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La CGT advirtió que Milei hace lo que ni la dictadura hizo: prohibir la prensa en Casa Rosada

La central obrera calificó de «extrema gravedad institucional» la prohibición del Gobierno de Milei al ingreso de periodistas a Casa Rosada y advirtió que ni en los años más oscuros de la dictadura militar se tomaron medidas de ese calibre. Es el tercer episodio de censura a la prensa en menos de un mes.

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La CGT repudió la censura a la prensa: «Silencian a la prensa en este circo sin pan»

★ La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este viernes la prohibición del Poder Ejecutivo Nacional al ingreso de periodistas a la Casa Rosada y, mediante un comunicado oficial, denunció que el Gobierno de Javier Milei «silencia a la prensa en este circo sin pan». La central obrera, conducida por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, sostuvo que la medida «atenta sensiblemente contra la democracia y el derecho a informarse de las y los argentinos».

La medida se enmarca en una ofensiva sistemática del oficialismo contra la prensa crítica que, como informó este medio, se inició a principios de abril con la revocación de acreditaciones a periodistas de medios señalados por el Gobierno en el marco de una supuesta «trama rusa», y se profundizó el 23 de abril cuando la Casa Militar presentó una denuncia penal contra periodistas de TN por grabar en los pasillos del palacio de gobierno, lo que derivó en la revocación de las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados.

«Ni en los años más oscuros de la dictadura»

El texto del comunicado de la central obrera fue contundente al establecer un horizonte histórico de referencia. «La restricción al acceso de las y los trabajadores de prensa a la sede del Poder Ejecutivo constituye un ataque directo a la libertad de expresión y socava el derecho de toda la sociedad a conocer y controlar los actos de Gobierno», remarcó la CGT. Y fue más lejos: «Prácticas de este calibre no han sido puestas en marcha ni en los años más oscuros de la dictadura militar y configuran un retroceso preocupante».

La comparación con la última dictadura cívico-militar, cuyo gobierno de facto controló, censuró y desapareció periodistas entre 1976 y 1983, adquiere un peso singular cuando proviene de una organización con la historia política de la CGT, que sufrió de manera directa la persecución del terrorismo de Estado.

Solidaridad con los trabajadores de prensa

La central obrera expresó además su solidaridad con «los trabajadores de prensa» y subrayó «la gravedad de avanzar en medidas que restringen derechos fundamentales» y que «tienden a silenciar voces críticas». La CGT remarcó que, en el contexto actual, el pluralismo y la circulación libre de información «resultan indispensables para la vida democrática».

Tercer episodio en menos de un mes

El repudio de la CGT se suma al que formularon, el 6 de abril, los diputados nacionales de Unión por la Patria que integran la Comisión de Libertad de Expresión, quienes presentaron un proyecto de resolución titulado «La Censura Avanza», exigiendo la revocación inmediata de las acreditaciones suspendidas. En aquella ocasión, la medida oficial se justificó con la supuesta vinculación de varios medios a una red de desinformación financiada por Rusia, una acusación que la propia editora de openDemocracy, el medio que publicó el informe original, relativizó al admitir que no había pruebas de que los pagos se hubieran efectivizado.

Semanas después, el segundo episodio se produjo cuando el presidente Milei, desde Israel, calificó a los periodistas de TN como «basuras repugnantes» y «delincuentes» en sus redes sociales, según reprodujo La Nación, luego de que la Casa Militar radicara la denuncia penal contra los cronistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno. La causa recayó en el juez federal Ariel Lijo y se encuadra en los artículos 222 y 223 del Código Penal, que prevén penas de hasta seis años de prisión.

La restricción, en un contexto de escandalos oficiales

El patrón de censura se profundiza en un momento de particular fragilidad para el oficialismo. El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La causa $LIBRA salpica al propio Milei, quien fue formalmente indagado. El Banco Nación otorgó créditos millonarios a legisladores, funcionarios y militantes de La Libertad Avanza en operaciones que concentran sospechas de irregularidades. En ese marco, la restricción al periodismo acreditado en la sede del Ejecutivo no puede leerse como una medida de seguridad: opera como un mecanismo de control de la información en el momento en que esa información resulta políticamente más costosa para el Gobierno.

