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Judiciales ⚖️

Caso Lucas Verón: decisivo testimonio implica aún más a la policía

En tanto, Cristian Verón, padre de Lucas, declaró esta tarde que cuando fueron al hospital ya sabían «que había sido la Policía» la responsable de balear a su hijo, a quien definió como «un chico sano de la casa, que trabajaba y estudiaba», y que «jamás pisó ni la vereda de una comisaría».

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El joven que sobrevivió a los balazos tras la persecución policial en la que fue asesinado Lucas Verón, en 2020 en González Catán, aseguró hoy en el inicio del juicio por jurados a dos efectivos que estos oficiales no les dieron la voz de alto, que aceleraron la moto porque los quisieron chocar con el patrullero y se asustaron y que les efectuaron «cuatro disparos».

En tanto, Cristian Verón, padre de Lucas, declaró esta tarde que cuando fueron al hospital ya sabían «que había sido la Policía» la responsable de balear a su hijo, a quien definió como «un chico sano de la casa, que trabajaba y estudiaba», y que «jamás pisó ni la vereda de una comisaría».

Por su parte, Marco Gonzalo Aguirre, amigo de Lucas (18), y quien manejaba la moto en la que llevaba como acompañante a la víctima la madrugada del 10 de julio de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia del coronavirus, fue el primer testigo en declarar en el debate que comenzó esta tarde en una sala repleta del Patio de las Américas de la Universidad de La Matanza.

Desde la mañana y mientras se desarrollaba la elección de los 12 jurados titulares y los 6 suplentes que tienen que determinar si los policías Ezequiel Benítez y Cintia Duarte son culpables o inocentes, los familiares de Verón se concentraron en la puerta de la universidad con remeras con el rostro de la víctima y banderas que reclamaban justicia para Lucas, y hasta mostraron un flyer con la secuencia del hecho en el que fue cometido el crimen.

«Van a escuchar una historia triste, de gatillo fácil», le dijo el fiscal del juicio Sergio Antín al jurado popular en los lineamientos generales del juicio al que llegaron los policías acusados del delito de «homicidio agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio», en el primer caso de Verón (18) y en el segundo de Aguirre, quien era menor de edad al momento del hecho.

Recién pasadas las 18, Aguirre se sentó ante el jurado popular y unas mil personas, entre familiares y alumnos de la universidad que desbordaban la sala, y relató que esa noche concurrió a la casa de Lucas para festejar su cumpleaños.

«A la noche jodimos entre amigos, salimos a tomar aire al patio y vemos que pasa un patrullero y nos miran, no le dimos bola y entramos», recordó Aguirre, quien luego añadió que decidieron ir con la moto junto a Lucas a comprar gaseosas y alguna bebida energizante.

El joven sostuvo que «como no había nada abierto» por el aislamiento por el coronavirus regresaron a la casa de Lucas, pero en ese momento se encontraron «con un patrullero con las sirenas y luces apagadas» que los «quiso chocar».

«No nos dieron una orden de alto, nos asustamos y acelero, era la primera vez que nos pasó algo así. Nos subimos a la vereda y el patrullero nos persiguió tirando cuatro tiros», dijo el testigo.

Según le explicó al jurado, primero hubo dos disparos y luego otros dos cuando cayeron de la moto.

«Lucas corría adelante y yo atrás, él trastabilla y cae, lo paso y vuelvo porque no venía más», dijo el joven, quien contó que fueron al hospital y después lo vio a Lucas «en la camilla ya sin vida».

El testimonio de Aguirre culminó con aplausos por parte del público, aunque el juez técnico Gerardo Gayol, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza, reprendió a los presentes, a quienes les dijo que iba a ordenar el desalojo de la sala de audiencias si se volvía a repetir.

Antes de Aguirre, el que pidió declarar fue el policía Benítez, quien admitió que participó de la persecución en un móvil «con las balizas apagadas» y que efectuó dos disparos porque pensó que los jóvenes estaban armados, aunque dijo que tras el hecho se retiró del lugar sin asistirlas porque creyó que no había herido a nadie.

El policía dijo que esa noche recorría la zona de González Catán y que habitualmente patrullaban las calles con las sirenas apagadas por razones de seguridad, ya que en otras ocasiones habían recibido pedradas o disparos.

