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Soberanía energética

Milei pone a la venta la columna vertebral del sistema eléctrico argentino

El Ejecutivo avanza en la privatización de CITELEC, controlante de la principal red de alta tensión del país, con tres grupos empresariales en carrera y amigos del poder entre los oferentes.

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Transener: el Gobierno entrega la columna vertebral del sistema eléctrico

★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la precalificación técnica de los tres grupos empresariales que compiten por adquirir el paquete accionario que el Estado nacional posee en CITELEC S.A., la sociedad controlante de Transener, el principal operador de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país. Mañana martes, a las 10 horas, se abrirán los sobres económicos que definirán quién se queda con el activo.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 540/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El proceso se enmarca en el desmembramiento de Energía Argentina S.A. (ENARSA), la empresa estatal cuya privatización fue habilitada por la Ley 27.742 (conocida como Ley Bases) y el Decreto 286/2025, que autorizó la venta de sus activos por etapas.

Lo que se pone en juego no es un activo cualquiera. Transener opera más de 20.000 kilómetros de líneas de alta y media tensión y más de 160 estaciones transformadoras que cubren el 85% del sistema eléctrico nacional, conectando los centros de generación con los de consumo en un trayecto que se extiende 3.700 kilómetros de norte a sur. Una disponibilidad operativa superior al 99,7% y concesiones de hasta 95 años completan el perfil de lo que el propio documento de ENARSA para la venta califica sin eufemismos como «monopolios naturales regulados».

Los tres grupos en carrera y sus vínculos con el poder

Las tres propuestas que superaron la evaluación del «Sobre N°1», presentadas el pasado 14 de abril a través de la plataforma CONTRAT.AR, son las siguientes.

El primer oferente es el consorcio conformado por Genneia y el Grupo Edison Transmisión, que se presenta en forma conjunta. Detrás de Genneia está Jorge Brito, dueño del Banco Macro y presidente de esa compañía energética. El Grupo Edison, por su parte, reúne a los hermanos Patricio y Juan Neuss, señalados públicamente como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, junto a los socios del fondo Inverlat, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y Guillermo Stanley, además de Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro, y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan.

El consorcio llega a esta licitación con un historial de adquisiciones energéticas recientes que incluye el control de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), las Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPSA en Mendoza.

El segundo oferente es Edenor, la distribuidora eléctrica del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, que pertenece a los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, tres figuras con larga trayectoria en los negocios ligados al Estado.

El tercero es Central Puerto S.A., la principal compañía privada de generación eléctrica del país, cuyos accionistas están encabezados por Guillermo Reca.

El proceso fue supervisado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que descartó impugnaciones y validó la solvencia de los interesados. No se presentaron objeciones al dictamen de preselección.

Un monopolio natural que pasa a manos privadas

CITELEC posee el 52,65% del capital accionario de Transener, incluyendo la totalidad de las acciones clase A, que otorgan el control efectivo de la compañía. Quien adquiera ese paquete pasará a ser accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, la empresa dirigida por Marcelo Mindlin, y también tomará las riendas de Transener Internacional Ltda. (con operaciones en Brasil) y TRANSBA S.A., responsable del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires.

El precio base de la licitación fue establecido en 206 millones de dólares. El resultado de la apertura de sobres se publicará en el sistema CONTRAT.AR y en el portal del Banco Mundial.

La operación no es aislada, es parte de un proceso de desinversión más amplio que ya incluyó la venta de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, con la que el Gobierno ingresó 700 millones de dólares a las reservas internacionales. ENARSA también controla participaciones en otras empresas del sector: el 80% de Enarsa Patagonia y de Vientos de la Patagonia, el 50% de UTE Escobar, el 65% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y el 68,8% de Termoeléctrica José de San Martín, entre otras.

El Estado se retira de la energía estratégica

La privatización de Transener se inscribe en una lógica más amplia que este medio ya documentó en coberturas anteriores sobre el desguace del sector público energético: la venta de AySA, la licitación de la Hidrovía y el retiro del Estado de la importación de gas natural licuado (GNL) configuran un patrón sistemático de transferencia de activos estratégicos al sector privado bajo el argumento de la eficiencia y la reducción del déficit fiscal.

La urgencia financiera es concreta. El Gobierno enfrenta vencimientos en moneda extranjera por cerca de 9.000 millones de dólares hasta fin de 2026, con un pago de 4.200 millones de dólares a bonistas previsto para julio. En ese contexto, la venta de activos estratégicos como Transener opera como variable de ajuste, al igual que la privatización de AySA que este medio analizó en abril, financiada con el mismo argumento de cubrir compromisos de deuda contraídos con el FMI y el Banco Mundial.

Lo que el Gobierno llama «transformación del sector energético» es, en los hechos, la entrega de monopolios naturales regulados, que operan con concesiones de hasta 95 años, a grupos empresariales con vínculos directos con el entorno del poder. La red que transporta la electricidad de 46 millones de argentinos pasará, en las próximas horas, a manos privadas. El Estado, que financió su construcción y mantuvo su operación durante décadas, recibirá a cambio 206 millones de dólares de precio base, o lo que sea que ofrezcan mañana a las 10.

