DDHH
¿Qué hará el Gobierno con el feriado del 24 de marzo?
En la gestión no descartan algún golpe de efecto para la fecha, con la intención de abrir debates, aunque descartan que sea de la magnitud de lo que fue el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres.
Se trata de una fecha particularmente compleja para la administración libertaria que “discute con la historia oficial”, incluso cuestiona y descree de la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos, y apuesta a reivindicar también a los militares represores autores del golpe cívico militar, a quienes la Vicepresidenta defiende cada vez que puede.
Javier Milei no tiene intenciones de trasladar el feriado del domingo como puente turístico para el viernes o el lunes debido a que se trata de una fecha declarada «inamovible» en el calendario nacional anual.
El feriado fue establecido en el año 2002 por la Ley de la Nación 25.633, que en su primer artículo establece al 24 de marzo como “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976”, hasta que en 1983 retornó la democracia y se enjuició a los miembros de las juntas, liderados por Jorge Rafael Videla.
Desde el más íntimo entorno del jefe de Estado revelaron que no hay discusiones con «las atrocidades cometidas por la dictadura», pero sí con la historia oficial y los acontecimientos narrados. E insistieron con la teoría de los dos demonios y que sólo se cuenta “una parte de la historia”, cuestiones que ya fueron zanjadas y consensuadas mundialmente y en especial desde el retorno de la democracia.
En la gestión no descartan algún golpe de efecto para la fecha, con la intención de abrir debates, aunque descartan que sea de la magnitud de lo que fue el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres.
A pesar de la pública postura de la vicepresidenta Victoria Villarruel, una de las más férreas defensoras de los represores y sus familiares, al momento, no hay en agenda actividad en particular.
A diferencia de otros espacios políticos, y a contramano de la movilización programada para el domingo, desde La Libertad Avanza buscan bajarle el precio a la fecha histórica y, por ahora, no preparan ningún acontecimiento en conmemoración.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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