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Judiciales ⚖️

Trasladaron a la madre y al padrastro de Ángel López a prisión de Chubut

El juez Alejandro Soñis ordenó seis meses de prisión preventiva por peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Altamirano enfrenta la acusación de homicidio agravado por la condición de madre y omisión; González, de homicidio simple.

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La Justicia llegó tarde: trasladan a la madre y al padrastro de Ángel López a prisión preventiva

Mariela Altamirano y Michel González fueron trasladados este viernes a distintos establecimientos penitenciarios de la provincia de Chubut para comenzar a cumplir los seis meses de prisión preventiva ordenados por el juez Alejandro Soñis. El crimen del niño de 4 años conmocionó al país y encendió un debate sobre las fallas del sistema de protección de la infancia.

El traslado confirmado

Según fuentes provinciales, Mariela Altamirano fue derivada al pabellón de mujeres del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, mientras que Michel González quedó alojado en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia.

El bebé de la pareja, cuya presencia en imágenes generó preocupación pública, se encuentra bajo el cuidado de un familiar cercano, según confirmaron las mismas fuentes.

La decisión judicial

El juez Alejandro Soñis fundamentó la prisión preventiva durante la audiencia de control de detención, donde sostuvo que se puede «afirmar con la certeza, que estos golpes no han sido producto de una situación accidental y que a cargo del cuidado estaban González y Altamirano». La medida se fundó en los peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Las imputaciones son asimétricas pero igualmente graves: Michel González enfrenta la acusación de homicidio simple, mientras que Mariela Altamirano fue acusada de homicidio agravado por su condición de madre y omisión. La distinción jurídica no hace más que subrayar la magnitud de lo ocurrido: una madre acusada de no haber protegido a su hijo.

El fiscal Facundo Oribones reveló ante la prensa un detalle estremecedor de la testimonial de uno de los imputados: según sus propias palabras, «los 20 golpes en la cabeza eran compatibles con coscorrones».

El Estado que falló antes

El caso de Ángel López no es solo el crimen de un niño indefenso. Es también el resultado de una cadena de decisiones institucionales que colocaron al menor en una situación de extremo riesgo. El Equipo Interdisciplinario de la provincia de Chubut había otorgado la tenencia del niño a su madre biológica en el marco de un proceso de revinculación familiar, decisión que el abogado del padre del niño, Roberto Castillo, cuestionó duramente al señalar que «lo mataron con decisiones judiciales».

Esa frase no es retórica. Condensa la denuncia de que los organismos encargados de proteger a la infancia actuaron sin la debida cautela, habilitando una convivencia que terminó con la vida del pequeño.

Vigilia en el Obelisco y reclamos al sistema

Este viernes, bajo el lema «Justicia por Ángel», se realiza una vigilia en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, convocada por el propio abogado Castillo. El encuentro será de 17 a 22 y concentra los reclamos de familias y organizaciones que exigen reformas estructurales en la justicia de familia.

Entre las demandas figuran: una ley contra falsas denuncias, la eliminación de informes de parte sin respaldo técnico pericial, la implementación de una figura del arrepentido para hijos obligados a denunciar falsamente, y la instauración de una custodia compartida igualitaria como sistema de prevención y alerta temprana.

El cierre del texto difundido por Castillo fue contundente: «La justicia no lo escuchó, hagamos más ruido que nunca».

Un debate que no puede postergarse

La muerte de Ángel López pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué peso real tienen los equipos interdisciplinarios en las decisiones judiciales de familia? ¿Con qué criterios se otorga o se revierte la tenencia de un menor? ¿Quién responde cuando el sistema falla?

Mientras Altamirano y González comienzan a cumplir su prisión preventiva en Chubut, la causa sigue abierta y la sociedad espera respuestas que el Estado todavía no dio.

Puntos clave:

  • La madre de Ángel, Mariela Altamirano, fue trasladada al IPP de Trelew; su pareja, Michel González, quedó en la Alcaidía de Comodoro Rivadavia.
  • El juez Alejandro Soñis ordenó seis meses de prisión preventiva por peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación.
  • Altamirano enfrenta la acusación de homicidio agravado por la condición de madre y omisión; González, de homicidio simple.
  • El Equipo Interdisciplinario de Chubut había otorgado la tenencia del niño a la madre biológica en un proceso de revinculación.
  • Una vigilia se realiza este viernes en el Obelisco porteño bajo el lema «Justicia por Ángel», con reclamos de reformas en la justicia de familia.

