“No es una prisión, es un secuestro”: el 98% de los presos con domiciliaria recibe visitas sin restricciones

★ Un informe elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública al Consejo de la Magistratura de la Nación confirmó, con datos oficiales y cifras inapelables, lo que organizaciones de derechos humanos y la dirigencia peronista venían denunciando desde hace meses: Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo un régimen de arresto domiciliario drásticamente más restrictivo que el aplicado a la inmensa mayoría de los detenidos federales, incluso a quienes están presos por narcotráfico o por delitos de lesa humanidad.

El documento fue presentado este martes por los legisladores Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley (diputados nacionales), Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti (senadores nacionales) y el consejero César Grau. Se construyó sobre respuestas oficiales remitidas por juzgados federales de todo el país tras pedidos de información presentados por los propios integrantes del Consejo de la Magistratura, lo que priva a sus detractores del argumento de la «opinión política»: son números provistos por los jueces de ejecución penal de la Nación.

Los datos que desnudan la doble vara

Sobre un universo de 2.513 detenidos con prisión domiciliaria relevados en el ámbito de la Justicia Federal, el informe advierte que solo el 23,96% de los casos con información disponible utiliza tobillera electrónica, porcentaje que desciende al 19,54% si se toma el universo total. Cuatro de cada cinco personas cumpliendo domiciliaria en causas federales no llevan ningún dispositivo de control. A Cristina Kirchner se lo impusieron desde el primer día.

El dato más demoledor, sin embargo, refiere al régimen de visitas. De los 1.192 casos con información disponible, apenas 21 personas (el 1,76%) tienen restricciones específicas para recibirlas. El 98,24% restante puede recibir visitas sin limitación alguna.

En los delitos de narcotráfico, la cifra es todavía más contundente: de 1.280 personas con prisión domiciliaria por ese tipo de causas, solo en 8 casos (el 0,86%) se reportaron restricciones de visitas. Entre los procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, el informe señala que el 84,38% no presenta restricciones de visitas y que el 56,25% posee permisos de salida, principalmente por razones médicas o caminatas autorizadas. Solo el 44,12% de ese grupo utiliza tobillera electrónica.

Las condiciones de un régimen de excepción

En contraste con ese panorama, la expresidenta enfrenta un régimen que su defensa calificó de «arbitrario e infundado». Las restricciones actuales fueron impuestas en noviembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a cargo de ejecutar la condena de la causa Vialidad (seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos), ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2025.

Según precisaron fuentes del entorno de Kirchner, la expresidenta solo puede recibir visitas dos días a la semana, durante dos horas en cada jornada, con un máximo de tres personas por día. Cada visitante requiere, además, autorización judicial previa, con indicación de día y hora específicos. El endurecimiento se dispuso luego de una reunión que Kirchner mantuvo con nueve economistas en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Monserrat. El abogado defensor Carlos Beraldi apeló las resoluciones del TOF 2 y calificó la medida de «arbitraria, infundada y contradictoria», señalando que antes del 19 de noviembre de 2025 no existía regla alguna sobre la cantidad de visitantes.

La reacción política: «No es una prisión, es un secuestro»

La divulgación del informe generó una reacción inmediata en toda la dirigencia de Unión por la Patria y el kirchnerismo. La consigna que empezó a circular con fuerza entre intendentes del conurbano, legisladores y referentes de derechos humanos fue precisa y contundente: «No es una prisión, es un secuestro judicial».

La legisladora porteña y referenta de La Cámpora, Lucía Cámpora, salió a denunciar el contraste con dureza en sus redes sociales. «El 76% de los detenidos con domiciliaria no tiene que usar tobillera. ¿Sabés a quién sí le hacen usar? A Cristina. ¿Sabés quién sí tiene restricciones en las visitas? Cristina. Es más: la dos veces presidenta y principal dirigenta opositora tiene peores condiciones de detención que condenados por narcotráfico y por delitos de lesa humanidad», sostuvo.

El senador Mariano Recalde fue igualmente categórico en declaraciones a Radio 750: «Solo el 1,76 por ciento de los presos tienen restricciones en las visitas. Eso demuestra más el interés y la connotación política de este tipo de detención. Lo que buscan con estas condiciones degradantes es que no haya actividad política.»

La denuncia también llegó a los organismos históricos de derechos humanos. En una conferencia realizada en el edificio anexo al Congreso de la Nación, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel caracterizó las restricciones como «una acción represiva psicológica» y trazó un paralelo con el proceso sufrido por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva antes de su absolución. «Estamos aquí para defender a una persona que consideramos inocente, que es víctima del lawfare, como le hicieron a Lula», afirmó. También tomaron la palabra Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Guillermo Pérez Roisinblit (Abuelas de Plaza de Mayo), Eduardo Tavani (Asamblea Permanente de los Derechos Humanos) y Charly Pisoni (Agrupación Hijos), quien señaló que Kirchner «está injustamente presa con restricciones completamente arbitrarias por decisión del poder concentrado, mientras los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad no tienen que cumplir ninguna: reciben visitas, van a festejos y hasta hacen deporte».

El lawfare que no cesa

El informe del Consejo de la Magistratura no es el primer elemento que señala el carácter excepcional del trato aplicado a Kirchner. Desde el inicio del proceso judicial en su contra, especialistas en derecho penal y organismos de derechos humanos denunciaron una aplicación selectiva de las normas procesales. La causa Vialidad investigó el presunto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz. La condena fue dictada en primera instancia en 2022, confirmada por la Cámara de Casación en 2023 y ratificada por la Corte Suprema en 2025. Kirchner siempre negó los hechos imputados y calificó el proceso como parte de una estrategia de persecución judicial con fines políticos.

Los bloques opositores unificaron su análisis en torno a tres ejes: que los datos no provienen de una «opinión política» sino de los propios juzgados de ejecución penal; que la contradicción entre la laxitud con que se conceden domiciliarias a capos del narcotráfico y el cerco impuesto a la expresidenta resulta constitucionalmente insostenible; y que el objetivo real del régimen de excepción no es garantizar el cumplimiento de la pena, sino impedir la actividad política de la principal referenta opositora del país.

Solo 21 personas de más de 2.500 con domiciliaria en el sistema federal enfrentan condiciones similares a las de la expresidenta. Los números ya no admiten otra lectura.

Puntos clave:

• Solo el 1,76% de los 2.513 detenidos federales con domiciliaria tiene restricciones de visitas como las impuestas a Cristina Kirchner.
• El 98,24% de los presos con domiciliaria puede recibir visitas sin limitaciones, incluidos condenados por narcotráfico y lesa humanidad.
• Las restricciones actuales fueron endurecidas por el TOF 2 en noviembre de 2025: dos días por semana, dos horas y máximo tres personas por visita, con autorización judicial previa.
• El senador Recalde denunció que el objetivo es impedir «la actividad política» de la expresidenta.
• Organismos de DDHH, incluyendo Madres, Abuelas e Hijos, respaldaron la denuncia y calificaron las condiciones de «represivas y arbitrarias».