Puntos clave

  • La CGT repudió la prohibición del Gobierno al ingreso de periodistas a Casa Rosada y la calificó de «extrema gravedad institucional».
  • La central obrera sostuvo que «ni en los años más oscuros de la dictadura militar» se aplicaron medidas similares.
  • Es el tercer episodio de censura a la prensa en menos de un mes, tras la suspensión de acreditaciones por la «trama rusa» y la denuncia penal contra periodistas de TN.
  • El comunicado fue firmado por la conducción tripartita de la CGT: Argüello, Sola y Jerónimo.
  • La ofensiva contra la prensa se produce en simultáneo con causas judiciales abiertas que comprometen a funcionarios clave del Gobierno, incluido el propio presidente.

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La motosierra libertaria llega a los bosques: retiros voluntarios en Parques Nacionales

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la APN. Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei.

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La motosierra avanza sobre los bosques: cómo el ajuste vacía la Administración de Parques Nacionales.

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN). Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei. Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a futuros reclamos y no podrán reincorporarse al sector público por cinco años.

La gestión de Javier Milei extendió su programa de reducción del empleo estatal a la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Manuel Adorni. A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo abrió un régimen de retiro voluntario para los agentes de planta permanente amparados por el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).

La medida se enmarca en la política oficial de «centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado», según la propia letra de la resolución. En términos concretos, implica que cada puesto que quede vacante por adhesión al retiro será eliminado de forma definitiva: los cargos no se cubrirán.

Quiénes pueden adherir y quiénes quedan afuera

Para acceder al programa, los trabajadores deben contar con al menos dos años de antigüedad en el organismo. Sin embargo, la resolución establece un amplio listado de exclusiones: quedan fuera quienes tengan sumarios administrativos en curso con riesgo de cesantía o exoneración, procesos penales vinculados a delitos contra la administración pública, litigios laborales activos contra el Estado, beneficios previsionales ya acordados o renuncias pendientes de aceptación.

La norma también excluye expresamente al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, lo que sugiere que el objetivo del ajuste apunta al personal técnico-administrativo que sostiene el funcionamiento cotidiano del organismo, más que al personal de campo que realiza tareas de conservación y control en terreno.

Topes por edad y condiciones de egreso

La resolución fijó límites precisos para los trabajadores de mayor edad: quienes tengan entre 61 y 63 años recibirán una compensación con un tope de 24 salarios brutos, mientras que para los de 64 años o más el máximo se reduce a 12 haberes. Los montos correspondientes a vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional se liquidarán por separado.

Uno de los aspectos más significativos del esquema es la renuncia que se exige como condición de ingreso: quienes adhieran deberán resignar expresamente todo reclamo administrativo o judicial vinculado a su relación laboral con el Estado. Además, quedarán inhabilitados para reincorporarse al sector público nacional durante cinco años, bajo cualquier modalidad de contratación. La única excepción contemplada son los cargos docentes en universidades nacionales.

Un organismo que custodia el patrimonio natural del país

La Administración de Parques Nacionales es un ente autárquico creado por la Ley N° 22.351, cuya misión es proteger y conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas del país. Administra más de cuarenta áreas protegidas que abarcan ecosistemas de valor estratégico, desde la Puna hasta la Patagonia y la Antártida. El ajuste de su planta genera preocupación entre organizaciones ambientales y sindicales, que advierten sobre el posible desmantelamiento de la estructura técnica que sostiene ese trabajo.

La implementación operativa del programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar los formularios de adhesión, verificar los requisitos y elevar los expedientes para su aprobación definitiva. Toda acta de desvinculación deberá ser comunicada de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública) y a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.

Un patrón que se repite en el Estado

El retiro voluntario en Parques Nacionales no es un hecho aislado. La gestión Milei aplicó mecanismos similares en otros organismos estatales a lo largo de 2025 y 2026, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y diversas dependencias del extinto Ministerio de Capital Humano, en el marco del proceso de reducción de la planta del Estado que acompaña el ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos del propio Gobierno, el gasto primario total acumuló una caída real del 31% desde diciembre de 2023.

Puntos clave

  • La Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, habilita retiros voluntarios para el personal de planta permanente de la APN con al menos dos años de antigüedad.
  • Cada puesto que quede vacante por adhesión será eliminado de forma definitiva, sin reemplazo.
  • Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a todo reclamo laboral y no podrán volver al sector público por cinco años.
  • Quedan excluidos del programa los Guardaparques Nacionales y quienes tengan procesos disciplinarios o judiciales en curso.
  • La medida forma parte de la política de reducción del Estado que impulsa la gestión Milei en el marco de las metas acordadas con el FMI.

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