Judiciales ⚖️
Un fallo clave reforzó la protección al usuario: la tarjeta no puede ejecutarse vía cuenta corriente
La decisión reforzó la protección legal para usuarios financieros.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén dictó un fallo clave al determinar que los bancos no podían incluir las deudas de tarjetas de crédito dentro de un certificado de saldo deudor de cuenta corriente para ejecutarlas de manera directa. La resolución, dictada en la causa “Banco Credicoop c/ Cobian”, impidió que la entidad financiera avanzara con un juicio ejecutivo sustentado en ese mecanismo.
La protección de la Ley de Tarjetas de Crédito
Según informó Microjuris, el tribunal sostuvo que permitir la maniobra violaría el “orden público protectorio” establecido por la Ley de Tarjetas de Crédito (LTC). Los jueces recordaron que la norma fue diseñada para resguardar al consumidor, con respaldo en la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa del Consumidor, y que ese esquema se desnaturalizaría si se habilitara una vía ejecutiva más gravosa como la del saldo de cuenta corriente.
El tribunal afirmó que la prohibición regía incluso si la cuenta corriente usada por el banco era una cuenta operativa y no una cuenta abierta de forma exclusiva para gastos vinculados a la tarjeta.
Diferencias sustanciales que protegen al deudor
El fallo destacó que la LTC resguardaba al usuario frente a condiciones financieras que la cuenta corriente sí permitía. Entre las diferencias señaladas se mencionaron:
- Intereses: la LTC prohibió la capitalización de intereses y estableció límites estrictos para los punitorios. La cuenta corriente sí habilitaba la capitalización.
- Prescripción: la acción ejecutiva prevista en la LTC prescribió en un año, mientras que la del saldo de cuenta corriente lo hizo en cinco.
- Defensa: la vía de la LTC permitió al deudor discutir la causa de la obligación, lo que no sucedía en un juicio ejecutivo corriente.
Inhabilidad total del título
La Cámara también rechazó el pedido del banco de ejecutar parcialmente la deuda, excluyendo la parte vinculada a la tarjeta. Los jueces concluyeron que el título era inhábil en su totalidad porque el banco ya había liquidado intereses capitalizados sobre un saldo que incluía débitos indebidos provenientes de la tarjeta. En consecuencia, resultaba imposible determinar un saldo “limpio” de la cuenta corriente.
La decisión dejó sentado un criterio que podría impactar en litigios similares en la región, al reforzar los límites legales que la LTC impuso a las entidades financieras cuando buscan ejecutar deudas mediante mecanismos más expeditivos.
DDHH
Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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