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Libertad de prensa

Ya van siete días: el Gobierno sigue sin levantar el veto a la prensa en Casa Rosada

El Poder Ejecutivo mantiene sin modificaciones la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en Balcarce 50. El próximo jueves se cumple una semana de la medida, que el oficialismo continúa justificando como «preventiva» ante la causa penal por presunto espionaje ilegal.

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El Argentino Diario-Casa Rosada-Casa de Gobierno-Presidencia.

A una semana del veto, Milei sostiene la exclusión de toda la prensa acreditada en la Rosada

★ El gobierno del presidente Javier Milei mantuvo este lunes la prohibición del ingreso de los periodistas acreditados a la Casa de Gobierno, sin anunciar plazos para su levantamiento ni ofrecer explicaciones adicionales a las ya conocidas. El próximo jueves se cumplirá una semana de la decisión, que desde Balcarce 50 siguen encuadrando como una medida estrictamente «preventiva».

La restricción, que abarca a la totalidad de los cronistas acreditados en la sede del poder ejecutivo, se tomó luego de que la Casa Militar presentara una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN) por presunto espionaje ilegal, tras la difusión de un informe televisivo que mostraba recorridos por pasillos e interiores del palacio de gobierno. Fuentes del Gobierno justificaron el veto general argumentando que el material podría derivar en una causa por espionaje y que la medida se mantendrá hasta que la situación judicial se esclarezca.

Sin plazos ni garantías para la prensa

A siete días de iniciada la restricción, el oficialismo no fijó una fecha de levantamiento ni habilitó canales para que los periodistas afectados pudieran impugnar la decisión. La postura oficial se limita a reiterar el carácter «preventivo» de la medida, sin precisar qué condiciones deberían cumplirse para restituir los accesos. La ausencia de un criterio objetivo y la falta de un procedimiento formal convierte la prohibición en un acto discrecional, sin plazos, sin tribunal y sin derecho a réplica para los trabajadores de prensa afectados.

Un escalonamiento progresivo

La medida de este jueves pasado no surgió de la nada. Como informó este medio el 6 de abril, el Gobierno ya había vedado el ingreso de periodistas de siete medios de comunicación, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, FM La Patriada y Tiempo Argentino, bajo el pretexto de su presunta vinculación con la llamada «trama rusa», una supuesta campaña de espionaje del grupo «La Compañía» para desacreditar a la administración libertaria. Aquella medida, que también se extendió a la Cámara de Diputados bajo la presidencia de Martín Menem, fue resistida por el Senado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se negó a replicarla.

Lo que entonces fue una restricción selectiva por medio se convirtió, el jueves 23 de abril, en un veto universal: ningún periodista acreditado puede ingresar a la Casa Rosada, independientemente del medio que represente o de cualquier vínculo con las causas invocadas. La ampliación del alcance de la medida evidencia una lógica de escalada que ya no requiere pretextos individualizados.

El timing y los escándalos que el veto apaga

La consolidación del veto a la prensa se produce en una coyuntura de particular exposición para el Gobierno. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta investigaciones judiciales paralelas por presunto enriquecimiento ilícito y por su rol en la causa $LIBRA, el fraude con criptomonedas que salpica directamente al presidente Milei, quien ya fue citado a indagatoria. A eso se suma la polémica por los créditos millonarios del Banco de la Nación Argentina a legisladores, funcionarios y militantes de La Libertad Avanza, un esquema que el propio oficialismo debió salir a defender públicamente ante el creciente escándalo.

En ese contexto, el cierre de las puertas de la Casa Rosada a la totalidad de la prensa acreditada no puede leerse solo como una respuesta al incidente de TN. La cronología sugiere otra cosa: una administración acorralada por causas judiciales y escándalos en cascada que encuentra en la restricción informativa una herramienta para administrar el daño.

Puntos clave

  • El Gobierno de Milei mantiene al lunes 28 de abril la prohibición total de ingreso a la prensa acreditada en Casa Rosada, sin fijar plazos ni condiciones para su levantamiento.
  • El próximo jueves se cumple una semana de la medida, que el oficialismo justifica como «preventiva» ante la causa penal por presunto espionaje ilegal contra periodistas de TN.
  • La restricción actual es la culminación de un proceso escalonado: el 6 de abril el Gobierno ya había vedado el acceso a cronistas de siete medios, invocando la supuesta «trama rusa».
  • La prohibición carece de plazo, procedimiento de impugnación formal y criterio objetivo para su levantamiento, lo que la convierte en una medida de facto discrecional.
  • El veto se sostiene mientras el Gobierno enfrenta investigaciones activas por la causa $LIBRA, el Banco Nación, el caso Adorni y la indagatoria al presidente.

