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La motosierra libertaria llega a los bosques: retiros voluntarios en Parques Nacionales

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la APN. Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei.

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La motosierra avanza sobre los bosques: cómo el ajuste vacía la Administración de Parques Nacionales.

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN). Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei. Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a futuros reclamos y no podrán reincorporarse al sector público por cinco años.

La gestión de Javier Milei extendió su programa de reducción del empleo estatal a la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Manuel Adorni. A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo abrió un régimen de retiro voluntario para los agentes de planta permanente amparados por el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).

La medida se enmarca en la política oficial de «centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado», según la propia letra de la resolución. En términos concretos, implica que cada puesto que quede vacante por adhesión al retiro será eliminado de forma definitiva: los cargos no se cubrirán.

Quiénes pueden adherir y quiénes quedan afuera

Para acceder al programa, los trabajadores deben contar con al menos dos años de antigüedad en el organismo. Sin embargo, la resolución establece un amplio listado de exclusiones: quedan fuera quienes tengan sumarios administrativos en curso con riesgo de cesantía o exoneración, procesos penales vinculados a delitos contra la administración pública, litigios laborales activos contra el Estado, beneficios previsionales ya acordados o renuncias pendientes de aceptación.

La norma también excluye expresamente al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, lo que sugiere que el objetivo del ajuste apunta al personal técnico-administrativo que sostiene el funcionamiento cotidiano del organismo, más que al personal de campo que realiza tareas de conservación y control en terreno.

Topes por edad y condiciones de egreso

La resolución fijó límites precisos para los trabajadores de mayor edad: quienes tengan entre 61 y 63 años recibirán una compensación con un tope de 24 salarios brutos, mientras que para los de 64 años o más el máximo se reduce a 12 haberes. Los montos correspondientes a vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional se liquidarán por separado.

Uno de los aspectos más significativos del esquema es la renuncia que se exige como condición de ingreso: quienes adhieran deberán resignar expresamente todo reclamo administrativo o judicial vinculado a su relación laboral con el Estado. Además, quedarán inhabilitados para reincorporarse al sector público nacional durante cinco años, bajo cualquier modalidad de contratación. La única excepción contemplada son los cargos docentes en universidades nacionales.

Un organismo que custodia el patrimonio natural del país

La Administración de Parques Nacionales es un ente autárquico creado por la Ley N° 22.351, cuya misión es proteger y conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas del país. Administra más de cuarenta áreas protegidas que abarcan ecosistemas de valor estratégico, desde la Puna hasta la Patagonia y la Antártida. El ajuste de su planta genera preocupación entre organizaciones ambientales y sindicales, que advierten sobre el posible desmantelamiento de la estructura técnica que sostiene ese trabajo.

La implementación operativa del programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar los formularios de adhesión, verificar los requisitos y elevar los expedientes para su aprobación definitiva. Toda acta de desvinculación deberá ser comunicada de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública) y a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.

Un patrón que se repite en el Estado

El retiro voluntario en Parques Nacionales no es un hecho aislado. La gestión Milei aplicó mecanismos similares en otros organismos estatales a lo largo de 2025 y 2026, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y diversas dependencias del extinto Ministerio de Capital Humano, en el marco del proceso de reducción de la planta del Estado que acompaña el ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos del propio Gobierno, el gasto primario total acumuló una caída real del 31% desde diciembre de 2023.

Puntos clave

  • La Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, habilita retiros voluntarios para el personal de planta permanente de la APN con al menos dos años de antigüedad.
  • Cada puesto que quede vacante por adhesión será eliminado de forma definitiva, sin reemplazo.
  • Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a todo reclamo laboral y no podrán volver al sector público por cinco años.
  • Quedan excluidos del programa los Guardaparques Nacionales y quienes tengan procesos disciplinarios o judiciales en curso.
  • La medida forma parte de la política de reducción del Estado que impulsa la gestión Milei en el marco de las metas acordadas con el FMI.

Gremiales

Metrodelegados liberan molinetes en la Línea B y escalan el conflicto con Emova

La AGTSyP convocó una acción directa en la estación Federico Lacroze para este martes en protesta por descuentos salariales y sanciones disciplinarias que el gremio califica de ilegales. El secretario ejecutivo Claudio Dellecarbonara advirtió que el plan de lucha se profundizará si la empresa no cede.

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Un conflicto que no cesa: cómo Emova desafía la Justicia y castiga a los trabajadores del subte.

Los trabajadores del subte realizarán este martes una liberación de accesos en la estación Federico Lacroze de la Línea B, entre las 7 y las 8 de la mañana, como parte de un conflicto que escala entre la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) y la empresa concesionaria Emova. La medida de fuerza fue anunciada por el propio sindicato ante la persistencia de prácticas que considera violatorias de los derechos laborales de sus representados.

Descuentos y sanciones en el centro de la disputa

El gremio denunció que Emova aplica descuentos compulsivos sobre los salarios y utiliza sanciones disciplinarias como mecanismo de presión para desalentar las denuncias vinculadas a las condiciones laborales y al estado del servicio. Los metrodelegados sostienen que cuentan con medidas cautelares y resoluciones judiciales favorables que intiman a la concesionaria a cesar esas prácticas; sin embargo, denuncian que la empresa continúa avanzando con sanciones contra los trabajadores que cuestionan el funcionamiento de la red.

El cuadro se agrava en un contexto en el que el colectivo gremial ya acumula una serie de conflictos con Emova: en junio de 2026 el sindicato protagonizó un paro en la Línea C por la presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000, y en una acción anterior reclamó la reincorporación de una trabajadora despedida tras denunciar acoso sexual. El conflicto del martes se inscribe, por lo tanto, en un patrón de disputas recurrentes con la concesionaria por el respeto de acuerdos y resoluciones vigentes.

Denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo porteña

Desde la organización gremial también indicaron que presentaron denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires por el accionar de la empresa. Además, acusaron a Emova de generar deliberadamente un escenario de conflicto con el objetivo de obtener beneficios económicos por parte del Gobierno porteño, una acusación que la compañía no respondió públicamente al cierre de esta edición.

Dellecarbonara no descarta nuevas medidas

El secretario ejecutivo de la AGTSyP, Claudio Dellecarbonara, advirtió que el plan de lucha continuará durante los próximos días y no descartó nuevas acciones que podrían afectar el normal funcionamiento del servicio si la empresa no adopta una postura de diálogo y da cumplimiento a las resoluciones judiciales en vigor. La advertencia instala la posibilidad de medidas más contundentes en una red de transporte que mueve a cientos de miles de pasajeros por día en la Ciudad de Buenos Aires.

Puntos clave

  • Los metrodelegados liberarán molinetes en Federico Lacroze (Línea B) este martes de 7 a 8 de la mañana en conflicto con Emova.
  • El gremio denuncia descuentos salariales compulsivos y sanciones disciplinarias que califica de ilegales.
  • Existen medidas cautelares y resoluciones judiciales que intiman a Emova a cesar esas prácticas, pero el sindicato afirma que la empresa las incumple.
  • La AGTSyP presentó denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo porteña y acusa a Emova de provocar el conflicto para obtener rédito económico del Gobierno de la Ciudad.
  • El secretario ejecutivo Claudio Dellecarbonara advirtió que el plan de lucha se profundizará si no hay respuesta de la empresa.
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