Gremiales
La CGT advirtió que Milei hace lo que ni la dictadura hizo: prohibir la prensa en Casa Rosada
La central obrera calificó de «extrema gravedad institucional» la prohibición del Gobierno de Milei al ingreso de periodistas a Casa Rosada y advirtió que ni en los años más oscuros de la dictadura militar se tomaron medidas de ese calibre. Es el tercer episodio de censura a la prensa en menos de un mes.
La CGT repudió la censura a la prensa: «Silencian a la prensa en este circo sin pan»
★ La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este viernes la prohibición del Poder Ejecutivo Nacional al ingreso de periodistas a la Casa Rosada y, mediante un comunicado oficial, denunció que el Gobierno de Javier Milei «silencia a la prensa en este circo sin pan». La central obrera, conducida por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, sostuvo que la medida «atenta sensiblemente contra la democracia y el derecho a informarse de las y los argentinos».
La medida se enmarca en una ofensiva sistemática del oficialismo contra la prensa crítica que, como informó este medio, se inició a principios de abril con la revocación de acreditaciones a periodistas de medios señalados por el Gobierno en el marco de una supuesta «trama rusa», y se profundizó el 23 de abril cuando la Casa Militar presentó una denuncia penal contra periodistas de TN por grabar en los pasillos del palacio de gobierno, lo que derivó en la revocación de las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados.
«Ni en los años más oscuros de la dictadura»
El texto del comunicado de la central obrera fue contundente al establecer un horizonte histórico de referencia. «La restricción al acceso de las y los trabajadores de prensa a la sede del Poder Ejecutivo constituye un ataque directo a la libertad de expresión y socava el derecho de toda la sociedad a conocer y controlar los actos de Gobierno», remarcó la CGT. Y fue más lejos: «Prácticas de este calibre no han sido puestas en marcha ni en los años más oscuros de la dictadura militar y configuran un retroceso preocupante».
La comparación con la última dictadura cívico-militar, cuyo gobierno de facto controló, censuró y desapareció periodistas entre 1976 y 1983, adquiere un peso singular cuando proviene de una organización con la historia política de la CGT, que sufrió de manera directa la persecución del terrorismo de Estado.
Solidaridad con los trabajadores de prensa
La central obrera expresó además su solidaridad con «los trabajadores de prensa» y subrayó «la gravedad de avanzar en medidas que restringen derechos fundamentales» y que «tienden a silenciar voces críticas». La CGT remarcó que, en el contexto actual, el pluralismo y la circulación libre de información «resultan indispensables para la vida democrática».
Tercer episodio en menos de un mes
El repudio de la CGT se suma al que formularon, el 6 de abril, los diputados nacionales de Unión por la Patria que integran la Comisión de Libertad de Expresión, quienes presentaron un proyecto de resolución titulado «La Censura Avanza», exigiendo la revocación inmediata de las acreditaciones suspendidas. En aquella ocasión, la medida oficial se justificó con la supuesta vinculación de varios medios a una red de desinformación financiada por Rusia, una acusación que la propia editora de openDemocracy, el medio que publicó el informe original, relativizó al admitir que no había pruebas de que los pagos se hubieran efectivizado.
Semanas después, el segundo episodio se produjo cuando el presidente Milei, desde Israel, calificó a los periodistas de TN como «basuras repugnantes» y «delincuentes» en sus redes sociales, según reprodujo La Nación, luego de que la Casa Militar radicara la denuncia penal contra los cronistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno. La causa recayó en el juez federal Ariel Lijo y se encuadra en los artículos 222 y 223 del Código Penal, que prevén penas de hasta seis años de prisión.
La restricción, en un contexto de escandalos oficiales
El patrón de censura se profundiza en un momento de particular fragilidad para el oficialismo. El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La causa $LIBRA salpica al propio Milei, quien fue formalmente indagado. El Banco Nación otorgó créditos millonarios a legisladores, funcionarios y militantes de La Libertad Avanza en operaciones que concentran sospechas de irregularidades. En ese marco, la restricción al periodismo acreditado en la sede del Ejecutivo no puede leerse como una medida de seguridad: opera como un mecanismo de control de la información en el momento en que esa información resulta políticamente más costosa para el Gobierno.
Puntos clave
- La CGT repudió la prohibición del Gobierno al ingreso de periodistas a Casa Rosada y la calificó de «extrema gravedad institucional».
- La central obrera sostuvo que «ni en los años más oscuros de la dictadura militar» se aplicaron medidas similares.
- Es el tercer episodio de censura a la prensa en menos de un mes, tras la suspensión de acreditaciones por la «trama rusa» y la denuncia penal contra periodistas de TN.
- El comunicado fue firmado por la conducción tripartita de la CGT: Argüello, Sola y Jerónimo.
- La ofensiva contra la prensa se produce en simultáneo con causas judiciales abiertas que comprometen a funcionarios clave del Gobierno, incluido el propio presidente.
Gremiales
Milei usó un DNU para criminalizar el paro y desmantelar el Servicio Meteorológico
El Gobierno nacional dictó el DNU 274/2026 para declarar ilegal la huelga del SMN y, al mismo tiempo, avanzar en la privatización encubierta del servicio meteorológico aeronáutico. ATE levantó la medida de fuerza bajo presión, pero el conflicto por los despidos y el vaciamiento del organismo sigue abierto.