Gremiales

La CGT advirtió que Milei hace lo que ni la dictadura hizo: prohibir la prensa en Casa Rosada

La central obrera calificó de «extrema gravedad institucional» la prohibición del Gobierno de Milei al ingreso de periodistas a Casa Rosada y advirtió que ni en los años más oscuros de la dictadura militar se tomaron medidas de ese calibre. Es el tercer episodio de censura a la prensa en menos de un mes.

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La CGT repudió la censura a la prensa: «Silencian a la prensa en este circo sin pan»

★ La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este viernes la prohibición del Poder Ejecutivo Nacional al ingreso de periodistas a la Casa Rosada y, mediante un comunicado oficial, denunció que el Gobierno de Javier Milei «silencia a la prensa en este circo sin pan». La central obrera, conducida por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, sostuvo que la medida «atenta sensiblemente contra la democracia y el derecho a informarse de las y los argentinos».

La medida se enmarca en una ofensiva sistemática del oficialismo contra la prensa crítica que, como informó este medio, se inició a principios de abril con la revocación de acreditaciones a periodistas de medios señalados por el Gobierno en el marco de una supuesta «trama rusa», y se profundizó el 23 de abril cuando la Casa Militar presentó una denuncia penal contra periodistas de TN por grabar en los pasillos del palacio de gobierno, lo que derivó en la revocación de las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados.

«Ni en los años más oscuros de la dictadura»

El texto del comunicado de la central obrera fue contundente al establecer un horizonte histórico de referencia. «La restricción al acceso de las y los trabajadores de prensa a la sede del Poder Ejecutivo constituye un ataque directo a la libertad de expresión y socava el derecho de toda la sociedad a conocer y controlar los actos de Gobierno», remarcó la CGT. Y fue más lejos: «Prácticas de este calibre no han sido puestas en marcha ni en los años más oscuros de la dictadura militar y configuran un retroceso preocupante».

La comparación con la última dictadura cívico-militar, cuyo gobierno de facto controló, censuró y desapareció periodistas entre 1976 y 1983, adquiere un peso singular cuando proviene de una organización con la historia política de la CGT, que sufrió de manera directa la persecución del terrorismo de Estado.

Solidaridad con los trabajadores de prensa

La central obrera expresó además su solidaridad con «los trabajadores de prensa» y subrayó «la gravedad de avanzar en medidas que restringen derechos fundamentales» y que «tienden a silenciar voces críticas». La CGT remarcó que, en el contexto actual, el pluralismo y la circulación libre de información «resultan indispensables para la vida democrática».

Tercer episodio en menos de un mes

El repudio de la CGT se suma al que formularon, el 6 de abril, los diputados nacionales de Unión por la Patria que integran la Comisión de Libertad de Expresión, quienes presentaron un proyecto de resolución titulado «La Censura Avanza», exigiendo la revocación inmediata de las acreditaciones suspendidas. En aquella ocasión, la medida oficial se justificó con la supuesta vinculación de varios medios a una red de desinformación financiada por Rusia, una acusación que la propia editora de openDemocracy, el medio que publicó el informe original, relativizó al admitir que no había pruebas de que los pagos se hubieran efectivizado.

Semanas después, el segundo episodio se produjo cuando el presidente Milei, desde Israel, calificó a los periodistas de TN como «basuras repugnantes» y «delincuentes» en sus redes sociales, según reprodujo La Nación, luego de que la Casa Militar radicara la denuncia penal contra los cronistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno. La causa recayó en el juez federal Ariel Lijo y se encuadra en los artículos 222 y 223 del Código Penal, que prevén penas de hasta seis años de prisión.

La restricción, en un contexto de escandalos oficiales

El patrón de censura se profundiza en un momento de particular fragilidad para el oficialismo. El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La causa $LIBRA salpica al propio Milei, quien fue formalmente indagado. El Banco Nación otorgó créditos millonarios a legisladores, funcionarios y militantes de La Libertad Avanza en operaciones que concentran sospechas de irregularidades. En ese marco, la restricción al periodismo acreditado en la sede del Ejecutivo no puede leerse como una medida de seguridad: opera como un mecanismo de control de la información en el momento en que esa información resulta políticamente más costosa para el Gobierno.

Puntos clave

  • La CGT repudió la prohibición del Gobierno al ingreso de periodistas a Casa Rosada y la calificó de «extrema gravedad institucional».
  • La central obrera sostuvo que «ni en los años más oscuros de la dictadura militar» se aplicaron medidas similares.
  • Es el tercer episodio de censura a la prensa en menos de un mes, tras la suspensión de acreditaciones por la «trama rusa» y la denuncia penal contra periodistas de TN.
  • El comunicado fue firmado por la conducción tripartita de la CGT: Argüello, Sola y Jerónimo.
  • La ofensiva contra la prensa se produce en simultáneo con causas judiciales abiertas que comprometen a funcionarios clave del Gobierno, incluido el propio presidente.

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