La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén dictó un fallo clave al determinar que los bancos no podían incluir las deudas de tarjetas de crédito dentro de un certificado de saldo deudor de cuenta corriente para ejecutarlas de manera directa. La resolución, dictada en la causa “Banco Credicoop c/ Cobian”, impidió que la entidad financiera avanzara con un juicio ejecutivo sustentado en ese mecanismo.

La protección de la Ley de Tarjetas de Crédito

Según informó Microjuris, el tribunal sostuvo que permitir la maniobra violaría el “orden público protectorio” establecido por la Ley de Tarjetas de Crédito (LTC). Los jueces recordaron que la norma fue diseñada para resguardar al consumidor, con respaldo en la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa del Consumidor, y que ese esquema se desnaturalizaría si se habilitara una vía ejecutiva más gravosa como la del saldo de cuenta corriente.

El tribunal afirmó que la prohibición regía incluso si la cuenta corriente usada por el banco era una cuenta operativa y no una cuenta abierta de forma exclusiva para gastos vinculados a la tarjeta.

Diferencias sustanciales que protegen al deudor

El fallo destacó que la LTC resguardaba al usuario frente a condiciones financieras que la cuenta corriente sí permitía. Entre las diferencias señaladas se mencionaron:

• Intereses: la LTC prohibió la capitalización de intereses y estableció límites estrictos para los punitorios. La cuenta corriente sí habilitaba la capitalización.
• Prescripción: la acción ejecutiva prevista en la LTC prescribió en un año, mientras que la del saldo de cuenta corriente lo hizo en cinco.
• Defensa: la vía de la LTC permitió al deudor discutir la causa de la obligación, lo que no sucedía en un juicio ejecutivo corriente.

Inhabilidad total del título

La Cámara también rechazó el pedido del banco de ejecutar parcialmente la deuda, excluyendo la parte vinculada a la tarjeta. Los jueces concluyeron que el título era inhábil en su totalidad porque el banco ya había liquidado intereses capitalizados sobre un saldo que incluía débitos indebidos provenientes de la tarjeta. En consecuencia, resultaba imposible determinar un saldo “limpio” de la cuenta corriente.

La decisión dejó sentado un criterio que podría impactar en litigios similares en la región, al reforzar los límites legales que la LTC impuso a las entidades financieras cuando buscan ejecutar deudas mediante mecanismos más expeditivos.