Puntos clave

  • El Gobierno publicó la Resolución 540/2026 con la precalificación técnica de tres grupos para comprar el 50% de CITELEC, controlante de Transener.
  • Los oferentes son el consorcio Genneia-Grupo Edison (con figuras cercanas al asesor Santiago Caputo), Edenor y Central Puerto.
  • La apertura de los sobres económicos está prevista para el martes 28 de abril a las 10 horas en la plataforma CONTRAT.AR.
  • El precio base de la licitación es de 206 millones de dólares; el ganador controlará más de 20.000 km de líneas de alta tensión y el 85% del sistema eléctrico nacional.
  • La venta es parte del desmembramiento de ENARSA habilitado por la Ley Bases, en un contexto de urgencia fiscal por vencimientos de deuda de 9.000 millones de dólares hasta fin de año.

Catamarca

El triángulo del litio y la trampa libertaria: Milei celebra una planta coreana mientras se fugan recursos estratégicos

Karina Milei y Diego Santilli participaron de la apertura de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto. Con capacidad para 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, la iniciativa está en manos de la empresa surcoreana POSCO y plantea interrogantes sobre el modelo de extracción y el destino de las ganancias.

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El Argentino Diario-Karina Miley y Diego Santilli-Planta de litio.
Litio para exportar, soberanía en la cuerda floja: el Gobierno inaugura una planta coreana en la Puna.

El Salar del Hombre Muerto, en La Puna catamarqueña, fue el escenario elegido este martes por el Gobierno nacional para mostrar músculo en materia de inversiones. La Planta II del Proyecto Sal de Oro, propiedad de la empresa surcoreana POSCO Argentina, comenzó formalmente sus operaciones con una capacidad de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, sin que el acto oficial respondiera a la pregunta que más incomoda al modelo libertario: ¿cuánto de esa riqueza estratégica queda en el país?

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaron el acto junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). También estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el embajador de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el presidente de POSCO Argentina, Park Hyeon; y el director de Operaciones Industriales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Lew. Durante el acto se firmó además un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto, que permitirían llevar la producción total a 100.000 toneladas anuales de productos de litio.

Un triángulo del litio que beneficia al exterior

Argentina integra junto a Bolivia y Chile el llamado «triángulo del litio», la zona con las mayores reservas del mineral en el mundo. Sin embargo, la mayor parte de la cadena de valor, el procesamiento, la fabricación de baterías y la captura de utilidades, se produce en el exterior. El modelo que el Gobierno de Milei profundiza es el de un país proveedor de materia prima con valor agregado mínimo, mientras las ganancias del negocio fluyen hacia capitales extranjeros. POSCO Holdings, el holding surcoreano que controla el proyecto, cotiza en las bolsas de Seúl y Nueva York; sus accionistas son los que se llevan la mayor porción de las rentas generadas en el Salar del Hombre Muerto.

La planta ya existente en el yacimiento, de hidróxido de litio, opera con una capacidad de 25.000 toneladas anuales. Con la Planta II de carbonato de litio en funcionamiento, la capacidad instalada trepa a 48.000 toneladas, con proyección de más que duplicarse una vez concretadas las etapas siguientes. El inicio de la operación comercial de la nueva planta estará acompañado por un período de aumento gradual durante 2027, mediante el cual POSCO llevará progresivamente las instalaciones hacia su capacidad de diseño.

5.000 puestos de trabajo y 270 proveedores locales: el escaparate social del acto

El Gobierno y la empresa destacaron que el Proyecto Sal de Oro contribuyó a la generación de más de 5.000 puestos de trabajo, incluidos más de 600 empleos directos en POSCO Argentina. La compañía trabaja junto a más de 270 proveedores locales y desarrolla iniciativas dirigidas a las comunidades locales y originarias de la región, entre ellas programas de capacitación en oficios, becas educativas, asistencia médica, visitas educativas y acciones de desarrollo comunitario. Estos datos, aunque reales, no alcanzan para responder si el esquema de explotación garantiza una distribución equitativa de los beneficios entre los pueblos que habitan esas tierras y el Estado argentino, una discusión que el acto inaugural eligió eludir.

Soberanía energética sin soberanía sobre los recursos

La presencia de Karina Milei en la Puna contrasta con la postura que La Libertad Avanza sostuvo históricamente sobre el rol del Estado en la economía. El mismo gobierno que desfinancia YPF, avanza sobre Nucleoeléctrica y apuesta por la privatización como dogma, celebra hoy la llegada de capitales extranjeros a uno de los recursos más estratégicos del país sin exigir participación estatal significativa en el negocio. La soberanía sobre el litio, en este esquema, queda reducida a la potestad de cobrar regalías y exhibir inauguraciones.

POSCO Argentina está presente en el país desde 2018 y desarrolla el Proyecto Sal de Oro en las provincias de Salta y Catamarca. El BID participa como financiador del proyecto a través de su División de Operaciones Industriales, lo que refuerza el esquema de endeudamiento y dependencia financiera que caracteriza a este tipo de emprendimientos mineros en la región.

Lo que tenés que saber

  • La Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), fue inaugurada este martes con una capacidad de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
  • Karina Milei y Diego Santilli encabezaron el acto junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.
  • Se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto, con proyección de llegar a 100.000 toneladas anuales de producción total.
  • El proyecto está en manos de la empresa surcoreana POSCO Argentina, presente en el país desde 2018, y cuenta con financiamiento del BID.
  • El modelo de explotación no contempla participación estatal significativa en las ganancias del negocio, en línea con la política de desregulación del Gobierno de Milei.
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