El fiscal Pablo Recchini solicitó la indagatoria del médico Aníbal Lotocki por la muerte de un paciente durante una cirugía estética en la clínica Ceceo.

La petición se basó en una junta médica que determinó que Lotocki utilizó documentos para el consentimiento del paciente de una sociedad de cirugía de la cual no era miembro y que hubo alteraciones en la historia clínica del fallecido empresario Cristian Zárate. Además, se descubrió que la clínica no estaba equipada para la atención de pacientes en terapia intensiva y que el médico no era especialista en cirugía general.

El fiscal acusó a Lotocki de homicidio simple con dolo eventual y ya fue condenado a cuatro años de prisión por lesiones graves en otros pacientes.

La junta médica que evaluó el caso determinó que Lotocki utilizó documentos para el consentimiento del paciente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la cual él no formaba parte, y se encontraron alteraciones en la historia clínica del paciente fallecido.

Además, se descubrió que la clínica no estaba preparada para la atención de pacientes en terapia intensiva y que el médico no era especialista en cirugía general. Tampoco se tuvo en cuenta que Zárate sufría de diabetes tipo II, lo que debería haber sido considerado en los estudios previos.

El fiscal Recchini acusó a Lotocki de homicidio simple con dolo eventual, ya que considera que el médico se representó que el paciente podía morir y no hizo nada para evitarlo. Cabe destacar que Lotocki ya fue condenado a cuatro años de prisión por lesiones graves en cuatro pacientes anteriores.

En la sentencia previa, se lo consideró responsable del delito de “lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades” y se le fijó una inhabilitación de cinco años para ejercer la medicina. Además, se rechazó el pedido de la fiscalía de inhabilitarlo de manera provisoria hasta que quede firme la sentencia.

En definitiva, la petición de indagatoria del fiscal Recchini es un paso más en la investigación de este caso de mala praxis médica, en el que se pone en riesgo la vida de los pacientes y se manipulan documentos y registros médicos. La justicia debe actuar con firmeza para prevenir estos hechos y garantizar la seguridad de los pacientes en las intervenciones quirúrgicas.