Buenos Aires

Mientras Milei recorta, Morón apuesta por el Estado presente frente a la violencia escolar

El municipio que conduce Lucas Ghi convocó a la Provincia, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud para articular respuestas frente a la ola de violencia que sacude las aulas de todo el país.

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Morón toma la iniciativa: acción conjunta con la Provincia para blindar las escuelas

★ En un contexto marcado por una preocupante escalada de amenazas y hechos de violencia en escuelas de todo el país, el municipio de Morón tomó la iniciativa y convocó una reunión de trabajo junto a representantes del área de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad bonaerenses y distintas áreas del gabinete local, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y abordaje en el ámbito escolar.

La jornada, impulsada por el intendente Lucas Ghi, fue encabezada por la inspectora jefa regional Eliana González Di Martino; la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Elva Pereira; y la inspectora jefa distrital Natalia Díaz. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad Damián Cardoso, el secretario de Salud Jacobo Netel, el concejal José María Ghi y la subsecretaria de Educación municipal Lorelei Arnaudin, junto a otros miembros del gabinete.

El Estado municipal frente a una crisis que el Gobierno nacional ignora

La reunión se inscribe en un momento de alta tensión en las escuelas argentinas. El tiroteo del 3 de abril en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes, abrió una crisis que desde entonces se propagó como un reguero de pólvora: en las semanas siguientes, se multiplicaron las amenazas en escuelas de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias.

Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof instruyó a las autoridades escolares bonaerenses para que intervengan ante hechos graves y pidió a estudiantes y docentes que no viralicen los mensajes intimidatorios. La Dirección General de Cultura y Educación provincial reconoció la existencia de una comunidad digital que exalta este tipo de ataques y señaló que el Ministerio de Seguridad la mantiene bajo monitoreo.

En Morón, la respuesta fue dar un paso más: en lugar de limitarse a instrucciones protocolares, el municipio convocó una mesa de articulación interinstitucional con actores concretos, capaz de generar «respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de conflicto», según informó el propio municipio.

«Mi Escuela Segura»: convivencia, diálogo y responsabilidad comunitaria

El encuentro se enmarca en la campaña municipal «Mi Escuela Segura», una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia, el diálogo y la responsabilidad en la comunidad educativa, y que busca dotar a docentes, familias y estudiantes de herramientas concretas de intervención ante situaciones de conflicto.

Durante la jornada se compartieron recursos de intervención y se avanzó en la articulación de acciones conjuntas entre el nivel municipal y el provincial. El enfoque adoptado contrasta con las propuestas que circularon desde el Gobierno nacional, que en los últimos años privilegió el recorte presupuestario en áreas de contención escolar por sobre la inversión en equipos de salud mental, orientación y acompañamiento en las aulas.

El gremio docente SUTEBA ya había alertado, en el pico de la crisis posterior al tiroteo de San Cristóbal, que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias». La articulación que pone en marcha Morón responde, al menos en el plano local, exactamente a ese reclamo.

Un municipio que apuesta por el Estado presente

La iniciativa de Morón refuerza una concepción de la gestión pública que privilegia la intervención temprana y el trabajo conjunto sobre la respuesta punitiva. Mientras el debate nacional oscila entre propuestas de mayor seguridad física en los edificios escolares y proyectos que elevan penas para delitos cometidos en instituciones educativas, el municipio del oeste bonaerense elige el camino de la prevención con base comunitaria.

La articulación con la Provincia, la presencia de fuerzas de seguridad con un rol de coordinación y no solo de control, y la incorporación del área de salud como parte de la respuesta dan cuenta de un abordaje integral que reconoce la complejidad del problema.

Puntos clave:

  • El municipio de Morón convocó una reunión interinstitucional con la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad y áreas de salud para fortalecer la prevención de la violencia escolar.
  • La iniciativa fue impulsada por el intendente Lucas Ghi y se enmarca en la campaña «Mi Escuela Segura».
  • El encuentro se produce en un contexto de ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, tras el trágico caso de San Cristóbal, Santa Fe.
  • El gobierno de Kicillof instruyó a autoridades bonaerenses para actuar ante hechos graves y monitorear comunidades digitales que exaltan este tipo de ataques.
  • El SUTEBA denunció que la violencia escolar es consecuencia del «corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades» en materia de niñeces y adolescencias.

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