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Murió el genocida Raúl Guglielminetti, espía de la dictadura que se reunió con diputados de Milei

El represor, de 84 años, falleció en su domicilio de Mercedes tras obtener arresto domiciliario en septiembre pasado. Había sido condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y fue uno de los genocidas que en julio de 2024 se reunió con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.

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★ Raúl Guglielminetti murió este mes de enero sin haber dado información sobre el destino de sus víctimas ni mostrar arrepentimiento alguno. El represor, conocido durante la dictadura como «el Ronco» o «el Mayor Guastavino», falleció a los 84 años en su quinta de Mercedes, adonde había sido enviado en arresto domiciliario el 26 de septiembre pasado.

Su muerte se produjo menos de cuatro meses después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 autorizara su traslado desde la Unidad 34 de Campo de Mayo a su domicilio particular, donde quedó bajo el cuidado de su esposa y una de sus hijas.

Trayectoria represiva: de Orletti a la custodia de Alfonsín

Desde finales de los años sesenta, Guglielminetti integró el Batallón de Inteligencia 601, donde se desempeñó como «agente de reunión», es decir, quien sale a buscar información. Durante los primeros años de la dictadura actuó en Automotores Orletti, el centro clandestino de detención que dependía de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Posteriormente trabajó en Campo de Mayo, en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) y en Neuquén.

Su nombre generó un escándalo mayúsculo en los primeros meses de la democracia cuando fue reconocido en una fotografía como custodio del presidente Raúl Alfonsín. Para entonces, Guglielminetti integraba el llamado Grupo Alem, un grupo alternativo a la SIDE donde también actuaba Juan Antonio «Colores» del Cerro, represor proveniente del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA).

Fuga a España y regreso sin consecuencias

Tras ser identificado, Guglielminetti huyó a España, pero fue rápidamente reconocido. A los seis meses fue extraditado por su supuesta vinculación con el asesinato del empresario Emilio Naum. Sin embargo, el regreso resultó apenas un trámite: tras una indagatoria de nueve horas, volvió a su casa.

En aquellos años alternaba entre su campo en Mercedes y una casa en Acassuso, donde exhibía esvásticas en una vitrina. «No soy nazi ni mucho menos. Yo tengo las esvásticas porque me gustan como diseño», alardeó en una entrevista concedida en el verano de 1986 a la revista Gente, donde también se jactó de integrar el aparato de inteligencia.

Condenas y traslados: de Ezeiza a Campo de Mayo

En 2006, Interpol lo detuvo en la quinta de Mercedes por orden del juez federal Daniel Rafecas para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Con el tiempo acumuló condenas a prisión perpetua.

Desde hacía años Guglielminetti pedía volver a su domicilio. Hasta abril de 2024 argumentaba que su edad avanzada constituía una causal autónoma para obtener el beneficio, sin mencionar dolencias que no pudieran tratarse en las unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En mayo de 2024, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso el traslado de Guglielminetti y el resto de los detenidos de la Unidad 31 de Ezeiza a Campo de Mayo. Los organismos de derechos humanos consideran a la Unidad 34 una cárcel VIP: tiene capacidad para 115 personas pero aloja solo a 62, distribuidas en cinco pabellones.

La reunión con diputados libertarios y el arresto domiciliario

El 11 de julio de 2024, Guglielminetti se reunió en la cárcel de Ezeiza con diputados de La Libertad Avanza. Según relató una de las visitantes, el represor les entregó un sobre con un listado de propuestas e iniciativas para lograr la liberación de los genocidas detenidos.

El 1 de agosto pasado, su defensa volvió a solicitar el arresto domiciliario. En esta ocasión argumentó que estaba internado en terapia intensiva en una clínica privada con diagnóstico de hematoma subdural derecho. La jueza Adriana Palliotti, del TOF 6, pidió a la Unidad 34 de Campo de Mayo que explicara qué había ocurrido. La respuesta fue que el 21 de julio lo habían encontrado descompensado en el suelo, razón por la cual debieron internarlo.

La U34 informó que la situación de Guglielminetti superaba su «capacidad operativa». El hospital penitenciario de Ezeiza comunicó que no contaba con neurokinesiólogos para tratarlo. El Cuerpo Médico Forense (CMF) evaluó su caso y recomendó que fuera derivado a un centro de rehabilitación física por un período de entre tres y seis meses.

Finalmente, el 26 de septiembre pasado, el TOF 6 autorizó el arresto domiciliario temporal en su casa de Mercedes. Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, Guglielminetti murió antes de cumplir cuatro meses fuera de la cárcel, sin haber brindado información sobre el destino de sus víctimas.

Puntos clave:

• Raúl Guglielminetti murió a los 84 años en su domicilio de Mercedes tras obtener arresto domiciliario en septiembre de 2024

• El represor había sido condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en Automotores Orletti, Campo de Mayo, la SSF y Neuquén

• En julio de 2024 se reunió con diputados de La Libertad Avanza en la cárcel de Ezeiza, a quienes entregó propuestas para liberar genocidas

• Patricia Bullrich trasladó a Guglielminetti de Ezeiza a Campo de Mayo en mayo de 2024, a una unidad considerada VIP por organismos de derechos humanos

• Murió sin dar información sobre el destino de sus víctimas ni mostrar arrepentimiento

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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