Un decreto con doble filo: ilegalizar la huelga y privatizar el servicio
El Gobierno de Javier Milei recurrió una vez más al decreto de necesidad y urgencia para resolver por la fuerza un conflicto laboral y, de paso, avanzar en una reforma estructural que modifica el régimen del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El DNU 274/2026, publicado este viernes 24 de abril en el Boletín Oficial, declaró esencial el servicio meteorológico aplicado a la navegación aérea, operación jurídica que le permitió al Ejecutivo declarar ilegal el paro que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había previsto para la misma jornada.
La maniobra no es menor: con un solo decreto, el Gobierno logró dos objetivos. Por un lado, neutralizó la medida de fuerza gremial antes de que se concretara. Por el otro, redefinió el marco institucional del servicio meteorológico aeronáutico, trasladando su responsabilidad operativa desde el SMN hacia la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.A.).
El vaciamiento que originó el conflicto
El conflicto no surgió de la nada. La protesta del SMN se desencadenó por la confirmación de más de 140 despidos en el organismo, según denunció ATE. El gremio alertó además sobre el cierre de aproximadamente 40 estaciones meteorológicas en todo el país y advirtió que la reducción de personal ya afecta funciones críticas como la emisión de pronósticos, las alertas tempranas y los reportes para la aviación, particularmente en el servicio nocturno.
La medida de fuerza original consistía en un «apagón informativo» entre las 5 y las 12 del mediodía del viernes, lo que hubiera implicado la suspensión de datos meteorológicos oficiales durante una franja de alta actividad aerocomercial. El Gobierno utilizó precisamente ese argumento para declarar la huelga ilegal y forzar su levantamiento.
ATE acató bajo protesta: «Ninguna ley lo declaró esencial»
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, comunicó el levantamiento del paro para evitar sanciones, pero lo reemplazó por una asamblea general resolutiva programada para las 10:30 en la sede central del SMN, en la avenida Dorrego al 4019 de la ciudad de Buenos Aires, donde los trabajadores definen los próximos pasos del plan de lucha.
Pese a acatar, Aguiar cuestionó duramente la decisión del Ejecutivo y afirmó que la Secretaría de Trabajo actuó «fuera de la ley» al restringir el derecho constitucional de huelga. «Eso es falso. Ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial, por lo cual no existe restricción alguna para ejercer ese derecho fundamental», sostuvo el dirigente. Y fue más allá: «El SMN es muy importante para el país. Si el Gobierno considera que es esencial, debe garantizar presupuesto, equipamiento y capacitación permanente, en lugar de avanzar con despidos.»
La reforma de fondo: EANA reemplaza al SMN como prestador
Más allá del conflicto gremial inmediato, el DNU 274/2026 introduce un cambio de fondo en la arquitectura institucional del servicio meteorológico aeronáutico. La norma modifica el artículo 15 de la Ley 27.161 de Navegación Aérea y establece que EANA S.A. pasa a ser la responsable primaria del denominado MET aeronáutico (la especialidad meteorológica dedicada exclusivamente a la aviación civil), en reemplazo del SMN, que hasta ahora era el proveedor exclusivo.
El nuevo esquema habilita a EANA a prestar ese servicio de manera directa o a través de terceros, con la condición de que cumplan los estándares técnicos exigidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Se establece un período de transición de hasta 180 días hábiles durante el cual el SMN deberá continuar asistiendo a EANA mientras se implementa el nuevo régimen.
El decreto también reasigna recursos: el 10% de la Tasa de Protección al Vuelo que hasta ahora se transfería al SMN dejará de ingresar al organismo y será redireccionado a una cuenta del Tesoro Nacional vinculada a la prestación del servicio por parte de EANA. La reducción presupuestaria al organismo, en simultáneo con el traslado de su función principal a una empresa, configura lo que desde el gremio denominan un proceso de vaciamiento y privatización encubierta.
El derecho de huelga en la mira
La consecuencia más inmediata del decreto es de naturaleza laboral: al encuadrar el MET aeronáutico como servicio público esencial, el Gobierno habilita legalmente la restricción del derecho a huelga en ese ámbito. Esto implica que cualquier futura medida de fuerza que implique la interrupción total del servicio meteorológico para la aviación quedaría expuesta a declaración de ilegalidad y a sanciones sobre los trabajadores.
El uso de la figura de «servicio esencial» para limitar el derecho de huelga no es nuevo en Argentina, pero su aplicación en este caso resulta llamativa si se la observa en conjunto con los despidos masivos y el cierre de estaciones. En ese cuadro, el decreto aparece no solo como una herramienta de política aeronáutica, sino como un instrumento de disciplinamiento gremial en un organismo que el Gobierno está desmantelando en simultáneo.
Puntos clave:
- El DNU 274/2026 declaró esencial el servicio meteorológico aeronáutico y permitió declarar ilegal el paro de ATE en el SMN previsto para el 24 de abril.
- ATE levantó la medida de fuerza bajo presión, pero la reemplazó por una asamblea resolutiva y mantuvo sus críticas al Gobierno.
- El decreto modifica la Ley 27.161 y traslada la responsabilidad del MET aeronáutico desde el SMN hacia EANA S.A., con posibilidad de tercerización.
- El conflicto se originó por más de 140 despidos en el SMN y el cierre de aproximadamente 40 estaciones meteorológicas.
- El 10% de la Tasa de Protección al Vuelo que financiaba al SMN será redireccionado al Tesoro Nacional.
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