante la causa penal por presunto espionaje ilegal contra periodistas de TN.
- La restricción actual es la culminación de un proceso escalonado: el 6 de abril el Gobierno ya había vedado el acceso a cronistas de siete medios, invocando la supuesta «trama rusa».
- La prohibición carece de plazo, procedimiento de impugnación formal y criterio objetivo para su levantamiento, lo que la convierte en una medida de facto discrecional.
- El veto se sostiene mientras el Gobierno enfrenta investigaciones activas por la causa $LIBRA, el Banco Nación, el caso Adorni y la indagatoria al presidente.
Libertad de prensa
Milei llamó “mierda humana” a Novaresio y ADEPA le recordó el límite
La entidad de editores rechazó una nueva serie de agravios presidenciales en X contra nueve periodistas de La Nación, Clarín, Infobae, TN, A24 y C5N. Recordó que quien gobierna puede replicar, incluso con dureza, pero no insultar.
“Alguien debería explicarle a la MIERDA HUMANA de MIERDANECIO que un RT no te hace autor del tweet”. Así, en mayúsculas y desde su cuenta de X, el Presidente de la Nación se dirigió a un periodista. La respuesta institucional llegó un día después: para la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, quien gobierna tiene derecho a responder a la crítica, pero el insulto erosiona el debate democrático.
ADEPA difundió este martes un comunicado en el que lamentó y rechazó «una nueva serie de agravios proferidos por el presidente Javier Milei contra periodistas, columnistas y directivos de medios de comunicación a través de publicaciones en la red social X». El caso más resonante fue el de Luis Novaresio, conductor del canal A24, pero la entidad registró ataques contra otros ocho profesionales de la prensa en los últimos días.
Cómo empezó el cruce
El episodio arrancó el lunes, cuando Novaresio analizó en su programa de A24 unas declaraciones del canciller Pablo Quirno sobre el resultado de la primera vuelta en Brasil, en la que se impuso Flávio Bolsonaro, el candidato que respalda Milei. Mientras un columnista repasaba los dichos en los que el canciller celebró los triunfos de la derecha en la región, el conductor lanzó: «¿Tanto le piden Dr. Quirno? ¿Tanta obsecuencia le piden Dr. Quirno?».
Quirno le contestó en X: «No soy Doctor. No se peleen con los datos. Abrazo». Ya en el cierre del programa, Novaresio invitó al canciller a su espacio y aludió a los insultos de un posteo que el funcionario había compartido. Con ironía, sostuvo que «cuando uno retuitea hace propio lo que retuitea».
Ahí entró en escena el Presidente. «Alguien debería explicarle a la MIERDA HUMANA de MIERDANECIO que un RT no te hace autor del tweet. El imbécil se supone que es abogado y debería saber que el RT trabaja como cita. Si de lo que estudió el idiota no sabe, qué se puede esperar del resto de los temas», publicó. En otro mensaje, al citar el posteo de Quirno, escribió: «ATENDIENDO A LA MIERDA HUMANA DE MANDRILESIO Y SU DESPRECIO POR LA REALIDAD. PRIMERO LOS DATOS, ESTÚPIDO. CIAO!». El asesor presidencial Santiago Caputo también se sumó a los cuestionamientos contra el conductor.
Lo que dijo ADEPA
«ADEPA lamenta tener que volver a destacar algo que ha sostenido desde siempre. Quien gobierna, y es objeto de crítica, o considera que la información de un acto de gobierno es errónea, incorrecta o incluso pueda evaluarla como sesgada, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano de nuestra república: ejercer su crítica, aclaración o desmentida, incluso en tono enérgico y vehemente», señaló la entidad.
Y marcó la diferencia: «Lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio, que afectan no sólo al destinatario identificado, sino al conjunto del cuerpo social». Para cerrar, recordó que «la libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones sobre quienes ejercen el poder» y que «la réplica ha sido concebida para responder pero no para avalar los ataques personales».
El comunicado enumeró a los destinatarios de los agravios presidenciales de los últimos días: Fernán Saguier, Carlos Pagni, Jorge Liotti y Joaquín Morales Solá, de La Nación; María Eugenia Duffard, de Infobae; Jesica Bossi, de TN y Clarín; Luis Novaresio, de A24; Eduardo van der Kooy, de Clarín; y Gustavo Sylvestre, de C5N. Son nueve periodistas de seis medios distintos, con líneas editoriales muy diferentes entre sí: el blanco no es un medio, es la prensa que no aplaude.
Novaresio eligió no contestar
El conductor evitó responder en los mismos términos. En su columna del programa De boca en boca, por Radio 2 de Rosario, reflexionó: «La escasez de ideas para una pelea y la falta de respeto es terrible. No me quiero hacer el interesante y todo esto, pero no tengo ningún comentario para hacer». Y explicó su criterio: «Yo habitualmente he tomado una posición que es que cuando hay algo muy personal o algo que se dice exclusivamente a mí, no me gusta refutar».
Un patrón, no un exabrupto
No es la primera vez que Novaresio queda en la mira presidencial. En febrero de este año, Milei ya lo había atacado en X con el apodo «Ensobraresio» y lo acusó de mentir. Y hace pocos días, el mandatario trató de «zurda inmunda» y «basura corrupta» a María Eugenia Duffard tras una entrevista que la periodista le hizo a Máximo Kirchner, lo que llevó a la exdiputada Elisa Carrió a denunciarlo penalmente por abuso de autoridad y a pedir la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).
En septiembre, durante su 64ª Asamblea General en San Miguel de Tucumán, ADEPA presentó su Informe de Libertad de Prensa, que documentó entre otros episodios una exposición de Milei ante alumnos de la Escuela ORT en la que el Presidente alentó un abucheo colectivo contra los periodistas presentes. «El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia», señaló entonces la entidad.
El contexto suma otra señal de alarma. El proyecto oficial de «Defensa de la Soberanía Nacional», que se debate en Diputados, propone penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta o con financiamiento extranjero, busquen «manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva». El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que esa figura «presenta un riesgo cierto para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión». Un gobierno que insulta a los periodistas desde la cuenta presidencial impulsa al mismo tiempo penas de prisión por campañas de desinformación, con una figura que las entidades del periodismo consideran ambigua.
Lo que tenés que saber:
- Milei insultó en X a Luis Novaresio, conductor de A24, tras sus críticas al canciller Pablo Quirno.
- ADEPA rechazó una nueva serie de agravios presidenciales contra nueve periodistas de La Nación, Infobae, TN, Clarín, A24 y C5N.
- La entidad sostuvo que quien gobierna puede criticar, aclarar o desmentir, pero que el insulto y el agravio erosionan el debate democrático.
- Novaresio evitó responder: «No tengo ningún comentario para hacer», dijo en Radio 2.
- Hace pocos días, Elisa Carrió denunció penalmente a Milei por sus insultos a la periodista María Eugenia Duffard.
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