DDHH
Murió el genocida Raúl Guglielminetti, espía de la dictadura que se reunió con diputados de Milei
El represor, de 84 años, falleció en su domicilio de Mercedes tras obtener arresto domiciliario en septiembre pasado. Había sido condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y fue uno de los genocidas que en julio de 2024 se reunió con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
★ Raúl Guglielminetti murió este mes de enero sin haber dado información sobre el destino de sus víctimas ni mostrar arrepentimiento alguno. El represor, conocido durante la dictadura como «el Ronco» o «el Mayor Guastavino», falleció a los 84 años en su quinta de Mercedes, adonde había sido enviado en arresto domiciliario el 26 de septiembre pasado.
Su muerte se produjo menos de cuatro meses después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 autorizara su traslado desde la Unidad 34 de Campo de Mayo a su domicilio particular, donde quedó bajo el cuidado de su esposa y una de sus hijas.
Trayectoria represiva: de Orletti a la custodia de Alfonsín
Desde finales de los años sesenta, Guglielminetti integró el Batallón de Inteligencia 601, donde se desempeñó como «agente de reunión», es decir, quien sale a buscar información. Durante los primeros años de la dictadura actuó en Automotores Orletti, el centro clandestino de detención que dependía de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Posteriormente trabajó en Campo de Mayo, en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) y en Neuquén.
Su nombre generó un escándalo mayúsculo en los primeros meses de la democracia cuando fue reconocido en una fotografía como custodio del presidente Raúl Alfonsín. Para entonces, Guglielminetti integraba el llamado Grupo Alem, un grupo alternativo a la SIDE donde también actuaba Juan Antonio «Colores» del Cerro, represor proveniente del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA).
Fuga a España y regreso sin consecuencias
Tras ser identificado, Guglielminetti huyó a España, pero fue rápidamente reconocido. A los seis meses fue extraditado por su supuesta vinculación con el asesinato del empresario Emilio Naum. Sin embargo, el regreso resultó apenas un trámite: tras una indagatoria de nueve horas, volvió a su casa.
En aquellos años alternaba entre su campo en Mercedes y una casa en Acassuso, donde exhibía esvásticas en una vitrina. «No soy nazi ni mucho menos. Yo tengo las esvásticas porque me gustan como diseño», alardeó en una entrevista concedida en el verano de 1986 a la revista Gente, donde también se jactó de integrar el aparato de inteligencia.
Condenas y traslados: de Ezeiza a Campo de Mayo
En 2006, Interpol lo detuvo en la quinta de Mercedes por orden del juez federal Daniel Rafecas para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Con el tiempo acumuló condenas a prisión perpetua.
Desde hacía años Guglielminetti pedía volver a su domicilio. Hasta abril de 2024 argumentaba que su edad avanzada constituía una causal autónoma para obtener el beneficio, sin mencionar dolencias que no pudieran tratarse en las unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
En mayo de 2024, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso el traslado de Guglielminetti y el resto de los detenidos de la Unidad 31 de Ezeiza a Campo de Mayo. Los organismos de derechos humanos consideran a la Unidad 34 una cárcel VIP: tiene capacidad para 115 personas pero aloja solo a 62, distribuidas en cinco pabellones.
La reunión con diputados libertarios y el arresto domiciliario
El 11 de julio de 2024, Guglielminetti se reunió en la cárcel de Ezeiza con diputados de La Libertad Avanza. Según relató una de las visitantes, el represor les entregó un sobre con un listado de propuestas e iniciativas para lograr la liberación de los genocidas detenidos.
El 1 de agosto pasado, su defensa volvió a solicitar el arresto domiciliario. En esta ocasión argumentó que estaba internado en terapia intensiva en una clínica privada con diagnóstico de hematoma subdural derecho. La jueza Adriana Palliotti, del TOF 6, pidió a la Unidad 34 de Campo de Mayo que explicara qué había ocurrido. La respuesta fue que el 21 de julio lo habían encontrado descompensado en el suelo, razón por la cual debieron internarlo.
La U34 informó que la situación de Guglielminetti superaba su «capacidad operativa». El hospital penitenciario de Ezeiza comunicó que no contaba con neurokinesiólogos para tratarlo. El Cuerpo Médico Forense (CMF) evaluó su caso y recomendó que fuera derivado a un centro de rehabilitación física por un período de entre tres y seis meses.
Finalmente, el 26 de septiembre pasado, el TOF 6 autorizó el arresto domiciliario temporal en su casa de Mercedes. Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, Guglielminetti murió antes de cumplir cuatro meses fuera de la cárcel, sin haber brindado información sobre el destino de sus víctimas.