En ese marco y durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), identificaron esa madrugada a «varios masculinos» que enviaron a su casa hasta que en un momento se cruzaron una moto con dos jóvenes a bordo.

«Queremos identificar a la moto pero se van y arranca la persecución con las balizas apagadas pero las luces siempre prendidas, a unos 70 metros de distancia», explicó Benítez, quien agregó que la moto cayó por la velocidad, por lo que se detuvo y, si bien «no se lograba ver bien», dijo que uno de los sospechosos «se da vuelta como que esgrimió un arma».

Ante esa situación, el policía realizó dos disparos con su arma reglamentaria pero dijo que creyó que no los había herido, tras lo cual a «los dos minutos» los alertaron por un «robo en proceso» y se retiraron del lugar.

Sin embargo, minutos después regresó con otros tres móviles porque en ese sitio les informaron que había un herido de bala «por una pelea entre bandas».

«No me imaginé que hubiese herido a una persona, yo no apunté», sostuvo Benítez.

Luego fue el turno de Cristian Verón, quien declaró que «Lucas era un chico sano de la casa que trabaja y estudiaba. Anhelaba llegar a 18 años para cumplir sus proyectos de vida».

«En el hospital llegamos a la guardia, lo ingresan a una sala y diez minutos después una doctora me dice que ya no había más nada para hacer y que entremos a despedirnos. Ya sabíamos en ese momento que había sido la Policía», aseguró el hombre respecto al día del crimen, y añadió que su hijo «no tenía antecedentes» y que «jamás pisó ni la vereda de una comisaría».

El debate continuaba con la declaración de otros testigos, entre ellos la madre de la víctima, y se presume que el juicio continuará varias horas más.

El hecho ocurrió el 10 de julio de 2020 en la esquina de Achegas y Llerena, en González Catán, cuando luego de una persecución un patrullero impactó de atrás al rodado en el que se desplazaban las víctimas, quienes cayeron al piso y comenzaron a correr en dirección a la casa de una de ellas, ubicada a una cuadra y media.

Aparentemente, el policía Benítez, quien manejaba la patrulla, descendió y efectuó entre dos y tres disparos con su arma reglamentaria, uno de los cuales impactó en el tórax de Verón, quien luego falleció en el hospital Simplemente Evita.

Investigación 🔎

Allanamientos por Tandanor: secuestran US$ 367.110 por presuntas coimas

La Policía Federal realizó cinco procedimientos ordenados por Sebastián Casanello. La investigación busca establecer si un exgerente del astillero ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.

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La investigación por presuntas coimas busca reconstruir el circuito del dinero en Tandanor.

La Policía Federal secuestró US$ 367.110 en cinco allanamientos vinculados a una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales y policiales.

El expediente puso bajo la lupa a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor. La Justicia busca determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con el astillero estatal.

La hipótesis que sigue la Justicia

La deuda rondaba los USD200.000. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo análisis alcanzaría al menos los USD220.000, aunque la pesquisa todavía debe reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades de cada involucrado.

El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. En los procedimientos también aparecieron un recibo manuscrito por USD100.000 y otro por $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.

Una denuncia nacida dentro del astillero

La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en Tandanor tras un cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa, un dato que ahora queda en el centro de la trama judicial y que deberá ser contrastado con la documentación secuestrada.

Además del dinero y los comprobantes, los investigadores secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. El material será analizado para determinar si respalda la hipótesis de los pagos exigidos y cómo se habría desplegado el vínculo entre el exgerente y el empresario.

El juez delegó la pesquisa en una unidad anticorrupción

Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Esa dependencia intenta reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha, mientras el expediente avanza sobre una pregunta incómoda para la administración de una empresa estatal: si una deuda podía convertirse, según la hipótesis acusatoria, en la puerta de entrada a un pedido de dinero.

Puntos clave

  • La Policía Federal secuestró USD367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
  • Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
  • La Justicia investiga si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
  • La pesquisa también incorporó un recibo manuscrito por USD100.000 y $12,7 millones, junto con documentación y dispositivos electrónicos.
  • La causa surgió de una auditoría interna de Tandanor y fue denunciada por la propia empresa.
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