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Murió el genocida Raúl Guglielminetti, espía de la dictadura que se reunió con diputados de Milei

El represor, de 84 años, falleció en su domicilio de Mercedes tras obtener arresto domiciliario en septiembre pasado. Había sido condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y fue uno de los genocidas que en julio de 2024 se reunió con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.

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★ Raúl Guglielminetti murió este mes de enero sin haber dado información sobre el destino de sus víctimas ni mostrar arrepentimiento alguno. El represor, conocido durante la dictadura como «el Ronco» o «el Mayor Guastavino», falleció a los 84 años en su quinta de Mercedes, adonde había sido enviado en arresto domiciliario el 26 de septiembre pasado.

Su muerte se produjo menos de cuatro meses después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 autorizara su traslado desde la Unidad 34 de Campo de Mayo a su domicilio particular, donde quedó bajo el cuidado de su esposa y una de sus hijas.

Trayectoria represiva: de Orletti a la custodia de Alfonsín

Desde finales de los años sesenta, Guglielminetti integró el Batallón de Inteligencia 601, donde se desempeñó como «agente de reunión», es decir, quien sale a buscar información. Durante los primeros años de la dictadura actuó en Automotores Orletti, el centro clandestino de detención que dependía de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Posteriormente trabajó en Campo de Mayo, en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) y en Neuquén.

Su nombre generó un escándalo mayúsculo en los primeros meses de la democracia cuando fue reconocido en una fotografía como custodio del presidente Raúl Alfonsín. Para entonces, Guglielminetti integraba el llamado Grupo Alem, un grupo alternativo a la SIDE donde también actuaba Juan Antonio «Colores» del Cerro, represor proveniente del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA).

Fuga a España y regreso sin consecuencias

Tras ser identificado, Guglielminetti huyó a España, pero fue rápidamente reconocido. A los seis meses fue extraditado por su supuesta vinculación con el asesinato del empresario Emilio Naum. Sin embargo, el regreso resultó apenas un trámite: tras una indagatoria de nueve horas, volvió a su casa.

En aquellos años alternaba entre su campo en Mercedes y una casa en Acassuso, donde exhibía esvásticas en una vitrina. «No soy nazi ni mucho menos. Yo tengo las esvásticas porque me gustan como diseño», alardeó en una entrevista concedida en el verano de 1986 a la revista Gente, donde también se jactó de integrar el aparato de inteligencia.

Condenas y traslados: de Ezeiza a Campo de Mayo

En 2006, Interpol lo detuvo en la quinta de Mercedes por orden del juez federal Daniel Rafecas para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Con el tiempo acumuló condenas a prisión perpetua.

Desde hacía años Guglielminetti pedía volver a su domicilio. Hasta abril de 2024 argumentaba que su edad avanzada constituía una causal autónoma para obtener el beneficio, sin mencionar dolencias que no pudieran tratarse en las unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En mayo de 2024, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso el traslado de Guglielminetti y el resto de los detenidos de la Unidad 31 de Ezeiza a Campo de Mayo. Los organismos de derechos humanos consideran a la Unidad 34 una cárcel VIP: tiene capacidad para 115 personas pero aloja solo a 62, distribuidas en cinco pabellones.

La reunión con diputados libertarios y el arresto domiciliario

El 11 de julio de 2024, Guglielminetti se reunió en la cárcel de Ezeiza con diputados de La Libertad Avanza. Según relató una de las visitantes, el represor les entregó un sobre con un listado de propuestas e iniciativas para lograr la liberación de los genocidas detenidos.

El 1 de agosto pasado, su defensa volvió a solicitar el arresto domiciliario. En esta ocasión argumentó que estaba internado en terapia intensiva en una clínica privada con diagnóstico de hematoma subdural derecho. La jueza Adriana Palliotti, del TOF 6, pidió a la Unidad 34 de Campo de Mayo que explicara qué había ocurrido. La respuesta fue que el 21 de julio lo habían encontrado descompensado en el suelo, razón por la cual debieron internarlo.

La U34 informó que la situación de Guglielminetti superaba su «capacidad operativa». El hospital penitenciario de Ezeiza comunicó que no contaba con neurokinesiólogos para tratarlo. El Cuerpo Médico Forense (CMF) evaluó su caso y recomendó que fuera derivado a un centro de rehabilitación física por un período de entre tres y seis meses.

Finalmente, el 26 de septiembre pasado, el TOF 6 autorizó el arresto domiciliario temporal en su casa de Mercedes. Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, Guglielminetti murió antes de cumplir cuatro meses fuera de la cárcel, sin haber brindado información sobre el destino de sus víctimas.

Puntos clave:

• Raúl Guglielminetti murió a los 84 años en su domicilio de Mercedes tras obtener arresto domiciliario en septiembre de 2024

• El represor había sido condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en Automotores Orletti, Campo de Mayo, la SSF y Neuquén

• En julio de 2024 se reunió con diputados de La Libertad Avanza en la cárcel de Ezeiza, a quienes entregó propuestas para liberar genocidas

• Patricia Bullrich trasladó a Guglielminetti de Ezeiza a Campo de Mayo en mayo de 2024, a una unidad considerada VIP por organismos de derechos humanos

• Murió sin dar información sobre el destino de sus víctimas ni mostrar arrepentimiento

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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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