Puntos clave:
• Raúl Guglielminetti murió a los 84 años en su domicilio de Mercedes tras obtener arresto domiciliario en septiembre de 2024
• El represor había sido condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en Automotores Orletti, Campo de Mayo, la SSF y Neuquén
• En julio de 2024 se reunió con diputados de La Libertad Avanza en la cárcel de Ezeiza, a quienes entregó propuestas para liberar genocidas
• Patricia Bullrich trasladó a Guglielminetti de Ezeiza a Campo de Mayo en mayo de 2024, a una unidad considerada VIP por organismos de derechos humanos
• Murió sin dar información sobre el destino de sus víctimas ni mostrar arrepentimiento
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La defensa de Maduro apuesta a desmantelar la acusación antes del juicio: la inmunidad soberana, el primer frente de batalla
La tercera audiencia preliminar ante el juez federal Alvin Hellerstein duró apenas 18 minutos y concluyó con la aprobación del cronograma conjunto propuesto por la Fiscalía y la defensa. Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero, reiteraron su declaración de inocencia. La inmunidad soberana será el primer gran frente de batalla legal.
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este miércoles 22 de julio la tercera audiencia preliminar del proceso penal contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vista, que no superó los 18 minutos, tuvo un carácter estrictamente procesal: la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un cronograma que el juez Alvin Hellerstein aprobó, fijando el 1° de junio de 2027 como fecha tentativa de inicio del juicio oral. Ambos procesados, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, volvieron a declararse no culpables.
Un cronograma acordado entre partes
Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron ante el tribunal un escrito conjunto con el calendario detallado del proceso. El documento establece dos rondas de mociones previas al juicio. La primera ronda deberá completarse el 2 de septiembre de 2026, e incluirá, entre otras presentaciones, el argumento de inmunidad soberana que el equipo defensor planea invocar a favor de Maduro. Según expuso el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, si el juez acepta ese argumento, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que la Fiscalía incorporará el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.
En cuanto al material probatorio, la Fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre de 2026, aunque advirtió que esos plazos podrían variar en función de la disponibilidad de otras agencias del gobierno de Estados Unidos. La segunda ronda de mociones se extendería hasta el 11 de enero de 2027, y el juicio con jurado arrancaría en junio de 2027, siempre que el tribunal no haga lugar a ninguno de los planteos de la defensa antes de esa fecha.
La apuesta de la defensa: la inmunidad como escudo
El eje central de la estrategia defensiva, revelado por Barry Pollack durante la audiencia, es la moción de inmunidad soberana: el argumento de que Maduro ejercía como jefe de Estado en funciones al momento de su detención y que, por lo tanto, la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Pollack también anticipó que la defensa impugnará la legalidad de la captura y del traslado a territorio estadounidense, obligando al juez a examinar cuestiones sobre soberanía, actuación militar en territorio extranjero y admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero.
La estrategia apunta a desmantelar la acusación antes de llegar al jurado, mediante una disputa jurídica de fondo que podría consumir gran parte del período de preparación. Si el juez desestimara las mociones de inmunidad, el caso avanzaría hacia el debate sobre los cargos sustantivos: conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en el caso de Maduro; delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas, para Flores. Una condena en ambos cargos podría derivar en cadena perpetua.
El estado físico de los procesados y el contexto político
Presentes en la sala con uniforme de prisionero color caqui, tanto Maduro como Flores fueron descriptos por periodistas presentes en la audiencia como visiblemente más delgados que en comparecencias anteriores, aunque con un aspecto recuperado. Maduro llegó caminando con normalidad, sin el rastro de la cojera que había mostrado en sesiones previas, y siguió los procedimientos junto a sus abogados con auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con el cabello recogido y gafas.
Desde Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del procesado, calificó el proceso de «injusto» y reclamó públicamente la liberación de su padre y de Cilia Flores. La audiencia estuvo enmarcada en un amplio dispositivo de seguridad del NYPD para el traslado de los detenidos desde Brooklyn hasta la sede del tribunal en Manhattan. Cabe recordar que la audiencia estaba originalmente prevista para el 30 de junio, pero fue postergada por cuestiones logísticas vinculadas, según trascendidos, a la realización del Mundial de Fútbol en suelo estadounidense.
Un caso sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos
El proceso contra Maduro y Flores no tiene antecedentes directos en la historia judicial estadounidense en cuanto a la condición de los procesados: ambos eran, al momento de su captura, el presidente en ejercicio y la primera dama de Venezuela, respectivamente. La Operación Resolución Absoluta, que los detuvo el 3 de enero de 2026 en Caracas mediante una intervención de fuerzas estadounidenses, abrió un debate jurídico internacional que la defensa ahora intenta trasladar al propio tribunal. El juez Hellerstein, de 91 años, presidirá un proceso que se proyecta como uno de los más complejos y políticamente sensibles que haya enfrentado la justicia federal norteamericana en décadas.
Puntos clave
- El juez Alvin Hellerstein fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral.
- La audiencia del 22 de julio duró apenas 18 minutos y tuvo carácter exclusivamente procesal.
- La defensa apelará a la inmunidad soberana como primera línea de ataque jurídico, con mociones a presentar el 2 de septiembre.
- Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína; Flores, de importación de drogas y posesión de armas.
- Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.
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